Trata de personas

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/members/cimac/sites/cimacnoticias.com.mx/web/includes/file.phar.inc).
NACIONAL
VIOLENCIA
   Feminista española Rosa Cobo Bedía presentó su nuevo libro
Regular la “prostitución” no soluciona la explotación sexual y económica
Imagen de Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/04/2018

La “prostitución” no se puede ver como una institución que siempre ha existido y con la que hay que tratar de vivir. Al contrario, es una industria que ha crecido inmensamente en las últimas décadas, que está vinculada con otros negocios ilícitos y que está arraigada en el sistema patriarcal y capitalista. Por lo tanto, no se puede regular, sólo se puede abolir.

Ese es el punto de vista de la feminista española Rosa Cobo Bedía, quien este 30 de abril presentó su libro “La prostitución en el corazón del capitalismo”, en el cual analiza este fenómeno desde la mirada de la socióloga feminista pero también desde la perspectiva económica. Relató que nunca pensó que algún día iba a estudiar la prostitución, pues consideraba que era un fenómeno social al margen de los temas que podrían interesarla como académica.

Durante la presentación del libro se realizó un debate organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Junto con ella debatieron la doctora en Sociología, Olivia Tena Guerrero, la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa y la integrante de la Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP), Grethel Baeza.

“No fui abolicionista siempre”, contó la también profesora titular de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña. Antes pensaba que legalizar la prostitución sería la mejor manera para empoderar a las mujeres pero ya no piensa así. “El capitalismo está dando al patriarcado el discurso de la libertad. La idea del consentimiento. La idea que la subordinación puede y debe ser entendida por la sociedad como un acto de libertad”, cuando en realidad enmascara la opresión, explicó.

Es por eso que a través de su investigación académica quiere exponer ante las corrientes feministas que luchan a favor de las “trabajadoras sexuales” que este camino es el equivocado. En su libro usa las palabras “prostitución” y “putero” porque, según ella, no se puede hablar de un “cliente” ni tampoco de un “consumidor”. Son explotadores que usan su poder patriarcal y económico para tomar posesión del cuerpo de la mujer, dijo.

Cobo expresó que todas las medidas para regular la “prostitución” parten de un punto de vista patriarcal y capitalista. Por ejemplo, cuando se habla de salud, de condones y de higiene para mujeres en situación de “prostitución” se habla de mantener sanos a los hombres que explotan a estas mujeres. Y cuando se habla de impuestos, se habla de los enormes beneficios que la sociedad, a través de Hacienda o el Fisco, saca de esta forma de explotación.

La investigadora también explicó que este fenómeno social “se ha hecho una industria multinacional”. Y es que según ella, la “prostitución (y la trata)” en la mayoría de los países ocupa el tercer lugar entre las industrias ilícitas, sólo por debajo de del armamento y el narcotráfico, debido a las ventajas que ofrece: “Tiene muchos beneficios, tiene costos muy bajos y casi no se ve a tratadores en los cárceles.”

La también fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de A Coruña compartió una visión poco alentadora sobre México. Económicamente, dijo, países como México se van a dar cuenta que no pueden competir a nivel internacional, entonces su ventana de oportunidad van a ser las economías ilícitas: el narcotráfico, la venta de armamento, la prostitución se van a convertir en la posibilidad de la reconstrucción económica.

Todo eso, dijo, con el consentimiento de circuitos semi-institucionalizados, es decir, con la anuencia de instituciones de Estado que dejarán libre el camino a la “prostitución”.

Además, expuso que el país también se enfrenta a altos niveles de pobreza, migración y racismo, todos, factores que empujan a las  mujeres a “prostituirse” o que empeoran su situación. “El sueño de un capitalismo con rostro humano se acabó”, resumió.

Para la académica, la única forma de solucionar el problema sería la abolición de esta forma de violencia, como en Suecia. El país nórdico fue el primero en penalizar a las personas que pagan para servicios sexuales. Sin embargo en México hay posturas a favor la prostitución, un fenómeno al que llaman “trabajo sexual”.

La abolición, argumentó la feminista española, quien en 2008 fue asesora del Ministerio de Igualdad de España, no significa estar en contra de las mujeres, de las mujeres trans o de los hombres que “ejercen la prostitución”. Los primeros pasos para erradicar esta práctica, según dijo, sería la penalización de “los clientes” y la encarcelación de altos líderes de la trata de personas.

También sería útil, mencionó, desmantelar las inversiones que empresas o personas de buena reputación tienen en la “industria pornográfica y de prostitución”. Esa argumentación la apoyó Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC: “La parte económica siempre quedaba en lo oscuro, el libro de Rosa me llenó de inspiración”.

Como abogada que lucha para los derechos de las personas víctimas de trata, Ulloa agregó que la violencia es muy común en la “prostitución”. Una evidencia que citó fue un estudio según el cual 95 por ciento de las mujeres y mujeres trans que fueron investigadas, presentaron lesiones en la cabeza porque fueron golpeadas o habían sido arrojadas contra la pared.

Grethel Baeza, integrante de la CAP, recalcó la importancia del libro “La prostitución en el corazón del capitalismo”, en el contexto feminista. Según ella, en los últimos años ha ganado más influencia una corriente que aboga por la legalización y la regulación de la explotación sexual con fines comerciales. Para contrarrestar estos argumentos, dijo, sería muy importante una base académica, como la que elaboró Cobo Bedía.

En este momento el libro que se publicó en España en 2017 sólo está disponible en forma electrónica en México.

18/SG








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   OPINIÓN
   Mujeres Cautivas
La intersección entre feminicidio y prostitución
Imagen retomada del portal Indymedia.org
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2018

Desde hace tiempo venimos denunciando la violencia feminicida que se entrecruza con la prostitución y cómo las mujeres se encuentran desprotegidas y vulnerables cuando se quedan solas en los cuartos de hotel con los compradores de sexo de paga, sin importar lo que cobran. Las damas de compañía o “escorts” no quedan excluidas de esta violencia feminicida. 

Muchas mujeres llegan a nuestro país engañadas, reclutadas principalmente como modelos, bailarinas y con promesas de convertirlas en actrices famosas o conductoras de la Televisión. Víctimas de trata de personas que acaban siendo explotadas en la prostitución como acompañantes o bailarinas exóticas en los “table dance” o clubes para hombres.

Hace unos cuantos años pudimos registrar varios casos de trata de mujeres argentinas, pero ahora se está focalizando principalmente en Colombia y Venezuela por la situación que se está presentando en sus países y que tiene que ver con las condiciones estructurales, económicas y de oportunidades de vida digna. Cientos de mujeres venezolanas están llegando a nuestro país buscando una oportunidad para remontar sus condiciones de pobreza.

Las autoridades mexicanas no actúan para combatir la trata de personas y la explotación sexual, que es un fenómeno que las deja totalmente vulnerables a lo que el consumidor de sexo de paga quiera hacer con ellas, inclusive matarlas.

A mediados del mes de marzo, se dio a conocer que el cuerpo de una joven de apenas 26 años fue encontrado en Ecatepec. Ella era acompañante o escort y fue la octava en ser brutalmente asesinada en México.

8 mujeres han sido víctimas de feminicidio en poco más de un año, y todas tenían en común que eran acompañantes o escorts; la mayoría se anunciaba en la misma página web (Zona Divas) y la mayoría no pasaba de los 30 años.

Katya de 21 años de edad había dejado su trabajo como escort, sin embargo, lo retomó para poder pagar un viaje a París, para reunirse con su hermano. Además, tenía que ayudar con los gastos del hogar en donde vivía con su madre, quien sufría de artritis, y con otro de sus hermanos, con discapacidad intelectual.

El 12 de abril de 2017, Katya fue asesinada en el cuarto 327 del Hotel Estadio ubicado en la calle de Chiapas en la Colonia Roma, de la Delegación Cuauhtémoc. Llegó ahí, después de haber hecho una cita en ese lugar con un consumidor de sexo de paga. Fue encontrada con las manos atadas y con la garganta cortada con unas tijeras de jardinería.

El cuerpo de María José Salvisberg Wegmann, de 29 años, fue encontrado en Cuernavaca. María José había desparecido dos meses antes de ser asesinada. Según testimonios dados a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, una amiga rusa de María José, las citaba y las llevaba con hombres de “mucho dinero”.

Lo mismo sucedió con Isis, de nacionalidad brasileña, quien llegó contratada presuntamente por Televisa y a quien llevaban a fiestas de “altos ejecutivos”. Un día la llevaron a Cuautla, Morelos, a una fiesta de los Beltrán Leyva, donde encontró la muerte de un balazo en la cabeza y después quemaron su cuerpo.

Génesis Ulyannis Gibson Jaimes fue asesinada el 17 de noviembre del año pasado, cuando tenía 24 años de edad. La joven venezolana vivía con su hija en Querétaro, pero se trasladó a Puebla contratada por un consumidor de sexo de paga.

Sin embargo, agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina, encontraron su cuerpo en el Hotel Platino, en la colonia Felipe Ángeles, Delegación Venustiano Carranza. Génesis tenía golpes en el rostro, en las piernas, y además estaba atada de pies y manos con cinta adhesiva.

Wendy Vaneska de nacionalidad peruana, fue asesinada en un hotel de la Condesa, el 4 de febrero del año pasado, cuando contaba con 26 años de edad. Su cuerpo tenía un impacto de bala.

Karen Alien Grodzinsk era una escort de origen argentino. Fue asesinada el 27 de diciembre del año pasado en el Hotel Pasadena, ubicado en la Delegación Benito Juárez. Se sabe que ella estaba casada con un comerciante del barrio de Tepito.

Su cuerpo fue encontrado en la habitación 214, con un impacto de arma de fuego. Cámaras de seguridad del hotel, captaron a un hombre que llegó alrededor de las 20:00 horas a bordo de una motocicleta y minutos después llegó Karen. El sujeto salió a media noche. Personal del lugar aseguró que tenía entre 23 y 25 años de edad.

Adreina, de 27 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada el 24 de diciembre del año pasado en Nuevo León. Viajaba con su acompañante en un vehículo cuando fueron alcanzados por otro carro que les disparó. Según las autoridades, habían tenido una disputa en un bar de Monterrey.

Kenny de 26 años, fue asesinada en Ecatepec. Era venezolana y su cuerpo fue encontrado el 25 de febrero de este año.

A Claridad la secuestraron el 10 de febrero de este año, pero la joven de 33 años de edad fue rescatada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. La escort venezolana fue localizada en Xochimilco y sus captores pedían medio millón de pesos para liberarla. Fueron detenidos tres presuntos secuestradores que se encontraban en el lugar.

Hace unos días, se reportó desaparecida otra acompañante o escort en la Ciudad de México.

Con este recuento de casos, que son los que hemos registrado, podemos demostrar cómo la prostitución se entrecruza con el feminicidio y, aun así, hay quienes argumentan que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Lo cierto es que la prostitución es una actividad altamente precarizada a donde llegan las mujeres que no han tenido oportunidades, o con mucha necesidad. Es la expresión más antigua del patriarcado que se ha perpetuado para controlar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres, y también sus vidas.

La violencia machista tiene múltiples expresiones que debemos visibilizar y combatir. En la base de la pirámide del patriarcado y de la violencia se sitúan los micromachismos, que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Organizaciones piden reabrir debate legislativo
   
Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto
Imagen retomada de Cladem
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/03/2018

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.

Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.

La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.

La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:

cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).

La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.

Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.

La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.

En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.

Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.

PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA

La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.

Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.

A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”

En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.

Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades-  se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.

Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se  penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.

La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.

RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS

La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.

La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.

La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.

De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.

La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.

Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.

18/AEG/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Abre la puerta a la conciliación, advierten
Organizaciones guatemaltecas exigen a Congreso parar Ley de delitos de violencia sexual
Imagen retomada del portal Indymedia.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2018

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.

En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.

Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.

Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos. 

Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.

Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.

Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.

Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”.  En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.

18/AEG/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   CIDH denuncia omisión de Estado para atender a niñez
Lenta e incompleta respuesta de Guatemala a un año de incendio en Casa Hogar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2018

A un año del incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala –que cobró la vida de 41 niñas- el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” a las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la protección y el bienestar de las familias y las sobrevivientes.

El 7 de marzo de 2017, cuando miles de mujeres se preparaban para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, un incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala cobró la vida de decenas de niñas. Días antes, habrían iniciado protestas y un intento de huida por los abusos, incluso sexuales, que padecían al interior de esta casa hogar.

A un año de los hechos, la CIDH advirtió en una comunicación pública que el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” para cumplir las medidas que le solicitó a fin de reparar el daño a las familias y a las sobrevivientes. Estas acciones están contenidas en la medida cautelar No, 958.16 que el organismo internacional otorgó a las familias el 12 de marzo de 2017.

Entre las medidas se encuentran: prestar atención y tratamientos adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras afectaciones psicológicas por el incendio; emprender medidas efectivas para promover la reintegración de las niñas a sus familias cuando sea posible y con los apoyos necesarios, además de identificar alternativas de cuidado que sean más protectoras; y que informe sobre las acciones para investigar los hechos y evitar su repetición.

La Comisión observó que hasta ahora el Estado ha ignorado el grave contexto de desprotección de la niñez que prevalece en Guatemala y que reclama una respuesta urgente.

También alertó sobre la falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las sobrevivientes y las familias de las víctimas, además de una demora en el proceso judicial contra las personas responsables.

La Comisión se dijo seriamente preocupada ante la ausencia de información sobre las niñas que dejaron de formar parte del Hogar “Virgen de la Asunción” y reintegradas a sus familias, además de la falta de apoyos adecuados para que las familias puedan hacerse cargo de ellas.

La CIDH exhortó al Estado a que acelere la implementación efectiva del plan de respuesta para atender de modo integral a las sobrevivientes y familiares; y adopte un mayor compromiso con el proceso de “desinstitucionalización” de la niñez en el país y a promover formas de resguardo alternativo en familias de acogida y centros residenciales especializados, de pequeñas dimensiones, que cumplan los estándares internacionales.

Respecto al acceso a la justicia, llamó a impulsar procedimientos para determinar responsabilidades sobre los hechos, así como garantizar la debida diligencia con respecto a las denuncias de violencia, explotación y trata sexual anteriores.

Esta tragedia –dijo la CIDH- es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala. Para acabar con ello, “el Estado, de modo prioritario y sin dilación, debe realizar profundas transformaciones al modelo actual”.

Guatemala tiene que adoptar un marco normativo y políticas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y apropiados, con un fuerte enfoque en la prevención en los servicios en el ámbito local, y en las políticas sociales destinadas a las familias.

MÁS DE 4 MIL NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO

Una de las integrantes de la Coordinadora 8 de marzo– una coalición de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Guatemala- confirmó en entrevista la pertinencia de las recomendaciones y observaciones de la CIDH.

Sin embargo, recordó, el Estado Guatemalteco tiene pendiente el cumplimiento de las recomendaciones que en años anteriores hicieron otros organismos internacionales y la propia sociedad civil tras observar incumplimientos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, dijo, se alertó sobre la necesidad de reformar el sistema de protección para niñas y niños institucionalizados en Guatemala.

La defensora de los derechos de la infancia dijo que hoy existe una ausencia de informes dirigidos a la sociedad civil para aclarar los hechos, y señalar las acciones que está llevando a cabo el Estado para garantizar la no repetición de nuevas tragedias, ya que se trata de un problema estructural que pone en riesgo la seguridad y bienestar de las 4 mil 500 niñas que permanecen en albergues públicos y privados en Guatemala.

Para empezar, dijo Godínez, a un año de los hechos no existe un informe circunstanciado sobre cuál ha sido la atención y acompañamiento que se ha dado a las víctimas; no hay informe que diga qué ha pasado con las niñas desaparecidas; y no hay respuesta sobre la atención para el resto de niñas y niños que están bajo su resguardo.

Agregó que tampoco hay un informe detallado que dé certeza sobre las investigaciones que debieron abrirse por los casos de tortura y violencia sexual que denunciaron las niñas y las familias de las niñas. Esto es elemental –dijo- dado que en Guatemala la violencia sexual, la violencia contra las mujeres y la desacreditación de quienes la denuncian es un patrón que se extiende en todo el país.

A decir de ellas, la causa de este incumplimiento en las recomendaciones es la debilidad institucional para atender debidamente las necesidades de las niñas y niños que quedan a resguardo del Estado; la falta de un enfoque integral de Derechos Humanos en la atención; y la intromisión de grupos conservadores en las políticas de este tema.

De acuerdo con Martha Godínez, el Estado guatemalteco ha caído en demoras, “litigios maliciosos” y negligencia respecto a este caso. Ello con la intención de quitar responsabilidad a los altos mandos de las instituciones implicadas, incluyendo al mismo poder ejecutivo, implicadas en la tragedia ya sea de forma directa o por omisión.

Hasta ahora, el Estado guatemalteco acusó penalmente al exsecretario de Bienestar Social de la presidencia, Carlos Rodas; a la exsubsecretaria de Bienestar Social Anahí Keller; y al antiguo subdirector del orfanato, Santos Torres, por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Sin embargo, aseguró, las responsabilidades van más allá, ya que se sabe que muchas otras instituciones habrían tenido conocimiento de las condiciones de esta casa hogar, así como de otras, pero no actuaron en su momento o tomaron acciones contraproducentes. Un caso, es el de la Policía Nacional Civil, a quienes se les acusa de haber encerrado a las niñas y de no haber actuado durante la emergencia.  

De acuerdo con el balance que hizo el movimiento feminista que integra esta Coordinadora, a un año de los hechos Guatemala sólo resolvió la emergencia pero no atendió las medidas de mediano y largo plazo que garantizarían bienestar y protección a las familias.

Y ha sido la misma sociedad civil, -entre defensoras de los derechos de las mujeres, de la infancia y de las personas con discapacidad-, quienes se han hecho cargo de atender albergues, y de buscar alternativas, lo que evidencia que el Estado Guatemalteco está rebasado.

18/AJSE/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Presentan informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017”
   
Falla Estado mexicano para garantizar vida y seguridad de mujeres y niñas
Imagen retomada de Twitter de la Red TDT
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2018

Por desplegar a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y por perpetuar condiciones de pobreza y marginación, el Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, especialmente de las más pobres, indígenas, y migrantes.

Así lo evidenció la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) -integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil- al presentar su informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017”.

Este documento –que se elaboró con solicitudes de información y datos que aportaron distintas organizaciones de todo el país- es una radiografía de cómo se ha configurado y diversificado la violencia contra las mujeres en México durante los recientes 9 años.

Las organizaciones que conforman la Red TDT recopilaron cifras sobre diferentes formas de violencia extrema contra las mujeres, como la violencia sexual, la criminalización de quienes abortan, la desaparición de mujeres, la trata de personas con fines de explotación sexual, y el feminicidio.

La Red documentó que en el país, de 2008 a 2017 se incrementó el número de desapariciones de mujeres, de 168 a mil 572.

La Red TDT también identificó en casi todos los casos ausencia de información desagregada por sexo; fallas en la tipificación de los delitos; y falta de independencia por parte de las procuradurías estatales para garantizar el acceso a la justicia. 

También evidenció que en todos los casos existe la participación de agentes del Estado como perpetradores de la violencia, y que prevalecen elementos estructurales como la pobreza, falta de oportunidades, violencia comunitaria y en el hogar, la discriminación,  la corrupción y la impunidad, que contribuyen a perpetuar las violencias.

Todo ello es propicio para que las mujeres en condición de migración, las indígenas, las más pobres, o las defensoras estén en mayor riesgo de ser enganchadas para la trata de personas con fines de explotación sexual, sean criminalizadas porque no pueden llevar a término un embarazo, o sean asesinadas o agredidas sexualmente en completa impunidad, aseguró la Red.

MILITARIZACIÓN, SEMILLERO DE VIOLENCIAS

En estos nueve años, el Estado mexicano implementó la estrategia de seguridad para el combate al narcotráfico. Esta política – que inició con Felipe Calderón Hinojosa y continuó con el actual mandatario Enrique Peña Nieto- generó un contexto de inseguridad, vulnerabilidad y violaciones graves a los Derechos Humanos.

“Dicha estrategia se ha centrado en un combate frontal a los grupos del crimen organizado con fuerzas armadas del Estado, dándoles tareas de seguridad ajenas a sus funciones, cuyos impactos en la sociedad han sido devastadores, afectando diferenciadamente a las mujeres”, aseguró la Red TDT.

Si bien la violencia contra las mujeres es histórica en el país, la implicación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interior y la diversificación de actividades del crimen organizado son elementos nuevos que complejizan el escenario de la violencia con la participación de más grupos organizados en diferentes delitos.

Este escenario cambió a los actores de la violencia. De acuerdo con datos de informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre de 2006 y abril de 2017.

La Red urgió al Estado a revisar la estrategia de seguridad nacional contra el narcotráfico, principalmente la militarización de los territorios, y modificar las acciones que incrementan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en estas situaciones, entre ellas el retiro progresivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

EL ESTADO FALLA

La Red TDT hizo un recuento de cómo a la par del crecimiento de la violencia, el Estado mexicano se ha visto obligado a adoptar una serie de tratados, mandatos internacionales, y decretar todo un marco normativo para transformar la realidad de las mujeres.

Entre ellos destaca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se desprende de esta legislación.

Sin embargo, observó la Red, el registro de estos 9 años demuestra que las acciones del Estado en esta materia han sido fallidas y están centradas en invisibilizar la violencia contra las mujeres, lejos de atenderla.

Por ello, la Red hizo un nuevo llamado al Estado mexicano para tener diagnósticos certeros, información asequible y completa a nivel federal y también en los estados por las distintas autoridades e instituciones que trabajan por el bienestar de las mujeres.

Asimismo le urgió acatar las recomendaciones de organismos internacionales en el tema; modificar las leyes necesarias para garantizar la independencia de las Procuradurías y Fiscalías estatales; promover la profesionalización e independencia de los servicios periciales; y armonizar las legislaciones nacional y estatales sobre los delitos de violencia sexual y tortura, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, trata de personas y feminicidio.

18/AJSE/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones presentan amparo ante Corte, viola DH, afirman
Congreso guatemalteco analiza reducir pena a agresores por violación y trata
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/03/2018

El Congreso de Guatemala analiza la iniciativa 5385 “Ley de procedimiento alternativo para la sanción y resolución de procesos de violencia sexual, explotación y trata de personas” la cual propone reducir hasta una pena mínima a quienes cometan alguno de estos delitos si se declaran culpables.

En un comunicado, la Articulación de Organizaciones de Mujeres para el Avance de la Agenda Legislativa rechazó la propuesta pues consideran que “genera condiciones de impunidad y retroceso en las garantías de protección para las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual y trata”, más cuando persisten casos de violaciones sexuales y maternidades forzadas en este país.

Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del año pasado revelaron que 4 mil 195 niñas menores de 14 años de edad presentaron un embarazo; mientras que en días pasados, un grupo de organizaciones guatemaltecas hablaron sobre el tema de violencia sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante las audiencias públicas que se realizan en Bogotá, Colombia, donde señalaron que el Instituto Nacional de Ciencia Forenses de Guatemala registró en 2017 un total de 409 casos de violación en niñas entre 7 y 12 años de edad y otras 230 contra menores de 6 años.

Si bien la iniciativa establece que esta reducción de la pena únicamente la puede promover un Ministerio Público y posteriormente autorizar un juez, en un análisis elaborado por abogadas de las asociaciones “Mujeres Transformando el Mundo”, “Alas de Mariposas” y la diputada Sandra Morán, sostienen que es un procedimiento ilegal porque viola el artículo 464  del Código Procesal Penal de Guatemala que regula la reducción de la pena únicamente en delitos menores y está prohibido dar un tratamiento penal especial a delitos específicos.

El análisis jurídico asevera que esta ley violenta los derechos a la vida, la dignidad, la justicia y el desarrollo integral de las personas y constituye una forma de discriminación estructural contra las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.

Además las abogadas que hicieron este análisis advierten que esta Ley está “creando un fuero especial que va en contra de la norma constitucional, convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos” con el falso argumento de “velar por la corrección de mora judicial”. 

Por ello y con el objetivo de echar abajo esta propuesta, la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, presentaron este 28 de febrero un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

18/HZM/LGL

 








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
La CEAV le sigue fallando a las víctimas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/01/2018

Se multiplican las protestas contra el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Jaime Rochín, organismo público encargado de:

  • Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
  • Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
  • Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
  • Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;
  • Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Y son las madres, hermanas, hijas, esposas, abuelas de las personas desaparecidas, quienes luchan día a día para defender sus derechos como víctimas. Han realizado plantones fuera de las instalaciones de la CEAV, bloqueos del Eje 6 Sur y Avenida Universidad, huelgas de hambre y siguen los funcionarios de la CEAV ciegos, sordos y mudos, sin responder a sus demandas, sin respetar sus derechos, sin actuar con la debida diligencia.

No tienen guardias para fines de semana y días de descanso obligatorios, así que más nos vale no ser víctimas en esos días.

Hoy, nuevamente un grupo de madres familiares de personas desaparecidas sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación. Familiares a quienes se les ha negado apoyos de traslado, ayudas de alojamiento y alimentación y que ya están cansadas de mentiras y negativas de la CEAV.

Se autonombran “Buscadoras de Cuerpos”, porque son ellas las que han buscado incansablemente en las fosas clandestinas donde han encontrado restos óseos en Michoacán y Guerrero. No han logrado respuesta de las autoridades para que tomen las muestras de ADN y algunas de ellas se han tenido que certificar como peritas, pero tampoco les ha servido.

Hay otras víctimas, las de delitos en materia de trata que no reciben la atención que requieren. Reciben raquíticos 9 mil pesos mensuales para sobrevivir, sin importar si están solas o tienen hijos cuando hay víctimas que reciben hasta 38 mil pesos mensuales para cada integrante de la familia, lo que representa claramente discriminación a las víctimas de delitos en materia de trata y también para las víctimas de desplazamiento forzado.

Si las víctimas tienen bebés, pues a ver cómo le hacen, porque la canasta básica no incluye pañales desechables, toallitas higiénicas, fórmula de leche o ropita para sus bebes. En la CEAV no existe y no se entiende el Interés Superior de la Niñez.

Jaime Rochín presentó un Protocolo de Atención para Víctimas de Trata que lo único que refleja es su profunda ignorancia sobre el tema y que es un ridículo catálogo que no toma en cuenta las necesidades de estas víctimas.

Si estás enferma o te lastimaron en la búsqueda de tus desaparecidos, si en el proceso de búsqueda te dio diabetes, pues a ver cómo le haces, porque esas enfermedades no tienen que ver con el hecho victimizante y por lo tanto, no recibirás atención médica.

Un caso paradigmático es el caso de “Diana Minerva”, que se encuentra en situación de desplazamiento forzado interno, quien en un solo día fue levantada y golpeada brutalmente en su lugar de origen por los que desaparecieron a su hermano y también fue agredida por su jefe de escoltas, quien le ocasionó fractura de cervicales, de vertebras lumbares y en el coxis. Después fue secuestrada en el hotel a donde la alojó la CEAV, y también acompañada de la Ministerio Público Federal y agentes de la Agencia Federal de Investigación Criminal de la PGR fueron impedidos de llegar al lugar de búsqueda por 200 Zetas fuertemente armados.

De las fracturas de Diana, el diagnóstico de la CEAV fue que sufría de una fuerte contractura muscular en el cuello y “una bolita sebácea”.  La bolita sebácea era el hueso fracturado de una cervical y lo que supuraba era líquido cefalorraquídeo. ¡Y la dejaron sin atención de un traumatólogo por tres años! lo que hoy la tiene con grave riesgo de quedarse parapléjica.

Se le dio un tratamiento para desinflamar los nervios de la columna. Solicitó que le fuera pagado al traumatólogo (por la CEAV) pero no se ha realizado el pago a pesar de que cuenta con la constancia del hospital público donde la mandaron, en la que dice que no tienen capacidad para atenderla.

Se había programado su primera intervención quirúrgica desde el 17 de enero y hasta el día de hoy no se han autorizado las operaciones, a pesar de que sufre tremendos dolores en su columna, ha perdido fuerza en sus manos y tiene prohibido cargar más de dos kilos, lo que la mantiene en situación de incapacidad.

SEIDO le negó reponerle el servicio de escoltas y hasta la semana pasada le reconoció el carácter de víctima directa.

Existen innumerables casos que están esperando la reparación integral, pero al mismo tiempo se hacen adjudicaciones directas de millones de pesos.

Y Jaime Rochín, con una capacidad nula de autocrítica y deseo de mejorar los servicios de la CEAV, busca culpabilizar a la autora de todas las protestas de las víctimas del Estado de México, de las de Tamaulipas, de las madres y padres de la Guardería ABC y de los Avispones de Iguala, del Colectivo por Amor a Ellos, de las Buscadoras de Cuerpos.

También me acusa de manejar una cuenta de Twitter donde se denuncian las quejas de las víctimas directas e indirectas, sin darse cuenta que sus verdaderos enemigos están ahí, en la propia CEAV.

De una sola cosa estoy segura, que serán las mujeres en pie de lucha, las únicas que logren recuperar la CEAV para el beneficio de las víctimas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   Mujeres cautivas
   
La Prostitución en Colombia en el post-conflicto
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

En esta ocasión quisiéramos referirnos a las graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas y demás población explotada sexualmente en la prostitución en Colombia, víctimas de violencia de género extrema. La Iniciativa por la Equidad de Género ha constatado la ausencia de la debida diligencia por parte del Estado colombiano para investigar, perseguir y castigar a perpetradores de inducción, constreñimiento a la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que se configuran aún con el consentimiento de la víctima.
 
También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas (propietarios y administradores de establecimientos destinados a la explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y personas en “situación de prostitución”, logrando un marco socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”, con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.
 
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio, entre otros.  
  
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas.
 
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia: 
 
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado, explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta larga guerra.
 
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son los socios fundamentales del proxenetismo. 
 
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos, además de venir de un continuo de violencias de género, y luego explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente, asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución tiene impactos graves para su salud mental y física, así como afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
 
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo sexual”.
 
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas, muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal Colombiano.
 
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
 
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y “ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras sexuales”.  No se entienden las causas estructurales ni los impactos de la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que ejercen. 
 
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista: Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a la sociedad en igualdad de género.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TUZ








MUJERES CAUTIVAS
Trata de Personas
   Mujeres Cautivas
A revisión periódica Plan global de acción para combatir la trata de personas y metas de ODS
Especial
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/09/2017

Ahora que se aproxima la revisión periódica del Plan Global de Acción para Combatir la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una serie de organizaciones que se hacen llamar “Alianza 8.7 Uniendo Fuerzas Globalmente para Poner Fin al Trabajo Forzado, la Esclavitud Moderna, la Trata de Seres Humanos y el Trabajo Infantil”. Y lo impulsan así porque creen que la Prostitución es trabajo, o a la prostitución infantil le dicen prostitución infantil o niñas prostitutas o “niñas trabajadoras sexuales”.

Nosotras esperamos que esta revisión y su declaración final reflejen un verdadero compromiso con la puesta en marcha y realización del Plan de Acción Global y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, específicamente de las metas 5.2, 8.7 y 16.2.

En particular, varias organizaciones internacionales entre las que destacan la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Equality Now (Igualdad Ahora) han manifestado al Secretario General de la ONU que esperan la completa puesta en marcha del Plan de Acción contra la Trata, en concordancia con las metas de desarrollo sustentable. Y, además llamaron a los Estados Parte a incorporar y respetar la definición legal contenida en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas/Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, que se incluye en el Plan Global de Acción, del que 170 Estados son parte:

“… La explotación incluirá, por lo menos la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos...”

Las definiciones legales son importantes, son la piedra angular para poder reclamarle a los Estados Parte, entre los que se encuentra México, sus obligaciones. Es indispensable que la definición acordada y aceptada como la definición legal de la trata de personas no se modifique de ninguna manera, esa definición que fue internacionalmente acordada y aceptada, definición que debe ser apoyada e implementada totalmente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (MDS) nos brinda lineamientos claros para que los gobiernos puedan enfrentar los retos más importantes del mundo. Es imperativo alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible y que todos sus objetivos se alcancen prioritariamente.

Tres Metas de las incluidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, las metas 5, 8 y 16, se refieren a la trata de personas, desde sus causas y hasta sus consecuencias, más específicamente los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 que se refieren a combatir la trata de personas –desde la trata y explotación sexual de mujeres y niñas (Objetivo 5.2.) –el trabajo forzado y el trabajo infantil (Objetivo 8.7), hasta todas las formas de trata de niños, niñas y adolescentes (16.2).

Cada objetivo es distinto en su marco, igual en importancia e interconectados en sus respectivos panoramas. Esperamos, exigimos que la puesta en marcha de las estrategias dirigidas a cada uno de estos objetivos asegure que la trata y la explotación sexual sean igualmente prioritarias para nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales.

Cuando debatimos sobre la trata de personas en situaciones de conflicto, se debe tomar en cuenta el acuciante riesgo de trata y explotación sexual que enfrentan, particularmente, las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas deben reconocer e impulsar la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es imposible sin erradicar la violencia feminicida y la discriminación de género, que incluyen la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución.

De acuerdo al informe 2016, de UNDOC, 71 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y de esas víctimas 72 por ciento son explotadas sexualmente; mientras que 96 por ciento de todas las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas.

Es crucial que los Estados Miembros en sus deliberaciones para combatir la trata de personas retomen la legislación internacional que incluye cuatro formas distintas de trata. Los esfuerzos para combatir la trata laboral por organismos internacionales como la OIT y la Alianza 8.7 son necesarios, pero deben reconocer que sus esfuerzos únicamente abordan una de las cuatro formas de trata. Debe quedar claro que la trata para la explotación sexual no es una forma de trata laboral. Los Estados Parte han ratificado un marco legal integral que se enfoca a la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución, incluyendo el Protocolo de Palermo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (el Convenio de 1949) y la Convención de los Derechos de la Niñez.

El financiamiento intersectorial nacional y global debe concentrarse en financiar los compromisos tendientes a alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas; y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, incluyendo la trata de mujeres, niñas, adolescentes y trans y todas las formas y modalidades de explotación, en particular, la explotación de la prostitución, lo que no está sucediendo.

Priorizar la explotación sexual como una de las formas de trata, aumentará la habilidad de los Estados Parte para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, ya que les permitirá desarrollar planes nacionales relevantes y apropiados, indicadores, llevar a cabo investigaciones e invertir en combatir la trata de personas. Combatir la trata, la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y transexuales, requiere inversiones en investigaciones comprensivas o integrales y la recolección de datos desagregados y diferenciados de otras formas de trata y explotación.

En la revisión del Plan de Acción Global se debe tomar en cuenta la legislación internacional existente y los principios de los Derechos Humanos. Es indispensable utilizar la terminología usada para definir la trata de seres humanos. Mientras que los términos “la esclavitud moderna de nuestros días” o “la esclavitud moderna” ayuda a que el promedio de la ciudadanía pueda entender de manera más eficiente la gravedad de la trata de personas, lo cierto es que no son términos que se reflejen en la legislación internacional, en todo caso lo que encontramos es “formas contemporáneas de esclavitud”.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de México y demás Estados Partes a respetar el Artículo 9.5 del Protocolo de Palermo, enfocándose en desalentar la demanda que promueve la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, que provoca la trata y la explotación sexual. Sin demanda no hay trata de personas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








Pages

Subscribe to RSS - Trata de personas