gasoducto

Exige organización de defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, Jamut Boo’o que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la activista Anabela Carlón Flores y respeto a los derechos de la comunidad de Loma de Bácum.
 
La dirigente de la organización Jamut Boo’o, Casilda Flores Álvarez emitió un comunicado vía redes sociales para exigirle al Ministerio Público (MP) que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la defensora Anabela Carlón Flores, quienes ya tienen una carpeta de investigación por la denuncia interpuesta el mismo martes 13 de diciembre con número 00348/12-2016.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, Anabela Carlón Flores, dijo que tanto en el MP como en la Policía Estatal Investigadora (PEI) le informaron que aún no encuentran el paradero de Isabel Lugo Molina porque primero tienen que aplicar un “protocolo” sin decirle el nombre de éste, el cual establece que primero hay que buscar a las personas en “hospitales y Centros de Readaptación Social (Cereso)”.
 
De acuerdo a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, el día 13 de diciembre acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y no tenían registro de orden de aprehensión, ni cargo en contra Anabela Carlón Flores ni de Isabel Lugo Molina.
 
De manera que no hay motivo por el cual busquen a Isabel Lugo Molina en los Cereso porque no hubo orden de aprehensión, ni cargo alguno, tanto Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado 13 de diciembre, que podrían ser elementos de la PEI, porque Anabela Carlón Flores vio cerca del lugar en el que fueron interceptados una patrulla de la policía estatal con las torretas encendidas y no hicieron nada por detener el secuestro o seguirlos para rescatarlos.
 
Anabela Carlón Flores fue liberada tras la presión mediática local, pero a Isabel Lugo Molina, se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construye la transnacional IEnova Sempra Energy en la comunidad de Loma de Bácum y en el territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora.
 
Las defensoras indígenas ya habían sido amenazadas y criminalizadas por funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal, así como por la comunidad de la etnia Yaqui que está a favor del gasoducto, una acción que fue provocada por la empresa transnacional IEnova Sempra Energy para dividir a la comunidad indígena y continuar con la construcción del gasoducto a pesar de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
Antes de que Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina, fueran privados de su libertad denunciaron en un comunicado firmado por las autoridades tradicionales de Bácum, las amenazas del subdirector de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, en dicho comunicado señalan que el funcionario público les dijo: “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.
 
La empresa Gasoducto Aguaprieta filial de la trasnacional IEnova Sempra Energy les entregó un “convenio” con una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.
 
El recurso más reciente que la defensora Anabela Carlón Flores interpuso fue un oficio dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde narra los hechos del pasado 13 de diciembre y el contexto de violencia que viven las mujeres y la comunidad de Loma de Bácum a causa de la construcción ilegal del gasoducto.
 
16/GVV

Mujeres Yaquis de la Loma de Bácum, ubicada en el sur de Sonora, se encuentran bajo amenazas e inseguridad luego de que se opusieron a la construcción presuntamente ilegal, de un ducto de gas natural, ya que dicen, quedaría a un kilómetro de distancia de esta localidad.
 
Denunciaron que la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de la transnacional estadounidense IEnova (Sempra Energy), continúa con la construcción del gasoducto, pese a que hay una orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Supremo Tribunal de Justicia, para detenerla.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, mujeres de la comunidad Yaqui (que pidieron el anonimato por seguridad) informaron que la construcción del ducto a cargo de la empresa Gasoducto Aguaprieta ha generado violencia que va desde enfrentamientos entre los mismos miembros de la comunidad, hasta amenazas a líderes Yaquis y mujeres de la misma etnia, defensoras de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y de la tierra.
 
Explicaron que se han provocado incendios de automóviles y riñas que han terminado en homicidio. Algunas mujeres de la comunidad han tenido que permanecer en lugares que consideran seguros, por recomendación de las autoridades Yaquis del pueblo de Bácum, porque al oponerse a firmar el permiso colectivo para la construcción del ducto, han recibido amenazas.
 
Señalaron que la empresa Gasoducto Aguaprieta contrató a personas de la comunidad de la Loma de Bácum como guardias de la construcción y esto ha provocado división y enfrentamientos entre la comunidad.
 
La Loma de Bácum es una localidad rural que pertenece al municipio del mismo nombre (uno de los 8 pueblos del territorio de la etnia Yaqui), sus calles son de terracería, la mayoría de las casas están construidas de manera tradicional con “carrizo” (parecido al bambú) y cuentan con servicio de alumbrado público y electrificación en los hogares.
 
Según la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Bácum hay 23 mil 53 habitantes y menos de la mitad son mujeres.  
 
Los motivos por los cuales las mujeres de la Loma de Bácum, no desean que instalen el ducto de gas natural son diversos, entre ellos está la seguridad de sus hijas e hijos porque esta construcción queda a un kilómetro de distancia de la localidad en la que hay dos escuelas primarias (Miguel Hidalgo y Nueva Creación) y la escuela Telesecundaria 146.  
 
“Aún utilizamos fogones, no tenemos estufas de gas LP” expresaron a Cimacnoticias, “no queremos que una transnacional venga a generar inseguridad”. Indicaron que durante la asamblea informativa efectuada en el 2015, IEnova no les advirtió del peligro que implica la construcción y permanencia del ducto que transportará gas natural; y por eso no aprueban la obra y apoyaron el amparo que interpusieron de manera colectiva ante el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
En un oficio elaborado por representantes legales de la comunidad Yaqui de la Loma de Bácum dirigido a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambas del gobierno federal, del cual Cimacnoticias tiene copia, señalan que en el 2013 la CRE le otorgó el permiso a la empresa Gasoducto de Aguaprieta, para la instalación y operación de un ducto transportador de gas natural que va desde el estado de Sinaloa hasta la franja fronteriza de Sonora con el estado de Arizona, Estados Unidos.
 
En el documento explican que la consulta del proyecto a los 8 pueblos fue promovida por la Sener quien decidió realizarla de manera individual a cada pueblo, “debilitando la cohesión social y cultural de la tribu”.
 
El resultado de ese “proceso viciado”, dicen, fue la obtención del consentimiento de las autoridades de los pueblos Belén y Huibiris, Cócorit, Torim, Vícam, Potam y Rahum, pero aún no tienen el de Bácum,  porque ni su gobernante ni los habitantes están de acuerdo y aún así cuando no hay un consenso general otorgado, empezaron a construir el megaproyecto que afectará una franja de 90 kilómetros de largo por 10 metros de ancho en el territorio Yaqui.
 
El 4 de abril del 2016 la comunidad interpuso un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito para detener el proceso de construcción del ducto en defensa de su territorio. Dos días después el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la obra y la suspendieron.
 
La empresa Gasoducto de Aguaprieta, reanudó la construcción el 30 de septiembre pasado y contrató a personas de la misma comunidad Yaqui para el resguardo de la obra. El enfrentamiento que se dio en días pasados, fue entre ellos y los habitantes de la comunidad que están en contra de la instalación del ducto, lo que dejó como saldo personas lesionadas y la muerte de un hombre.
 
En referencia a los enfrentamientos suscitados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un oficio el 21 de octubre en donde recomienda que se tomen medidas cautelares para que los funcionarios públicos de la Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía del estado de Sonora y otras corporaciones de seguridad, salvaguarden los Derechos Humanos de las y los habitantes de la comunidad Yaqui que viven en la Loma de Bácum.
 
En un oficio que elaboraron de manera reciente representantes legales de la comunidad Yaqui señala a las empresas y autoridades energéticas como responsables de fomentar división en la comunidad Yaqui como resultado de una “estrategia deliberada” de la trasnacional IEnova y  Sempra Energy, quienes en complicidad con la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CRE han generado confrontaciones entre los habitantes de la etnia Yaqui.
 
Y señalan: “consideramos que es posible que estos hechos hayan sido planeados con la intención de destruir al actual gobernador de Loma de Bácum (José Bacaumea Espinoza), para imponer a un mandatario Yaqui partidiario de la construcción del gasoducto”.
 
Las tres exigencias de parte de la comunidad Yaqui a la Sener y CRE son: respetar la orden judicial emitida el 6 de abril y detener de manera inmediata los trabajos en la comunidad Yaqui de la Loma de Bácum; detener el proceso de consenso individual a cada pueblo Yaqui por ser una clara violación a sus usos y costumbres; y frenar sus estrategias para generar violencia y división entre los mismos habitantes de la comunidad indígena.
 
16/GVV/LGL