Brecha de género

Con la intención de impulsar iniciativas que fomenten la inclusión y el liderazgo de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) surgió una nueva red de profesionales llamada Conectadas, y que fue presentada ayer en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

Más de 300 representantes de la iniciativa privada, pública, academia y sociedad asistieron a la presentación, encabezada por María Elena Estavillo Flores y Adriana Sofía Labardini Inzunza, comisionada y ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respectivamente.

Otras mujeres líderes que forman parte de Conectadas son Lucía Lagunes, directora general de CIMAC; Mariate Arnal, directora general de Google México; Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora nacional de estrategia digital de Presidencia de la República; Ana de Saracho O'brien de Telefónica-Movistar; y María Elena Meneses, académica del Tecnológico de Monterrey, entre otras.

El propósito de la red es desarrollar a mujeres líderes a través de mentorías y talleres, promover mejores prácticas de inclusión dentro del sector, realizar un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones del nicho y generar alianzas estratégicas para potenciar la incidencia social de la iniciativa.

Todo eso porque el porcentaje de mujeres que tienen el poder de tomar decisiones en ese sector todavía es muy bajo. De acuerdo con un estudio que realizó Credit Suisse a 3 mil empresas en el mundo, sólo el 3.9 por ciento (130) tenían directoras ejecutivas. En América Latina el panorama es menos alentador ya que sólo el 1 por ciento de las empresas contaban con mujeres en este nivel.

Por su parte Naciones Unidas señala que más de la mitad de las empresas de tecnología de información a nivel global no cuentan con ninguna mujer en su consejo de administración, 26.3 por ciento una mujer, 13.8 por ciento dos y sólo 7.4 por ciento cuenta con tres o más mujeres.

“Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad, organismos públicos y privados de los sectores de radiodifusión, telecomunicaciones y TIC, sobre la importancia de priorizar la  participación equitativa de las mujeres en los cargos directivos y decisorios”, señaló María Elena Estavillo, comisionada del IFT.

La excomisionada del IFT, Adriana Labardini, agregó que invitan a organizaciones públicas, privadas, sociales y otras a sumarse a esta iniciativa porque promover la igualdad de género en el ámbito laboral tendría muchos beneficios, argumentó la integrante de Conectadas.

Según cálculos del instituto global McKinsey, si las mujeres latinoamericanas tuvieran la misma participación que los hombres en la economía, el impulso potencial para la economía de esta región sería de un aumento del 34 por ciento del Producto Interno Bruto regional anual. En el caso particular de México, este impacto sería del 40 por ciento.

18/SG

En México, la desigualdad de género es tan estructural que aun cuando los derechos económicos, sociales y culturales de este país no están garantizados para nadie, su incumplimiento es todavía mucho mayor cuando se trata de las mujeres, de acuerdo con información recabada por más de 150 organizaciones.

El día de ayer y hoy, el Estado mexicano es sometido a una evaluación por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Comité DESCA), de la ONU, en Ginebra, Suiza, que entre otros temas, revisa el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), un tratado internacional que México ratificó desde 1981. La última vez que se revisó el estado de estos derechos en México –garantías básicas para la vida digna- fue hace 12 años.

En paralelo a esta revisión, más de 150 organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe alternativo (sombra) a este Comité, en el que demuestran múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que cometió el Estado mexicano por acción y omisión, así como otros actores no estatales como las empresas.

El informe señaló que el Estado mexicano incumplió el artículo 3 del PIDESC, sobre equidad e igualdad de género.

“Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género ‘como el centro de la política social, económica y educativa en el país’, su avance a la fecha sigue siendo limitado. Las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres continúan, siendo alarmante la violencia de género y la pobreza, en donde las más afectadas resultan ser las niñas y las mujeres”, dice el informe.

Las organizaciones señalaron la deuda del Estado de garantizar el derecho al aborto en todo el país; el fracaso del enfoque de los programas sociales para revertir la pobreza de las mujeres; y el aumento en pocos años de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres.

También habla sobre la ausencia de materias sobre igualdad de género y Derechos Humanos en la política educativa recién reformada en México; el subejercicio de recursos para la implementación de la política de género; y el acceso diferenciado de las mujeres al agua y otros bienes naturales porque algunas instituciones no han incorporado la perspectiva de género.

En general, las organizaciones alertan que “sobre el cumplimiento de las líneas de acción y estrategias transversales del Programa Proigualdad, consideramos que es peligroso que el Estado mexicano asegure que al finalizar el 2018 se tendrá un cumplimiento del 90 por ciento de las líneas de acción del programa, ya que de 2013 a 2016, de acuerdo a lo reportado por el gobierno, solo se ha cumplido 9.1 por ciento lo cual representa aproximadamente 29 líneas de acción cumplidas de un total de 314.

Este documento señaló deficiencias y fallas en la implementación de programas centrales que beneficiarían principalmente a las mujeres, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que trajo más carga de trabajo para ellas y profundizó la pobreza; o el Seguro Popular, que hizo un programa especial para afiliar a mujeres embarazadas y aumentó los índices de mortalidad materna por falta de recursos humanos, económicos y materiales para atenderlas.

No obstante, el resto del informe –que desglosa datos más específicos sobre otros temas- evidencia que los desplazamientos forzados y la migración, están afectando principalmente a las mujeres indígenas, niñas y adultas mayores, cuyos recursos económicos para garantizar su subsistencia en otro lado son más limitados, o para quienes no hay servicios de salud garantizados.

En materia de trabajo también se describe la deuda del Estado para ratificar Convenios Internacionales a fin de evitar la discriminación de las trabajadoras del hogar o para extender la licencia de maternidad; y que la política de igualdad no ha tenido efectos en reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.  Entre este grupo se destacó como más vulnerables las trabajadoras del hogar y las jornaleras.  

“Aunque en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres insertas al mercado de trabajo en México, el crecimiento en números no necesariamente se tradujo en mejores y mayores oportunidades para las trabajadoras, pues el contexto de creciente precarización económica del país afecta la presencia de las mujeres en el mercado laboral; son las mujeres las que ocupan 70 por ciento de los trabajos más precarios. Según datos del Inegi: 44.1 por ciento de las mujeres trabajadoras no tiene un contrato y 44.7 por ciento no cuenta con servicios de salud”.

RECOMENDACIÓN: CUMPLIR COMPROMISOS

A fin de avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado mexicano armonizar las leyes y normas federales y estatales relativas a la interrupción legal del embarazo en todo el país, y derogar aquellas leyes y normas que contravengan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como establece el Proigualdad.

También llamaron a ratificar el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar –firmado desde 2011- y el Convenio 156 para eliminar la discriminación por motivos de género en las responsabilidades familiares y laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); e incorporar el enfoque de género en la implementación de los programas sociales y de combate a la pobreza, y evaluarlo con indicadores en la materia.

Otra recomendación fue realizar evaluaciones independientes y académicas a programas sociales que cuenten con apoyos financieros del gobierno mexicano y se encuentren a cargo de organizaciones; y crear una política pública de índole nacional e integral de prevención, atención y sanción en materia de acoso sexual en todas las universidades públicas y privadas del país, que incluya elaboración de protocolos e instancias exclusivas de atención y sanción a la violencia contra las mujeres y específicamente al acoso sexual.

Las organizaciones llamaron a hacer un cumplimiento efectivo de todas las medidas establecidas en las declaratorias de Alertas de Violencia de Género, en donde se requiere el acompañamiento de personas expertas en temas de seguridad, justicia y prevención con formación de género; y reconocer el problema de feminicidio y desapariciones de mujeres en México.

Urgieron también a homologar la tipificación del feminicidio a nivel estatal con los elementos establecidos en el tipo penal federal y con circunstancias objetivas de fácil acreditación; aprobar la Ley General en materia de desapariciones, y armonizarla con convenios internacionales; y elaborar un registro único de personas desaparecidas, desglosado por sexo.

18/AJSE/LGL

Aunque la equidad de género y el empoderamiento femenino aparecen como metas más cercanas de alcanzar para mujeres en todo el mundo, todavía es un anhelo distante y bastante esquivo en el horizonte de otras tantas.

Esas brechas fueron reveladas en el informe “Igualdad de género en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el primero de su tipo realizado en Naciones Unidas.

Según dijo a Prensa Latina la autora principal del reporte y jefa de la sección de Investigación y Datos de ONU Mujeres, Shahra Razavi, Latinoamérica y el Caribe presenta varias señales de mejoras en temas de empoderamiento.

Esta área experimenta el más alto incremento en términos de empleo y participación femenina en la fuerza laboral que se reportó en las regiones en desarrollo durante la última década, indicó.

La tendencia constituye un indicador de los cambios positivos en América Latina y el Caribe, no solo en lo referido al empleo sino también en cuanto a la enseñanza, enfatizó.

Uruguay -país en el cual existe uno de los casos de estudio reseñados en el informe- figura entre los líderes de la zona al proporcionar importantes servicios de educación, capacitación y puestos de trabajo, ahondó.

De acuerdo con Razavi, poco a poco se están cerrando las brechas de género, pero todavía persisten en la región las desigualdades entre mujeres y hombres, precisó la especialista en investigación e información de ONU Mujeres, Ginette Azcona.

La inclusión de indicadores de pobreza se encuentra entre las novedades que recoge el reciente informe y que no se habían incluido en otros anteriores, detalló.

Por ejemplo -dijo- en lo relacionado a la edad del primer trabajo, la brecha entre hombres y mujeres es mayor en Latinoamérica y el Caribe que en cualquier otra zona.

En tanto, 32 por ciento de las mujeres en Latinoamérica vive con menos de un dólar y 90 centavos al día, cuando a nivel mundial la estadísticas es del 22 por ciento, añadió.

Para la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, los avances en temas de igualdad de género y empoderamiento femenino siguen sin alcanzar a quienes más los necesitan.

Además, recalcó, las mujeres son más propensas que los hombres a padecer pobreza extrema y también tienen menos acceso a los servicios de primera necesidad debido a las inequidades de género, alertó.

Mlambo-Ngcuka señaló que la igualdad de género puede ser un catalizador para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“A menos que se acelere considerablemente el progreso en materia de igualdad de género, la comunidad internacional no podrá cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás. Esta es una llamada urgente a la acción y el informe hace recomendaciones sobre qué camino tomar”.

En ese sentido, llamó a reforzar la implementación de políticas públicas que las beneficien a ellas.

La atención de salud para las mujeres y su descendencia, la necesidad de un empleo decente y el respeto a sus derechos son algunas de las prioridades a tener en cuenta ahora, según indica el reporte, añadió. Aún se necesitan más estadísticas sobre el tema, pues existen muy pocos datos a nivel global y los que hay son de fechas muy recientes, ahondó la directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“Esta organización busca escuchar y hacer oír las voces de todas las mujeres del mundo, sobre todo en aquellos lugares donde no pueden hablar por sí mismas'. Dos años y medio después de la adopción de la Agenda 2030, ONU Mujeres elaboró un informe para examinar desde una óptica de género el progreso alcanzado y los desafíos pendientes para la implementación de los ODS.

En 89 países con datos disponibles, el número de mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza asciende a 330 millones.

Asimismo, más del 50 por ciento de las mujeres y las niñas en medios urbanos de las naciones en vías de desarrollo carecen de al menos uno de estos recursos: acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias mejoradas, una vivienda durable y espacio suficiente para vivir.

En tanto, una de cada cinco mujeres menores de 50 años de edad sufrió violencia física o sexual a manos de su pareja en los últimos 12 meses, arrojaron las estadísticas mundiales.

Todos esos datos están recogidos en el reporte de ONU Mujeres que identifica brechas y oportunidades para la igualdad de género en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el primero de su tipo realizado en Naciones Unidas.

Como destacaron sus autoras, el informe demuestra la naturaleza generalizada de la discriminación en contra de las mujeres y las niñas, por ello uno de sus acápites recomienda medidas para abordar el problema.

El logro de la igualdad de género no resulta solo un objetivo importante en sí mismo, sino que es además un factor capaz de acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y de un futuro sostenible para todas las personas, subraya el documento.

Por ejemplo, en el informe se muestra que la reducción de la carga de cuidados no remunerados para las mujeres mediante el acceso a servicios de ese tipo gratuitos y universales les permitiría acceder a más oportunidades de empleo.

Del mismo modo, propiciaría la creación de trabajos en el sector de los servicios sociales y mejoraría los resultados en salud y nutrición infantil.

Tal y como insiste el informe, no se trata solo de un asunto de mujeres: la equidad de género impacta en todos los sectores y esferas de la sociedad a escala global.

*Corresponsal Jefa de Prensa Latina en Naciones Unidas

18/RR/IFB/LGL

El sábado 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México es una fecha particularmente importante porque en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de este tipo de violencia en sus diversas expresiones, incluyendo la más fatal: el feminicidio.

De enero a junio del año en curso se registraron 784 asesinatos de mujeres, especialmente en los estados de México (que ocupa uno de los primeros lugares en feminicidio y en violencia contra la mujer); Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima. (Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio).

Actualmente existen Alertas de Género en las siguientes entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima y Nayarit. Sin embargo algo se está haciendo mal por parte de las autoridades federales o estatales, porque estas Alertas no están dando los resultados que debieran y que se esperaban, es decir, sigue aumentando la violencia en esas entidades.

Se considera que 2016 ha sido el año con más  violencia y feminicidio contra las mujeres en los últimos 27 años. ¿Qué está sucediendo en el país? ¿por qué ese desmesurado crecimiento de la violencia?

Según Inegi de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (6 de cada 10), 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

Cuatro de cada diez ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación; y 5 de cada 10 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.    

Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 

El Inegi se ha dado a la tarea de clasificar esta violencia en diferentes tipos, incluso en este año ha invertido importantes cantidades de dinero en un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), muy completo y seguramente muy costoso, que incluye un glosario, donde define qué es violencia de género, económica y patrimonial entre muchos otros conceptos importantes.

Define como Violencia económica al chantaje del hombre hacia la mujer entrevistada, al controlar los ingresos monetarios del hogar, o bien, al cuestionar la forma de utilizarlos.

Las situaciones consideradas en torno al gasto son: reclamos en lo referente al dinero; ser codo o tacaño con los aportes a la casa; no cumplir con darlo o amenazar con no aportarlo; desviar el sustento económico necesario para la casa. Y, finalmente, adueñarse o quitarle dinero o bienes (como por ejemplo, terrenos, automóviles, joyas, entre otros) y prohibirle trabajar o estudiar. La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo.

En el caso de la Violencia patrimonial se refiere a los actos de coerción y despojo hacia las mujeres de 15 y más años, de sus bienes, recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar o la pareja las ha forzado u obligado para poner sus pertenencias a nombre de otra persona o las ha despojado quitándole o robándole sus bienes o pertenencias.

La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Es muy importante considerar estas definiciones por la forma en que se presenta la siguiente gráfica, donde en el renglón de violencia económica y patrimonial (que la juntan) incluye violencia por parte de la otros agresores, pero de acuerdo a la definición proviene de la pareja y obviamente presenta una cifra muy baja.

Ver gráfica

Desde luego en estas definiciones que da Inegi no se considera la violencia económica que ejerce el Estado, -solo aparece como responsable la pareja- sus instituciones y la política económica, a través de la política laboral, que es violencia económica, provocando que las trabajadoras mexicanas experimenten otro tipo de violencias porque están estrechamente interrelacionadas y lo que a su vez contribuye a una enorme desigualdad de género, en detrimento de las mujeres.

No es posible que la violencia  económica y patrimonial sea de apenas 29.0 por ciento, más allá de las cifras del silencio, que desde luego son muy importantes. De acuerdo con la nota publicada por Cimacnoticias titulada “México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres”, México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres, el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017 se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el lugar 75.

En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política.

En realidad ¿cuáles son los verdaderos componentes de la desigualdad y de la violencia económica, incluso patrimonial contra las mujeres? Básicamente son nueve:  

• Violación de los derechos económicos, laborales y humanos
• Carga de Trabajo doméstico no Remunerado, Carga de trabajo de género que se traduce en suelo pegajoso y desigualdad de género
• Desigualdad de género en los salarios y brecha salarial
• Jornadas Laborales
• Salarios y brechas salariales
•  
• Acceso a los derechos laborales: seguridad social, sindicalización, capacitación
• Derecho a la salud
•  

Si se consideraran estos elementos para medir la violencia económica y patrimonial contra las mujeres ese 29 por ciento crecería muchísimo. Pero sobre todo se vería la interconexión que existe con la violencia doméstica y la desigualdad de géneros; incluso con el feminicidio. Marcela Lagarde tiene mucha razón, esa violencia machista se ha exacerbado con el avance social de las mujeres, en particular en un espacio masculino por excelencia: el mundo laboral.

Por ejemplo, en el Presupuesto para la Igualdad –que solamente representa 0.0.5 por ciento de total del gasto público- el programa: “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, recibió y recibe muy escasos recursos. En 2017 fueron de 0.0.1, del  gasto para la igualdad; seguramente una cifra muy distinta a la que se destinó para ese Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). Hubiera sido mejor destinar esos recursos a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia económica, feminicidio, desigualdad de género y clasificación de la violencia y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

En 2017 México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017 se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el lugar 75.

En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política. La puntuación fue obtenida luego de analizar las cifras más recientes de instancias como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PARTICIPACIÓN Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

De las cuatro áreas analizadas las mexicanas enfrentaron mayores condiciones de desigualdad económica y laboral, donde el país ocupó la posición 124 de las 144 economías contempladas en el informe.

Sólo 48 por ciento de las mexicanas en edad laboral (de 15 y 64 años de edad) participa en actividades económicas, indicó el WEF, en comparación con los hombres cuyo porcentaje se ubicó en 83 por ciento.

Luego de preguntar a hombres y mujeres trabajadoras qué tan iguales son sus salarios por los mismos trabajos, el WEF calificó a México con 0.49 –en la escala donde 1 indica la paridad-.

El tiempo que las mujeres dedicaron al trabajo diariamente fue un ejemplo más del contexto desigual en el que laboran: de acuerdo al informe en 2017 trabajaron en promedio 10.10 horas al día y los hombres 9.6 horas. Además, 61.5 por ciento de las actividades laborales que las mujeres realizaron no fueron remuneradas, mientras que para los hombres el porcentaje fue 19.4.

A esto se suma que 57 por ciento de las mexicanas en edad de trabajar tienen empleos informales mientras que 49 por ciento de los hombres están en la misma situación.

Desde que el WEF elaboró por primera vez el informe global sobre la brecha de género, en 2006, México retrocedió en materia de oportunidades laborales y económicas para las mujeres, pues en ese año estuvo en el puesto 98 y para 2017 ocupó el 124, es decir 26 lugares más abajo.

En cuanto al avance de los países latinoamericanos y del Caribe el WEF estimó que aun cuando en 2017 Nicaragua estuvo dentro de los 10 países con más paridad –en el sexto lugar- tendrían que pasar 79 años para que la zona erradique la brecha de género, la cual impide que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a sus derechos económicos, políticos, educativos y de salud.

A nivel internacional el WEF estimó que tendrían que pasar 217 años más para que mujeres y hombres ejerzan trabajos en las mismas condiciones, cuando en 2016 había valorado que serían 170 años.

17/MMAE/LGL

Ni una más, Ni una menos

Tal parece que no se quiere entender ni atender el grave problema de la violencia contra las mujeres. Decir que la provoca la cultura patriarcal y el machismo es decir todo y no decir nada, sobre todo no hacer nada para resolver esta problemática que va creciendo. Es como cuando se dice que la corrupción es “cultural”, significa impunidad y proteger la corrupción.

Se han vuelto afirmaciones “deterministas”, como si ese fuera el destino fatal de las mujeres, sin remedio. Por fortuna no es cierto.
Una de las principales causas de esta violencia rampante es la desigualdad de género. Desigualdad que abarca todos los ámbitos y esferas de las mujeres y que es nacional. Es económica, laboral, política; represiva si la mujer se atreve a tomar decisiones sobre su cuerpo; sin atención a su salud sexual y reproductiva; acompañada de discriminación social. En fin, una amplia brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.

Pero las medidas correctivas para esta desigualdad -que aplica el Estado- son muy limitadas y a todas luces insuficientes, o simplemente inexistentes.

El mejor ejemplo de esta situación es el Gasto Público etiquetado en programas para la “igualdad de género” que año con año presenta al Congreso el Ejecutivo, en el Paquete Económico, el llamado Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que comprende y abarca a todas las entidades del Sector Público.

Los recursos que se destinan a las mujeres son muy escasos y además crecen anualmente muy poco, definitivamente no se quiere resolver la brecha de género y eso es responsabilidad del Estado, involucra a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Del poder Judicial es mejor no hablar porque la cuestión empeora.

Con el agravante de que en este país esa desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y el feminicidio se dan en un entorno de una amplísima desigualdad de ingresos, acompañada de pobreza feminizada.

Sin duda eso debilita y ha debilitado a la sociedad civil y desde luego a las organizaciones de mujeres. Pero aún así no dan tregua y pelean por sus derechos (el de una vida libre de violencia). Para que estos recursos del gasto público crezcan, lleguen efectivamente a los programas para los que fueron etiquetados.

Una breve revisión de estos presupuestos (2012-2018) indica que su crecimiento anual cada vez es menor, como se aprecia claramente en la gráfica. En el período 2012-2014 tuvo incrementos anuales importantes. Sin embargo a partir de 2015 su tendencia ha sido decreciente, al punto de que para 2018 se proyecta un aumento de este gasto de únicamente el 3.0 por ciento, con 28 mil 093 millones 091 mil 287 pesos.

Ver gráfica aquí

Este proyecto para la igualdad propone para el próximo año más de cien líneas programáticas. Ya sea por su importancia para alcanzar la igualdad o por el monto de los recursos asignados destacan:
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, cuya asignación es menor en 27 millones de pesos a la que se ejerce en este año, a pesar de la trascendencia que reviste para las mujeres este programa que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por los resultados que mostró recientemente la encuesta sobre las relaciones en los hogares que aplicó Inegi, -donde se dice que más del 60 por ciento de las mujeres es o ha sido víctima de violencia-, y después de ver en los medios las que han sido y son asesinadas, es más que evidente que este programa no está dando resultados; si bien tiene muy pocos recursos (179 millones 754 mil 388 pesos), seguramente no debe ser la única razón.

Los primeros en aplicar violencia y desapariciones o secuestros de mujeres es la policía federal, que justamente depende de Gobernación, no predica con el ejemplo el Secretario de esa dependencia.

También está el programa de apoyos a pequeñas productoras, a cargo de Sagarpa, básico para la mujer rural. En la Secretaría de Educación el programa nacional de Becas, aquí la propuesta para 2018 contempla un crecimiento en su asignación, afortunadamente.

En el caso de Salud no se puede decir lo mismo. Salud materna, sexual y reproductiva, así como las estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras están con asignaciones menores a las que tienen actualmente. Ambos programas son fundamentales para la igualdad de género, ya de por sí sus recursos son muy bajos (237 millones 423 mil 927 pesos en estancias). Estos programas lo que necesitan es crecer, por lo menos en la programación de sus recursos para el próximo año.

Cabe aclarar que el total del estimado para guarderías a cargo de: Salud, Desarrollo Social y el IMSS asciende a 16 mil 215 millones 908 mil 406 pesos, implica un crecimiento del 10 por ciento respecto al presupuesto actual, gracias al IMSS.

Igual son insuficientes, entre otras razones porque la mayoría de las mujeres trabajadoras con hijos pequeños no tienen acceso a esta institución de Seguridad Social.

En conclusión, ni los recursos ni las acciones están acordes con las necesidades actuales de la mayoría de las mujeres del país (más de la mitad de la población), pero igual hay que defenderlo y claro, buscar que mejore. Es vital contar con un gasto público destinado a la igualdad de género.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

La presencia de la mujer en los informativos de televisión apenas avanza y se mantiene estancada desde hace tres años. En 2016, apenas el 31.7 por ciento de las voces que intervinieron en los noticiarios fueron femeninas y, si bien es la cuota más alta desde el año 2009, apenas supone una décima más que en 2014.
 
Son datos del Informe sobre la distribución por sexo de los tiempos de palabra en los informativos de las televisiones públicas andaluzas que elabora el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). El estudio constata además que los temas sobre los que intervienen mujeres y hombres se asocian a roles sexistas estereotipados.
 
Tras conocer el informe de 2016, el pleno del CAA ha mostrado “su preocupación por la pobre evolución que registra la representación de la mujer en los noticiarios de las televisiones públicas”. El ritmo es tan lento que, según el estudio, si no se adoptan medidas concretas se necesitarían 24 años para conseguir que los medios reflejen una imagen paritaria de hombres y mujeres en su programación informativa. El 31.7 por ciento de protagonismo de la mujer en los informativos en 2016 es cuatro décimas mayor a 2015, año en el que se produjo un descenso de tres décimas respecto al anterior.
 
Para acelerar este ritmo, el CAA considera que deberían emprenderse ya  acciones en tres direcciones: resolver el desequilibrio de género entre las personas expertas que son entrevistadas para analizar y juzgar la realidad y entre quienes aparecen sin identificar, erradicar la discriminación que sufren las deportistas y el deporte femenino, y evitar que la información refuerce los estereotipos y prejuicios que prevalecen en la sociedad. Habitualmente la imagen, conocimientos y experiencias de mujeres y hombres aparecen asociados a los asuntos y roles tradicionalmente asignados a ambos sexos.
 
La brecha de género es aún mayor si se considera el tiempo de presencia, las mujeres no sólo aparecen mucho menos que los hombres en los informativos, sino que sus intervenciones son también más cortas. Según el informe, los hombres acaparan el 70.5 por ciento del protagonismo, cuando las mujeres solo disponen del 29.5 por ciento del tiempo. Las intervenciones masculinas sumaron 426 horas en 2016 y las femeninas 178 horas.
 
En el último año además se produjo un claro retroceso en el capítulo donde más se había avanzado, la intervención de personas expertas. En el año 2016 sólo el 25.5 por ciento de estas voces fueron de mujer, frente al 74.5 por ciento de hombres. El año anterior la aparición de mujeres expertas entrevistadas había alcanzado el 27 por ciento, el porcentaje más alto desde 2009, cuando se iniciaron estos estudios anuales.
 
Este descenso es relevante porque la selección de expertos es una decisión que compete exclusivamente a los medios de comunicación. Según Naciones Unidas, el mayor peso para eliminar las diferencias por razón de género en los medios de comunicación está precisamente en las personas entrevistadas por su experiencia personal.
 
608 horas analizadas en las televisiones públicas
 
Para realizar este informe, el CAA ha analizado las intervenciones y los tiempos de palabra masculinos y femeninos en todos los informativos de la RTVA y los informativos territoriales de la RTVE del año 2016. Junto a ellos se han estudiado también una muestra de los noticiarios emitidos por 15 televisiones locales públicas y de los informativos territoriales de Canal Sur TV.  En el conjunto de todos ellos, se han analizado 136 mil 716 intervenciones, de las que 93 mil 389 son masculinas y 43 mil 327 femeninas, y suman una duración de 608 horas.
 
El tiempo de palabra de hombres y mujeres en los telenoticiarios se analiza en función de diversos indicadores cuantitativos (temática de la noticia, número de intervenciones, rol de los protagonistas, o representación de hombres y mujeres en las noticias) que permiten extraer conclusiones no solo cuantitativas, sino cualitativas. Con este informe, las televisiones públicas disponen de un instrumento muy útil para autoevaluarse y adoptar las medidas de corrección necesarias para mejorar la igualdad en sus informativos.
 
El informe de 2016 constata que la imagen que las noticias ofrecen de los hombres y mujeres no se corresponde con los logros alcanzados por la población femenina en la sociedad. Muy al contrario, en la distribución de los temas de las intervenciones perviven los roles sexistas estereotipados. Así, la mujer interviene principalmente para abordar asuntos relacionados con la educación, sanidad y sociedad. Por el contrario, los hombres monopolizan la información deportiva y meteorológica, las noticias científicas y tecnológicas, las relacionadas con el mercado laboral y la crónica internacional.
 
Durante el año 2016, el protagonismo de la mujer en las noticias de televisión solo fue superior al del hombre en tres asuntos: las noticias sobre violencia de género, el conflicto palestino-israelí y el desempleo.
 
La visibilidad de la mujer en los informativos de televisión está muy relacionada con el papel relevante que ha adquirido en las instituciones públicas y en la política, mientras que el protagonismo del hombre está mucho más diversificado y aparece en más campos. Así, el 32 por ciento de las mujeres que aparecieron en los telenoticiarios el año pasado ocupaban un cargo institucional, porcentaje que en el caso de los hombres solo es del 20 por ciento.
 
Si se considera el conjunto del periodo histórico desde que se realizan estos informes, 2009-2016, el 60 por ciento de las mujeres que aparecieron en los informativos de televisión en esos años estaban vinculadas a la política, mientras que en el caso de los hombres solo eran políticos el 40 por ciento.
 
El desequilibrio cualitativo entre géneros se refleja también en datos como que el 23 por ciento de las mujeres que aparecen en los informativos no son identificadas, 8 puntos más que en 2015. El porcentaje de hombres que no aparecen identificados es del 12.4 por ciento.
 
El clamoroso déficit deportivo
 
El deporte es el ámbito en el que más evidente resulta la discriminación de la mujer, teniendo en cuenta además que deportistas y representantes de gobiernos municipales son los colectivos que más protagonismo acaparan en los informativos de las televisiones andaluzas. Según el informe, hay un “clamoroso déficit” del tiempo de antena de las mujeres deportistas. En 2016 sólo el 5.9  por ciento de las apariciones de deportistas fueron femeninas, porcentaje que aún es más bajo si se considera la duración de estas intervenciones, apenas el 4.5 por ciento.
 
Como ya hizo el CAA en el último Informe sobre pluralismo e igualdad en el deporte, el estudio sobre tiempo de palabra en los informativos llama también la atención de que este reparto de papeles que reflejan las televisiones no se corresponde en absoluto con la realidad del deporte andaluz. El 21 por ciento de los deportistas federados en la comunidad autónoma son mujeres y si se consideran los deportes de alto rendimiento, el 34.7 por ciento es femenino. El informe apunta que de mantenerse el ritmo de evolución del protagonismo que el deporte femenino tiene en las televisiones, sería necesario un siglo para superar la brecha de género.
 
Mejorar la presencia de la mujer en el ámbito del deporte tendría una notable incidencia sobre los resultados de los análisis del tiempo de voz femenino en los informativos de televisión, ya que el 14 por ciento de las noticias difundidas en los  telenoticiarios andaluces son deportivas, proporción que en el caso de Canal Sur TV llega al 17 por ciento.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería / Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería (CPPAA).
 
17/RED

Un maratón de edición, o “editatona”, consiste en que varias personas se juntan para crear contenido nuevo en la Wikipedia, la enciclopedia libre. En esta ocasión, se realizará en Medialab-Prado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, dedicada al tema de las científicas e investigadoras, para hacer visible la ausencia de contenido relacionado con ellas y compartir la necesidad de que eso cambie.
 
La editatona está organizada por  Medialab-Prado, laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos culturales, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid. Se realizará con la colaboración de usuarias de Wikimujeres (@Wikimujeres_ES) y la Fundación Wikimedia (@Wikimedia), con apoyo de Oxfam Intermón (@OxfamIntermon) y de Cuentíficas (@cuentificasDLAM).  
 
Esta actividad se integra dentro del grupo de trabajo de Wikiesfera-Wikimujeres en el que intentan reducir la brecha de género que existe en Wikipedia, y está coordinado por Patricia Horrillo, iniciadora de la línea de investigación de periodismo ciudadano en Medialab-Prado en 2014.
 
WIKIPEDIA Y BRECHA DE GÉNERO
 
La brecha de género en las profesiones relacionadas con la tecnología es un problema de largo recorrido que aún perdura en nuestras sociedades. Wikipedia, al igual que el resto de proyectos de la Fundación Wikimedia, también lo sufre: menos del 13 por ciento de editores de la enciclopedia libre son mujeres.
 
Algunos de los múltiples factores que se apuntan como causas de la desigualdad de género son una interfaz de edición poco amigable, agresividad en los debates, una atmósfera sexista e incluso misógina, falta de tiempo libre o una escasa interacción social en los proyectos.
Esta exclusión implica consecuencias directas sobre los contenidos: menor cobertura sobre temas y artículos relacionados con mujeres y menor calidad de los mismos y presencia de sesgos intrínsecos.
 
Según una reciente investigación, en Wikipedia en español, el 26.8 por ciento de las palabras en los artículos biográficos de mujeres hacen referencia a condiciones de género o relaciones personales y familiares (mujer, esposa, madre...). Sin embargo, en los artículos de hombres esta circunstancia sólo sucede en un 3.8 por ciento de las palabras.
 
CÓMO PARTICIPAR
 
Para participar en la editatona, las interesadas no tienen que saber nada sobre la temática, pero sí deben llevar su equipo portátil y tener una cuenta de usuaria. El maratón de edición se realizará de 10:00 a 15:00 horas, en Medialab-Prado (Plaza de las Letras. C/ Alameda, Madrid). Para asistir a la actividad es necesario inscribirse en este formulario. Y para aclaraciones, tienen el correo electrónico: periodismociudadano@medialab-prado.es.
 
Las asistentes podrán participar en un taller de introducción a Wikipedia, también analizarán problemas derivados de la brecha de género que se producen en este entorno digital y reflexionarán  acerca de cómo esto afecta a la percepción sobre las figuras de mujeres en la Historia.
 
También se hablará de la importancia de visibilizar a las mujeres en un espacio colaborativo como Wikipedia que es consultado por millones de personas diariamente entre los que se encuentran estudiantes y también periodistas.
 
17/RED/GGQ

Según el último Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial, la igualdad económica entre sexos podría tardar unos 170 años en producirse de continuar con el ritmo actual y advierte de un drástico rezago en los avances de los últimos años.
 
“El mundo se enfrenta a un desperdicio del talento al no actuar con rapidez para frenar la desigualdad de género. Esto podría poner el crecimiento económico en riesgo y privar a las economías de la oportunidad de desarrollarse. Esta ralentización se debe en parte a los desequilibrios crónicos en los salarios y en la participación en el mercado de trabajo, pese al hecho de que en 95 países, el número de mujeres universitarias es igual o mayor que el de hombres”, señala el estudio.
 
El Foro Económico es contundente en su análisis tras realizar la comparación anual de la desigualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos educativos, de salud y supervivencia, de oportunidades económicas y empoderamiento político.
 
El informe estima que la brecha de género se sitúa en 59 por ciento, la mayor tasa de desigualdad desde 2008. El empeoramiento de la situación de las mujeres se debe al aumento de la desigualdad salarial. “Las mujeres ganan de media poco más de la mitad de lo que ganan los hombres, a pesar de que en general trabajan más horas (teniendo en cuenta tanto el trabajo remunerado como el no remunerado)”, sostiene el documento, que también alerta sobre el estancamiento de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la escasa representación en puestos de responsabilidad.
 
La conclusión ante el nulo avance del último año es que el Fondo Económico estima que la igualdad económica entre mujeres y  hombres tardará 58 años en alcanzarse.
 
MAYOR RIESGO PARA LAS MUJERES
 
"El lento avance hacia la igualdad de género, especialmente en el ámbito económico, supone un riesgo especial teniendo en cuenta que es posible que muchos trabajos que emplean a una mayoría de mujeres sean los más afectados proporcionalmente por la era de la disrupción tecnológica", alerta el documento.
 
Un informe de la OCDE asegura que en promedio 9 por ciento de las personas trabajadoras de los países desarrollados "están en riesgo" por la llegada de la inteligencia artificial, drones, impresoras 3D y otros avances tecnológicos. Otro informe del Foro Económico Mundial de Davos concluyó que hasta 2020 se perderán unos cinco millones de puestos de trabajo en todo el mundo por la "cuarta revolución industrial".
 
"Mujeres y hombres deben actuar como socios a la hora de gestionar los retos a los que se enfrenta el mundo en el que vivimos… y también a la hora de aprovechar las oportunidades. Ambas voces son fundamentales para garantizar que la Cuarta Revolución Industrial cumpla las promesas realizadas a la sociedad", afirma Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
 
ESPAÑA REZAGADA
 
España no permanece ajena a este fenómeno. Nuestro país no ocupa un puesto muy digno en la clasificación del informe Global de la brecha de género 2016 que elabora el Foro Económico Mundial (se sitúa en el lugar 29 de 144 países) sobre todo si se compara con la posición (11) que ocupaba hace 10 años. Respecto al año pasado, España retrocede cuatro puestos.
 
En la clasificación que el Foro Económico Mundial elabora tienen en cuenta la participación y oportunidades económicas, en el que España cae a la posición 72, cinco menos que el año pasado. En nivel de educación, asciende al puesto 43 desde el 47 de 2015. Y en representación política, se sitúa en el 26, la misma posición del año pasado.
 
16/RED/LGL