Agenda 2030

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, consideró que la igualdad de género en oportunidades económicas es fundamental para avanzar como país y alcanzar el desarrollo económico y social.
 
“(...) no es solo un imperativo de justicia y de ética. Es también una condición clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo, ensanchar las bases de nuestro crecimiento y apostar por la comunidad entera”, anotó.
 
La mandataria hizo estas reflexiones durante la presentación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) del informe “Género en el Sistema Financiero”, con la participación también de otras autoridades.
 
El balance fue elaborado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile con el apoyo de la Cepal, y refiere las brechas de género en el acceso y uso de productos y servicios financieros mediante la entrega de datos desagregados por sexo.
 
En sus palabras de bienvenida, el secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Cepal, Raúl García-Buchaca, indicó que en la región se han vivido avances que apuntan a la erradicación de la discriminación.
 
También en la desigualdad de género, pero advirtió que la actual situación marcada por un escenario económico, político, social y ambiental incierto y menos favorable, aumentan los riesgos de un retroceso en las políticas públicas.
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en 2015, reconoce que la incorporación sistemática de una perspectiva de género es crucial para el cumplimiento de sus 17 objetivos, añadió.
 
Agregó que la generación de empleos de calidad para las mujeres en un contexto de cambios profundos en el futuro del trabajo asociado a la revolución tecnológica e industrial, se plantea como un gran desafío hacia el 2030.
 
Según datos de la Cepal, una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe no tiene ingresos propios, mientras que una de cada cuatro posee ingresos inferiores a un salario mínimo.
 
Además, ocho de cada 10 están empleadas mayoritariamente en sectores de baja productividad y, a pesar de sus mayores niveles educativos, continúa persistiendo una brecha salarial importante.
 
El encuentro contó con la participación de Claudia Pascual, ministra de la Mujer, y Eric Parrado, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, entre otras personalidades.
 
17/RED

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2015, busca el empoderamiento económico de las mujeres con medidas “que sólo proponen la participación de un número igual de mujeres y hombres en la elaboración de productos o en los trabajos, sin considerar las diferencias salariales”.
 
Así lo afirmó la especialista en estudios de economía desde la perspectiva de género de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper Tory, durante la clausura de la Jornada Académica Mujeres en Resistencia, realizada hoy en la Facultad de Economía de la UNAM.
 
Cooper Tory  explicó que “bajo la idea de que la participación de las mujeres en la economía es menor, la Agenda propone echarlas al mercado para que la economía crezca, pero se corre el riesgo de ignorar que ellas reciben menores ingresos”. 
 
Para lograr el empoderamiento económico de las mujeres, explicó, se deben garantizar sus derechos económicos y laborales y, para ello es indispensable que en México se creen políticas públicas que garanticen condiciones de trabajo dignas para las personas y que terminen con la brecha salarial por género.
 
La Agenda 2030 plantea siete ejes para  empoderar económicamente a las mujeres, entre ellos  promover modelos positivos, asegurar la protección jurídica, el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado; además de cambiar la cultura y las prácticas empresariales, mejorar las condiciones de empleo y contratación en  el sector público, como fortalecer la representación colectiva.
 
Recalcó Cooper la labor de la academia para conjugar sus análisis y  prevenir así que los gobiernos “en pro del crecimiento económico ignoren los salarios dignos o los reduzcan”.
 
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), incluidos en el informe “Bono de género en América Latina y el Caribe”, en México la tasa de participación laboral de las mujeres, en comparación con la de los hombres es mucho menor. Para 2010 las mujeres participaron en un 45 por ciento en las actividades económicas, mientras que los hombres en un 80 por ciento.
 
Sin embargo, según cifras del estudio “Perspectivas del Empleo 2016”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha salarial por género en México ha aumentado. En 2004 fue de 17 por ciento mientras que, en 2014, fue de 18 por ciento.
 
El 22 de febrero pasado, en el foro “Empoderamiento Económico de las Mujeres”, organizado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, académicas e integrantes de la sociedad civil realizaron propuestas para una agenda que el Alto Panel para el Empoderamiento Económico de la ONU presentaría al Senado de la República, durante los últimos días de marzo, con el fin de que se legisle en favor del cumplimiento de la Agenda 2030.
 
17/MMAE/GG

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
 
Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades.
 
Hemos sorteado múltiples obstáculos generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres.
 
La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades.
 
MERCADO LABORAL, LLAVE PARA IGUALDAD  
 
Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.
 
En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.
 
El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53 por ciento, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
 
En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres.
 
Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres es fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por otro, la dimensión del uso del tiempo.
 
En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a 30 por ciento aproximadamente, es decir una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos. Esto sin duda es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus necesidades o las de sus familias.
 
A esto se suma que 26 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo resultando que más de la mitad de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica.
 
Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.
 
Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos los países de la región tienen una carga total de trabajo sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad casi exclusiva de ellas.
 
Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen hombres y mujeres.
 
Junto a los indicadores de uso del tiempo, la valorización monetaria de todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de los países.
 
Las estimaciones indican que este valor representó 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014, el 20.4 por ciento del PIB de Colombia en 2012 y 18.8 por ciento del PIB de Guatemala en 2014. Para Ecuador su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no remunerado representa 15,2 por ciento del PBI del año 2012.
 
Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres.
 
Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo.
 
Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores de mayor productividad. De esta forma se minan las bases de la segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de empleo para ellas.
 
En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para implementar la Estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas establecidas en los consensos anteriores así como responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
 
Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.
 
Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para todas sino también para todos.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
**Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
 
17/AB/GG
 

¿Cuántas niñas cumplirán 10 años hoy en nuestro país y cuántas de ellas estarán cursando el cuarto año de primaria y jugarán -espero- mientras crecen hasta llegar a la edad adulta?
 
Tener 10 años dirán, “es cosa común”. Que las niñas lleguen a la primera década de la vida no es nada del otro mundo; sin embargo, lo que pasa con estas niñas se reflejará en el futuro que nos forjemos porque el desarrollo de la humanidad depende de las condiciones que ellas tengan para salir adelante.
 
Y no es exageración. Ellas son la generación que puede hacer el cambio para nuestro mundo. Y miren porqué.
 
Hoy existen 60 millones de niñas en todo el planeta; 35 millones viven en países en desarrollo- como México- con graves problemas de desigualdad de género que las convierte en madres en plena infancia, cortando con ello un mejor futuro.
 
En México, 48 por ciento de las niñas entre 10 y 14 años son casadas con hombres 10 años mayores que ellas, o a veces de más edad. Una de cada tres adolescentes entre 15 y 19 años abandona sus estudios porque se convirtió en madre-sin quererlo- o porque no hay posibilidades para seguir estudiando, según revela el Consejo Nacional de Población.
 
Y por si esto fuera poco, entre los años 2000 y 2004, 8 mil niñas se convirtieron en madres antes de cumplir los 14 años; hoy son mujeres de 25 años con dos o tres hijos a su cargo, la mayoría sin pareja, y con trabajos precarios.
 
Romper con esta realidad de violencia y precariedad es la meta para los próximos 15 años. Es decir, el objetivo en tres lustros, es lograr que las niñas que hoy tienen 10 años lleguen a los 25 con una escolaridad completa hasta lograr una profesión, que sin duda, les dará mejores condiciones laborales, podrán tener más herramientas para planear su vida y elegir si desean o no ser madres y en qué momento.
 
Estos 60 millones de niñas en todo el mundo son el indicador humano de los acuerdos internacionales planteados en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre ellas descansa un mejor futuro para la humanidad; los planes y programas de los gobiernos de hoy, se estarán midiendo conforme el avance de estas niñas.
 
JUSTICIA PARA MIRIAM
 
Y si en verdad la voluntad de la llamada clase política es cierta, y lo firmado en la Agenda 2030 es compromiso real, entonces no sólo garantizará un mejor futuro al proteger los Derechos Humanos de las niñas de 10 años, sino de todas las niñas para evitar que vivan violencia en cualquier lugar.
 
Le harán justicia a Miriam, niña guerrerense que a los 2 años 8 meses de edad vivió violencia sexual por parte de un hombre 11 años mayor que ella, Saúl Andoni Quintana Campo.
 
Miriam y su familia buscan justicia desde hace 3 años para que su agresor sea sancionado, pero Saúl Andoni Quintana Campos ha evitado durante todo ese tiempo enfrentar su delito con el apoyo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez, quien absolvió a Saúl de la agresión contra Miriam, al no aceptar los peritajes psicológicos, oficial e independiente, que corroboran el dicho de Miriam sobre el abuso sexual.
 
Las niñas deben ser escuchadas y su dicho debe ser creído por la autoridad cuando la violencia se ejerce sobre ellas, la obligación de las autoridades es proteger a la víctima no al agresor.
 
Garantizar los derechos de las niñas transformará a México y al mundo en un mejor planeta para la humanidad, porque ellas gozarán de todos sus derechos.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL