abuso sexual
Aborto
Organizaciones piden reabrir debate legislativo
Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.
Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.
La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.
La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:
cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.
Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.
La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.
En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.
Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.
PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA
La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.
Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.
A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”
En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.
Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades- se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.
Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.
La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.
RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS
La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.
La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.
La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.
De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.
La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.
Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.
18/AEG/LGL
DERECHOS HUMANOS
CIDH denuncia omisión de Estado para atender a niñez
Lenta e incompleta respuesta de Guatemala a un año de incendio en Casa Hogar

A un año del incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala –que cobró la vida de 41 niñas- el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” a las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la protección y el bienestar de las familias y las sobrevivientes.
El 7 de marzo de 2017, cuando miles de mujeres se preparaban para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, un incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala cobró la vida de decenas de niñas. Días antes, habrían iniciado protestas y un intento de huida por los abusos, incluso sexuales, que padecían al interior de esta casa hogar.
A un año de los hechos, la CIDH advirtió en una comunicación pública que el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” para cumplir las medidas que le solicitó a fin de reparar el daño a las familias y a las sobrevivientes. Estas acciones están contenidas en la medida cautelar No, 958.16 que el organismo internacional otorgó a las familias el 12 de marzo de 2017.
Entre las medidas se encuentran: prestar atención y tratamientos adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras afectaciones psicológicas por el incendio; emprender medidas efectivas para promover la reintegración de las niñas a sus familias cuando sea posible y con los apoyos necesarios, además de identificar alternativas de cuidado que sean más protectoras; y que informe sobre las acciones para investigar los hechos y evitar su repetición.
La Comisión observó que hasta ahora el Estado ha ignorado el grave contexto de desprotección de la niñez que prevalece en Guatemala y que reclama una respuesta urgente.
También alertó sobre la falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las sobrevivientes y las familias de las víctimas, además de una demora en el proceso judicial contra las personas responsables.
La Comisión se dijo seriamente preocupada ante la ausencia de información sobre las niñas que dejaron de formar parte del Hogar “Virgen de la Asunción” y reintegradas a sus familias, además de la falta de apoyos adecuados para que las familias puedan hacerse cargo de ellas.
La CIDH exhortó al Estado a que acelere la implementación efectiva del plan de respuesta para atender de modo integral a las sobrevivientes y familiares; y adopte un mayor compromiso con el proceso de “desinstitucionalización” de la niñez en el país y a promover formas de resguardo alternativo en familias de acogida y centros residenciales especializados, de pequeñas dimensiones, que cumplan los estándares internacionales.
Respecto al acceso a la justicia, llamó a impulsar procedimientos para determinar responsabilidades sobre los hechos, así como garantizar la debida diligencia con respecto a las denuncias de violencia, explotación y trata sexual anteriores.
Esta tragedia –dijo la CIDH- es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala. Para acabar con ello, “el Estado, de modo prioritario y sin dilación, debe realizar profundas transformaciones al modelo actual”.
Guatemala tiene que adoptar un marco normativo y políticas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y apropiados, con un fuerte enfoque en la prevención en los servicios en el ámbito local, y en las políticas sociales destinadas a las familias.
MÁS DE 4 MIL NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO
Una de las integrantes de la Coordinadora 8 de marzo– una coalición de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Guatemala- confirmó en entrevista la pertinencia de las recomendaciones y observaciones de la CIDH.
Sin embargo, recordó, el Estado Guatemalteco tiene pendiente el cumplimiento de las recomendaciones que en años anteriores hicieron otros organismos internacionales y la propia sociedad civil tras observar incumplimientos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, dijo, se alertó sobre la necesidad de reformar el sistema de protección para niñas y niños institucionalizados en Guatemala.
La defensora de los derechos de la infancia dijo que hoy existe una ausencia de informes dirigidos a la sociedad civil para aclarar los hechos, y señalar las acciones que está llevando a cabo el Estado para garantizar la no repetición de nuevas tragedias, ya que se trata de un problema estructural que pone en riesgo la seguridad y bienestar de las 4 mil 500 niñas que permanecen en albergues públicos y privados en Guatemala.
Para empezar, dijo Godínez, a un año de los hechos no existe un informe circunstanciado sobre cuál ha sido la atención y acompañamiento que se ha dado a las víctimas; no hay informe que diga qué ha pasado con las niñas desaparecidas; y no hay respuesta sobre la atención para el resto de niñas y niños que están bajo su resguardo.
Agregó que tampoco hay un informe detallado que dé certeza sobre las investigaciones que debieron abrirse por los casos de tortura y violencia sexual que denunciaron las niñas y las familias de las niñas. Esto es elemental –dijo- dado que en Guatemala la violencia sexual, la violencia contra las mujeres y la desacreditación de quienes la denuncian es un patrón que se extiende en todo el país.
A decir de ellas, la causa de este incumplimiento en las recomendaciones es la debilidad institucional para atender debidamente las necesidades de las niñas y niños que quedan a resguardo del Estado; la falta de un enfoque integral de Derechos Humanos en la atención; y la intromisión de grupos conservadores en las políticas de este tema.
De acuerdo con Martha Godínez, el Estado guatemalteco ha caído en demoras, “litigios maliciosos” y negligencia respecto a este caso. Ello con la intención de quitar responsabilidad a los altos mandos de las instituciones implicadas, incluyendo al mismo poder ejecutivo, implicadas en la tragedia ya sea de forma directa o por omisión.
Hasta ahora, el Estado guatemalteco acusó penalmente al exsecretario de Bienestar Social de la presidencia, Carlos Rodas; a la exsubsecretaria de Bienestar Social Anahí Keller; y al antiguo subdirector del orfanato, Santos Torres, por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Sin embargo, aseguró, las responsabilidades van más allá, ya que se sabe que muchas otras instituciones habrían tenido conocimiento de las condiciones de esta casa hogar, así como de otras, pero no actuaron en su momento o tomaron acciones contraproducentes. Un caso, es el de la Policía Nacional Civil, a quienes se les acusa de haber encerrado a las niñas y de no haber actuado durante la emergencia.
De acuerdo con el balance que hizo el movimiento feminista que integra esta Coordinadora, a un año de los hechos Guatemala sólo resolvió la emergencia pero no atendió las medidas de mediano y largo plazo que garantizarían bienestar y protección a las familias.
Y ha sido la misma sociedad civil, -entre defensoras de los derechos de las mujeres, de la infancia y de las personas con discapacidad-, quienes se han hecho cargo de atender albergues, y de buscar alternativas, lo que evidencia que el Estado Guatemalteco está rebasado.
18/AJSE/LGL
DERECHOS HUMANOS
Cascos azules, sin castigo
ONU abandona a víctimas de abuso sexual en República Centroafricana

Varias sobrevivientes de abusos sexuales a manos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana siguen sin recibir la atención debida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó un equipo de investigación sueco.
Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”, explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azul, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.
La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.
Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses implicados en los hechos.
Tras reunirse con representantes de Unicef en República Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.
Una de las sobrevivientes, Martha, presentó un embarazo y contrajo el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso perpetrado por un efectivo de la misión de paz.
“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo del niño”, relató su amiga.
Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.
Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta. Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde entonces”, relató uno de ellos.
La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la capacitación del personal desde 2015.
“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.
El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul, explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y concisa siga la cadena de mando.
“Para cuando la información finalmente llega al secretario general, está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.
Y a pesar de las medidas tomadas por el foro mundial en 2015 para hacer frente al escándalo, como la creación un grupo de revisión que calificó de “enorme fracaso institucional” la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual, no se tomaron medidas de sanción.
De hecho, en enero, concluyó una investigación francesa sobre esos casos sin imputaciones. Además, los altos funcionarios de la ONU acusados de abuso de autoridad por eliminar información en vez de denunciar los casos, también permanecen impunes, observó Donovan.
El “enorme fracaso institucional” no hizo más que continuar, añadió. “La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.
Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su propio legado y reputación.
“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a cargo de todo”, explicó.
A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.
Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto Loitey.
Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo propio en el abuso”, explicó a IPS.
Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.
Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.
“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
17/TY/GG
VIOLENCIA
Ni una más-Yucatán orienta a víctimas
En Yucatán, deficiente registro e investigación de la violencia de género

VIOLENCIA
MUJERES CAUTIVAS
La Prostitución es Siempre Explotación

El pasado 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicó su sesión a la trata de seres humanos. La Ministra de la Niñez, de las Personas Adultas Mayores y de Igualdad de Género de Suecia, hizo una magistral intervención para promover el Modelo Nórdico para enfrentar la prostitución y sobre la necesidad de poner en marcha políticas públicas desde un enfoque sistemático sensible al género, además de abordar las causas de la trata de mujeres y niñas en la agenda internacional.
Entre otras cosas mencionó que Suecia se alinea con la recomendación de la Unión Europea y la intervención de Noruega a nombre de los países nórdicos.
Combatir las brutales violaciones a los derechos humanos que sufren las víctimas de la trata de personas debe ser una prioridad para todos los Estados Parte de la ONU. Es responsabilidad de todos. Dijo, también, que Suecia refrenda su compromiso de erradicar todas las formas de trata de personas y las distintas formas y modalidades de explotación.
El debate organizado por el Reino Unido a nivel Ministerial fue muy importante por muchas razones. En primer lugar, dijo la representante de Suecia, necesitamos asegurar que este tema se mantenga en la agenda global. En segundo lugar, porque es necesario movernos en acciones que vayan en línea con la Resolución 2331 (2016). Y finalmente, dijo, porque la trata de personas es una amenaza transnacional, que requiere respuestas transnacionales y las Naciones Unidas nos ofrecen el foro ideal para lograr esta meta.
La trata de personas y las distintas formas de esclavitud van en aumento. Y esto se debe al surgimiento o fortalecimiento de la delincuencia organizada nacional e internacional, así como a los actuales conflictos y al desplazamiento masivo de la población civil. Y se incrementa y florece porque existen aquellos que están listos y al acecho para explotar cruelmente a las personas que viven situaciones de vulnerabilidad.
La manera más efectiva para erradicar la trata de seres humanos es combatir las causas estructurales que le dan origen. La causa de origen principal es la demanda: si los hombres no compraran servicios sexuales no habría trata para la explotación sexual.
Prevenir los conflictos y el desplazamiento antes de que ocurra e invertir en desarrollo igualitario y sustentable para todas y todos son medidas importantes para combatir la trata de personas. Las obligaciones internacionales relacionadas a la trata de personas y al trabajo forzado deben ser respetadas y cumplidas.
También dijo que el Consejo de Seguridad tiene un papel muy importante que jugar en la prevención, incluyendo este tema en la Agenda de Paz Sostenible. Además, los mandatos del Consejo de Seguridad deben incluir el papel que los grupos de delincuencia organizada, así como los grupos terroristas juegan en perpetuar situaciones de inestabilidad y conflictos que facilitan la trata de personas, y la propia trata de personas. Trabajar sobre el terreno para generar instituciones del sector de seguridad efectivas y transparentes puede ampliar la capacidad de los Estados miembros para combatir a estos grupos.
Como lo había reportado previamente el Secretario General, hay un nexo claro entre conflicto y post-conflicto relacionado con la violencia sexual, la trata de personas y la esclavitud sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc., la lista es larga. Y dijo que se enfocaría en la explotación sexual – predominantemente dirigida a mujeres, niñas y niños.
Y mencionó que los efectos o daños de la trata con propósitos de explotación sexual son diferentes de los daños causados por la trata con otros propósitos de explotación. Su gravedad se debe a las formas específicas en que los cuerpos de las mujeres y niñas tratadas o explotadas son abusados y usados.
Por lo que, reconociendo que la trata de personas y la explotación sexual tienen una clara dimensión de género, es indispensable que todas las acciones contra la trata tengan obligatoriamente que contar con un enfoque género-específico.
Suecia, dijo, quiere resaltar la importancia de no crear mercados legales para los tratantes de personas y explotadores. Hay una discusión en curso dentro de la ONU, y en todas partes, acerca de si la prostitución debe ser vista o no como una profesión; el término “trabajadoras sexuales” se usa frecuentemente en esta discusión.
La política sueca sobre este tema es clara. La prostitución NUNCA puede ser vista como un trabajo; la prostitución es siempre explotación. Por eso, Suecia hace un llamado urgente a más países para que consideren aprobar legislaciones que sancionen la demanda y ofrezcan protección y asistencia a las personas explotadas – de esa manera, se debe modificar el enfoque criminal y la sanción de las personas explotadas, a los explotadores y consumidores de sexo de paga. Para las víctimas, incluir el conocimiento de sus propios derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos es crucial.
Otro elemento esencial es la rendición de cuentas en ambientes de conflicto y post-conflicto. Suecia apoya enfáticamente la implementación de la política de las Naciones Unidas de cero tolerancia a la explotación y abuso sexual.
Como Presidente del Grupo de Trabajo sobre Niñez y Conflictos Armados del Consejo de Seguridad, señaló, también queremos resaltar la particularmente situación de vulnerabilidad de la niñez en estos contextos, así como resaltar el reclutamiento forzado y compulsivo de niñas y niños para ser usados en conflictos armados o actividades de la delincuencia organizada.
El Objetivo 8.7 de las Metas del Desarrollo Sustentable nos require eliminar cualquier forma de trabajo infantil y debemos enfocarnos con determinación en alcanzar esta meta. También necesitamos enfocarnos en la meta 5 relacionada con la igualdad de género y otras metas relevantes de la Agenda de Desarrollo Sustentable, dijo.
Finalmente, necesitamos permitir que las mujeres y niñas decidan sobre sus propios cuerpos, vidas y futuros en todos los contextos. Necesitamos involucrar más mujeres en ambas, las actividades de construcción de paz y en las acciones contra la trata y contra la explotación sexual. Si logramos impulsar una agenda de las mujeres, la paz y la seguridad, podemos garantizar que las voces de las mujeres, sus experiencias y sus soluciones sean traídas a la mesa, porque la igualdad de género también es un derecho humano.
Y mientras esto se discutía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizó por primera vez una audiencia temática sobre Mujeres “Trabajadoras Sexuales” en las Américas, en donde se festinó que se haya llevado a su consideración el tema y se comprometió un informe temático, sin escuchar a las sobrevivientes, pero eso será el tema de otra columna.
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
17/TUZ/GG
VIOLENCIA
Protegido por funcionario, dice madre de víctima
Impune entrenador cubano acusado de abuso sexual en Tabasco

El expediente de abuso sexual cometido por Félix Miguel Rojas Romero, entrenador cubano de la sección juvenil de Tabasco, contra la hija menor de Odina de Jesús Tum, acumula 7 mil fojas y señala 25 amparos, sin que a la fecha se haya hecho justicia.
El delito fue cometido hace tres años, cuando la niña tenía 14 años y tres meses de edad y estaba bajo la dirección deportiva de Rojas Romero, designado entrenador por el director general del Instituto del Deporte de Tabasco, Carlos de Jesús Dadgdug Nazar, a pesar que en febrero del 2013, el Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, le negó la estancia regular en el país.
Félix Miguel Rojas Romero, utilizando técnicas de masaje deportivo, adormiló a la víctima, seleccionada juvenil, la hizo tocamientos contra su voluntad e intentó desvestirla, ante lo cual ella se puso a salvo del sujeto y fue a contárselo a su madre y a su padre.
Sin embargo, al realizar la denuncia ante las autoridades judiciales, la fiscal del Ministerio Público de Tabasco, Michel López Morales, minimizó los hechos porque, dijo, no se trató de una “violación sexual” sino de un simple “abuso sexual”.
La Fiscal solo tomó la declaración de la menor y se negó a recibir testimoniales del padre y hermana de la víctima, no aseguró el lugar de los hechos ni los archivos del Instituto de Deporte de Tabasco.
Dichos errores en la integración de la denuncia han sido aprovechados por el procesado Rojas Romero, quien en el tiempo e que sucedió el abuso vivía a unos cuantos metros del domicilio de la víctima.
El Poder Judicial del Estado de Tabasco, señala la madre de la víctima, reprodujo los mismos vicios que en la Fiscalía y la jueza, Thelma Elena Lastra Osorio, cometió errores en el procedimiento, en temas como asistencia consular al procesado y valoración de pruebas ofrecidas por la víctima dentro del término constitucional.
La jueza decretó formal prisión por el delito de abuso sexual simple, lo que permitió al acusado alcanzar libertad provisional bajo fianza, con veinte mil pesos, aunque el Código Penal del Estado de Tabasco, en su Artículo 156, establece pena de dos a seis de prisión al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico sexual.
AGRAVANTES
La madre de la niña señaló a Cimacnoticias que hay, además, agravantes en la comisión del delito, ya que el Artículo 158 del Código Penal local señala que “Las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán en una mitad cuando se empleare violencia, se cometa el delito por varias personas, sea el medio para generar pornografía infantil, exista relación de autoridad, de hecho o de derecho, entre el inculpado o imputado y la víctima, o aquél aprovecha, para cometerlo, los medios o circunstancias del empleo, oficio o profesión que ejerce”.
En este caso, el entrenador tenía un cargo de autoridad sobre la niña y aprovechó sus conocimientos en masajes deportivos para adormecerla.
DESPROTECCIÓN, REVICTIMIZACIÓN
Señala también la señora Ondina Tum que el Poder Judicial de Tabasco negó medidas de protección a su hija, pese que la casa del agresor estaba a solo 50 metros de distancia. También ordenó careos entre la víctima y su agresor, revictimizándola, atendió las peticiones hasta con 50 días de retardo, notificó resoluciones relevantes un año después y, en suma, sus actuaciones evidencian el desconocimiento de las normas nacionales e internacionales que protegen a la infancia.
Durante el proceso, dijo la madre, han pasado más de seis fiscales del Ministerio Público, se han promovido más de 25 demandas de amparo, entrequejas, revisiones, inconformidades, apelaciones y revisión de más de 50 recursos.
Además, ella ha notificado el caso a Enrique Peña Nieto, al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Congreso de la Unión.
INFLUENCIAS Y REPRESALIAS
El caso se torna complicado, explicó Ondina Tum, ya que el entrenador es protegido del titular del Instituto del Deporte de Tabasco, quien a su vez es ahijado del Gobernador. Esta relación habría hecho que el director de Instituto mantuviera en el cargo al entrenador después de que fue enterado de la denuncia, lo cual, señaló la madre de la víctima, lo convierte en cómplice del abusador.
Además, señala Ondina Tum, tras la denuncia, debido a que ella es trabajadora del Poder Judicial desde hace 30 años -actualmente es coordinadora del área civil del Comité de Compilación de Tesis- el magistrado presidente, Jorge Javier Priego Solís, la ha acosado, aislado y discriminado. Y, recientemente, lanzaron una iniciativa para desparecer su área de trabajo.
A todo esto se suma, concluye la señora Tum, el estrés que ha generado esta situación en la familia, la vulnerabilidad económica y daños a la salud, problemas derivados de un clima de injusticia.
17/PCH/GG
VIOLENCIA
Las manifestaciones aumentaron en el país por alza de gasolina
Preocupa que agredan a mujeres en protestas

En las protestas sociales y manifestaciones en las calles, donde hay intervención de agentes policiales o fuerzas de seguridad como las ocurridas esta semana en México, las mujeres se exponen a distintas formas de violencia –incluida el abuso y violación sexual–, alertaron organizaciones sociales y organismos internacionales.
A partir del anuncio que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo sobre el aumento en los precios de la gasolina, que ascendió 20 por ciento, desde el 1 de enero de 2017, grupos de la sociedad mexicana manifestaron su descontento y rechazo de estas políticas con diversas protestas, bloqueos de carreteras y tomas simbólicas de gasolineras en varios estados del país.
En medio de estas protestas, organizaciones civiles como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresaron su preocupación por las actuaciones de agentes policiales contra las personas manifestantes.
Se reportaron detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y equipo antimotines, lo cual, de acuerdo con las organizaciones atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.
Aunado a ello, como lo indicó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe de 2015 “Tortura Sexual en México. Contextos, prácticas e impactos”, la represión y criminalización contra los manifestantes, así como cuando las mujeres son detenidas, la violencia contra ellas tiene rasgos sexuales y discriminatorios relacionados a su género.
El uso de la violencia sexual es una práctica común de represión contra las mujeres que se manifiesta en México, destacó el informe. Este incluye actos específicos contra ellas como intimidar, humillar, castigar, degradar, controlar y hasta la violación sexual.
El informe retomó el caso de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra los habitantes que apoyaban a un grupo de floricultores que fueron desalojados.
Como resultado 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual por policías, quienes dijeron que eso sucedía por “no haber permanecido en su casa”, el informe observó que estas expresiones están asociadas con el rol que se atribuye a las mujeres en el hogar.
Las humillaciones y abusos verbales de naturaleza sexual siempre están presentes; en el caso de las mujeres de Atenco a muchas de ellas los policías se referían con frases misóginas y discriminatorias.
En otros casos, durante la represión de las mujeres son obligadas a desnudarse, como otra forma de “disponer de su cuerpo” para demostrar la superioridad de los hombres, señaló el informe.
Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2014, en la marcha para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ese año, la joven de preparatoria, Liliana Garduño Ortega tomó fotografías y fue detenida al costado de Palacio Nacional por elementos de la policía Federal, quienes la golpearon y trataron de arrancarle la ropa, rompiendo su sostén.
Además el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derecho Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) de 2009, apuntó que es recurrente que las autoridades estatales incumplan la averiguación de los casos de violencia contras las mujeres en protestas, por lo cual, pide a los gobiernos establecer un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con instructores independientes.
La CIDH indicó que, de lo contrario, la impunidad de los delitos cometidos envía un mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada”. Lo cual favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza hacía las autoridades.
Esta política pública de seguridad ciudadana subraya que los estados tiene la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier uso abusivo de la fuerza que vulnere cualquier persona en manifestaciones públicas, y en específico a grupos vulnerables como las mujeres.
Además tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, integridad física o libertad personal de las mujeres.
En el caso de recientes saqueos a tiendas departamentales acontecidos en los municipios de Naucalpan y Nicolás Romero, en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero alertó de la posible intervención de provocadores e infiltrados como parte de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y causar inconformidad en la población.
Por ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hizo un llamado a las autoridades tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a cumplir con sus obligaciones y respetar el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviar personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas con el fin de evitar cualquier acto u omisión que vaya en contra de la seguridad de los manifestantes.
17/HZM/KVR
Suicidio es segunda causa de muerte en adolescentes
Derecho a la familia impacta en víctimas de agresión sexual

El sistema de impartición de justicia antepone el derecho a la familia sobre los derechos de las víctimas, quienes a veces están obligadas a convivir con sus agresores sexuales, facilitando otro episodio de violencia o que ellas se autolesionen, atentando contra su propia integridad física y emocional.
La coordinadora de atención psicológica de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Elizabeth Martínez Hernández, explicó que las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual tienen diferentes conductas y emociones como: ansiedad, depresión, comportamientos sexuales que no van acordes a su edad y experiencia, falta de concentración, ideación de muerte, intentos de suicidio o autolesiones, hasta llegar a concretar en quitarse la vida.
La representante de Adivac -una asociación que tiene 26 años de experiencia en la atención a víctimas de violación y otros delitos sexuales-, refirió en entrevista para Cimacnoticias que las autolesiones que se provocan niñas y adolescentes presentan la emoción de ira contenida, debido a que no pueden expresar la rabia contra su agresor, que en la mayor parte de los casos son familiares cercanos o los mismos progenitores.
De acuerdo a la experta, muy pocas de las denuncias sobre violencia sexual que reciben el apoyo de Adivac, tienen una resolución y seguimiento que vaya acorde a los derechos de las víctimas, en donde además de que sancionen con cárcel a los agresores, se les restituya el daño a las denunciantes.
Ocurre lo contrario cuando los progenitores son los agresores y por ese mismo motivo las madres solicitan el divorcio, con sentencias judiciales que anteponen el núcleo familiar (contenido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes) antes de garantizarles tener una vida libre de violencia, que ya padecieron.
Martínez Hernández explicó que en la práctica, las autoridades continúan juzgando bajo la creencia de que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe aunque éste no haya sido reconocido como un concepto pquiátrico, tras responsabilizar a las madres de querer separar a sus hijas de sus progenitores, así como obligar a las niñas y adolescentes a convivir con sus agresores, en vez de dar el peso adecuado a los testimonios y pruebas psicológicas efectuadas a las víctimas.
Desde el 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del concepto del SAP, contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como lo establecido en la Convención de Belém do Pará, debido que el SAP es un término que refleja discriminación de las mujeres y las estereotipa, al culparlas de manipular a sus hijas e hijos en contra de sus padres.
FUNDAMENTAL PARA EL SUICIDIO
Las investigaciones realizadas en torno al tema de intento de suicidio en niñas y adolescentes por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRFM) vinculan los factores de violencia sexual, familiar y comunitaria como motivos por los cuales las niñas y adolescentes de las zonas urbanas de México intentaron suicidarse.
Datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que los estados con más alto índice de niñas y adolescentes con conductas suicidas en México son: la Ciudad de México con 16 por ciento de incidencia, seguido de Tlaxcala con 14.7 por ciento, y Baja California con 14.5 por ciento.
La psicóloga social del área de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del INPRFM, Catalina González Forteza, explicó que las niñas de 12 a 14 años que han intentado suicidarse, a veces ocurre por su enojo con la situación familiar que viven, por lo general relacionada a la violencia familiar, violación o abuso sexual.
González Forteza -quien ha realizado investigaciones sobre “Tentativa de Suicidio” desde 1986-, abunda que en las niñas de 14 a 18 años de edad, intervienen los mismos factores, pero también influyen otros como la construcción de identidad sexual, autoestima y aceptación social, aunado a otros tipos de violencia como “bullying” y violencia comunitaria.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años de edad, y la principal causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años.
En tanto que las adolescentes de 17 a 18 años de edad empiezan a sentirse presionadas por decidir qué carrera estudiarán o por elegir una pareja, factores que a veces se conjuntan con la fantasía de que el embarazo a temprana edad les ayudará a formar una familia diferente a la que tuvieron. En la realidad repiten patrones al unirse a parejas violentas o que no tienen la madurez para formar una familia, truncando sus proyectos de vida.
16/GVV/AMS
INFANCIA
Dejan en libertad a agresor sexual y ponen en riesgo a la víctima
Autoridades de justicia de Guerrero violan DH de menor de edad

Organizaciones civiles con trabajo en infancia y violencia denunciaron que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chilpancingo, Guerrero, violentó el “debido proceso” al que debe tener acceso toda víctima de delitos sexuales; y los derechos de las niñas y los niños, al otorgarle una sentencia absolutoria a Saúl Andoni Quintana Campos, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.
En conferencia de prensa, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC (ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, manifestaron su preocupación, ya que esta decisión pone en riesgo la vida de la niña M, quien podría regresar al hogar donde vive su agresor.
Las activistas refirieron que el 27 de junio de 2013, el padre de la niña, Mario Alberto R, denunció a Saúl Andoni Quintana Campos, por el delito de abuso sexual contra su hija. El hecho fue confirmado a través de peritajes psicológicos realizados por el Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del estado.
Sin embargo, pese a las evidencias, el agresor fue absuelto el 11 de enero de 2016 por la jueza tercera de primera instancia en materia penal del distrito de Los Bravos, Rosalinda Sáenz Rodríguez, en la causa penal 128/2013-II, decisión que fue ratificada el 16 de agosto de este año, por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez.
Las representantes de las organizaciones denunciaron que el magistrado y la jueza que emitieron la sentencia no tomaron en cuenta los peritajes y desacreditaron la declaración de la niña argumentando su edad y una presunta manipulación por parte de su padre.
“Nos encontramos en un sistema de justicia donde no están preparados. Los jueces desestiman el dicho de la niña o el niño, o bien, no saben interpretar el peritaje, y a lo que obligan es a que los menores de edad tengan que seguir conviviendo con el abusador” señaló la especialista en comportamiento infantil, Denise Meade Gaudry.
Además, acusaron que ambos funcionarios han sido señalados reiteradamente en otros casos de violencia contra niñas y niños, por sus presuntos vínculos con los agresores, casos que siguen sin sentencia.
La representante de ADIVAC, Laura Martínez, dijo que las autoridades están cometiendo una falta grave a los Derechos Humanos de la menor de edad y lamentablemente es un caso que forma parte de las amplias denuncias ignoradas por abuso sexual cometidas contra la infancia en nuestro país.
“Después de 3 años, nos dimos cuenta que no hay justicia en Guerrero, existe una gran impunidad”, declaró la abuela de la víctima, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el caso de su nieta, castigar a su agresor y dar la custodia a su padre con el fin de garantizar su seguridad.
En entrevista telefónica, Eva Albavera Viveros, activista que defiende y promueve los Derechos Humanos de mujeres y niñas en Guerrero, consideró que este caso es “paradigmático” porque el juicio ha durado casi 3 años, toda vez que las autoridades no han cumplido con los tiempos legales establecidos para integrar la averiguación previa, juzgar y emitir una sentencia.
EL CASO
El 27 de junio del 2013, Mario Alberto R. padre de la niña M, interpuso denuncia en contra de Saúl Andoni Quintana Campos, ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra su hija, la averiguación previa quedó registrada con el número 128/2013-II.
Saúl Andoni es la pareja actual de la madre de la niña; la menor de edad vivía con su mamá hasta que su padre biológico obtuvo la patria potestad como medida cautelar, el mismo día que interpuso la denuncia.
La niña fue valorada por una persona del área de Psicología de la Dirección de Servicios Periciales de la Ciudad de Chilpancingo, después por la perito en psicología, Carmen Olimpia Gardea Fajardo, adscrita al Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y también lo hizo el psicólogo Cristóbal Galarza de la Paz de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
Todos los expertos coincidieron en que la niña sí fue víctima de abuso sexual y en sus dictámenes señalaron que una niña con 2 años 8 meses de edad no es fácil de manipular ni tampoco mienten sobre actos de abuso sexual.
El 16 de agosto del 2016 el Tribunal Superior de Justicia Actuaria de la Primera Sala Penal, ratificó la sentencia absolutoria para Saúl Andoni Quintana Campos (dictada el 11 de enero del mismo año), en el expediente con Toca Penal número 394/2016, al mencionar que no se presentaron elementos suficientes que acreditaran el delito de abuso sexual contra la menor de edad.
El 22 de septiembre del año en curso el padre de la víctima interpuso una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria para el agresor ratificada el pasado 16 de agosto, para ser turnada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en turno de Chilpancigo, Guerrero y donde exige la revocación de la sentencia, a condenatoria.
16/HZM/GVV/LGL
