Política

De acuerdo con la definición de María Molliner, una persona transgresora es aquella que comete una transgresión. Es decir, que desobedece una orden.
 
Las mujeres para vivir con dignidad y en libertad han tenido que ser transgresoras, romper patrones de obediencia, del deber ser. Transgresoras de los cautiverios impuestos para mantenerlas en la obediencia del mito de la feminidad.
 
Algunas han hecho de la transgresión individual una transgresión social para allanar el camino de sus hermanas. De ellas, quienes han decidido hacer de la arena pública un espacio de construcción de libertades, es que surge esta sección.
 
Usando la entrevista daré voz al proceso de transgresión en cualquier ámbito y en cualquier lugar del mundo.

* * * *
A propósito del proceso electoral realizado ayer en Costa Rica, en una segunda ronda electoral donde resultaron electos como Presidente Carlos Alvarado  y como vicepresidenta la política y economista Epsy Campbell Barr, reproducimos la entrevista realizada en 2015 previo al proceso electoral de febrero de 2016 donde Epsy Campbell buscó la candidatura presidencial –sin lograrlo– como parte de las filas del Partido Acción Ciudadana (PAC), principal fuerza política de oposición y de la que fue dirigente de 2005 a 2009.

Ella será la Vicepresidenta de Costa Rica,convirtiéndose así en la primera mujer afrodescendiente en América Latina en llegar a este cargo, mismo que ocupará durante 4 años. A continuación la entrevista.
 
Su nombre no es desconocido en Costa Rica, tiene trayectoria y proyecto: es Epsy Campbell Barr, política a toda prueba que se autodefine como ciudadana del mundo. No logró la candidatura presidencial por su partido al quedar en tercer lugar en la elección interna.
 
A Epsy la conocí en 2008 durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer en Quito, Ecuador, y cuyo tema fue la paridad.
 
En esta entrevista ella nos habla sobre su proceso personal para ser quien es y su concepción de la política.
 
–Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Cómo te defines?
 
–Epsy Campbell (EC): Soy afrocostarricense. Siempre me denomino como ciudadana del mundo por derecho propio. Activista de Derechos Humanos de toda la vida, política activa de mi país, vinculada a todo el proceso de los pueblos y mujeres afro.
 
–LLH: ¿Cómo llega Epsy a la política?
 
–EC: Tiene que ver con la esencia misma del lugar donde una parte. Vengo de una familia donde me enseñaron que los derechos no había que reclamarlos sino tomarlos porque eran propios.
 
“Desde que me acuerdo estoy de activista. En mi casa, donde éramos cinco mujeres y dos hombres, mis hermanos tenían algunos privilegios que me parecían inaceptables. Lo mismo en el colegio que en la universidad me involucraba en la defensa de aquello que me parecía injusto.
 
“Soy una más de las personas que piensa que las cosas no están bien y que hay que hacer algo para mejorarlas, que no se vale con pensar que esto se resolverá con lo que otros están haciendo. Hay que dar los pasos que nos toca. Desde que me acuerdo estoy vinculada con otras personas para tratar de modificar la injusticia en términos generales.
 
“Soy afrodescendiente en una sociedad que se cree muy blanca, europea; entonces siempre había una necesidad de reafirmar quien era yo, quienes éramos nosotros, tener referencias históricas de lo que implica ser afrodescendiente después de procesos de una negación de nuestra ciudadanía.
 
“Por eso me metí al activismo como algo natural; la vida misma me llevo a luchar por lo que consideraba injusto, con pasión. Me considero una mujer apasionada de lo que hago, siento el dolor ajeno como mío, tratando de mirar cómo transformarlo.
 
“No había querido entrar a algún partido político porque tengo la certeza de que para transformar la sociedad uno lo puede hacer desde cualquier lugar. Sin embargo me vino como suave, no soy la típica mujer que tuvo que romperse el pecho para tener un puesto de poder formal; por mi activismo político me invitaron a estar en una papeleta (boleta electoral) y fui diputada en 2002.
 
“Cuando me metí en la política tenía una antecesora diputada, me llamó y me dijo: ‘Tu carácter en la política formal te va hacer fracasar porque hablas muy fuerte, muy directa y una política a veces hay que hacerla por detrás’.
 
“Y recuerdo que le dije: ‘Ah, entonces voy a ser un fracaso porque soy de las que creen que la política hay que hacerla por delante, que no voy hacerme más chiquitita de lo que soy’”.
 
–LLH: Tampoco fuiste una legisladora “típica”.
 
–EC: Decidí meterme en los temas más duros como la economía, pues soy economista de profesión. Decidí defender los derechos de las mujeres desde la Comisión de Presupuesto, en la Comisión Nacional, en los impuestos, etcétera. Así me convertí en interlocutora de muchas personas en el país, lo cual me dio una enorme visibilidad.
 
“Más que competencia, pensé en esa visión humana de lo económico, por ello pienso que el lugar al que he llegado tiene que ver conmigo misma y con la gente a la que represento. Mi lugar no sólo tiene que ver conmigo, sino con las personas que represento.
 
“Esto tiene que ver con mi identidad, ser mujer, que es la identidad mundial más discriminada, más lastimada. Por eso yo me defino como de la identidad síntesis. Una es una sola cosa con diferentes matices, no es que una sea primero afrodescendiente y luego mujer, no, soy mujer afro, soy parte de los pueblos afros y hablo desde ahí,  pero también levanto la voz por las y los niños, las personas que están en la calle, de cualquier color, pues parece que nadie los ve y seguimos actuando como si todo estuviera bien”.
 
CREAR AL PODER COLECTIVO
 
–LLH: ¿Cuál fue tu experiencia electoral, tu balance de ese proceso?
 
–EC: En 2006 fui candidata a la Vicepresidencia de Costa Rica de un partido que quedó a menos de un punto de quien ganó las elecciones.
 
“Mucha gente me presionó para que fuera candidata a la Presidencia; estaban convencidas que asumir la candidatura a la Vicepresidencia era un error. Estoy convencida que no fue así. No voy a decirte que desde chiquita quise ser presidenta ni nada por el estilo, de lo que sí estoy convencida es de la construcción de un poder colectivo.
 
“Cuando decidí ser candidata a la Vicepresidencia, con todas esas voces alrededor, me dí tiempo para pensar en las razones del por qué no a la candidatura presidencial. Y una de las razones es porque el manejo del poder en los partidos políticos se vuelve una lucha individualísima; el razonamiento que suele hacerse es yo por ser yo la que tiene que ser, y no creo en eso. Quería entrar en un proceso interno que nos fortaleciera, que sumara fuerza. Teníamos como candidato al fundador del partido (Ottón Solís).
 
“Cuando una está tratando de crear un poder colectivo y no individual, tiene que consultar con otras personas, con gente cercana, pues estoy convencida que esa colectividad es lo único que te da posibilidad de acertar o por lo menos equivocarte menos.
 
“Así, hecha política, desde un ejercicio colectivo, pregunto a mis hermanas, a mis amigas en Costa Rica, a mis amigas internacionales, así tomé la decisión de quedarme como candidata a la Vicepresidencia, buscando otras voces distintas. Ya en la campaña estaba clara que no entraría a la lógica de conseguir votos con promesas incumplidas”.
 
–LLH: ¿Cómo sobrevives en una ambiente tan individualista?
 
–EC: Como hemos dicho las mujeres que estamos haciendo las cosas para transformar la sociedad, los imaginarios colectivos, las relaciones de poder, también apostamos a transformar la política y la transformación de la política sólo se hace transformándola.
 
“Claro que viví serruchadas de piso, pero siempre tuve un equipo a mi lado. Recuerdo que en mi primer año de diputada (2002) me declararon la mejor; este es un proceso que hace la prensa de mi país, una evaluación de tu año de trabajo como legisladora, esa declaratoria se hace en diciembre, cuando estamos en receso.
 
“Yo pensé: ‘Cuando regrese todo mundo en la Asamblea Legislativa me van a felicitar. Pero cuando entré, después del receso, el ambiente se cortaba con cuchillo; la gente no me volteaban ni a ver y recordé lo que me dijo el periodista cuando me entrevistó: ‘¿Usted sabe lo que esto significa?’. Yo contesté: ‘Es un reto más’. ‘No, ahora usted tiene 56 enemigos (la asamblea tiene 57), porque todo mundo cree que ese lugar se lo merece’, me dijo.
 
“Mientras la visión que permanezca en la política sea la del poder desde el individualismo y no desde la construcción colectiva, esto seguirá pasando.
 
“Por ello tenemos que entender que el ser representante y cuando no lo somos es una transición a lo mismo. Que somos depositarios del poder y que el poder no nos pertenece, sino que lo estamos utilizando en función de la representación de las otras y los otros.
 
“Sobrevivo en la política, porque cuando salgo a cualquier lugar y  veo todo lo mal que está, recuerdo por qué estoy aquí, porque quiero que en mi país la gente, toda la gente, viva dignamente”.
 
NECESIDAD DE ALIANZAS
 
–LLH: ¿Qué tan fundamental es hacer pacto? ¿Cómo se construyen? ¿En qué se deben cimentar?
 
–EC: Nuestro punto de partida es reconocer que la sociedad es diversa. Reconocer que no todos ven las situaciones como yo las veo, ni piensa como una; si fuera así sería muy fácil. Para lograrlos –los pactos– es necesario equiparar los poderes que han sido desiguales.
 
“Nuestra fuerza –como políticas– son las alianzas. Nuestra capacidad de tejer alianzas con las personas más diversas en momentos determinados, alianzas que nos permiten avanzar. Acumular poder significa acumular capacidad de hacer alianzas y pactos con los otros.
 
“Porque el poder no se posee en la persona en sí misma. Cuando a vos te empiezan a respetar es porque tienes la posibilidad de avanzar un punto y luego el otro con la gente más diversa.
 
“Esas alianzas hay que trabajarlas sobre las coincidencias, darte cuenta que tú siempre estás tratando de evangelizar para que piensen como tú y no siempre lo logras, y hay otras que están tratando de evangelizar para que pienses como ella y tampoco siempre lo logran.
 
“Entonces, la gran capacidad de las mujeres es mirar en qué puntos puedes avanzar con otras mujeres, en qué puntos puedes avanzar con hombres, con los de tu partido, con los que no son de tu partido. Cómo ir generando fuerza.
 
“Para avanzar se requiere un pacto entre diversas; entre mujeres con diversas realidades y perspectivas. Desde la perspectiva que nadie tiene la realidad absoluta. Donde negociar es ceder. Quien piensa que la otra va aceptar todo, pero ella no va aceptar nada de la propuesta del otro, está perdido. Hay que entender que el poder se construye, no se tiene por definición”.
 
–LLH: ¿Cuáles son tus límites?
 
–EC: Yo tengo como el desafío de llegar hasta donde la vida misma me lo ponga. Soy una mujer que perdió el miedo gracias a otras que  caminaron antes que yo, que tuvieron que enfrentar la vida. Entonces quienes tenemos oportunidades como las que he tenido, tenemos que buscar transformar esas condiciones de desigualdad y discriminación.
 
–LLH: ¿Qué no harías?
 
–EC: No sé, es una pregunta muy complicada. No me lo he preguntado. Estoy convencida que si me equivoqué no fue por no pensarlo sino por mal concepto. Una no puede arrepentirse de las decisiones que toma por error. En este momento, de las cosas grandes de mi vida que me han hecho ser quien soy, hago el repaso y no me arrepiento de nada.
 
–LLH: Cuando te vas a dormir ¿cuál es el último pensamiento?
 
–EC: En general me voy a dormir con la sensación de la tarea cumplida del día.
 
“Una vez que estaba en un lugar comentando lo que iba hacer, una señora se me acercó y me dijo: ‘Epsy ¿usted cree que va a cambiar la política?’.
 
“Entonces me acordé de un cuento que me contaron de chiquita. La historia del colibrí. El bosque se estaba quemando y el colibrí tomaba una gotita de agua y la ponía en las llamas, y todos los demás animales se reían de esa acción del colibrí.
 
“Entonces el elefante le pregunta: ‘¿Y usted qué cree que está haciendo? No ve que el bosque ya se acabó’. Y el colibrí le contestó: ‘Yo estoy haciendo mi parte, si todos estuviéramos haciendo nuestra parte seguramente no habría incendio’.
 
“Le respondí a la señora: ‘Yo por lo menos estoy haciendo mi parte, si todos hiciéramos nuestra parte y estuviéramos convencidos que podemos cambiar la política ya lo hubiéramos cambiado, pero yo no me voy a esperar a que otros se convenzan para empezar a hacer la parte que me toca’.
 
“Nadie es indispensable en la vida, ni en la política ni en nada, pero cuando una siente que puso su granito de arena hay una satisfacción para poder dormir y acumular fuerza para iniciar el día siguiente”.
 
–LLH: ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones?
 
–EC: Pienso que a mis hijas y a todas las generaciones hay que decirles dos cosas: hacer todo lo posible para ser feliz y hacer todo lo posible y un poco de lo imposible para contribuir con la felicidad de las demás personas, principalmente para quienes ni siquiera la felicidad es un concepto.
 
–LLH: Si alguien escribiera tu biografía ¿qué te gustaría que se escribiera sobre ti?
 
–EC: Lo que me gustaría es que escribieran la pasión que tengo por vivir la vida y por transformar la vida.
 
Recuadro
 
Epsy Campbell Barr nació el 4 de julio de 1963. Fue candidata a la primera Vicepresidencia de Costa Rica en 2006. Diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) de 2002 a 2006. Jefa de bancada de 2003 a 2006. Presidenta del PAC de 2005 a 2009.

Fue Coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas; coordinadora del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana (1996-2001); integrante de la Alianza de Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe; fundadora del Centro de Mujeres Afrocostarricenses; consultora nacional e internacional en temas como empleo, desarrollo de los pueblos, comunidades y mujeres afrodescendientes, e integrante  del Parlamento Negro de las Américas.

En varias encuestas, tanto de empresas privadas como de la Universidad de Costa Rica ha mantenido siempre una alta popularidad y es una de las figuras más reconocidas de la política costarricense.

El 16 de febrero de 2009 oficializó sus intenciones de ocupar la silla presidencial, pero quedó en segundo lugar en la elección interna del PAC.
 
Twitter: @lagunes28
 
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

En México sólo tres estados no atienden la violencia política contra las mujeres en ninguna de sus legislaciones, uno de esos es Puebla, los otros dos son Guerrero e Hidalgo, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.

Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.

Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.

PUEBLA SIN LEGISLACIÓN

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.

A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.

Elaboración Samantha Páez

La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.

Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.

Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.

En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA

La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.

Elaboración Samantha Páez

El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.

Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.

En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.

Elaboración Samantha Páez

La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.

Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).

Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.

Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA

Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:

• Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
• Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
• Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
• Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
• Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
• Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.

La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.

A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.

El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.

La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.

Violencia política, derecho político-electorales, política, mujeres y política, violencia política en Puebla, FEPADE, elecciones 2018

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

18/SP/LGL

La agenda de género de los 3 últimos presidente se enfocó en crear programas de desarrollo social para dar dinero a las mujeres, que lejos de abrirles mejores oportunidades de empleo, salario, salud y educación, las sigue mirando como “grupo vulnerable” que debe recibir “ayuda económica”.

Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos han dejado de lado propuestas para atender temas prioritarios de la agenda feminista como la violencia de género y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad.

A propósito del presente proceso electoral, Cimacnoticias revisó las agendas políticas de género de las últimas 3 administraciones: los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en los periodos 2000-2006 y 2006-2012 y el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012 a 2018.

LOS CLAROSCUROS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN

Si bien en el 2000 el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, significó un contrapeso político y la “esperanza de democratizar la política”, las mujeres estaban ausentes de las propuestas presidenciales.

Aún con ello con Fox se inició la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. El movimiento de mujeres y el feminista en alianza con diputadas y senadoras del Congreso de la Unión lograron avances en normativas para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, de discriminación y para garantizar la igualdad o erradicar la trata de personas.

En este periodo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para dirigir la política nacional de igualdad; se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Otros avances de la agenda de género en los gobiernos panistas fueron los programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Ambas administraciones se comprometieron a incluir un enfoque de género transversal en materia de empleo, educación y vivienda.

Aún cuando el movimiento amplio de mujeres logró concretar aspiraciones legislativas en materia de violencia, Vicente Fox se negó a reconocer la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurando que era un problema local.

Fueron feministas y diputadas quienes exigieron a Fox reconocer el feminicidio en Juárez y a los funcionarios llegar a la verdad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera norte del país. En materia de violencia, un paso importante para los DH de las mujeres fue la creación de la LGAMVLV y su reglamento, que hizo posible el decreto de la Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país.

DSyR, LOS INNOMBRABLES

Pese a que el PAN se apropió del discurso feminista sobre la igualdad de género, éste fue reelaborado desde la tradición conservadora del partido, manteniendo a las mujeres en el rol reproductivo y como pilares de la familia “tradicional”. Fox y Calderón reafirmaron su postura en contra de la maternidad voluntaria y otros temas en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

Cuando en 2007 el movimiento amplio de mujeres y feminista en el entonces Distrito Federal lograron la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los panistas cerraron todas las vías para que este derecho se replicara en otros estados del país. Así, en el periodo calderonista, 17 entidades reformaron sus Constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.

Con el triunfo del PRI en la elección de 2012, el tema del acceso al aborto continuó sin tocarse y ausente en la agenda. Si bien Peña Nieto en su campaña aseveró que no se puede criminalizar a las mujeres por tener un aborto, no se comprometió a legalizarlo y aclaró que los Congresos de cada estado debían decidir “en razón de sus costumbres y tradiciones”.

PROGRAMAS SOCIALES

Las agendas de género se reducen a la creación de programas sociales que no se traducen en un cambio en la condición social, educativa y económica de las mujeres. Los panistas crearon el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes llamado Progresa y creado por Ernesto Zedillo) para garantizar la entrega de dinero en efectivo y acceso a servicios de salud y educación a “familias en extrema pobreza”. Los apoyos económicos se entregaban a las jefas de familia.

Lo mismo sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto quien prometió generar políticas de desarrollo social; dar créditos a mujeres emprendedoras, erradicar la pobreza alimentaria, crear un seguro de vida para las jefas de familia y mantener el programa Oportunidades, que más tarde cambiaría de nombre a Prospera.

Cuando asumió el poder, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó la perspectiva de género como eje transversal pero en términos reales sólo destacó una política que supuestamente favorecía a las mujeres: la creación de un fondo para otorgar dinero a los hijos de amas de casa que murieran.

PARIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Una demanda añeja del movimiento de mujeres fue conseguida en este sexenio. En octubre de 2013 Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de eliminar la cuota de género del 40 por ciento e instaurar la paridad (50-50) en candidaturas a diputaciones federales, locales y senadurías.

Aunque el mandatario presentó la propuesta fueron las legisladoras y las defensoras de la participación política quienes debatieron en el Congreso para defender este derecho. Durante la discusión de la reforma político-electoral entre 2013 y 2014, diputadas y senadoras enfrentaron a sus compañeros varones para insistir en la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de dar la mitad de las candidaturas a las mujeres.

Para estas campañas presidenciales -que comenzarán el 30 de marzo y cerrarán el 27 junio próximos- los candidatos tendrán la oportunidad de crear propuestas acordes a las necesidades reales del 52 por ciento de la población que son las mujeres quienes constituirán 48 por ciento del padrón electoral.

18/AGM/HZM/LGL

Las niñas y niños están sentados en un semicírculo, tienen entre 15 y 8 años, pertenecen a la clase media, y esta tarde se han convertido en nuestro grupo asesor para entender qué programas de televisión ven, qué temas les interesan, si se sienten o no escuchados por las personas adultas. Ningún tema les es ajeno a pesar de que, como ellas y ellos nos dicen, las personas adultas decidan no discutir ciertos tópicos con ellos como seres capaces de dialogar y comprender las crisis que viven las familias mexicanas debido a la violencia social y política, a los desequilibrios económicos, a la creciente violencia dentro de la familia.
 
Niñas y niños de todo el país tienen mucho en común, quienes viven en las ciudades o pertenecen a grupos indígenas que viven en el campo tienen ideas muy similares sobre la ausencia de fortaleza de las personas adultas. Un tema en particular nos une en estos encuentros de diálogo intergeneracional ¿en qué momento de la vida una o un joven con solidez ética elige el camino de la corrupción? Por qué una o un estudiante que demostró tener principios y valores sólidos unos años después de salir de la universidad obtiene un buen trabajo, por ejemplo, en el servicio público, y de pronto elige ser parte del problema y no de la solución.
 
Las niñas y niños con menos de 18 años sostienen una hipótesis: las personas adultas están en constante estado de estrés, reciben golpes sistemáticos a su economía, viven una y otra vez experiencias de injusticia que, por pequeñas que parezcan, van dejando huellas que las debilitan emocionalmente, que les convierten en seres cínicos, ambiciosos, y a los cínicos no les importa lo que suceda con las personas de su entorno siempre y cuando ellos y su círculo cercano tengan todo lo que quieren.
 
¿Ustedes creen entonces que los adultos de tanto sufrir se dan por vencidos? Sí, replican niñas y niños a coro en señal afirmativa.
 
Además, dicen, se vuelven desconfiados, y egoístas. Sí, afirma un chico, se vuelven corruptos por egoísmo; eligen sólo pensar en ellos y no en las consecuencias que sus propios actos tienen en las demás personas. 
 
Un chico de 8 años, en una sesión anterior define su visión personal de justicia: “si yo le doy una galleta a José y media galleta a Juan, eso está mal. Debo darles lo mismo a ambos porque si no lo hago, creo injusticia.” Otra pequeña Tzotzil de Chiapas definió a los políticos como personas que tienen un trabajo en que deben mejorar la vida de las personas pero en lugar de hacerlo deciden robar, mentir y hacer mal su trabajo. Hablan del partido Verde, les inquiero si es lo que piensan ellas o sus padres y madres. Yo pienso eso, dice una niña Tzeltal con voz segura, los del partido Verde nomás vinieron a  prometernos escuela, útiles, agua, luz. Nada más llegó a ser gobernador y seguimos igual. Estas niñas y niños, a diferencia del primer grupo, estudian por las mañanas y trabajan en el mercado en los puestos familiares para apoyar su economía.
 
Todas ellas y ellos hablan de la existencia de fosas, de las desapariciones forzadas, pueden explicar casi con la misma precisión el secuestro que el fútbol. Ven a superhéroes realistas con defectos y virtudes, rescatan a  mascotas desprotegidas y muchas de ellas creen que a veces deben rescatar a sus padres y madres del negativismo abrumador que les arrebata la alegría.
 
No importa su origen social, racial o económico, las niñas y niños  se niegan a participar de la decepción emocional que causa desesperanza, esa que las personas adultas a su alrededor derraman a diario frente a los atentos oídos de sus hijos, hijas, nietos, sobrinas, o estudiantes. Tal vez este México en guerra, donde la muerte y el crimen son tema de sobremesa, está criando sin saberlo a una generación resiliente al horror. Una generación que sabe que tiene derechos, que de verdad lo sabe. Es un hecho que las organizaciones por los derechos de niños y niñas han hecho un gran trabajo, empoderaron a millones de jóvenes que entienden mejor al país que muchos adultos cínicos que se han rendido.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
@lydiacachosi
 
16/LCR/LGL

La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
16/AGM/LGL

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, presentará este martes ante el pleno, un punto de acuerdo para asegurar más espacios para mujeres en los siguientes procesos de selección de candidaturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña Gómez explicó que el objetivo del punto de acuerdo es dejar un antecedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la encargada de conformar las ternas de candidaturas para el cargo de magistrado, integre a más mujeres y conforme ternas mixtas.
 
Cabe recordar que las candidaturas para ocupar un cargo de magistrado se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. Era una lista de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunían los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
 
Tras  las comparecencias que se celebraron este 22 y 23 de agosto, la Suprema Corte redujo la lista a 21 aspirantes, incluidas seis mujeres que cumplieron con los méritos curriculares y el perfil para desempeñar el cargo.
 
El pasado 29 de agosto, el alto tribunal propuso 7 ternas para la elección de igual número de integrantes de la Sala Superior del TEPJF de las cuales, dos son integradas exclusivamente por mujeres.
 
Actualmente el Senado se encuentra en etapa de revisión y análisis curricular de las candidaturas. Después, quienes aspiran a pertenecer a la Sala Superior del TEPJF, presentarán un ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado, quien les realizará una entrevista y serán sometidos nuevamente a una elección de sus trayectorias y desempeño, explicó Angélica de la Peña.  
 
La legisladora agregó que aunque este punto de acuerdo ya no beneficiará a las candidatas que participan en el actual proceso, sí representa un antecedente para los siguientes y es, además, un “asunto de justicia”, ya que dijo, “es derecho de las mujeres ocupar un cargo de representación y con poder para la toma de decisiones”.
 
Indicó que así como en el Artículo 41 de la Constitución Mexicana las legisladoras incorporaron el principio de paridad para que las mujeres tengan el derecho de participar en la política asegurando el 50 por ciento de espacios en las candidaturas de las planillas electorales, así se debe legislar para que la SCJN asigne espacios a las mujeres no por voluntad política, sino en obediencia a un mecanismo que procure los derechos políticos de las mujeres.
 
16/GVV/LGL
 

Tras una sesión que terminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por el cual aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue electa en 2015.
 
Al resolver el recurso jurídico SUP-JDC-1756/2016, la magistrada y los magistrados determinaron por unanimidad que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio indígena tseltal resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron los hechos, no tienen justificación constitucional ni legal.
 
El TEPJF ordenó a las autoridades estatales, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, Miguel Velasco Coello, que generen las condiciones de seguridad para que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad en el municipio de Oxchuc.
 
Esta resolución se da 13 días después de que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez para ser reincorporada e su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
 
Similar a lo que sucedió con la presidenta municipal Chenalhó, el pasado 11 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida –que fue tomada como renuncia– de la alcaldesa María Gloria Sánchez.
 
La alcaldesa nunca pudo tomar posesión de su puesto debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa. Diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
 
El Congreso del estado designó como nuevo alcalde a Oscar Gómez López, a petición de las autoridades con bastón de mando de las 115 comunidades que conforman ese municipio.
 
Sin embargo, ante la presión política a la que fue orillada para pedir licencia, la alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los comicios del domingo 19 de julio del 2015, interpuso un recurso ante el TEPJF que hoy fue resuelto a su favor.
 
REPARE CELEBRA FALLO
 
Tras conocer el fallo del TEPJF, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) –una agrupación de activistas y políticas que ha acompañado los casos de violencia política de género en la entidad– emitió un renunciamiento donde condenó los actos para arrebatar los cargos de elección popular y dijo que estos conflictos se deben dirimir por las vías pacíficas y legales.
 
En su comunicación, la Repare reconoció el debate que se dio en la Sala Superior, por ejemplo que la magistrada María del Carmen Alanís afirmara: “No podemos mandar el mensaje de que con violencia se pueden arrebatar los puestos de elección popular”.
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus dietas desde el inicio de la gestión municipal.
 
Es por ello que la Repare manifestó su respaldo absoluto a los argumentos de la magistrada y de los magistrados que manifestaron que la violencia no debe decidir quién debe gobernar, también consideraron como urgente una reflexión sobre la convivencia de los sistemas normativos internos y de partidos políticos en los municipios indígenas del estado de Chiapas.
 
Asimismo exigieron al Congreso del estado una explicación sobre el tratamiento de renuncia a la licencia indefinida presentada por la presidenta municipal, sin haber sido consultada al respecto, y que el Gobierno estatal genere las condiciones de gobernabilidad que permitan el cumplimiento a cabalidad de la sentencia del Tribunal.
 
Las activistas destacaron que el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que “la única forma de sofocar la violencia, garantizar la paz y la tranquilidad en Oxchuc era respetando la voluntad de la población mediante una consulta popular”, es decir que la población decidiera si confirmaba a Oscar Gómez López o María Gloria Sánchez en la presidencia o elegían a un tercero.
 
Sin embargo, el magistrado Flavio Galván Rivera rechazó la propuesta del magistrado Oropeza con el argumento de que “no se puede dictar una sentencia para imponer una solución que no tiene sustento constitucional”.
 
La sentencia a favor de la restitución fue aprobada por la mayoría de los magistrados por lo que la Repare señaló que, ante el desafío para cumplir con la sentencia las instituciones locales y federales, deben sumar esfuerzos para garantizar la paz social.
 
16/IM/GGQ

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/GGQ

En más de una ocasión hemos hablado en este espacio de lo difícil que es aún para las mujeres poder participar en la vida política de nuestro país.
 
Y recientemente hemos empezado a testificar cómo la violencia política que se ejerce contra ellas en ocasiones llega a extremos verdaderamente inaceptables para cualquier nación que se llame medianamente democrática.
 
Es inaceptable y violatoria de todas las leyes que nos rigen, que una mujer electa por la ciudadanía sea impedida a ejercer su mandato, por una turba machista prepotente que, usando la violencia, pretende pasar por la voluntad ciudadana.
 
Me refiero al caso de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien ganó con una mayoría incuestionable su cargo, y que se salvó de ser quemada viva por esta turba machista.
 
Los machos-misóginos de su comunidad decidieron que podrían pasar por encima de todo e imponer a quien ellos quisieran, que era otro macho como ellos.
 
Pero las cosas no son así de fáciles. Las mujeres políticas de Chiapas, integradas en la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), tras enterarse de estas barbaridades violentas e ilegales, cobijaron y protegieron a la alcaldesa electa y, junto a ella, iniciaron con las autoridades electorales un proceso para que la voluntad de la ciudadanía de Chenalhó y el derecho de la presidenta municipal fueran respetados.
 
Tres meses costó restituirle los derechos políticos a Rosa Pérez Pérez, para poder gobernar su municipio Chenalhó que la había elegido. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inaceptable la violencia política ejercida contra esta presidenta municipal y, el pasado 18 de agosto, votó a su favor para que ocupara el lugar que la ciudadanía decidió otorgarle al votar por ella.
 
GARANTÍAS
 
Sin duda, la turba de machos que la violentaron siguen ahí, en su municipio, por ello el Tribunal Electoral pidió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que garantice las condiciones de seguridad para que ejerzan sus funciones en tranquilidad la presidenta municipal y el cabildo.
 
Y para que no se le olvide al gobernador chiapaneco el pedido del tribunal, la Repare llamó al gobierno, este fin de semana, a actuar para poner en práctica las medidas necesarias que garanticen la vida e integridad de la presidenta municipal y su cabildo.
 
El ser mujer no puede ser, en ningún caso, el argumento para impedir que las mujeres gocen plenamente sus derechos políticos y cualquier otro derecho.
 
El camino de la paridad esta llenó de obstáculos machistas y misóginos que buscan impedir que la ciudadanía y la democracia paritaria avancen, como lo impidieron en el  siglo XIX.
 
La diferencia hoy no son sólo dos siglos transitados en la historia, sino una mayor organización femenina y conciencia social del derecho de las mujeres a participar en todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural, deportiva, etcétera.
 
Jamás puede ser aceptado, por ningún motivo, el argumento de que por ser mujer se le impida ocupar un cargo. Esperamos que, como en el caso de Chenalhó, los derechos políticos de las mujeres se salvaguarden y en la próxima elección de personas para ocupar un cargo de magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral la presencia de las mujeres se incremente al menos en cuatro cargos, de los siete que se elegirán próximamente.
 
No hay democracia posible y duradera si las mujeres no cuentan con todas las garantías para ejercer sus derechos.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
 
16/LLH/GGQ
 

Uno de los principales objetivos de Yuriko Koike, la primera mujer que gobierna Tokio, la capital de Japón, es mejorar las condiciones de vida de la población femenina, que vive altos índices de desigualdad. El potencial del país es enorme, dijo en entrevistas, pero la capacidad de la mitad de la población, es decir de las mujeres, no está siendo bien aprovechada.
 
“Quiero hacer mi mejor esfuerzo para que lograr que esto suceda”, señaló a la cadena CNN la nueva gobernadora, quien superó el 31 de agosto a su rival más cercano por más de 700 mil votos y quien promete también controlar el gasto en los Juegos Olímpicos de 2020, así como convertir a la capital del país “en un Tokio nunca antes visto”. 
 
El histórico triunfo de la también ex ministra de Defensa de su país,   que la convirtió en gobernante de más de 13 millones de personas, estuvo enmarcado por la renuncia del ex gobernador Yoichi Masuzoe, quien dimitió debido a un escándalo por mal uso de recursos financieros, como revelaron los medios locales.
 
UN CAMINO ENTRE ATAQUES SEXISTAS
 
El camino de Koike al gobierno de la capital japonesa estuvo lleno de obstáculos desde el principio, ya que se vio obligada a postularse como independiente, debido a que el primer ministro,  Shinzo Abe, miembro del Partido Demócrata Liberal (LPD), al que ella pertenecía, respaldó a uno de sus rivales, el ex gobernador de la prefectura de Iwate, Hiroya Masuda, quien ni siquiera pertenece al partido.
 
Además, la campaña de Koike fue considerada por la cadena inglesa BBC como “la más negativa de los años más recientes en Japón”, ya que sus oponentes, incluso los de su propio partido, la convirtieron en objeto de insultos y juzgamientos sexistas. “No podemos dejar a Tokio con una mujer que usa demasiado maquillaje”, comentó el ex gobernador de Tokio e integrante de la LPD, Shintaro Ishihara, cuando Koike se lanzó como candidata.
 
Pese a esto, Koike superó a sus 20 oponentes por un amplio margen en las elecciones y recibió más de 2.9 millones de votos.  Varias fuentes indican que, de los tres contendientes más populares en esas elecciones, la candidata electa era la más cercana a la derecha, aunque sus propuestas prometen mejores condiciones para las mujeres.
 
SOCIÓLOGA, LOCUTORA, MINISTRA…
 
Yuriko Koike, quien tiene 64 años, dejó la Universidad de Japón en la década de los 70 para irse a Egipto, donde se tituló en Sociología por la Universidad de El Cairo y aprendió a hablar el árabe fluidamente.
 
Trabajó como presentadora de noticias en la televisión antes de dedicarse en la política a principios de los años 90. En 2003 se desempeñó como ministra de Medio Ambiente y en 2007 se convirtió en la primera mujer ministra de Defensa, bajo el gobierno de Shinzo Abe.
 
Sobre sus planes para los Juegos Olímpicos de 2020, Koike pretende  reducir la carga financiera de los habitantes de Tokio para albergar el certamen. Dijo que para convencer a la población sobre la construcción de un nuevo estadio nacional como sede principal de las competencias olímpicas, primero tienen que convencerla, porque dicha infraestructura debe beneficiar a la ciudad a largo plazo.
 
Para el 21 de agosto, la Gobernadora estará en Río de Janeiro, Brasil, donde aceptará la bandera olímpica, durante la ceremonia de clausura de los Juegos de la XXXI Olimpiada. “No voy a volar en primera clase o quedarme en suites”, adelantó en sus críticas a su antecesor, cuyo gasto excesivo le costó el puesto. 
 
16/CAR/GGQ