militares

El 30 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ley de Seguridad Interior que permitiría que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, esos que fueron negados a las mujeres. Cabe recordar que en 1789 se redactó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dos años después Olympia de Gouges parafrasea esta declaración cambiando la palabra “hombre” por “mujer” en exigencia del reconocimiento de las mujeres, lo que le costó la vida en 1793, fue aguillotinada. Fue hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se reconoce “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”

La ley impulsada por el PRI es contraria a los Derechos Humanos, pues es la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de Derechos Humanos.

La ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón Artieda señaló: “La historia y las estadísticas nos han demostrado que cuando irrumpen en una población fuerzas regulares o irregulares, que generalmente son masculinas y entran a un área, tienden a elevarse los abusos contra las mujeres y las niñas, violaciones que ponen en riesgo su integridad”.

El primero constitucional señala “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.”

La experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Ejército sale a las calles, lo que sigue no será el cumplimiento de ese mandato constitucional.

La presencia de tropas militares y fuerzas irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas: cabe recodar a las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia

A las 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz, registradas por el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en su informe 2002, se suman el caso que llegó este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Atenco y las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

O los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que huyen de la violencia en su comunidad como las miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas.

A todas se les ha negado la justicia. El sacerdote chileno Pierre Dubois lo dijo: “La Justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta” y además de negar la justicia, se promueve una ley que abre infinidad de posibilidades de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En el marco del día por los Derechos Humanos exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y brindar seguridad a las personas, respeto a la integridad humana, seguridad con sentido de humanidad, necesitamos seguridad feminista, donde la ciudadanía se sepa protegida en su dignidad, que su cuerpo será respetado, que su palabra será escuchada, que su vida vale en condiciones de igualdad.

El común denominador, el trasfondo de las luchas de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre –feministas o no-  es la lucha por la vida y por la paz. Como la sociedad está muy atomizada por el poder neoliberal, también lo están las peleas o defensa de sus derechos.

Buscando a sus familiares desaparecidos en las instancias gubernamentales o escarbando la tierra para encontrar a los miles de desaparecidos. En las marchas para reclamar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, contra la impunidad de este gobierno que su característica más relevante es no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con equidad de género y sin violencia; el derecho a su cuerpo o sus derechos económicos y laborales, contra la violencia laboral y en el reclamo de un salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Derechos Humanos, las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0 por ciento), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con este panorama NO se puede estar de acuerdo con la militarización del país y la cancelación de los Derechos Humanos.

Ver gráfica aquí

Se aclara que en renglón de la negativa a los créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los informes de Banco de México más del 70 por ciento de las empresas viven de los créditos de sus proveedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfica y al Inegi la “Omisión de protección contra la violencia y el maltrato a las mujeres” representa 43.8 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que sucedería dándoles a los militares suprapoderes, por encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Seguridad Interior, obviamente las más afectadas son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de opinión, de la sociedad civil y también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio a conocer los mayores peligros que implica autorizar esta Ley:

1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de policía (como permitirles acciones preventivas a su criterio)
2. No genera centrales para verificar el respeto de los Derechos Humanos
3. Permite a las fuerzas federales (militares) intervenir contra protestas sociales
4. Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial
5. Fomenta la intervención militar en áreas de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías civiles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legítima preocupación por la seguridad, como revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña: reducir la violencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Seguridad Interior”, publicado en el periódico Reforma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad y la delincuencia (66.4 por ciento), como el principal problema; le siguen en orden de importancia la corrupción y por último el desempleo (a pesar de las malas cifras que publica el Inegi sobre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las mujeres. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este proyecto de Ley de Seguridad Interior que está contra la vida, porque esa delincuencia y violencia no se resolverán con esa Ley, por el contrario, sólo se militarizará el país y las luchas sociales como las que emprenden las mujeres, serán combatidas por el Ejército.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

Como un perverso déjà vu, el pueblo de Honduras está de nuevo en las calles defendiendo su voluntad enfrentado a la represión de las armas con las manos vacías, y el dedo meñique manchado de tinta como única certeza de su ejercicio democrático.

Yo no voté, pero estaba dispuesta a hacerlo como acto resignado para dejar constancia de mi inconformidad con una reelección impuesta a punta de corrupción, horror y muerte. Sin embargo, llegué a mi centro de votación: el barrio dónde crecí, el calor de la gente que me conoció desde siempre y la decadencia de las paredes de una escuela que aunque nunca fue la mía, fue el templo donde mis amiguis aprendieron a leer... eran las 4:35 pm y todos los olores, colores y sabores de amor, alegría y resistencia que te trae el barrio, se interrumpieron de golpe en boca de un militar armado detrás de la puerta.

Las urnas están cerradas, se cerró la votación. Primero pensé que era una broma, luego pedí explicaciones que me fueron negadas. Llamé al número habilitado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) para poner denuncias, pero nadie respondió. Un hombre joven nacionalista empezó a hacer el típico mansplaining sobre cómo funciona el proceso electoral y ahí perdí la paciencia y lo calle de una.

Me fui enfurecida y luego escuché en las noticias las denuncias del cierre. Lo primero que pensé, como si fuera experta en procesos electorales, fue: no les ajustó el fraude, les fallaron los cálculos y no quieren que sigan ingresando votos...

No esperaba menos que el anuncio del presidente-candidato nacionalista como ganador de las elecciones. Los datos iniciales del TSE me dejaron más que sorprendida. No podía creer lo que veían mis ojos y claro, entendí el cierre temprano de las urnas.

La tendencia en términos matemáticos (con 62 por ciento de las actas ingresadas aleatoriamente) era irreversible, pero el silencio del TSE era más que sospechoso. Cuando se pronunciaron, en la madrugada del día siguiente, fue para decir que esperarían a que llegaran las actas (que tardaron dos días en llegar) y no proclamarían ganador a nadie hasta 4 días después. Era evidente que no importaban las certezas matemáticas, que no importaba por quién votó la gente, que no importaba cómo, el fraude estaba consumado. Los datos fueron cambiando, pero la gente de Alianza -en un acto que puede ser leído como pseudoconfianza en el TSE, confianza extrema en las fuerzas que les dio voto, voluntad real por no generar caos ó hasta ingenuidad política- llamaba a la calma diciendo que pronto ingresarían el total de las actas de las cuales tanto la Alianza como el partido Liberal tienen copia certificada.

Mientras tanto el sistema de cómputo del TSE se cayó varias veces, aparecen denuncias y videos de votos botados, actas duplicadas y alteradas y un sinnúmero de irregularidades por todas las redes sociales, el presidente del TSE electoral da lastimeras declaraciones diciendo que no sabe bien qué pasa con el sistema de cómputo.

Y ante el vacío de un TSE y un poder ejecutivo más o menos regulador de la vida política por un presidente-candidato atrincherado en su silla junto a los soldados, dos candidatos se declaran ganadores. Pero ya es jueves y aún no han terminado de ingresar las actas (88.75 por ciento).

Hay protestas a nivel nacional. En la madrugada hubo una represión salvaje y en cada lugar donde se protesta hay represión. Esto no va a parar: ni la represión, ni la protesta pararán por ahora... Volvemos a sentirnos como el laboratorio social cual implementación de las 10 estrategias de manipulación de las que habla Chomski: ya nos desviaron la atención, nos hablan como niños y como tutelados, yo puedo reconocer ese tono porque lo usan con las mujeres todo el tiempo y en todos los espacios.

Están creando los problemas para vendernos las soluciones. ¿Cuáles serán? Aún está por verse. Lo que es seguro que serán SUS soluciones para SUS beneficios. La gradualidad la han implementado a través de la dilación de los resultados, poquito a poquito siguen subiendo los votos del presidente-candidato. Luego, nos pueden presentar un camino doloroso pero necesario y apelarán a nuestras emociones y a que conservemos la paz, “SU PAZ”, y no pararán de decirnos que todo este caos es nuestra culpa: por revoltosos, por ñangaras, por gays, por pobres, por lo que sea... Y así nos dejarían sumergidos en una mediocridad que les permitiría conocernos más que nosotros mismos.

Pero las cartas aún no están tiradas: la diferencia, a pesar de todo, es de 0.86 por ciento y aunque la diferencia sigue creciendo poco a poco aún queda 11 por ciento de las actas reales o modificadas por ingresar al sistema. Con esta incertidumbre y a pesar de los llamados internacionales y las misiones de observación caben muchas preguntas: ¿Cuál es realmente la intención de prolongar los resultados? ¿Quién toma realmente la decisión de quién ocupa la silla presidencial? ¿Y por qué no lo han definido aún? ¿Será tan difícil escoger entre un candidato que ya fue presidente, con vínculos familiares y partidarios con personas señaladas por narcotráfico y un candidato de centro liberal? ¿A qué le temen realmente?

Sin importar quién tome la decisión y cuál sea el resultado, una certeza nos deja este proceso electoral y la reacción de un pueblo que no deja de resistir: el proyecto dictatorial no está tan enraizado como pensaban. Que la semilla de la libertad y el poder decidir sobre nuestro futuro sigue germinando en nuestros corazones, que las mujeres tenemos un papel protagónico en las transformaciones nacionales, que los sueños no caben en las urnas pero tampoco se duermen en los fraudes, que pueden cortar las flores pero no detendrán la primavera.

* Colaboración especial de la Red de Defensoras de Honduras

17/DFJ/LGL

La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 

Mientras buena parte de Colombia aún se pregunta cómo se esfumó de un día para otro el ansiado horizonte de paz, una mujer se prepara para emprender su propia guerra. La librará acompañada de sus tres hijos e hijas y de su marido para regresar de vuelta a una tierra que tuvo que abandonar entre tiros hace 3 años.
 
Aquella noche, tras apuntarle en la frente con un rifle, le arrebataron el bastón de mando que la legitimaba como gobernadora del cabildo nasa Raíces de Oriente, una comunidad indígena integrada por 24 familias y reconocida oficialmente en el Cauca colombiano.
 
En 2013, Luz Marina Flor fue expulsada de la tierra que había ocupado junto a su comunidad en 2006 por un grupo de campesinos con los que habían convivido desde el inicio de la toma. Según Flor, aunque también son indígenas no se identifican como tal, ni defienden la cosmovisión ni la cultura originaria que comunidades como la nasa reclaman: el cuidado y protección de la Madre Tierra como parte misma de su existencia, la recuperación de sus prácticas medicinales tradicionales y de sus lenguas, el rechazo de cualquier actor armado en sus territorios, así como la respuesta pacífica a los conflictos, entre otras cuestiones sustanciales.
 
Por eso, cuando su comunidad intentó profundizar en estas premisas rechazando el uso de insecticidas, la agresión a la tierra que acarrea el cultivo intensivo y otras prácticas que pudieran dañar el ecosistema, la vecindad –que se había integrado inicialmente aceptando la orientación del proyecto comunitario– se rebeló.
 
Una vez más, la lucha por el acceso a la tierra detonó violencia y derramamiento de sangre. Colombia es uno de los países con mayor concentración de su propiedad: 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de la población y de éstos un exiguo 3.6 por ciento acumula 30 por ciento del territorio.
 
 
También está en el origen de una guerra que se inició hace más de medio siglo y que los Acuerdos de Paz alcanzados por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC intentaba cicatrizar, entre otras medidas, con una reforma agraria que prometía el reparto de tres millones de hectáreas entre las personas más necesitadas de terreno y la regularización de la titularidad de otros siete millones, cuyos habitantes no cuentan con documentación que acredite su propiedad.
 
Éste es el caso del cabildo liderado por Flor. Sin embargo, esta revolucionaria normativa que priorizaba el acceso a la explotación y a la propiedad de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad no terminaba de resolver el conflicto entre los distintos colectivos que compiten por la misma –además de contra oligarcas y multinacionales–: indígenas, afrodescendientes, campesinado y personas mestizas.
 
“[El presidente de Colombia, José Manuel] Santos está negociando unos Acuerdos de Paz por los que se van a crear unas reservas campesinas que finalmente van a ser el territorio de los guerrilleros. Santos y la guerrilla están repartiéndose el país”. Así resumía hace 3 años Luz Marina la opinión por la que una parte de las comunidades indígenas se mostraron reacias a las negociaciones de La Habana. Temían que el aumento de las llamadas Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) – espacios destinados a dotar de tierras al campesinado– perjudicara sus reclamos de contar con más cabildos –territorios propiedad y gobernados por los pueblos originarios–.
 
A esta suspicacia hay que sumar la generada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos (2002-2010) y en su campaña de rechazo a los Acuerdos de Paz, cuando extendió la idea de que las Zonas de Reserva Campesina serían empleadas por la guerrilla para asentarse en el caso de que el proceso de paz prosperara.
 
De esta manera criminalizaba a la población campesina al vincularla con la insurgencia y promovía el rechazo de la opinión pública a la creación de estos espacios, un derecho reconocido constitucionalmente desde 1994.
 
Los Acuerdos de Paz, que no fueron ratificados por la ciudadanía, recogían no sólo la creación de ZRC sino que hacían especial hincapié en la necesidad de dotar de tierras atendiendo a las tradiciones, a la cosmovisión y a las necesidades étnicas y culturales de cada uno de los colectivos con necesidades de tierra en Colombia.
 
VIGILANTES DE SU VUELTA
 
Pero justo cuando una mayoría del país daba por sentada el refrendo de los Acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, Luz Marina Flor me contactaba para que la batalla que había decidido emprender tuviera testigos, aunque fuera desde una distancia transatlántica.
 
Ha pasado 3 años malviviendo junto a su familia en una habitación alquilada en la ciudad de Popayán -capital del departamento del Cauca y una de las más pobres del país-, mientras esperaba una sentencia que les permitiera regresar a su parcela, pero la reciente condena a algunos de los victimarios a prisión domiciliaria no ha tranquilizado los ánimos.
 
Las sucesivas amenazas de muerte a ella y al resto de la comunidad, no han cesado durante estos años por parte de algunos de sus agresores, y han surtido el efecto deseado. Las familias han desistido de volver a aquellas tierras abandonadas que ocuparon para cultivar. Todas las familias -salvo una- la de Luz Marina Flor, ha decidido retornar, agotada por las condiciones de penuria en las que se encontraba.
 
Cuando en 2013 el fotoperiodista Alex Zapico y yo conocimos a la gobernadora, le acompañamos a ella y a su comunidad a la primera vista judicial de su caso. El juez, visiblemente desconcertado ante la presencia de periodistas, decidió cancelar la vista con la excusa de que algunos de los acusados no se habían presentado y evitar así que el caso tuviera repercusión pública.
 
EL CAUCA, LABORATORIO DE LA GUERRA COLOMBIANA
 
El Cauca es una de las regiones colombianas más vapuleadas por la guerra y la cuarta más empobrecida del país. En su territorio conviven y se enfrentan todos los actores implicados: las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército. Su posición le ha convertido además en un corredor geoestratégico para el comercio de armas y drogas. Y su subsuelo, rico en minerales, es objeto de deseo de las transnacionales mineras, en las que el gobierno de Juan Manuel Santos ha depositado el futuro económico del país, cediéndole más de 20 millones de hectáreas en sus dos legislaturas.
 
Por todo ello, la población civil ha sido víctima no sólo de su fuego cruzado, sino que ha sido destinataria directa de la virulencia de la guerra, especialmente las mujeres porque son las que más visiblemente se han opuesto a la presencia de cualquier actor armado. Violencia sexual, mutilaciones, secuestros, extorsiones y masacres han sido habituales. En este contexto de violencia generalizada, los conflictos interculturales e interétnicos entre distintos grupos sociales, a menudo también virulentos, han pasado desapercibidos.
 
Las distintas concepciones del uso y propiedad de la tierra de indígenas (20 por ciento de la población), afrodescendientes (21 por ciento) y campesinado (58 por ciento) entran en colisión en una región donde se calcula que más de 60 por ciento del territorio está en manos del cinco por ciento de los propietarios, en su mayoría transnacionales mineras, así como terratenientes dedicados al cultivo de pino, caña de azúcar y al pastoreo intensivo.
 
Una oligarquía que ha sido una de las grandes beneficiarias de esta sangría, que se ha agenciado más de 7 mil kilómetros cuadrados del país, mientras que seis millones de personas tenían que abandonar sus hogares por el desplazamiento forzoso, ejecutado principalmente por grupos paramilitares con el apoyo del Ejército. Y subvencionado, precisamente, por los terratenientes y multinacionales interesadas en recursos hídricos, latifundios para monocultivos y explotaciones mineras.
 
De hecho, la oligarquía rural ganadera ha sido la que con más fiereza se ha opuesto a los Acuerdos de Paz, que incluyen la devolución y redistribución de más de tres millones de hectáreas, la investigación judicial de los usurpadores y la reparación económica a sus víctimas. Una oposición encabezada por el también terrateniente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante los años más álgidos del paramilitarismo e investigado por la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en crímenes de Estado. Unos crímenes que pasan por asesinatos y hostigamiento a centenares de líderes sociales, periodistas, activistas y cualquiera que fuera considerado “terrorista de los Derechos Humanos”, como tildó el expresidente a quien se opusiera a su política.
 
LA HUIDA DEL RECLUTAMIENTO ARMADO
 
En ese enmarañado contexto, se crió Luz Marina Flor junto a sus nueve hermanos, “sin conocer el juego” porque todos teníamos que contribuir a sacar adelante una casa pobre, cultivando, cocinando, ayudando en el cuidado de las criaturas más pequeñas.
 
En Colombia, un país de 47 millones de habitantes, 1.37 millones de personas están registradas como indígenas, de las que un 63 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza y de éstas, 47 por ciento en la miseria, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2013. Tal es la emergencia humanitaria que sufren estructuralmente los pueblos originarios –de los que 34 están en peligro de extinción–, que son habituales las muertes por malnutrición, en especial, entre menores de edad.
 
Pese a las dificultades, Luz Marina Flor siguió estudiando hasta el bachillerato, pero no pudo ir a la universidad por falta de recursos económicos. Fue ahí cuando un grupo armado -rehúsa especificar cuál– intentó reclutarle forzosamente. En su huida en busca de un lugar seguro, se incorporó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para trabajar como maestra. La entidad le concedió un crédito para estudiar auxiliar de enfermería, una ayuda que pagaría con servicios sanitarios comunitarios.
 
Este programa de becas, financiado fundamentalmente por la cooperación internacional, ha permitido formarse a numerosas mujeres indígenas, también a través de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca. Los fondos además han servido para que participen en iniciativas sociales, especialmente dirigidas a combatir el impacto de la guerra en sus territorios, y salir así del enclaustramiento en el ámbito privado y de cuidados y conjugarlo con el espacio público, convirtiéndose muchas de ellas en lideresas sociales, gobernadoras y consejeras.
 
De hecho, su notable incorporación a lo largo de los últimos años al ámbito de la toma de decisiones públicas resulta más destacable si tenemos en cuenta que en Colombia las mujeres sólo ocupan un 12 por ciento de los cargos de elección popular, según datos de las Naciones Unidas. Un fenómeno que ha promovido la recuperación de la figura de la Cacica Caitana, una dirigente indígena que capitaneó varios miles de soldados contra la colonización española a mediados del siglo XVI.
 
En medio de este clima es donde Flor, procedente de una familia que había perdido sus vínculos con sus orígenes indígenas, entró en contacto con personas que reivindicaban su cosmovisión nasa. Así se formó hasta integrarse en un grupo que decidió ocupar un terreno baldío dónde desarrollar su proyecto comunitario. Su formación, experiencia profesional y arrojo la fueron dibujando como lideresa ante sus compañeros y compañeras, ocupando distintos cargos hasta convertirse en la gobernadora.
 
LA VIDA COMO DESPLAZADA
 
Luz Marina Flor trabajó durante estos años en trabajo del hogar: lavando y planchando ropa y todo lo que le permitiera “llevar a su bebé con ella” –en lo que hace hincapié–, mientras sacaba adelante a su familia. Ella ha intentado calmar “la ira y el dolor” que el desplazamiento a punta de pistola causó a su hijo mayor, con terapia musical y mucha comunicación. “Por eso tenemos tanta gente mala, porque fue dañada y no supieron devolverles la armonía”, reconoce.
 
Liderar la batalla en los juzgados contra quienes les desplazaron le han convertido en el centro de las amenazas. “Si vuelves, no saldrás de allí viva”, le han advertido. Pese a todo, Flor intenta mantener los lazos con las 24 familias desterradas, pero la ciudad, cuenta, les ha engullido.
 
La habitación alquilada en la que viven, duermen y comen los cinco miembros de la familia se le viene encima. La falta de un pedazo de tierra que cultivar y del que comer le hace soñar con “su casita” recurrentemente.
 
“Mis hijos e hijas viven muy tristes en estas condiciones. No paran de preguntarme cuándo vamos a volver. No podemos permitir que se llenen de odio. Para crecer en armonía tiene que haber limpieza de corazón. Necesito volver para que recuperen la alegría y puedan perdonar. Por eso me vuelvo”. Y para sentirse más segura en medio de tanta impunidad, quería que lo supiera usted, lectora.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Pikara Magazine.
 
16/PM/LGL