comercio sexual

Ante las posiciones divididas entre legisladores, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente desechó la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” en el dictamen de los artículos 8 al 19, 48 y 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
En el proyecto de dictamen que se publicó la noche de este 7 de diciembre, desaparece del artículo 15 el apartado que decía que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias  “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Luego de revisar las propuestas ciudadanas y las iniciativas legislativas, la Comisión presidida por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, sólo especificó en el apartado B del artículo 15 del dictamen, que los trabajadores no asalariados podrán poseer una identidad formal como “personas trabajadoras no asalariadas de la ciudad”.
 
En las consideraciones del documento, se precisan algunos argumentos que sirvieron para sacar del dictamen la propuesta original del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y del Grupo Redactor del texto constitucional, entre ellos Lol Kin Castañeda y Clara Jusidman, quienes además fueron designadas diputadas constituyentes e integrantes de esta Comisión.  
 
Por ejemplo, la constituyente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona expuso su rechazo a esta iniciativa porque en su opinión regular el “trabajo sexual voluntario lícito” afectaba la dignidad humana, pues con esta disposición mujeres y hombres se verían como objetos y materia de comercio. 
 
A su vez el diputado constituyente del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González, presentó un documento donde aseguró que la propuesta del borrador de Carta Magna adolecía de los elementos para brindar seguridad jurídica a quienes ejercen esa actividad.
 
Las organizaciones civiles y activistas también enviaron sus propuestas en apoyo o rechazo de considerar el “trabajo sexual”. Entre las agrupaciones que aplaudieron la propuesta estuvo la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que sugirió ampliar el derecho al trabajo sexual en sus “diferentes expresiones y modalidades”.
 
La asociación Balance, que trabaja temas de salud sexual y reproductiva, sugirió modificar la propuesta para que dijera que se “reconoce el trabajo sexual, consiente, libre, voluntario y autónomo realizado por personas mayores de edad como una actividad lícita”, al tiempo que sugirieron considerar en el análisis los argumentos de la Red Latinoamericana de Trabajo Sexual.
 
En contra de la propuesta se manifestó la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –integrada por activistas,  académicas y organizaciones como la Red Género y Economía o la Coalición para Abolir la Prostitución Internacional–, que propuso robustecer los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y quitar del texto el “trabajo sexual”.
 
Al rechazo se sumó el Observatorio Género Violencia y Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pidió la eliminación de este párrafo por ir en contra de los tratados internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.
 
Luego de las audiencias públicas, la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente hizo una valoración de las propuestas, pero en el caso de las que se refieren a trabajo sexual no expuso si era materia de otra norma, si no era de carácter normativo o si contravenía alguna legislación, como lo hizo con el resto de las propuestas.
 
El dictamen se votará en el órgano legislativo y después será enviado al pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y eventual aprobación.
 
16/AGM/AMS/LGL

La Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente prevé modificar la redacción del artículo 15 del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México sobre “trabajo sexual”, aunque todavía no hay un consenso porque las distintas fuerzas políticas están divididas.
 
A favor de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral autónoma y voluntaria está la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la diputada perredista Lol Kin Castañeda y la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
En una reunión que se realizó la semana pasada entre las y los diputados que integran esta Comisión, discutieron si la Carta Magna capitalina debe incluir el “trabajo sexual”, propuesta que no fue apoyada por la antropóloga feminista y presidenta de esta Comisión, Marcela Lagarde y de los Ríos, ni por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González.
 
Marcela Lagarde ha manifestado públicamente que la Constitución de la CDMX no puede legalizar el “comercio sexual” de las mujeres ni reconocer el “trabajo sexual”; incluso en octubre pasado se comprometió con el movimiento feminista, a presentar un párrafo alternativo a la actual redacción del artículo 15 del borrador.
 
En el proyecto presentado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estipula en dicho artículo en su apartado F, numeral 3, inciso b que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
La autora del libro “Los cautiverios de las mujeres. Madres, monjas, putas, presas y locas”, aclaró que quienes se oponen a legalizar el “comercio sexual” no están en contra de quienes están en situación de prostitución o de explotación sexual, tras asegurar que hay total solidaridad con estas mujeres, pero acotó que no pueden permitir que se avale el “comercio sexual”.
 
La además diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que hay que buscar alternativas ante la venta de niñas en lugares como La Merced, pero también ante las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, temas que son un problema de la ciudad y de la Constitución más avanzada del país que tiene como objetivo garantizar los Derechos Humanos de las personas.
 
En aquella ocasión la también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, se comprometió a escuchar y analizar las propuestas que llegaran a la Comisión que preside para formular reformas, lograr que integre los grandes problemas de la ciudad y asentar en letra todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas. 
 
En tanto que el diputado Carlos Gelista expresó, desde la instalación de esta Comisión, que el capítulo laboral -donde se reconoce “el trabajo sexual”-, es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Constitución capitalina un enfoque de derechos de las personas aunque sin generar expectativas que no se van a cumplir.
 
La propuesta de reconocer el “trabajo sexual” se respalda en la resolución que en enero de 2014 publicó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien otorgó un amparo a un grupo de mujeres que se dedican a “ofertar servicios sexuales”, que reclamaron ser consideradas trabajadoras no asalariadas.
 
Esta resolución abrió el debate para derogar el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que dice que la “prostitución” es una “falta administrativa” y a la par para incluir este tema en el borrador de la Constitución capitalina.
 
Esta semana la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente debe tener un predictamen que aborde del artículo 8 al 19 del borrador constitucional, a fin de que la próxima semana se vote y el documento final se presente ante el pleno de la Asamblea Constituyente el próximo 10 de diciembre.
 
16/AGM/AMS/LGL
 

Ante el riesgo de que la Constitución de la Ciudad de México permita la explotación sexual de las mujeres, académicas, activistas e investigadoras llamaron a la Asamblea Constituyente a desechar la redacción del artículo 15 del borrador que reconoce y protege el “trabajo sexual”.
 
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer esta actividad como trabajo no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
 
En conferencia de prensa, las académicas señalaron que ante un tema tan complejo es necesario tener un diagnóstico del fenómeno antes de implementar una política pública, por ello llamaron a las y los diputados constituyentes a evitar que los consumidores de “servicios sexuales”, tengan el privilegio de acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción.
 
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper, expuso que pocos asuntos como la “prostitución” necesitan de un verdadero debate porque de no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica.
 
Cooper, quien es integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la “prostitución” los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias, es decir, quienes se benefician del “trabajo sexual” no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la “venta” de los servicios sexuales de las otras personas. 
 
Para la especialista resulta un “espejismo” decir que este “trabajo” fomenta el empleo femenino, y que es ético porque se elige de manera voluntaria. Asegura que elegir dedicarse a la “prostitución” se da en un marco de restricciones, y por tanto no es una “compra-venta” en condiciones de igualdad porque el cliente compra el derecho de manosear o penetrar cualquier parte del cuerpo.
 
A esta postura se sumó Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, quien destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia.
 
Pensar el erotismo como “trabajo” pierde el sentido de libertad, gozo y creatividad, consideró la también psicóloga. Además recalcó que al formalizar esta actividad como un negocio o un servicio, se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
Ahora que la Comisión Carta de Derechos discute el dictamen del artículo 15, las activistas enviaron un pronunciamiento al organismo legislativo para que considere que crear un marco normativo para supuestamente proteger a las “trabajadoras sexuales”, no será garantía de derechos laborales como sucede con las jornaleras, maquiladoras o trabajadoras de “outsourcing”.
 
En un documento que entregaron a la Comisión, las activistas señalaron que incluir este término en la Carta Magna capitalina deja de lado el contexto en que se da, las consecuencias físicas y emocionales de ejercer este oficio y contribuye a hacer imposible la distinción entre prostitución “libre y forzada”.
 
Agregaron que México firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de prostitución ajena”, que en el artículo 73 de la Constitución Mexicana indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo,  por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello.
 
16/AGM/AMS

Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad y combatir la trata de personas.
 
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
 
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar servicios sexuales”.
 
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo, integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente.
 
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población, propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras sexuales”.
 
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y trata de personas o delincuencia organizada.
 
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto, aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las mujeres. 
 
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa.
 
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios, así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de  bares, cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
 
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida de prevención.
 
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta actividad se reconocería como un oficio.
 
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo sexual”,  toda vez que a decir de este colectivo, la actual penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
 
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares dedicados a explotar la prostitución”.
 
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la penalización de esta actividad.
 
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la “prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
 
16/AGM/LGL

Prostitución o “trabajo sexual”, forma de explotación o independencia laboral. La discusión sobre la posible legalización del comercio sexual que se da en este momento en la Constituyente de la Ciudad de México ha despertado, nuevamente, discusiones infructuosas y debates indispensables, a la vez que insultos, descalificaciones y una poderosa marea de cabildeo al interior del gobierno de Miguel Ángel Mancera a fin de que se considere la legalización del comercio sexual de seres humanos como un trabajo regulado.
 
Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la capital mexicana, defendió recientemente la legalización de la prostitución para reconocerla constitucionalmente como “trabajo sexual”. Esto significa que las personas en el comercio sexual deben estar registradas y bajo supervisión gubernamental, pagar impuestos, recibir seguridad social, etcétera. Este debate atrajo ya la atención de legisladores de otros estados de la República que esperan resultados para plantear en sus propios congresos la legalización.
 
Debo decir que durante 5 años viajé por el mundo entrevistando a cientos de mujeres, niñas, jóvenes, heterosexuales, gays, queer, transexuales, involucradas en el comercio sexual, en la trata de personas, bajo las garras de la delincuencia organizada, regenteadas, administradas por novios, padres, hermanos y o empresariado de bares, agencias de “edecanes” y burdeles especializados en proveer de sexo de pago a las élites. El resultado de esa larga investigación es mi libro “Esclavas del Poder”.
 
Gracias a esas cientos de  entrevistas de largo aliento logré comprender las diversas formas en que personas de todo el mundo normalizan y naturalizan casi todas las violencias, incluidas la estructural que causa la feminización de la pobreza; ellas asimilan la discriminación como un hecho irremediable. Algunas famosas actrices porno, que me dieron entrevistas e incluso escribieron sus biografías, me contaron historias desgarradoras sobre cómo construyeron su narrativa erótica, plagada de discriminación, abusos, explotación, enfermedades.
 
En 2016 el Parlamento europeo determinó que la prostitución, como forma de consumo sexual de mujeres por un precio, constituye una práctica de desigualdad. Richard Poulin profesor emérito del departamento de sociología  y antropología de la Universidad de Ottawa, autor del libro “Sexo, capitalismo y crítica del valor”, estudió científicamente a los países que han legalizado o regulado el comercio sexual. Además investigó a los hombres, que son 95 por ciento de consumidores de sexo comercial del mundo.
 
Algunos resultados de sus investigaciones son útiles para el debate:

“La prostitución no es un acto individual, no es una elección ni una relación de compra-venta en igualdad. Los hombres compran sexo para sentirse superiores y esto no afecta sólo a las prostituidas, sino a todas las mujeres”, (yo añadiría que lo mismo sucede en el sexo comercial con transexuales, la virulencia de los ataques y el creciente asesinato por parte de clientes no es casualidad).
 
Poulin asegura que la sociedad responsabiliza a las mujeres por estar en el mercado sexual, los hombres, en cambio, son denominados clientes o empresarios cuando en realidad son prostituidores. Sus investigaciones han probado que la legalización del comercio sexual incrementa la desigualdad y favorece tres veces más a los dueños de los burdeles en que se puede ejercer legalmente, muchos de ellos pertenecientes a la delincuencia organizada. El experto propone que se analice la industria del sexo como un todo: la trata, el turismo sexual y la industria pornográfica como un corpus cultural y comercial que banaliza las relaciones mercantiles de los cuerpos de las mujeres y profundiza la normalización de la discriminación.
 
La trampa, según él, consiste en argumentar que se defenderán los Derechos Humanos de las “trabajadoras sexuales”, pero si los derechos de las otras mujeres están en constante y creciente riesgo, la dinámica no cambiará por decreto legal. Habrá que imaginar a la Ciudad de México con sus ventanas iluminadas que exhiban mujeres en venta, a los turistas sexuales fascinados con sus paseos.
 
La ideología neoliberal imperante, según el profesor, es que cada cuál es responsable de su suerte, el fracaso económico es un problema individual, se exime al Estado y al sistema de toda responsabilidad en el reforzamiento de las desigualdades y violencias. Lo que se ha demostrado es que con la legalización hay una expansión del comercio sexual y se multiplica el número de prostituidores extranjeros que verán a las mexicanas como mujeres fáciles de comprar gracias a un decreto constitucional. 
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL

El miércoles pasado asistí a las supuestas mesas de diálogo convocadas desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la que forma parte el diputado perredista Víctor Hugo Romo, también integrante de la corriente Nuevo Sol que encabeza Amalia García.
 
Estas mesas de diálogo se dieron bajo el esquema de parlamento abierto para promover políticas públicas sobre “trabajo sexual”, pero me di cuenta que no hay intención de debatir, que todo está bien preparado y fue poco lo que nos permitieron aportar a la discusión.
 
Además de Marta Lamas, tuvieron a una investigadora que habló por videoconferencia desde la Universidad de Harvard, hasta donde entendí tiene alguna vinculación con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), para hablar sobre los derechos laborales y el “trabajo sexual”.
 
¿De qué derechos hablan? Si el propósito de las mesas es generar políticas públicas, deberían partir de no mentir, de no engañar. La Organización Internacional del Trabajo define como “trabajo digno o decente”, aquél que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
 
Y yo me pregunto ¿cuál de estas características tiene la prostitución para adquirir la categoría de trabajo? ¿quién en situación de prostitución cuenta con un ingreso justo, o tiene seguridad en el lugar de trabajo? ¿Quién paga la protección social para las familias, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, fondo de retiro, vivienda o salud? ¿Quién? ¿los clientes? No, porque se encarece el servicio. ¿El gobierno en quiebra o quién? en todo caso, estamos hablando de un modo marginal de sobrevivencia.
 
La próxima mesa es el miércoles 26 de octubre en Gante número 15, en el Centro Histórico, y esta vez será sobre trata y “trabajo sexual”. ¿Y si exigimos participación paritaria de las posturas que se debaten? porque existe una gran confusión entre las personas que participan en estos conversatorios, sobre trata y prostitución y si tienen vínculos o no.
 
Lo más triste fue ver que no escucharon a las sobrevivientes o a las personas en situación de prostitución; todas hablaron de que no tuvieron otra oportunidad o medio de sobrevivencia más que estar en la prostitución, que están buscando opciones de salida, que el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz, ni se ha interesado en ofrecerles otras oportunidades y que hay días que no tienen ni para comer.
 
Fue muy triste escucharlas hablar sobre las víctimas de delitos de transfobia y lo poco que una credencial que las reconoce como “trabajadoras no asalariadas” les puede garantizar; o de cómo son extorsionadas por la policía o los inspectores, por decir lo menos. Finalmente, detrás de la puerta, están solas frente al riesgo y la violencia.
 
Preocupantes las posturas de un colectivo de homosexuales que sostienen que “el género vino a complicar todo el negocio”, un discurso muy similar al de derecha. O el de un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja en el Programa contra el VIH, que se atrevió a asegurarme que la CNDH es reglamentarista -cosa difícil de creer- y que hace una clara distinción entre trata y prostitución.
 
Ninguno toma en cuenta que el “trabajo sexual” enmascara la trata y la explotación sexual infantil que se encuentran unidos por la demanda en el sistema prostitucional; que reglamentar no controla la industria del sexo, por el contrario, la expande y convierte a los tratantes y a los proxenetas o lenones en “hombres de negocios o empresarios”.
 
Reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, como se pretende hacer en la Constitución de la Ciudad de México, tampoco las libra del estigma y la discriminación.  Una credencial no es garantía de nada, ni las defiende o ayuda frente a su familia, a su comunidad o a la sociedad entera, que sigue siendo profundamente patriarcal y discriminatoria.
 
Al mismo tiempo, en la ALDF una diputada del Partido Revolucionario Institucional, integrante del Movimiento Territorial, el que dirige Tonatiuh González y Gutiérrez de la Torre, presentó una iniciativa para reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, en la que propone establecer zonas de tolerancia y multas a quienes se salgan de las zonas determinadas, que pueden ir de 20 a 50 días de unidad (salario mínimo). Sabemos que ya existen zonas donde se les cobra derecho de piso, y seguramente la siguiente medida será cobrarles impuestos como en Holanda y Alemania, “trabajen” o no.
 
Qué ventaja puede darles la reglamentación, cuando el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por México en 1951, establece que:
 
…Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.
 
Escuché a Marta Lamas decir que la prostitución o “trabajo sexual” -como dice ella- es una actividad precarizada y un comercio nocivo. Me di a la tarea de tratar de entender qué es un mercado o comercio nocivo y encontré que Satz dice que … “el mercado puede considerarse "nocivo" por su origen: limitamos la libertad de disponer y contratar cuando los que contratan y disponen de los bienes no lo hacen por cuenta propia y hay razones para pensar que los titulares del interés objeto de disposición sufren elevados costes de agencia o son, en general, vulnerables. La segunda, cuando el mercado produce resultados "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Aquí tendríamos que preguntarnos por qué se prohíbe a una persona disponer libremente de sus derechos (contratos usurarios, contratos de esclavitud, compromisos de no contraer matrimonio) o por qué determinadas transacciones no pueden implicar contraprestación (donación de sangre o de órganos) o por qué uno no puede obligarse por un tiempo demasiado largo (contratos "para toda la vida") es un tema muy atractivo porque nos coloca en el centro de discusiones que se suponen socialmente importantes. 
 
Este es el caso de la prostitución, el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, entre otros, y la respuesta es muy sencilla, la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida no son bienes jurídicos que estén disponibles, y por lo tanto nadie puede consentir su propia explotación.
 
Además y, en suma, la libertad individual está limitada por la libertad de las demás personas, porque produce efectos "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Estamos promoviendo una iniciativa que hemos presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y esperamos que todas y todos los lectores de “Mujeres Cautivas”, nos puedan apoyar con su firma. La iniciativa está en el siguiente link:  https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog.
 
Habla, opina, no te quedes callada.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL

El colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, pidió a la Asamblea Legislativa y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalino, que garantice derechos laborales como guarderías y servicios de salud, para las personas que se dedican al “trabajo sexual”.
 
Integrantes de esta agrupación expresaron sus demandas durante la primera audiencia pública sobre “trabajo sexual” realizada en la Ciudad de México y que organizó el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Romo, quien promueve reconocer esta actividad como un oficio, pero quien no se presentó a la audiencia.
 
La coordinadora del Área Jurídica de Brigada Callejera, Arlen Palestina, dijo a esta agencia que la sentencia de 2014 que amparó a un grupo de "trabajadores sexuales" logró que el gobierno capitalino les otorgara credenciales de trabajadoras no asalariadas pero advirtió que es necesario ir más allá.
 
La solicitud es que la Secretaría del Trabajo local, a cargo de Amalia García Medina, garantice prestaciones como seguro de salud y guarderías a las trabajadoras no asalariadas, es decir, que ponga a disposición de estas mujeres los mecanismos de Estado que garantizan sus derechos laborales.
 
“Hay un gremio de compañeras que desean hacer el trabajo y que aunque no lo desearan están en el derecho de que sea reconocido. Es un tema que tiene que ver con la doble moral, con la hipocresía del Estado y se tiene que reconocer para disminuir la trata y explotación de las mujeres”, dijo.
 
La activista agregó que las mujeres que exigen derechos laborales no están a favor de la trata de personas pero aseguran que es necesario reconocer el "comercio sexual" como una forma de disminuir este delito.
 
Al respecto el funcionario de la Secretaría de Trabajo capitalina José León, explicó que la dependencia respondió a la sentencia de amparo (2014) al expedir las credenciales de trabajadoras no asalariadas, incluso reconoció que “varias personas se han acercado para pedir cursos de capacitación”.
 
El funcionario explicó que esta Secretaría ofrece cursos de belleza, computación, moda, vestido y destacó que hay interés en el tema, por lo que ya colaboraron en la redacción del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce los derechos de quienes ejercen el "trabajo sexual".
 
En el foro también participó la feminista e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marta Lamas, quien mencionó que es necesario reconocer nuevas formas de organización del trabajo porque hasta ahora las mujeres que se dedican a esta actividad son consideradas victimas de lenocinio.
 
La feminista recordó que con la resolución del amparo se reconoció que a esta población se le ha violado el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la integridad humana y por ello se debe proteger a quienes se “dedican a este oficio” que muchas veces iniciaron a edad temprana, con engaños y bajo explotación.
 
16/AGM/LGL