desapariciones

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL

Desde el 17 de enero, fecha en que llegó a la Ciudad de México, su dormitorio ha sido una casa de campaña instalada afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) la cual comparte con otras cinco mujeres a quienes la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos ha despertado en ellas el enojo ante la indiferencia de las autoridades frente a los múltiples casos de desaparición.

María Guadalupe Rodríguez es originaria de Chilpancingo Guerrero, lugar donde tuvo que dejar a sus nietos, su esposo, su nuera y la vida que intenta continuar desde que perdió el rastro de su hijo.

“La primera exigencia es que se hagan las investigaciones y dar con el paradero de nuestros hijos…” enuncia en entrevista con Cimacnoticias, afuera del plantón que mantienen en la Secretaría de Gobernación (Segob) desde hace ya 9 días para presionar a las autoridades a resolver los casos de sus familiares y la presentación con vida de los mismos.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas, en su último informe de agosto de 2017, existían 30 mil 499 personas desaparecidas.

Guadalupe se niega a aceptar a su hijo como una cifra más. Eso la ayuda a resistir y es lo que la mantiene de pie frente a las consecuencias de permanecer, hasta el día de hoy, nueve días sin alimento frente a la Segob en un campamento improvisado.

Los rostros se tornan pálidos, el cansancio es evidente en la piel de quienes llevan a cuestas el nombre de esos familiares que  buscan incesantemente, el hambre y la debilidad no se comparan con el dolor y la rabia que manifiestan a cada palabra.

Los desmayos y problemas de presión se han vuelto algo “cotidiano” desde que llegaron a esta dependencia y decidieron evitar la ingesta de alimentos para que sus peticiones sean atendidas. Se trata de mujeres que buscan a sus hijos, a sus esposos, hermanos o primos y que han renunciado incluso a su propia salud para exigir justicia.

Ellas no cuentan con apoyo gubernamental, únicamente se respaldan en diversas asociaciones civiles que las han monitoreado y apoyado en su demanda. Su llegada a la Ciudad de México fue auspiciada por ellas mismas ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió a su solicitud de vehículos o boletos de autobús para trasladarse con una negativa argumentada en la falta de presupuesto.

41 mujeres de  diversos estados, llegaron por sus propios medios a la Ciudad de México buscando soluciones. 18 de ellas permanecen en huelga de hambre y dos han sido trasladadas a hospitales para su atención. Algunas de ellas llegaron a la Ciudad caminando o por “aventones”.

Guadalupe guarda fervientemente la esperanza de encontrar a su hijo con vida y poder reunir a su familia nuevamente. Agradece a los diversos colectivos que han acompañado su estancia en la ciudad, pero reiteró la ineptitud e indiferencia del Comisionado de la CEAV, Sergio Jaime Rochín, quien dijo, no ha extendido acompañamiento psicológico ni jurídico a quienes han denunciado desapariciones de sus familiares.

En entrevista con Cimacnoticias, comentó que ningún funcionario de Gobernación se ha acercado a ellas durante su estancia frente a esta dependencia.

DESAPARECIDOS

Josué M. R. es el nombre de su hijo, quien desapareció el 4 de junio de 2014 en Chilpancingo, Guerrero, y hasta la fecha, no hay notificaciones sobre avances en su caso. Guadalupe ha llevado sola la investigación y lo único que puede asegurar es el hecho de que su hijo es una víctima más de la delincuencia organizada y la colusión de las autoridades con ésta.

Se trata de un abogado de 30 años que dejó en casa a tres hijos que ahora le piden cuentas a Guadalupe cada que ella sale a exigir justicia de distintas maneras.

La Segob se encuentra flanqueada por un grupo de policías federales que impiden el paso a los ciudadanos a quienes dicen “que es por motivos de seguridad de los familiares que se encuentran ahí”, en plantón; sin embargo, Guadalupe asegura que están evitando que la gente los apoye y frenando la llegada de víveres que la sociedad civil les hace llegar para que ellas puedan continuar con su protesta.

Dentro de sus exigencias está la salida inmediata de los médicos enviados por la CEAV que lejos de ayudarlas dijo, han intentado persuadirlas de muchas maneras para regresar a sus lugares de origen, argumentando la disminución de su salud, pero ellas aseguran que es para desarticular el movimiento y evitar dar la cara por las solicitudes de su pliego petitorio que han extendido al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, y al Comisionado de la CEAV, Sergio Jaime Rochín, desde el día de su arribo a la Ciudad de México.

Dijeron también que se trata de personal “poco capacitado y con baja calidad humana” al momento de proporcionar atención médica.

Guadalupe exigió que ya no les entreguen minutas, ni escritos con compromisos incumplibles, dice que ellas llegaron por soluciones y por eso optaron por ejercer su derecho a la huelga de hambre.

Dejar a su familia y su trabajo en su lugar de origen ha resultado difícil para ella, pero en espera de los resultados para encontrar a su hijo, toda vale la pena. Chilpancingo, Guerrero, es el lugar donde sus familiares aguardan su arribo con buenas noticias, mientras ellos viven en un ambiente de violencia y nexos del narcotráfico con la policía y las personas encargadas de gobernar, situación que ha provocado tantas víctimas de desaparición forzada.

Gema es otra madre que se encuentra en huelga frente a Gobernación, con la esperanza de encontrar con vida a su hijo Juan G.A. de 22 años quien desapareció el 27 de febrero de 2011 al dirigirse al puesto de hamburguesas con el que subsistía. El único testigo presencial de la privación de la libertad de Juan es un niño que lo acompañaba quien tuvo que lanzarse a un barranco para salvaguardar su integridad. Desde esa fecha ha sido un constante peregrinar escuchando promesas de solución que no se han concretado.

Gema se unió al grupo de mujeres que no han perdido la esperanza de encontrar a sus familiares con el propósito de que las autoridades trabajen como deben para devolver a sus hijos a casa con vida.

Lamentó la” insensibilidad” de Jaime Rochín frente a los casos a de desaparición forzada en todo el país y exigió a Enrique Peña Nieto replantear los nombramientos de personas que ocupan cargos tan sensibles como el de la CEAV, que atiende a víctimas.

Gema padece una desviación lumbar a causa de un accidente automovilístico, requiere una cirugía y usa faja metálica para contrarrestar el dolor causado por su lesión. Pese a ello, está decidida a no abandonar la Ciudad de México hasta obtener una respuesta satisfactoria respecto al caso de su hijo.

Aseguró que las madres de desaparecidos que ha conocido en este largo andar son las que han elaborado las investigaciones por su propia cuenta porque nadie hace nada en Chilpancingo, Guerrero, lugar de donde es originaria.

“La información que ellos (las autoridades) tienen, es la que nosotras como madres les hemos dado, y al estar investigando los casos de nuestros hijos, nos ponemos en riesgo porque a veces cuando acudimos a dar información, luego nos andan siguiendo.

Ya han desaparecido también a varias madres y familiares que están investigando por su propia cuenta. Queremos seguridad, no promesas”, dice enfática.

Las madres en huelga de hambre comienzan a tener desvanecimientos, presión baja, elevación o baja de glucosa pero se niegan a abandonar su protesta en aras de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Secretario de Gobernación resuelvan sus inconformidades con apego a la ley y con todas las medidas de protección necesarias.

Reiteraron que hasta que la fuerza se les agote culminará esta exigencia que ha ido mermando su estado de salud.

En tanto, en un comunicado, integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (integrada por 15 agrupaciones civiles) exigieron a las autoridades federales atender las demandas de las madres que se encuentran en huelga de hambre, así como atender su salud.

Responsabilizaron al gobierno de “cualquier daño permanente que puedan sufrir las familias que se encuentran en huelga de hambre, así como de cualquier represalia que exista en contra de las personas solidarias y organizaciones, colectivos o familiares que las acompañen.

Llamaron a las organizaciones de Derechos Humanos y colectivos con trabajo en desaparición, a que las apoyen y envíen agua, suero y cobijas.

Cimacnoticias solicitó una entrevista con funcionarios de la CEAV para conocer su postura en torno a estos hechos, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

18/SRCH/LGL

Tras la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para tomar medidas para erradicar la trata de personas en Tlaxcala, organizaciones civiles del estado solicitarán por segunda vez que se active la Alerta de Violencia de Género (AVG). 

La decisión la tomaron luego de que este 4 de agosto la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó aceptar la solicitud Alerta que ya se había solicitado por los casos de trata de personas y violencia sexual.

En conferencia de prensa en Tlaxcala, representantes del Colectivo Mujer y Utopía y de la organización Red Retoño informaron que de nuevo solicitarán que se activen medidas de emergencia, pero esta vez por desaparición de mujeres ya que este delito es “la matriz de otros crímenes frecuentes. 

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la Red Retoño, Miriam Pascual Jiménez, declaró que en aquella entidad la desaparición de mujeres puede culminar en violaciones sexuales  o feminicidio.

El 8 de agosto de 2016 la organización Todos para Todos solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activar la AVG por trata de personas y violencia sexual, la cual fue admitida. En este caso se conformó un Grupo de Trabajo que, luego de analizar el contexto de violencia de género, entregó al gobierno del estado un informe y recomendaciones que el 24 de noviembre aceptó cumplir el gobernador de la entidad, el priísta Mariano González Zarur. 

El 4 de agosto la Segob emitió un dictamen donde estableció que la Alerta no se aprobó porque el gobierno de Tlaxcala realizó “acciones suficientes” para implementar las recomendaciones. 

Sin embargo, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, denunció que la Segob negó la AVG porque el grupo de trabajo de la Conavim “no analizó que el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual se encuentra vinculado a delitos sexuales, al embarazo infantil y adolescente y a las desapariciones de niñas y mujeres”.

A ello, dijo, se sumó que la solicitud se hizo durante la transición de gobierno. “El gobierno saliente de manera simuladora aceptó las nueve recomendaciones del grupo de trabajo sin realizar absolutamente nada en el último mes de su administración, dejando a la administración entrante la responsabilidad de dar repuesta”, expuso.

También señaló como un factor negativo que las recomendaciones fueron “muy generales” –como solicitar la creación de un banco estatal de datos sobre las mujeres víctimas de violencia en la entidad–  y que no se propuso  que “realmente se buscara y atendiera a víctimas por trata de personas y violencia sexual”.

Por su parte la defensora de la Red Retoño, Montserrath Gheno, señaló que el “discurso mediático del actual gobierno, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido no reconocer el problema, minimizarlo e visibilizarlo”.

En un comunicado, firmado también por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones lamentaron que la Segob rechazara la AVG y se basara únicamente el recuento de los “esfuerzos” realizados por el gobierno para atender la trata y violencia sexual. 

También expusieron su preocupación por que el resolutivo recomienda al gobierno realizar políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la trata personas que, aseguran, ya están establecidas en la estrategia Estatal y el Plan Sexenal contra la trata que aún están vigentes. Además, denunciaron, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 carece de una política clara y comprometida en la materia.

Las firmantes aseguraron que también es preocupante que se recomendara al gobierno identificar las rutas de movilidad de tratantes cuando organizaciones internacionales las han señalado desde hace 13 años. Miriam Pascual dijo que antes de precisar para qué municipios se solicitará la Alerta las organizaciones expondrán que todo Tlaxcala es un “foco rojo por el delito de trata y desaparición”, ya que se sabe que al menos en 36 de los 60 de municipios operan familias de tratantes.

Con la nueva solicitud buscarán que la Conavim emita recomendaciones y que estas vayan de la mano con indicadores de evaluación que “permitan medir verdaderamente que el gobierno estatal está cumpliendo sus obligaciones porque en esta solicitud los criterios de evaluación fueron muy ambiguos y subjetivos”, indicó la abogada. 

DESAPARICIONES CONSTANTES

Olga Tezmol, madre de Karla Romero Tezmol, niña de 11 años desaparecida desde 2016 y el único caso de la entidad por el que la Procuraduría local inició una carpeta de investigación, denunció que en los municipios dedicados a la trata de mujeres y niñas con fines sexuales “seguirán desapareciendo mujeres y niñas, seguirá el miedo o la indiferencia, porque la realidad es que esta ‘buena voluntad’ no refleja cambios estructurales”.

Tzmol dijo también que el dictamen de la Conavim y el propio informe que la instancia emitió “no representa a las víctimas, a quienes nunca se nos ha tomado en cuenta”. En ello coincidió Miriam Pascual, quien espera que tras la nueva solicitud se realicen mesas de trabajo a las que inviten a familiares víctimas de desaparición y organizaciones especializadas en el tema.

La AVG se solicitará porque, aun cuando las desapariciones de mujeres y niñas son constantes en la entidad, de 2012 a 2016 la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala reportó sólo  8 mujeres desaparecidas, 3 de ellas menores de edad.

No obstante, no hay certeza de las cifras ya que de 2012 a 2014 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas señaló que desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de las cuales 14 son niñas y 6 son niños, solo los niños fueron localizados.  

En tanto la Red Retoño y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala documentaron, de enero de 2016 a abril de 2017, 20 casos de desaparición, en su mayoría de menores de edad.

Olga Tezmol denunció la indiferencia de las autoridades por garantizar justicia pues dijo que desde enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte han desaparecido 12 niñas y mujeres, quienes fueron rescatadas por sus familias, la mayoría con signos de violencia sexual, pero todas ellas siguen sin obtener justicia. “La ‘buena voluntad’ que el gobierno señala no se ha visto reflejada en nuestra realidad cotidiana”, sentenció.

17/MMAE

Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.

La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”. 

Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia. 

Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana. 

En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.

Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos. 

SIN NUEVAS PROPUESTAS

La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.

Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año. 

De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.

A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas. 

Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos

17/MMAE
 

A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con  familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
 
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente  al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
 
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a  investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción  desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
 
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
 
SIN RESPUESTAS
 
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
 
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
 
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
 
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,  
 
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
 
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
 
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
 
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
 
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
 
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
 
17/MMAE/GG

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG

El gobierno del Estado de México incumple el Protocolo Alba al no activar las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, sin necesidad de que sus familiares interpongan una denuncia, dijo la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza.
 
En entrevista telefónica a propósito del Paro Nacional (que se realiza también en otros países) contra el feminicidio al que organizaciones feministas convocaron este día, la activista dijo que el Protocolo Alba no se cumple por “desconocimiento” de los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones de Seguridad.
 
Cabe mencionar que el Protocolo Alba es un mecanismo de protección que obliga a los tres niveles de gobierno a buscar a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar 72 horas.
 
Estrada Mendoza hizo énfasis sobre la importancia de actuar de inmediato porque esas horas son muy importantes para encontrar con vida a las mujeres y niñas que son reportadas como desaparecidas, por lo que el OCNF sostiene reuniones con autoridades de los 11 municipios del Estado de México (donde se decretó la Alerta de Violencia de Género) para asegurar su cumplimiento y ejecución.
 
Agregó que el Observatorio tiene un registro de 500 casos de niñas y mujeres víctimas de feminicidio (en el periodo 2015-2016), mientras que las desapariciones en el mismo lapso, se ubican en 2 mil.
 
El 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, y el gobierno de Eruviel Ávila se comprometió a realizar una serie de acciones enfocadas a prevenir la violencia, la seguridad y la justicia.
 
Entre los compromisos destacan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, conformado por 17 personas expertas que investigarían las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
 
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la PGJEM se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas y se reforzaría la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.
 
Sin embargo María de la Luz Estrada explicó que a la fecha, tampoco se han cumplido a cabalidad esta serie de compromisos, mientras que la violencia contra las mujeres continúa incrementando.
 
16/GVV/LGL