Comisión Nacional de Derechos Humanos

A seis meses del feminicidio de Emma Gabriela  Molina Canto, en Yucatán, sus familiares y organizaciones civiles clausuraron simbólicamente el Tribunal Superior de Justicia de la entidad para exigir a las autoridades a cargo del caso, que juzguen con perspectiva de género y sentencien a su ex esposo y empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda por la autoría del crimen.

Emma Gabriela fue asesinada el pasado 27 de marzo frente a su casa en Mérida, Yucatán. Desde 2012, cuando inició la búsqueda por la custodia de sus dos hijas e hijo. Ella y su madre, Ligia Canto Lugo, fueron víctimas de campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas por Medina Sonda.

Ambas denunciaron ante diversas instancias las violencias ejercidas en su contra, pero fueron ignoradas, por lo que en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, dirigida a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos entre las que destacó la violación a la legalidad, a la seguridad jurídica, acceso a la justicia, al trato digno y a una vida libre de violencia. Todas fueron incumplidas por las 3 instancias.

Durante la protesta en la que participaron las organizaciones acompañantes del caso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio(OCNF) y “Ni Una Más-Yucatán”, Ligia Canto urgió a las autoridades de Yucatán y de Tabasco -en donde actualmente Medina Sonda cumple una condena de 12 años por operar con recursos ilícitos durante el sexenio de Andrés Granier- “justicia integral” y la garantía de seguridad para ella y su familia porque, aseguró, Medina Sonda planeó el crimen mientras estaba preso y temen que busque agredirlos de nuevo.

“Todo fue planeado desde un reclusorio, él tenía la libertad de hacer llamadas, (las autoridades) deben voltear  a ver esos lugares y mandarlo a un penal de alta seguridad”, mencionó.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, informó que este miércoles concluyó el plazo para integrar a la carpeta de investigación las pruebas que involucran a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla como ejecutores del crimen bajo el delito de homicidio agravado.

Por lo anterior, el próximo 2 de octubre se realizará en el Centro de Justicia Oral de Mérida la audiencia donde el juez de control encargado del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, determinará las sentencias en su contra, con las que podrían alcanzar 40 años de prisión.

También mencionó que desconocen la fecha de la audiencia en la que se juzgará a Medina Sonda y al tabasqueño vinculado a proceso por la coautoría del feminicidio, César Rogelio Reyes Barrueta, pero aseguró que la familia y defensa legal de Emma Gabriela cuentan con elementos suficientes para probar la culpabilidad de ambos.

Entre las pruebas se encuentra la confesión de César Reyes, donde afirma que Medina Sonda le solicitó contratar a otras personas para asesinar a Emma Gabriela.

Ligia Canto ha recabado los 187 amparos que su hija tuvo que solicitar desde 2012 a instancias locales y federales por las acusaciones de su ex esposo “todas ellas falsas”, opinó Adelaida Salas, y que demuestran los antecedentes de violencia que ejerció en su contra por años. 

Además, Adelaida Salas recordó que a seis meses del feminicidio, las manifestantes se reunieron en la Plaza Grande de Mérida, donde exhortaron al juez Mugarte Guerrero a velar por la justicia en el feminicidio de Emma Gabriela y no favorecer los intereses del  agresor.

17/MMAE/LGL

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
 
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
 
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.  
 
SOBRE EL PRESUPUESTO
 
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
 
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
 
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
 
SOBRE EL CONTEXTO
 
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
 
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
 
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
 
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
 
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
 
EXHORTO A SEGOB
 
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
 
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
 
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
 
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez;  Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México,  Mario Fausto Gómez.
 
17/HZM

El estado de Tlaxcala, colocado en la mirada internacional como una de las regiones con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial, tiene avances mínimos a seis años de que inició la aplicación e implementación de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas y del Plan Sexenal contra la Trata de Personas. 
 
Así lo denunciaron en un comunicado las agrupaciones civiles  Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, el Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), en donde señalan la actitud simuladora e impune del actual gobierno de la entidad y de anteriores administraciones, lo que ha acrecentado el delito.
 
Tan grave es la situación, indican las organizaciones, que el estado es el único en el país para que el que hay solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el delito de trata de personas.
 
De acuerdo con datos del Centro Fray Julián Garcés, el gobierno de Tlaxcala recibió 200 denuncias por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.
 
Las organizaciones se dijeron preocupadas por la persistencia de esta problemática y recordaron al gobierno que es su obligación garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de explotación sexual, responsabilidades que están establecidas en el marco jurídico local, nacional e internacional.
 
Recordaron que en el ámbito internacional los gobiernos están obligados por el Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas de Naciones Unidas, y en el ámbito federal por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012), así como por la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala (2009), la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas (2011), y el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas (2012).
 
CAPÍTULO ESPECÍFICO
 
Por lo anterior, señalan las organizaciones, la comunidad tlaxcalteca demanda al actual gobierno que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 –que deberá estar listo este mes- un capítulo específico sobre la situación actual del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y destinar anualmente recursos económicos suficientes a las instituciones públicas encargadas de dar cumplimiento a la Estrategia Estatal contra la Trata.
 
Estas acciones, indicaron, deberán estar sustentadas en los marcos normativos ya mencionados, además de hacer las adecuaciones pertinentes para asegurar la prevención, atención y protección integral de las víctimas, también la adecuada investigación y judicialización y la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de la administración pública.
 
PREVENCIÓN
 
Asimismo, las organizaciones resaltaron que la prevención es el método más efectivo para disminuir el delito, por lo que es fundamental impulsar una estrategia educativa permanentes con perspectiva de género y masculinidades no violentas, que enseñe a la población estudiantil y docente a identificar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial,  entre otras formas de violencia.
 
El estudio de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México” reveló las diversas rutas de trata de personas que se han detectado e implican a la entidad: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla y Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.
 
En cuanto a los lugares de origen, el estudio de la CNDH señala los municipios de donde pertenecen las niñas y mujeres víctimas de trata en Tlaxcala: Apizaco, Acuamanala, Zacatelco, Ayometla, San Cosme Mazatecoxco, Santa Ana Chiautempan, Papalotla de Xicohtencatl, San Pablo del Monte, San Miguel Tenancingo, Contla de Juan Cuamatzi y Panzacola.
 
Por último, las organizaciones dijeron que esta petición fue entregada al despacho del gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, y a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Congreso Local, Guadalupe Sánchez Santiago.
 
17/HZM/GG

En las protestas sociales y manifestaciones en las calles, donde hay intervención de agentes policiales o fuerzas de seguridad como las ocurridas esta semana en México, las mujeres se exponen a distintas formas de violencia –incluida el abuso y violación sexual–, alertaron organizaciones sociales y organismos internacionales.
 
A partir del anuncio que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo sobre el aumento en los precios de la gasolina, que ascendió 20 por ciento, desde el 1 de enero de 2017, grupos de la sociedad mexicana manifestaron su descontento y rechazo de estas políticas con diversas protestas, bloqueos de carreteras y tomas simbólicas de gasolineras en varios estados del país.
 
En medio de estas protestas, organizaciones civiles como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresaron su preocupación por las actuaciones de agentes policiales contra las personas manifestantes.
 
Se reportaron detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y equipo antimotines, lo cual, de acuerdo con las organizaciones atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.
 
Aunado a ello, como lo indicó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe de 2015 “Tortura Sexual en México. Contextos, prácticas e impactos”, la represión y criminalización contra los manifestantes, así como cuando las mujeres son detenidas, la violencia contra ellas tiene rasgos sexuales y discriminatorios relacionados a su género.
 
El uso de la violencia sexual es una práctica común de represión contra las mujeres que se manifiesta en México, destacó el informe. Este incluye actos específicos contra ellas como intimidar, humillar, castigar, degradar, controlar y hasta la violación sexual.
 
El informe retomó el caso de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra los habitantes que apoyaban a un grupo de floricultores que fueron desalojados.
 
Como resultado 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual por policías, quienes dijeron que eso sucedía por “no haber permanecido en su casa”, el informe observó que estas expresiones están asociadas con el rol que se atribuye a las mujeres en el hogar.
 
Las humillaciones y abusos verbales de naturaleza sexual siempre están presentes; en el caso de las mujeres de Atenco a muchas de ellas los policías se referían con frases misóginas y discriminatorias. 
 
En otros casos, durante la represión de las mujeres son obligadas a desnudarse, como otra forma de “disponer de su cuerpo” para demostrar la superioridad de los hombres, señaló el informe.
 
Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2014, en la marcha para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ese año, la joven de preparatoria, Liliana Garduño Ortega tomó fotografías y fue detenida al costado de Palacio Nacional por elementos de la policía Federal, quienes la golpearon y trataron de arrancarle la ropa, rompiendo su sostén.
 
Además el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derecho Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) de 2009, apuntó que es recurrente que las autoridades estatales incumplan la averiguación de los casos de violencia contras las mujeres en protestas, por lo cual, pide a los gobiernos establecer un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con instructores independientes.
 
La CIDH indicó que, de lo contrario, la impunidad de los delitos cometidos envía un mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada”. Lo cual favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza hacía las autoridades.
 
Esta política pública de seguridad ciudadana subraya que los estados tiene la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier uso abusivo de la fuerza que vulnere cualquier persona en manifestaciones públicas, y en específico a grupos vulnerables como las mujeres.
 
Además tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, integridad física o libertad personal de las mujeres.
 
En el caso de recientes saqueos a tiendas departamentales acontecidos en los municipios de Naucalpan y Nicolás Romero, en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero alertó de la posible intervención de provocadores e infiltrados como parte de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y causar inconformidad en la población.
 
Por ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hizo un llamado a las autoridades tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a cumplir con sus obligaciones y respetar el ejercicio de la libertad de expresión.
 
Asimismo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviar personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas con el fin de evitar cualquier acto u omisión que vaya en contra de la seguridad de los manifestantes.
 
17/HZM/KVR
 

Ante las amenazas de muerte que recibió la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, en Oaxaca, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) solicitó al gobierno estatal brindar medidas cautelares para que ambas puedan asumir sus responsabilidades.
 
Las representantes electas rindieron protesta a sus respectivos cargos el 1 de enero, sin embargo, días antes mediante una llamada telefónica el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC denunció ante la CNDH problemas de violencia política contra varias mujeres de la entidad, de acuerdo con un  comunicado del organismo.
 
Entre ellos destacó el caso de la presidenta municipal y la síndica, quienes recibieron amenazas de muerte con el fin de forzarlas a solicitar licencia una vez que asumieran su cargo.
 
Ante esta situación la CNDH giró un oficio y lo dirigió al secretario general de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, para la implementación de medidas cautelares a favor de Irma Aguilar y Yareli Cariño.
 
El gobierno de Alejandro Murat aceptó la solicitud y dio instrucciones a las áreas competentes a efecto de su implementación para salvaguardar la protección de los Derechos Humanos de las afectadas; de acuerdo con la CNDH la protección para las lideresas deberá implementarse durante el tiempo que sea necesario y además deberá extenderse a sus familiares y colaboradores.
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca también fueron notificados para que asuman las medidas correspondientes.
 
17/HZM/KVR

Instalan Comisión de Igualdad de Género en Pachuca
Pachuca, Hgo.- La LXIII legislatura del congreso de Hidalgo, instaló formalmente la comisión de Igualdad de Género la cual estará presidida por la diputada priista Erika Saab Lar.
 
Durante la instalación de la comisión, a la que asistieron integrantes de organizaciones feministas del estado, como la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, el Proyecto de Televisión Independiente y la presidenta de TIC Ciudadana AC, la legisladora se comprometió a impulsar legislaciones que garanticen y respeten los Derechos Humanos de las hidalguenses. (Con Información de la agencia Desde Abajo)

Crean medalla Ifigenia Martínez
Ciudad de México.- La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, anunció que su partido político reconocerá a las mujeres que destaquen por su labor, convicción y servicio en el ámbito nacional, con la Medalla Ifigenia Martínez.
 
La Medalla reconoce a su vez a Ifigenia Martínez por su trayectoria política, sus méritos, capacidad, preparación y visión como representante de la izquierda nacional, señaló el organismo político en un comunicado.

Convocan a marchar contra feminicidio en Argentina
Buenos Aires, Arg.- El colectivo Ni Una Menos convocó a la primera huelga de mujeres contra el feminicidio en Argentina, el miércoles 19 de octubre de las 13:00 a las 14:00 horas.
 
Debido al reciente feminicidio de una joven de 16 años en la ciudad de Mar de Plata, Argentina, el colectivo integrado por activistas, periodistas e investigadoras, convocó a las mujeres a parar por una hora sus actividades para exigir el alto a la violencia.
 
Por la tarde, a las 17:00 horas, se convocó a la marcha que va del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo.

Invitan a conferencia “Los retos de las mujeres en la migración México – Estados Unidos”
Ciudad de México.- Como parte del segundo ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, se convocó a la conferencia “Los retos de las mujeres en la migración México – Estados Unidos”.
 
El ciclo es organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se contará con la presencia de la investigadora del PUEG, Alethia Fernández de la Reguera.
 
La cita es el miércoles 19 de octubre a las 18:00 horas, en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos (Cenadeh), en Av. Río Magdalena 108, colonia Tizapán, Ciudad de México.

16/HZM/LGL