INE

A una década de que los partidos políticos fueran obligados a destinar un porcentaje de su financiamiento público para capacitar a mujeres –y con ello allanar el camino para que accedan a cargos de elección– la medida ha funcionado paulatinamente pero todavía falta transparentar el ejercicio de esos recursos.

Desde 2008 este recurso otorgado a todos los partidos políticos con registro nacional, ha alcanzado una cifra de 919 millones 011 mil 673 pesos, presupuesto que se considera prioritario pues es una medida afirmativa que permite la participación de más mujeres en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.

Durante los primeros años de esta disposición, las agrupaciones políticas derrocharon este recurso utilizándolo para pagar servicios de fumigación, seguridad, lavandería, aguinaldos e impuestos, bolsas, mandiles, gabardinas, pulseras bordadas, pero tras el escándalo y la denuncia pública del hecho, las mujeres diseñaron candados para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado.

El éxito paulatino se observa al revisar que en 2008 las mujeres representaban 22.6 de las diputaciones locales y federales, 18.8 de las senadurías y 4.6 por ciento de las alcaldesas. Actualmente ellas representan 42.6 por ciento de las diputaciones locales y federales, 38 por ciento de las senadurías y aunque a nivel local la presencia femenina todavía es escasa, ya encabezan 14 por ciento de las presidencias municipales.

Con este panorama, las dirigentes de las Secretarías de Igualdad de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirman que pese a todo, debe continuar la inversión para formar liderazgos femeninos, aún cuando hay voces que exigen reducir el financiamiento público que reciben los partidos.

Actualmente, estos montos se usan para pagar tareas logísticas, traslados aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos y material de trabajo de las sesiones de capacitación de las mujeres, pero las líderes de las Secretarías consideran que debería invertirse en campañas políticas, es decir en etiquetar una partida para que puedan hacer proselitismo igual que sus pares varones.

OBLIGACIÓN LEGAL

El financiamiento para la capacitación política de mujeres surgió como respuesta a dos argumentos recurrentes que los varones usaban para explicar la magra presencia femenina en el espacio político: “no hay mujeres que quieran participar” o “no están capacitadas para ejercer un cargo de alta responsabilidad”.

Para derrumbar este mito e impulsar el desarrollo de las habilidades de las mexicanas para ser oradoras en los congresos partidistas, alzar la mano en las tribunas parlamentarias o firmar documentos como responsables de instituciones, entre 2007 y 2008 el movimiento feminista junto con senadoras y diputadas insistieron en la necesidad de financiar la capacitación de las militantes para que avanzaran en las estructuras dentro y fuera del partido. 

Fue así que consiguieron, en 2008, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dispusiera que los partidos políticos deberían destinar dos por ciento de su financiamiento para la capacitación y promoción política de las mujeres, porcentaje que tras la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se incrementó a tres.

En 2008 los ocho partidos políticos con registro recibieron 49 millones 513 mil 242 pesos. Aunque la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), revisó mediante pruebas selectivas que se reportaran los gastos de este rubro, sólo multó al PRD al encontrar que no ejerció el presupuesto etiquetado.

Dos años después, la consultora Natividad Cárdenas Morales, quien analizó el ejercicio de este presupuesto en 2008 y 2009, destapó el despilfarró millonario de los montos cuando al revisar los reportes de gastos encontró que estos recursos se utilizaron para cubrir viáticos, gratificaciones, propaganda y artículos promocionales pero no para fomentar los liderazgos femeninos.

La consultora destacó que si bien el artículo 78, párrafo V del Cofipe estableció la obligatoriedad de los partidos políticos para destinar un porcentaje a capacitación exclusiva de mujeres, en la práctica no existían especificaciones que permitieran determinar ni vigilar cómo se ejercerían esos recursos, lo que hizo que en 2011 las mujeres promovieran una reforma al Reglamento de Fiscalización del IFE para imponer candados legales.

DINERO Y POLÍTICA

Actualmente la disposición está legislada en el Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización del INE en los Artículos 186 al 189, los montos del tres por ciento se pueden utilizar para cubrir el gasto de cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados; la edición y producción de impresos; y la realización de audiovisuales o investigaciones que ayuden a la capacitación de las mujeres.

Sin embargo, la maestra-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, María del Rosario Varela Zúñiga, quien realizó un estudio sobre el tres por ciento en 2015, considera que los partidos aun improvisan el ejercicio de estos montos porque no diseñan sus planes de trabajo; o algunos proyectan gastar más de lo presupuestado o ejercen menos recursos de los que reciben.

En una revisión de los planes de trabajo de 2015, Varela Zúñiga encontró que 7 de los 10 partidos nacionales (el Partido Humanista perdió su registro a nivel nacional en noviembre de 2015) privilegiaron gastar en talleres y cursos al destinarle más de 50 por ciento de su gasto; MC equilibró su presupuesto al repartirlo en actividades de capacitación, investigación y difusión, mientras que el Panal gastó más en difusión.

La investigadora también señaló que un tema a revisar son los altos costos de las investigaciones que realizan los partidos porque los gastos son tan diferenciados que un partido puede gastar desde 270 mil pesos en un estudio pero otro puede llegar a erogar hasta un millón 510 mil pesos en una tarea similar.

Para este 2018, año de elecciones federales y locales, los nueve partidos nacionales: PAN, PRD, Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) sumaron 128 millones 889 mil 997 pesos para capacitación de mujeres.

APRENDER A PARTICIPAR

La reforma en materia político-electoral de 2014 que incrementó del dos al tres por ciento los recursos para fomentar liderazgos femeninos también hizo obligatoria la paridad (50-50) en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales, una combinación que pretende incrementar el número de mujeres en cargos de decisión.  

En opinión de Marcela Torres Peimbert, senadora y titular de la Comisión de Promoción Política de la Mujer en el PAN, el éxito de ambas medidas normativas se puede medir revisando el número de mujeres que ganan elecciones.

Respecto a los recursos para la capacitación, la senadora explicó que de los 22 millones 783 mil 264 pesos que el PAN recibió en 2017, 15 millones se gastaron en un curso intensivo para 100 mujeres líderes del partido que participaron en una convocatoria pública y en un curso de selección para ser aceptadas.

Las elegidas tomaron cursos en instituciones académicas como el ITAM, Flacso y el CIDE y aprendieron cómo participar en elecciones, tuvieron conocimientos de Derechos electoral, oratoria y lenguaje incluyente, entre otras temáticas. El resto del recurso se utilizó para campañas a favor de la participación política e impresos como su Protocolo para investigar la violencia política de género al interior del partido.

Torres Peimbert consideró que la supervisión del INE ha sido puntual para que el PAN no use estos recursos para financiar campañas o proselitismo político y que las capacitaciones sean reales, incluso, dice, ahora tienen una fundación para la investigación y recopilación de la historia de las militantes panistas.

La legisladora aseguró que la capacitación logrará un desequilibrio de la lógica que indica que los hombres son los únicos que pueden participar en los procesos de selección. “Hay muchas mujeres ahora, alzando la mano, que no tienen la lógica de estos grupos (masculinos) de poder”.

Uno de los retos que quedan, expone la senadora, es que los partidos estatales también apliquen el tres por ciento pues agregó que las Secretarías de Promoción Política en los municipios y en los estados no cuentan con recursos etiquetados, algo importante considerando que en el nivel local se ha estancado la participación femenina.

Sin embargo, un estudio de ONU Mujeres sobre la paridad en el país, indica que de las 32 entidades federativas: 18 exigen a los partidos cumplir con tres por ciento para capacitación de mujeres, seis entidades obligan a ejercer cinco por ciento y cuatro entidades indican un dos por ciento.

Únicamente Yucatán aplica una fórmula distinta al establecer que del siete por ciento que los partidos están destinados a aplicar en actividades específicas un 25 por ciento es para liderazgo de las mujeres. Los estados de Baja California, Durango y Tlaxcala no han incluido en su legislación electoral un porcentaje para capacitación.

La titular de la Secretaría Nacional de Mujeres de Morena -partido creado en 2014 y que se ha convertido en una importante fuerza política- Carol Arriaga García, explicó que en 2017 su partido realizó varias actividades de capacitación y de difusión; sin embargo difiere de algunos criterios de la Unidad de Fiscalización del INE que limitan el trabajo de la Secretaría que encabeza.

Por ejemplo, explicó que el organismo electoral pide que promuevan información sobre violencia de género en el ámbito político pero para ella primero se debe hacer visible la violencia contra las mujeres. “Sí, es muy importante, pero cómo empoderar cuando tienes necesidades más apremiantes cuando son víctimas de violencia en su casa. Son cosas que también se tendrían que ir abordando”.

Arriaga García aseveró que cuando el partido entrega su plan de trabajo recibe observaciones del INE porque la unidad de género quiere abordar temas de Derechos Humanos de las mujeres en general y el organismo electoral les pide que los temas sean específicos en el terreno político-electoral, argumentando que para temas de sensibilización ya existen organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Habría que definir bien lo que van  a hacer las unidades de género de los partidos y los que va a hacer el Inmujeres, de cualquier forma creo que falta bastante y avanzar en el tema de capacitación no es sencillo”, señaló.

En su opinión, el tres por ciento debería enfocarse en los liderazgos políticos femeninos partidistas y no en mujeres en general pues, en su experiencia, el INE les impide capacitar solamente a las militantes. Aunque cabe decir que en el Reglamento de Fiscalización no hay ninguna prohibición al respecto.

Carol Arriaga consideró benéfico tener un presupuesto etiquetado para las mujeres pero advirtió que el siguiente paso es tener un monto etiquetado para la operación, es decir para que las militantes trabajen en territorio y ganen capital político porque desde su punto de vista para ganar un cargo hay que tener acercamiento con la población.

“Finalmente la  capacitación no te hace ganar una elección. Te ayuda, es un refuerzo, pero lo que más necesitas es vivir esa experiencia, y la experiencia se toma ejerciendo el poder, no solamente en las aulas”, dijo, al detallar que los gastos de operación permiten pagar otros rubros como viáticos o transporte, algo que no se puede hacer con el tres por ciento.

Sobre las reglas de la fiscalización de los recursos del tres por ciento, la morenista indicó que las normas se hicieron con buena intención pero los criterios no son adecuados porque aunque sean muy sofisticados, las cosas sólo salen bien si hay un cambio de mentalidad y si los organismos de mujeres de los partidos tienen independencia presupuestal, hecho que tampoco ocurre.

MÁS DINERO, MÁS LÍDERES

Una de las mujeres convencidas de que las medidas legales ayudan a que las mujeres avancen en la estructura partidaria es la actual dirigente de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis, quien se dice beneficiaria de la formación derivada del tres por ciento.

Indígena zapoteca, originaria del municipio de Juchitán, en el estado Oaxaca, desde el 9 de diciembre es parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, una agrupación que, asegura, impulsa el liderazgo político de las mujeres.

Aunque se puede cuestionar el éxito de la inversión en foros, encuentros, conferencias y materiales impresos, para la también activista oaxaqueña, estos encuentros y libros sirven para hablar de los derechos y las agendas pendientes pero también para que más mujeres desarrollen su liderazgo.

A una década de que comenzara la política de recursos etiquetados para que las militantes se formen, Rogelia González consideró que el ejercicio de estos recursos ha mejorado, más, considerando que en 2008 el PRD fue el único partido multado por no gastar esta partida.

Es necesario, detalló, seguir impulsando que se respete y que se incremente el presupuesto y recordó que en 2017 los recursos destinados a su partido se utilizaron para talleres y encuentros, y se editó el Protocolo para atender violencia política de género.

TRANSPARENCIA

El PRI cuenta con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) a cargo de la senadora Hilda Flores Escalera, a quien no fue posible localizar para consultar su opinión. Sin embargo al consultar la plataforma de transparencia del partido para 2017, se observó que el PRI realizó actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de las mujeres, de las cuales destaca una plataforma tecnológica para enseñar competencias políticas y de gestión municipal.

Otra parte de los recursos para capacitación de mujeres se gastó en cursos de aprendizaje en diferentes estados, dirigidos especialmente a mujeres jóvenes, adultas mayores, indígenas y con discapacidades; y en un seminario internacional para lideresas que se realizó en la Ciudad de México, el cual duró dos días y costó 3 millones de pesos.

En materia de investigaciones, el PRI imprimió manuales sobre el discurso político y uso de redes sociales con perspectiva de género, causas de la violencia política contra las mujeres, y un manual para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Pese a ello, académicas y activistas aseguran que falta un escrutinio puntual de estos montos para evitar que la norma sea burlada.

Lo anterior porque el 14 de diciembre de 2016 el INE revisó los informes de los partidos políticos sobre los recursos ejercidos en 2015 y acordó que en 2017 los partidos debían ejercer los que no gastaron en 2015; es decir, el subejercicio se compensaría dos años después, además de que en la fiscalización de 2016 el INE detectó que hubo partidos que entregaron modificaciones a su plan de trabajo sobre capacitación de mujeres de manera extemporánea u omitieron presentar los resultados, impacto y cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los proyectos en la materia. 

18/AGM/SG/LGL

Personas de la Academia, escritoras, periodistas, artistas y de la organización civil “Llegó la hora del florecimiento” denunciaron que la vocera y candidata del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), a la presidencia de la República María de Jesús Patricio Martínez, se ha enfrentado a una serie de “sabotajes” y obstáculos que impiden la recolección de firmas ciudadanas para respaldar su candidatura independiente a la Presidencia de México.

En un comunicado informaron que el 16 de octubre inició el periodo para que las y los candidatos independientes recaben más de 873 mil firmas del padrón electoral  (equivalentes al uno por ciento del mismo) como requisito para competir por la presidencia, sin embargo las personas que voluntariamente se han sumado para registrar a quienes simpatizan con Patricio Martínez han enfrentado bloqueos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las firmantes, entre las que se encuentra la antropóloga y especialista en historia de los pueblos indígenas de México, Sylvia Marcos, denunciaron que en la búsqueda de apoyo ciudadano durante los recorridos regiones indígenas de Chiapas, las líneas telefónicas y el acceso internet fue bloqueado en los municipios de Altamirano y Ocosingo donde los servicios suelen funcionar bien, lo que obstaculizó la recolección de firmas en esos lugares porque esta se realiza través de una aplicación digital que el INE creó.

Expresaron que la aplicación no funciona por periodos de hasta cinco horas y el registro de una sola firma puede tomar horas. Las y los firmantes calificaron el proceso de registro de “anticonstitucional, clasista y excluyente” pues, mencionaron, el requisito para que la gente apoye es que cuente con una credencial de elector vigente.

Respecto a la información que el INE ha brindado expusieron la falta de claridad en los requisitos para descargar la aplicación, pues esta no es compatible con varios teléfonos que el Instituto indicó como aptos. Además, cientos de auxiliares que se registraron desde el 16 de octubre para recolectar firmas siguen sin recibir la notificación.

Las y los firmantes entre los que se encuentran la economista y ex senadora mexicana, Rosa Albina Garavito Elías y el escritor Juan Villoro llamaron a “redoblar esfuerzos” y apoyar la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez.

17/MMAE/LGL

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género porque aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que les toca para garantizar la participación política de las mujeres.

A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que se consiguió el 17 de octubre de 1953, el consejero señaló que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de las barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural, integrarse a los órganos de representación política.

Durante su participación en el seminario “La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural”, que se realizó esta mañana en la antigua sede del Senado, el funcionario dijo que el bajo porcentaje de mujeres en puestos de decisión y poder no es por falta de interés o de capacidades, sino por las formas tradicionales de hacer política.

“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los órganos de representación política”, señaló.

La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México, dijo, es más grave todavía en el medio rural, aunque ello no significa que no hayamos avanzado en el objetivo de construir una nación igualitaria y una democracia paritaria, “sin duda hemos avanzado en ese sentido”, afirmó.

El consejero agregó que las reformas electorales desde 1953 hasta la de 2014 que legisló la paridad (50-50) han impulsado cambios institucionales para contribuir gradualmente a la igualdad del sufragio entre hombres y mujeres. “Han sido décadas en las cuales se han diseñado procesos que han eslabonado una gran cadena de confianza que ha contribuido a nuestra transición a la democracia”, dijo.

En el acto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos político- electorales de las mujeres, vistos no sólo como el derecho a votar, sino de mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones para que sean parte del proceso que lleva a transformar la realidad.

La magistrada presidenta del TEPJF indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, destacó que el proceso no está completo y prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales donde al parecer los derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente.

En este sentido, recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor frecuencia y medida por la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces.

Agregó que el Comité señala también que no debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. “Cuando todo ello se ignora, señala el propio Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda”.

Tomando en cuenta que a partir de la reforma de 2016 la Ley Agraria prevé que las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de un 60 por ciento del mismo sexo, destacó la presidenta, resultan aplicables los criterios que en materia de cuotas han establecido los órganos electorales.

17/AGM/LGL

La presidenta de la asociación civil Lexie, Guadalupe Díaz Pantoja, anunció que recurrirá al Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca (TEEO) y de ser necesario a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la negativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), de otorgar el registro al Partido de Mujeres Revolucionarias recién creado.

Díaz Pantoja, quien busca que la “AC” que encabeza obtenga el registro de Partido de Mujeres Revolucionarias, dijo que hubo una decisión política en la negativa del órgano electoral, sin embargo, afirmó que no tiene enemigos y descartó la intervención del ex gobernador, José Murat Casab y del actual Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.

Desconcertada por la determinación del IEEPCO, afirmó que cumplieron con los requisitos establecidos por la ley electoral que pide que Lexie tenga representatividad 380 municipios, sin embargo, cumplieron con ese requisito en 485. Lo mismo, cumplieron con las dos terceras partes de los distritos, con 17 asambleas distritales y una estatal, estatutos, plan de acción y declaración de principios de Mujeres Revolucionarias.

Sin embargo, criticó que a lo largo del procedimiento no tuvieron derecho de audiencia, solo un día antes de aprobarse el acuerdo adverso a Lexie, debido a que ya había vencido el plazo 15 días.

Al apersonarse en la sede del IEEPCO el consejero presidente, Gustavo Meixueiro Nájera, tuvo que escuchar a las militantes de esta agrupación política.

Díaz Pantoja, señaló que está consciente que luchan contra corriente y enfrentado lo que llamó “mafias políticas” que las tumban y no dejan pasar a las mujeres.

No obstante, adelantó que si el TEEO les niega el registro, recurrirán a la Sala Superior del TEPJF y aún cuando se les cierren todos los medios, estarán participando activamente en las elecciones del 2018, como Lexie o Partido de Mujeres Revolucionarias. “Tenemos presencia en los 25 distritos electorales, pese a que nos han atacado”, asentó.

Díaz Pantoja afirmó que cumplieron con los requisitos establecidos por la ley pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) omitió cotejar las afiliaciones, violando el derecho a la libre asociación. “Nos quitaron 1 mil 400 afiliaciones, pero en la última etapa subsanamos con 970 afiliaciones y no las tomaron en cuenta y dolosamente, justifica que no cumplimos”, dijo.

Reiteró que no tiene enemigos políticos, sin embargo, una actora del distrito de Tlacolula, le busca poner el pie, así como otros actores de quienes evitó dar su nombre. “Pero yo no tengo ningún problema con el Gobernador, ni con su padre”, asentó.

17/JG

El pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), negó el registro a la asociación civil Lexie, que encabeza Guadalupe Díaz Pantoja, argumentando que habría incumplido requisitos establecidos en la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPPEO).

En la sesión, el Consejero Presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, justificó la negativa al asegurar que la asociación civil de Díaz Pantoja incumplió y no subsanó observaciones que se le habían presentado.

Entre reclamos y aclaraciones de integrantes de Lexie, presentes en el salón de sesiones, aseguró que la ley que regula los partidos está basada en la LEGIPPE y los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral, así como el IEEPCO, en el cual se establecieron los procedimientos y etapas que normarían la creación de partidos.

Meixueiro Nájera refirió que las organizaciones debieron realizar 19 asambleas distritales con la presencia de al menos 0.26 por ciento de sus afiliados por cada distrito.

Asimismo acreditó contar con 20 mil 918 afiliadas y afiliados a nivel estatal, número superior al 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la última elección ordinaria, ambos datos verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

También acreditar la dispersión de su militancia en cuando menos dos terceras partes de los municipios que componen el estado, en total en 406 de los 570 y una asamblea estatal con una asistencia de 70 delegados con derecho a voto en representación de 19 distritos electorales locales.

Además, acreditar la constitucionalidad de sus documentos básicos compuestos por su Declaración de Principios, Programa de Acción y sus Estatutos.

Sin embargo, el titular del IEEPCO aseguró que “LEXIE A.C.”, bajo la denominación de Partido de Mujeres Revolucionarias, incumplió con todos los requisitos previstos por el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos para la conformación de una organización como partido político local.

Reportó que la organización incumplió con el requisito de contar con afiliados en cuando menos dos terceras partes de los municipios que componen el estado,  es decir en cuando menos 380 municipios

La organización solo comprobó contar con afiliadas y afiliados válidos en 285 municipios, esta información fue verificada por el INE.

Por otra parte, al hacer un análisis de los documentos presentados por la organización, se estimó que su Programa de Acción y los Estatutos presentados solo cumplen parcialmente con lo establecido en la ley.

Meixueiro Nájera sostuvo que cumpliendo con los principios electorales se brindó información oportuna a todas las organizaciones solicitantes referentes a cada una de las etapas y los plazos para cumplir con la misma, de igual manera que se garantizó en todo momento el derecho de audiencia de las organizaciones.

A Guadalupe Díaz Pantoja un diario de circulación nacional la ligó con supuestas actividades ilícitas de su familia. Díaz Pantoja reviró en un video, aclarando que no tienen vínculos de ninguna índole delictiva, ni ella ni su familia.

17/JG/LGL

A cuatro días del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la reproducción de la discriminación y la violencia política de género.

Al participar en el primer encuentro regional para la sensibilización a medios de comunicación “Comunicar para la igualdad: Los medios como constructores de una cultura de la paz”, el consejero señaló que los medios de comunicación tienen un papel clave para erradicar la propaganda electoral discriminatoria y fomentar un voto informado.

Córdova dijo que los medios deben fomentar una concepción igualitaria de las personas y dejar de ser reproductores y creadores de estereotipos. “Estoy convencido que el fortalecimiento de la democracia requiere la adopción de estrategias que promuevan la inclusión, la libertad de expresión y que garanticen que las contiendas se desenvuelvan en un contexto de equidad”, dijo.

En materia electoral, recordó el funcionario, partidos políticos y legisladores han reconocido la influencia de los medios de comunicación y por ello en 2007-2008 se confeccionó un modelo de comunicación política que después de 10 años se ha consolidado como una herramienta para preservar la equidad en las contiendas. Asimismo el INE realiza un monitoreo para revisar que los partidos políticos incluyan un enfoque de género en sus promocionales.

“Es importante, en una sociedad democrática, más que controles, más que restricciones, más que normas que inhiban este tipo de conducta, una auditoría ciudadana; la participación ciudadana y el control y contextos de exigencia informales que desde la sociedad se generan, resulta indispensables para combatir este tipo de conductas”, agregó.

De acuerdo con Córdova, es indispensable que en el próximo proceso electoral, todos los actores involucrados y particularmente la ciudadanía y los medios de comunicación, avancen en términos culturales.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete, afirmó que la garantía de las mujeres a una vida libre de violencia implica necesariamente acciones desde los medios de comunicación para difundir medidas de prevención y contenidos que coadyuven a erradicarla, además de empoderar a las mujeres y las niñas.

En tanto la representante de ONU Mujeres México, Ana Güezme, enfatizó que el reto consiste en generar un cambio cultural. “México tiene excelentes leyes y programas, pero hay que trabajar en un cambio cultural y civilizatorio, para el cual los medios deben ser aliados”.

En el encuentro que se realizó este lunes y martes especialistas y representantes de los medios de información discuten el papel de los medios en la promoción de una cultura de equidad, entre ellos, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Amadeo Díaz Moguel; y el subdirector general de Comunicación e Información en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Frank La Rue.

17/AGM/LGL

La Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría calificada y con la oposición del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las dos consejeras y un consejero elegidas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
 
Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes se integrarán al Consejo General del INE por 9 años y participarán en la organización de la elección presidencial de 2018, la de  2024 y los comicios intermedios.
 
Con esta decisión, se incumplió la demanda que hicieron el 28 de marzo pasado, diputadas del  Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para que los tres puestos fueran ocupados por mujeres. Una demanda que se expresó también en una petición de change.org, para aprovechar “una oportunidad histórica y necesaria para que los hombres se comprometan con las mujeres” indicó  entonces la diputada del partido MC, Candelaria Ochoa.
 
Las dos consejeras y el consejero designados sustituyen a los consejeros Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo quienes dejarán el cargo el 4 de abril.
 
Morena votó en contra, por considerar que no son personas idóneas y había otras aspirantes que lograron mayor puntaje en su evaluación, explicó la coordinadora parlamentaria de ese partido, Rocío Nahle. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN
 
Desde el 28 de febrero y hasta el 3 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación instalado para organizar el proceso de selección recibió a 151 aspirantes, de los cuales 44 eran mujeres; de ese número ocho llegaron a la etapa final de 15 seleccionados.
 
Los aspirantes fueron integrados en tres quintetas, de las que se elegirá a uno. En la primera participaban Dania Paola Ravel Cuevas y Diana Talavera Flores. Ambas se desempañaron como consejeras en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
 
En la segunda lista estaban Carla Astrid Humphrey Jordán, ex consejera electoral en la Ciudad de México y ex asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; si como María Dolores López Loza quien fuera integrante del Instituto Electoral de Guanajuato.
 
La tercera quinteta se integró con Elizabeth Bautista Velasco, quien fue consejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; Rosa María Cano Melgoza, quien fungió como directora Jurídica en el extinto Instituto Federal Electoral; y Beatriz Claudia Zavala Pérez, también ex consejera del IEDF.
 
Previo a conocer las tres propuestas finalistas, diputadas y activistas pidieron que la Jucopo de la Cámara baja eligiera a tres mujeres, para ser avaladas en votación por el pleno de diputados,  con el fin de que Consejo General del INE –integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales– se conformara de manera paritaria por cinco mujeres y seis hombres.
 
Con la salida de los tres integrantes que terminan su periodo, en el INE, quedan seis hombres: Lorenzo Córdova Vianello, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández y José Roberto Ruiz Saldaña; y dos mujeres: Pamela San Martín Ríos y Adriana M. Favela Herrera.
 
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PERDIDA
 
La propuesta del 28 de marzo de diputadas del PRI, PRD y MC fue apoyada también por Martha Tagle, quien fuera senadora y actual integrante de la Red Mujeres en Plural; por la diputada perredista y presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras; por el colectivo Las Constituyentes y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
 
Ese mismo día, 28 de marzo, el diputado y vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que la equidad de género “se volvió un problema” porque la Constitución prevé un procedimiento que no permite incluir este criterio en la integración del INE.
 
“Sin embargo, creo que los grupos parlamentarios estamos procurando privilegiar las opciones de mujeres que tenemos, ojalá esto termine dando resultados, pero no se puede establecer como un principio, ya que no lo establece la Constitución como un requisito”, afirmó.
 
Además, en la plataforma change.org se difundió una petición dirigida a la Cámara de Diputados que exigía más mujeres como consejeras electorales y en la que se dice que “los lineamientos internos del INE establecen un compromiso con acciones que privilegien la sana, justa y equitativa del Consejo General que hasta el momento no se han cumplido”.
 
El 30 de marzo, fecha límite para la votación de la lista de 15 aspirantes y para la presentación de la terna ante el pleno, se decidió que serían dos mujeres y un hombre, con lo cual no se  logró, en un esfuerzo por alcanzar la  paridad, que fueran  tres las consejeras que se integraran al INE.
 
 
17/AGM/GG

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
17/AGM/GG

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca rechazó la violencia política contra la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López.
 
El organismo difundió un comunicado donde rechazó la violencia contra ambas mujeres que fueron electas en los comicios de junio de 2016 para ocupar cargos de elección popular y que hoy enfrentan obstáculos y amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos político-electorales.
 
La Junta Local Ejecutiva del INE recordó que este 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Oaxaca por los casos de San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional, a fin de brindar medidas para que las funcionarias ejercieran sus cargos.
 
Sin embargo, la síndica Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes, 24 horas después de haber tomado protesta en el cargo el 1 de enero.
 
Este sentido, y en el marco de las atribuciones que derivan del Protocolo para Atender la Violencia Política contra Mujeres, elaborado a nivel federal por autoridades electorales en marzo de 2016, el INE ofreció a las ciudadanas afectadas todo el respaldo institucional, acompañamiento y asesoría jurídica para la salvaguarda de sus derechos políticos.
 
Asimismo, el INE reconoció los esfuerzos de las organizaciones sociales que denunciaron públicamente estos actos de violencia política y dijo que “sólo mediante la conjunción de ciudadanía y autoridades será posible prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que tanto daño hace a nuestra democracia”.
 
Finalmente, este organismo exhortó a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) y a los Tribunales Electorales, a brindar una atención integral y expedita a estos casos.
 
17/AGM/KVR