Invisibiliza Tercer Informe situación de mujeres migrantes
Migración
Abundan en documento datos “no disponibles”
Invisibiliza Tercer Informe situación de mujeres migrantes
En su informe de resultados por su tercer año de gestiones, Enrique Peña Nieto no destacó avances en atención a la población migrante centroamericana, y reportó como “no disponible” información sobre personas migrantes retornadas a México.
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno que el titular del Ejecutivo federal presentó este 1 de septiembre al Congreso de la Unión, todas las acciones que desarrolló desde 2014 para salvaguardar los Derechos Humanos (DH) de la población migrante se basan en los indicadores del Programa Especial de Migración (PEM).
Si bien este programa federal –en el que participaron activistas y especialistas en su elaboración– se presentó el 30 de abril de 2014 como la única política migratoria con enfoque de DH y género, la Cámara de Diputados no le asignó para 2015 presupuesto para su ejecución y se dejó a la discrecionalidad de las dependencias involucradas los montos destinados, para la atención de la población migrante.
Además, en una solicitud de información que esta agencia realizó a la Secretaría de Gobernación (Segob) –que coordina el PEM y presentó en abril de 2015 un informe de resultados– respondió que desconocía el gasto ejercido, así como las acciones de cada instancia de gobierno para cumplir los objetivos del programa.
De acuerdo con el Informe de Gobierno, como parte del fomento de una cultura de la legalidad, DH y valoración de la migración, no está disponible el porcentaje de “percepción positiva de la población mexicana sobre las personas (extranjeras)”.
En 2014, en ese mismo indicador se reportó que el dato “no aplica”, y las estimaciones de años anteriores registraron una percepción de 61.5 por ciento –sin variación en 2011, 2012 y 2013–, aunque la meta para 2018 es aumentar la “percepción positiva” a 73.2 por ciento.
Otros indicadores que el Tercer Informe reportó como “no disponibles” fueron el “porcentaje de personas migrantes de retorno que cuentan con un micronegocio en México y accedieron a financiamiento para establecerlo”, así como el “porcentaje de migrantes mexicanos que destinan las remesas hacia la inversión productiva”.
Igualmente, el “índice de integración de la población migrante en México”, y “personas migrantes centroamericanas que enfrentaron riesgos durante su tránsito por México y recibieron orientación o asistencia de los Grupos Betas (personal especializado del Instituto Nacional de Migración)”.
Si bien el PEM cuenta con cientos de líneas de acción para atender de manera integral a la población migrante en tránsito irregular –en especial mujeres y grupos vulnerables–, ninguna de estas estrategias se reportó en el Tercer Informe, así como tampoco se dijo cuántas personas migrantes víctimas de delitos recibieron atención integral.
De la poca información que brindó Peña Nieto se observó que el porcentaje de personas migrantes de retorno a México que obtuvieron un empleo y cuentan con servicios de salud disminuyó en 2015 en comparación con 2014; es decir, si el año anterior se cubrió en atención médica a 12 por ciento de esta población, en 2015 la cifra bajó a 9.9 por ciento.
Diversos grupos civiles, como Sin Fronteras y otras redes de refugios en las fronteras sur y norte del país, han reportado que en lo que va de 2015 ha aumentado el número de detenciones de personas centroamericanas en estaciones migratorias, así como los delitos en contra de esta población.
La prensa local también ha reportado que cientos de personas migrantes –entre ellos mujeres embarazadas– son “rescatadas” (con despliegues policiacos y militares) del control de grupos de la delincuencia organizada en la frontera norte; pero en lugar de brindarles la atención inmediata que requieren como víctimas de delitos, son deportadas a sus países de origen.
En el caso de las niñas y mujeres migrantes, ellas son extorsionadas, víctimas de trata de personas, violencia sexual, desaparición y hasta feminicidio en la frontera sur del país, según han denunciado grupos defensores de esta población.
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