Pormenores de las agendas para 2012

Revisando las agendas para 2012 posiblemente se pueden encontrar coincidencias y similitudes en los escenarios y en la definición del qué hacer, pero no del cómo hacer, mucho menos en la inclusión de los temas de género, justo esto es lo que hace la diferencia entre los partidos políticos y sus plataformas.

En principio se puede estar de acuerdo en la necesidad de romper la inercia del estancamiento económico, crecer con desarrollo, empleos dignos, bienestar social con atención a salud y educación; acabar con el grave problema de violencia social y contar con seguridad ciudadana.

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Pero el desarrollo está en las diferencias, diferencias en la definición de la estrategia para lograrlo, así como en los escenarios que se perfilen y a los actores que se incluyan.

Bastaría y sobraría la mención del volumen de mujeres que forman parte de los jóvenes que no tienen acceso a la educación y al trabajo ?7 de cada 10?, para que grupos de opinión y cada uno de los partidos políticos mantuvieran como prioritario el tema de género y su agenda correspondiente, sin embargo no es así.

Es el caso de "La agenda para México, 2012", de Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Se reconoce que la falta de desarrollo económico ha tenido terribles consecuencias para los millones de jóvenes que forman parte del bono demográfico, pero en las propuestas no se incluye a las mujeres, no se contempla la perspectiva de género.

Los escenarios son ciertos, tal como lo señalan los autores, se requieren decisiones difíciles en las materias laboral, fiscal, energética, educativa, de seguridad social, seguridad pública y de procuración de justicia; los pormenores de cómo lograr resultados hacen la diferencia, con el inconveniente de que en todos los casos es indispensable pensar en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Suena muy bien lo del "derecho universal a la salud", pero sin necesidad de desmantelar la poca o mucha seguridad social que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE.

El diagnóstico es correcto: hoy prácticamente tres cuartas partes de la población del país no tienen acceso a la seguridad social y la salud no está cubierta con el empleo gracias a la informalidad, y en efecto, cualquier ciudadana por el simple hecho de serlo debe tener derecho a la salud.

Para lograrlo es indispensable fortalecer las actuales instituciones públicas de salud y generar empleos dignos.

La propuesta de crear un nuevo impuesto destinado a la salud, que adicionalmente permita romper el círculo de la informalidad al abaratarle a los empleadores los costos laborales, sería viable si se contará con mejores salarios reales y sin empresas formales con altos niveles de subcontratación, como los que existen actualmente.

Jornada completa escolar y una computadora para cada niño también son indispensables; difícilmente las mujeres podrían estar en desacuerdo.

De nuevo el punto en cuestión es ¿quiénes están en condiciones económicas de pagar nuevos impuestos que se crearían para estos efectos? ¿Y cuál es el nivel de confianza de la ciudadanía respecto al tema de recaudación de ingresos y aplicación del gasto? ¿Cómo crear una confianza ciudadana en medio de tanto descrédito de partidos políticos y funcionarios públicos corruptos?

Hasta ahora las políticas públicas, en especial la política social, se han limitado a asistir de manera ex post a los damnificados del neoliberalismo, lo mejor sería empoderarlos ex ante, otorgando derechos económicos, sociales y políticos para las mujeres.

Se podría decir que la garantía de los derechos sociales es un requisito previo de la democracia, porque si no se satisfacen una serie de necesidades fundamentales, difícilmente estaremos en condiciones de asegurar una democracia real y no únicamente formal (José Luis Reyes Pérez, "La renta básica y la democracia del siglo XXI").

ramona_melendez@yahoo.com.mx

Twitter: @ramonaponce

*Economista especializada en temas de género.

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