Separadas de sus familias 1.6 millones de personas en EU

Human Rights Watch (HRW) informó que, con base en una investigación exhaustiva realizada en Estados Unidos, cerca de 1.6 millones de adultos, niñas y niños, incluyendo ciudadanos estadounidenses, han sido separados de sus cónyuges y padres por causa de la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, aunque sea un delito menor. Eso incluye también a ciudadanos estadounidenses y residente permanentes legales.


Esto ocurre por los cambios que hicieron en 1996 a las leyes migratorias de Estados Unidos, que incluyen "duras e inflexibles políticas de deportación".


En el informe Forced Apart: Families Separated an Immigration Harmed by US Deportation Policy, se advierte que migrantes documentados que durante décadas han vivido con sus familias en el país están siendo sumariamente deportados si se les ha hallado culpables de un crimen, incluso un delito menor.


"Las leyes no sólo son crueles en su rigidez, sino también insensatas", dijo Alison Parker, investigadora principal del Programa de Estados Unidos de HRW y autora del informe.


"¿Cómo se le explica a una niña que su padre fue enviado a miles de kilómetros lejos de ella y nunca podrá volver a casa simplemente por haber falsificado un cheque?"


Del total de deportados en el marco de esa ley, las cifras proporcionadas por HRW son de casi medio millón de personas compelidas a abandonar el país desde 1996 por delitos no violentos, contra poco más de 140 mil que fueron deportadas por delitos violentos.


La investigadora explica que 93 por ciento de los deportados vuelven a países de América del Norte, América Central y el Caribe, siendo México el que mayor número de personas recibe por esta causa, seguido por Republica Dominicana, El Salvador, Honduras, Colombia, Jamaica, Guatemala, Canadá, Haití, y Brasil en América del Sur.


SIN CONCESIONES


Antes de 1997, a inmigrantes que habían cometido un crimen se les permitía comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas.


Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadounidense o la posibilidad de sufrir persecución si los retornaban a su país de origen.


La deportación ocurre después de que la persona no ciudadana ha cumplido el plazo de la sentencia impuesta para el crimen.


El informe, de 88 páginas, indica que en el año fiscal 2005, y con datos divulgados por la Oficina de Inmigración y Aduanas de finales del 2006, el 64 por ciento de inmigrantes fueron deportados por delitos no violentos, incluyendo robo no violento; el 20.9 por ciento, debido a delitos que involucran violencia contra personas, y el 14.7 por ciento a causa de "otros" crímenes no especificados.


Así, contrario a lo que comúnmente se piensa, las políticas de Estados Unidos sobre deportación no ponen en la mira solo a inmigrantes indocumentados, también se aplican a residentes permanentes, portadores de la "green card" o tarjeta verde, que han vivido por largo tiempo en el país.


Lo más trágico, dice HRW, es que se obliga a las niñas, niños y cónyuges que tienen ciudadanía estadounidense y que son residentes permanentes documentados, a enfrentarse a la vida sin sus padres, madres, hijas, hijos, esposos y esposas.


El estudio añade que si bien la deportación es una parte necesaria en la aplicación de las leyes inmigratorias de cada país, en los Estados Unidos el poder de deportar debería ser regido por leyes justas, diseñadas para proteger intereses nacionales legítimos.


Puede ser razonable, por ejemplo, deportar a una persona que llegó por primera vez a Estados Unidos y se ha involucrado en crímenes terribles después de haber cumplido su sentencia.


No obstante, numerosos inmigrantes que están siendo deportados desde este país distan mucho de ser los peores y más violentos criminales.


Personas no ciudadanas han sido obligadas al exilio permanente apenas por el delito de robar artículos en una tienda, por recibir propiedad robada o poseer pequeñas cantidades de narcóticos.


Indica además que el derecho humanitario debe de tener un enfoque equilibrado. Y para ello, menciona la declaración que George Bush hizo el 9 de abril del presente año: "los valores familiares no se detienen en el Río Grande".


07/LPB/GG