Argentina: pese a prohibición, 600 mil abortos clandestinos

La discusión por el aborto se reabrió una vez más en Argentina al conocerse que una adolescente de 17 años quedó embarazada por violación y pidió permiso para realizar esta práctica penada por ley y primera causa de muerte materna en el país, informa el Especial Mujeres del Tercer Milenio, de Prensa Latina.


La joven, conocida sólo como N, solicitó la autorización después que un centro de salud de la norteña ciudad de Jujuy se negara a practicarlo. Por este caso emergió una movilización solidaria de las y los vecinos de la localidad de San Pedro, quienes también hicieron una colecta para ayudarla en el pago de la atención médica.


Según apreciaciones del Ministerio de Salud, pese a la prohibición legal, ocurren cada año en esta nación trasandina unos 600 mil abortos clandestinos, un guarismo (cifra) similar a la cantidad de nacimientos.


El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos revela que el 37 por ciento de los embarazos termina en aborto, y de ese total 15 por ciento corresponde a adolescentes menores de 20 años.


En Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado, de acuerdo con las fuentes.


Trascendió que en mayo pasado falleció en la provincia de Santa Fe la joven analfabeta Ana María Acevedo, de 20 años, madre de tres niños, que padecía un sarcoma de maxilar. La muchacha quedó embarazada y la clínica rechazó prestarle el método con radiaciones para no poner en riesgo al feto.


Ante esta situación, se solicitó entonces un aborto, pero las autoridades médicas del centro asistencial se negaron.


Murió la mujer y también el recién nacido, y un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto repudió el suceso al argumentar que es necesario terminar con la impunidad para quienes no cumplen con su misión de salvar vidas. Ponen por delante sus creencias personales y terminan haciendo abandono de personas, puntualizó el mensaje.


La Campaña se inició hace tres años y cuenta también con la adhesión de juristas, intelectuales y artistas como el reconocido bailarín Julio Bocca.


El pasado año también repercutieron los casos de dos jóvenes discapacitadas, una de ellas menor de edad, que fueron violadas y quedaron embarazadas. Los médicos rehusaron practicar los abortos y se requirió la justicia para el permiso.


OPOSICIÓN DE LA IGLESIA


Bajo la consigna de que la maternidad debe ser una elección, no un mandato, numerosas organizaciones femeninas y cívicas pidieron a fines de mayo al Congreso la despenalización del aborto, un reclamo que enfrenta la oposición de la Iglesia Católica.


Delegados de unos 250 organismos de derechos humanos, femeninos y sociales entregaron un proyecto consensuado entre esas organizaciones y contó con el apoyo de algunos legisladores del gubernamental Frente para la Victoria.


Los dos primeros artículos de la iniciativa establecen que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación.


De igual forma, toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.


Los reclamantes argumentan que la clandestinidad del aborto limita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y atenta contra los derechos humanos, de manera íntegra.


La ley que rige actualmente al respecto sanciona con penas de tres a 10 años de prisión a quien practicara un aborto sin el consentimiento de la mujer. Si hay anuencia, la pena será de uno a cuatro. No será castigado el aborto practicado por un médico, con beneplácito, si el embarazo pusiera en peligro la vida o la salud de la mujer.


Tampoco es punible la práctica que interrumpa el embarazo por una violación o atentado al pudor de una mujer demente.


Con la máxima que debe defenderse la vida desde el momento de la concepción, la Iglesia Católica se opuso a reclamos de mujeres que solicitaron a la justicia ser autorizadas a abortar tras enfrentar violaciones.


EL OBISPO MILITAR


Hace tres años, el gobierno mantuvo una dura polémica con la Iglesia después que el entonces obispo militar, Antonio Baseotto, afirmara que había que tirar al mar con una piedra al cuello al ministro de Salud, Ginés González García, por pronunciarse a favor de la despenalización del aborto y el uso de preservativos.


En ese sentido, la Conferencia Episcopal Argentina reiteró que nunca el aborto es una solución y el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva.


González sigue siendo el blanco del sector religioso y una de sus consignas de la campaña reclama educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.


Al respecto, la estudiante universitaria Camila Zurbriggen declaró a Prensa Latina que las protagonistas somos las mujeres y cada vez más queremos también defender y decidir nuestros propios destinos.


Resulta incongruente e ilógico, agregó, que una joven de 15 años, por ejemplo, que haya sido violada, tenga el bebé de manera involuntaria y más aún sin estar preparada para la vida.


Además, generalmente estos casos ocurren con mayor frecuencia en los sectores de menos ingresos, en los cuales la adolescente interrumpe sus estudios, si los hace, y ese recién nacido empieza a deambular por manos ajenas a los de su progenitora.


En fin, la sociedad argentina no ayuda en nada, ni con mínimos recursos, a esa joven violada y ella junto a su bebé, cuando nace, empiezan a morir los dos casi en vida, sentenció Zurbriggen, concluye el especial Mujeres del Tercer Milenio, de Prensa Latina.


07/GG