Baja California: intento legislativo para vedar derechos SyR de mujeres

El 31 de julio de1999, en Mexicali, capital del estado de Baja California (BC) en la República Mexicana, una niña de 13 años fue violada por un sujeto que entró a su hogar para robar su vivienda.

Como consecuencia de ese acto, la menor de edad, Paulina quedó embarazada, por lo que su madre solicitó el 3 de septiembre del mismo año la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, tal como lo estipula la legislación estatal.

Aunque la petición fue remitida a los servicios de Salud de la entidad, gobernada entonces por una administración panista, ésta no prosperó por la negativa de los médicos a prestarle el servicio.

A ello se sumó la injerencia de grupos conservadores Provida, que recurrieron a todo tipo de "tretas" para disuadir a Paulina y a su madre de ejercer su derecho al aborto legal por violación. Hasta un sacerdote fue a verlas para convencerlas de que la niña no accediera a su derecho al aborto.

El 29 de octubre de 1999 venció el término de 90 días de gestación que establece el Artículo 136 del Código Penal estatal para practicar un aborto legal por violación sin riesgo y Paulina no pudo acceder a un derecho que le correspondía.

El 13 de abril de 2000, nació su hijo, a quien llamó Isaac de Jesús.

NUEVE AÑOS DESPUÉS...

Nueve años después del hecho, que por su magnitud se convirtió en el caso más emblemático de violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, BC se pone nuevamente en el ojo del huracán al pretender negarle a las mujeres el derecho a una ILE incluyendo la violación, tal y como ocurre ya en Nicaragua.

Desde 1998, el Congreso estatal ha intentado fallidamente reformar la Constitución política local para otorgar figura jurídica al embrión y prohibir el aborto en todas las causales.

Actualmente el Artículo 136 del Código Penal de la entidad no sanciona el aborto por tres causales: culposo, producto de una violación o inseminación artificial y terapéutico.

La semana pasada, diputados estatales encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron otra iniciativa en el Congreso para penalizar el aborto en todas sus causales, incluida la violación.

La iniciativa se da en el marco de la discusión que hay en el Distrito Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República de la ley que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación en el DF.

En entrevista con Cimacnoticias, Brenda Rodríguez Ramírez, abogada de enlace interinstitucional del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó que para que esta iniciativa sea aprobada se necesitan dos terceras partes de la votación del Congreso estatal.

De ahí, tendría que irse a los cinco ayuntamientos de BC, quienes tienen un plazo de 30 días para pronunciarse a favor o en contra. De no responder, dijo, la propuesta sería admitida.

No obstante, Rodríguez Ramírez dijo que la iniciativa fue regresada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ya que el día en que sería votada en pleno, se determinó que tenía "incongruencias" en sus artículos transitorios.

Uno de ellos señala que con la entrada en vigor de la reforma, se derogarían todas las disposiciones de las legislaciones secundarias y, de acuerdo a la abogada, no se puede derogar en un transitorio un Artículo del Código Penal.

VIOLACIÓN DE ACUERDO

Dijo que de ser aprobada la iniciativa, el Estado mexicano y el Gobierno de BC en particular, estarían violando el acuerdo de solución amistosa que ambos signaron en marzo de 2006 con relación al caso Paulina, que consiste en la reparación del daño a Paulina y su hijo, el reconocimiento público de las autoridades de haber violado los derechos humanos de la menor de edad y medidas de no repetición de los hechos.

Como parte de este acuerdo, el ejecutivo local, encabezado por el panista Eugenio Elorduy Walther presentó una iniciativa para reglamentar el acceso al aborto legal por violación en la entidad, misma que se encuentra "congelada" en el Congreso.

VIDA Y PERSONA

Pero para Brenda Rodríguez Ramírez, la SCJN será quien decida si reconoce la figura jurídica del embrión --argumento defendido por los grupos de derecha-- declarando la inconstitucionalidad de la legislación vigente en el Distrito Federal, o el derecho de las mujeres a su autonomía reproductiva, con lo que se daría la constitucionalidad.

En este sentido, la consultora en temas de género y ex directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Gabriela Delgado Ballesteros, puntualizó durante su participación en la sexta y última audiencia a las que convocó la SCJN para escuchar las posturas en pro y en contra de la ILE, que no existe acuerdo en cuanto a lo que se entiende por "vida" y por persona.

Ballesteros, señaló que la existencia legal de una persona está determinada por su acta de nacimiento que se otorga al presentarla viva en el registro civil y porque se le pueden atribuir "propiedades corpóreas como estados de conciencia".

"El embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona, porque carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero".

La feminista sostuvo que esta polémica de dotar al embrión de una figura jurídica es añeja y no se ha llegado a ningún avance en los razonamientos sino contrariamente, señaló "la Iglesia católica antes del Apostolicae Sedis de Pio IX, pronunciado en 1869, planteaba que el feto se convertía en un ser con alma hasta después de 40 días de la concepción, si era hombre, y 90 si era mujer".

En ese sentido, dijo, interrumpir un embarazo antes de ese período no implicaba eliminar una vida humana como plantea en este momento la misma Iglesia.

MÁS RETROCESOS QUE AVANCES

Pese a las recomendaciones de organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la CIDH, entre otros, en materia de aborto, poco se ha hecho para modificar los Códigos penales y civiles estatales en la materia.

El logro más reciente y vanguardista fue la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta antes de las 12 semanas de gestación, aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril de 2007.

Actualmente en las 32 entidades de la República Mexicana se permite el aborto por violación. Treinta estados permiten el aborto imprudencial y veintinueve cuando la vida de la mujer está en riesgo producto del embarazo, de acuerdo con información de GIRE. En Yucatán, también se permite el aborto por causas económicas.

08/LGL/GG/CV