Las y los médicos en Nicaragua: la cárcel o la vida de una niña gestante

Tiene 12 años de edad y es sobreviviente de violación e incesto. Gracias a la rápida movilización de organizaciones médicas y defensoras de los derechos humanos, logró rebasar las complicaciones de un embarazo que arrastró por 24 semanas.

Marianita, como la bautizó el periodismo, presentaba desnutrición, neumonía, cardiopatía y alta presión sanguínea.

Ante el peligro de un desenlace fatal, y de acuerdo con normas médicas establecidas para la interrupción del embarazo, médicos del hospital ginecológico nacional recomendaron interrumpir la gestación, pero el personal del nosocomio de la mujer vaciló por dos días debido a que, en el 2007, los diputados penalizaron el aborto terapéutico.

En Nicaragua, los médicos y médicas están con las manos atadas ya que, de acuerdo con el Código Penal, si interrumpen la gestación tendrían que pagar penas de cinco a 10 años de prisión y la suspensión de su licencia.

Sin confirmación oficial, se conoció en los medios locales que a la niña, quien permaneció en cuidados intensivos con pronóstico reservado por dos días, finalmente le fue practicada una cesárea. El producto no sobrevivió, pero la menor se encuentra estable.

La muchacha proviene de una alejada zona en el Atlántico del país, y ha caído en situación de abandono ya que la madre y resto de familiares la acusan de la muerte del padre biológico, quien cometió suicidio al conocerse que había sido el autor de la violación y embarazo.

Diversas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos y la vida de las mujeres y niñas se manifestaron a favor de salvar la vida de la menor de edad, apelando al derecho a la vida establecido en la Constitución de la República.

El Movimiento feminista, en un comunicado, responsabilizó al Gobierno por la vida de Marianita, remarcando con indignación que la demanda por la restitución del aborto terapéutico no es retórica.

La vocera de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Fátima Millón, acusó al Estado nicaragüense de victimizar a Marianita al negarle el derecho a la vida. Si a esa niña no se le interrumpe el embarazo corre riesgo de morir, porque se le ha complicado su salud, y lo que le pase sería responsabilidad de este Gobierno y los anteriores, dijo Millón.

La Procuradora de la Niñez, Norma Moreno, abogó por hacer prevalecer el derecho a la vida de la niña establecido en la Constitución, mientras el doctor Óscar Flores, asesor de la Sociedad de Medicina y Obstetricia, lamentó que sus colegas del Hospital de la Mujer estén enfrentados entre el juramento médico de salvar la vida y las restricciones impuestas por el Código Penal.

Al realizar gestiones ante las autoridades hospitalarias, Martha María Blandón, del Movimiento Feminista, indicó que lo ideal es que las instituciones responsables del Estado, en coordinación con las organizaciones a favor de la niñez y adolescencia, realicen sus buenos oficios en función del bienestar superior de la niña.

08/ST/GG