Feministas de AL emiten declaratoria contra Gobierno de Daniel Ortega

Ante las amenazas, persecución y represión en contra de líderes feministas y del Movimiento Autónomo de Mujeres por parte del Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega, más de 53 redes y organizaciones de America Latina y el Caribe condenaron la autoritaria y fundamentalista posición del gobierno nicaragüense, quien ha provocado un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, en especial los de las mujeres.

Así lo dieron a conocer mediante un documento distribuido por el movimiento feminista de México titulado: "Declaratoria de Gobierno Infame en Nicaragua", el cual será entregado a la embajada de ese país en el marco del inicio de la XVIII Cumbre Iberoamericana, a realizarse en El Salvador, el próximo miércoles, donde acudirán 22 países de Iberoamérica para buscar alternativas a los complejos problemas que aquejan a la región y que restringen los derechos y el desarrollo de las y los jóvenes.

Feministas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y México reunirán sus voces para pronunciarse en contra de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua que viola derechos fundamentales y afecta de manera particular a las jóvenes, así como en contra de la persecución política de feministas nicaragüenses que han protestado por esta situación.

Las organizaciones feministas nicaragüenses comprometidas históricamente con los derechos de las mujeres, emprendieron acciones de denuncia a nivel nacional e internacional y se sumaron instancias de derechos humanos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

LA DECLARATORIA

La Declaratoria, que incluye más de 53 firmas de organizaciones sociales de AL y el Caribe, realiza un llamado a las feministas del mundo y a las y los defensores de los derechos humanos y a la izquierda Latinoamericana para no tolerar la campaña de difamación y exigir un alto a la persecución política del gobierno de Ortega en contra de feministas, poetas, intelectuales, periodistas, líderes de la sociedad civil y a todas y todos los nicaragüenses que sueñan con la democracia y la libertad de decidir sobre sus cuerpos.

La Declaratoria hace también un llamado a las y los nicaragüenses a reconocer que la política y acción feminista han contribuido a democratizar y mejorar la calidad de vida de las sociedades a la par de significar avances para las mujeres, además de declarar non grata la pareja presidencial Ortega-Murillo.

Recuerda el documento de la Declaratoria que a partir de 1998 la sociedad nicaragüense fue sacudida al revelarse la violación de Ortega en contra de su hija adoptiva Zoilamérica Nárvaez, acto criminal que quedo impune.

Posteriormente, en octubre de 2006, Ortega, junto a los diputados de su partido, derogaron el aborto terapéutico y en noviembre de 2007 ratificaron la penalización del mismo, criminalizando así a toda mujer nicaragüense que tenga que recurrir a un aborto para salvar su vida.

Con esta medida el Estado contravino pactos y principios internacionales en la materia, que han llevado al 98 por ciento de los 193 países que conforman las Naciones Unidas a reconocer esta práctica médica.

Asimismo, llevó a que en Nicaragua el 19 por ciento de las muertes maternas fueran de mujeres menores de 20 años, y el aborto se convirtiera en la cuarta causa de muerte materna en este país.

El Gobierno de Ortega, manifiestan las organizaciones feministas, ha negociado la salud y la vida de las mujeres a cambio de obtener el respaldo de la jerarquía católica y los sectores más conservadores.

Pedirán las organizaciones feministas de El Salvador, Honduras, Costa Rica y México garantizar y detener toda acción jurídica que atente contra los derechos de las feministas que han luchado por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nicaragüenses, como Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Ana María Pizarro, Juana Jiménez y Sobeyda Obando.

Pedirán también respetar el derecho de asociación y libertad de expresión y detener las órdenes de allanamiento en contra del Centro de Investigación de la Comunicación, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Grupo Venancia, la Red de Mujeres Municipalistas, la Red de mujeres de Matagalpa, la Coordinadora Civil y la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto.

08/STP/VR/GG