En España, PSOE propone aprobar ley a plazos para ILE

Concluidas las intervenciones de especialistas en la subcomisión del Aborto del Congreso, si se cumplen los pronósticos del Gobierno, la nueva Ley verá la luz en el primer semestre de 2009. Las comparecencias no han aportado sorpresas: las y los expertos propuestos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han apostado por regular el derecho de las mujeres a decidir, mientras que por parte del Partido Popular (PP) se sigue identificando aborto con asesinato.

La subcomisión retomará su actividad en febrero y, tanto desde el Gobierno como desde el PSOE, afirman que lo más probable es que el resultado final sea una ley de plazos, tal y como ha afirmado en distintas ocasiones la secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Carmen Montón.

La ronda de intervenciones en la subcomisión la inauguró Justa Montero, de la Coordinadora Estatal de organizaciones Feministas, quien también asistió a la reunión que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, mantuvo en el mes de julio con una delegación formada por feministas, profesionales de la salud sexual y reproductiva y otros colectivos que reivindican la despenalización del aborto. Según Montero, en aquella cita obtuvieron el compromiso de aprobar una nueva ley pero no que estaría fuera del Código Penal.

LEY DE PLAZOS CON SUPUESTOS

Al cierre de las comparecencias, Carmen Montón aseguró que probablemente se aprobará una ley de plazos --similar a las de la mayoría de países europeos-- que además contemple supuestos con relación a la detección de graves malformaciones en el feto en un embarazo avanzado, es decir, fuera del plazo que se establezca en la ley para decidir. Añadió desconocer si para aprobar una ley así será preciso eliminar los artículos del Código Penal que convierten al aborto en delito.

Sobre este aspecto, la co-fundadora de la Comisión pro Derecho al Aborto del Movimiento Feminista, Empar Pineda, que también intervino en la subcomisión, señaló que "hay una contradicción", porque si se aprueba una ley de plazos --como ella misma defiende-- serían penalizadas todas las interrupciones del embarazo que se realicen con un periodo de gestación superior al fijado en la norma.

Asimismo, aseguró que algunas feministas temen que el Gobierno quiera aprobar una "ley de plazos encubierta" que añadiría un nuevo supuesto que contemplaría el aborto libre en unas semanas determinadas y eliminaría el de violación, pero subrayó que esta posibilidad es "un rumor".

Por su parte, la secretaria de políticas de Igualdad, Isabel Martínez, afirmó que "el planteamiento que tenemos sobre la mesa es una ley de plazos, que bajo un número determinado de semanas" reconozca el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad.

Respecto a la despenalización, Martínez declaró que no ha sido fácil convencer a las y los juristas, que lo consideran anticonstitucional, y que en el proceso se cuidará "que el gobierno no tenga ninguna duda de que es una ley plenamente constitucional y plenamente garantista con los derechos de las mujeres", que incluirá por primera vez los derechos en materia de educación sexual y reproductiva.

Por otro lado, la portavoz de la Plataforma por una Ley del Aborto (PLA), Beatriz Gimeno, también aseguró tener la impresión de que no va a haber despenalización, pero matizó que la PLA aceptaría una norma que "garantice la intimidad de las mujeres, que se pueda abortar dentro de la sanidad pública" y que contemple la igualdad territorial. "Pienso que saldrá una ley mejor", y si es así, "podríamos pedir después la despenalización total", agregó Gimeno.

LA VOZ DE LAS CLÍNICAS

Respecto a la intención del Gobierno de no despenalizar el aborto, la vicepresidenta de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), Francisca García, sostuvo que, "por lo que se intuye y se lee en la prensa", el Gobierno va a aprobar una ley de plazos "pero a nosotros en ningún momento nos dijeron que iba a seguir como está y en ningún momento hemos escuchado que vaya a haber un supuesto más".

Los planteamientos que han trasladado a la subcomisión los expertos propuestos por el PSOE abogan por una ley de plazos, y ACAI pidió al Parlamento que respete el manifiesto de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Anticoncepción (Fiapac) que reclama un marco legal que garantice el acceso al aborto seguro. Ante el Congreso, esta asociación propuso una ley que fije 24 semanas de plazo para decidir, y que más allá de este periodo sólo se pueda abortar en casos clínicos excepcionales.

Justa Montero fue más allá y defendió la libertad total de decisión, sin plazos ni supuestos que deje de "tratar a las mujeres como menores de edad", pero la posición con más respaldos coincide con la trasladada por la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares que defiende una ley civil de 24 semanas, y a partir de este período, sólo sea posible por indicación médica, pero "respetando el derecho a decidir" porque hay mujeres que quieren seguir con su embarazo aunque haya, por ejemplo, un diagnóstico de malformación fetal o de grave riesgo para la vida de la madre.

ANTIABORTISTAS

Por su parte, las posiciones conservadoras siguen "inventando argumentos" para penar el aborto y sus posturas son de retroceso frente a la legislación actual, señaló Empar Pineda en referencia al "síndrome post-aborto" que, según los grupos Provida, tienen las mujeres después de interrumpir el embarazo, como sostuvo el Instituto de Política Familiar.

La portavoz socialista, Carmen Montón, también criticó la postura del Partido Popular porque a su juicio las personas que han comparecido a propuesta del PP han planteado "condicionamientos morales", como es el caso de la fundación madrina que también mantiene la existencia de un síndrome post-traumático y sostiene que el aborto es fruto del acoso que sufren las mujeres, y constituye un fracaso de la sociedad.

08/TGE/VRI/CV