Nueva ofensiva de Bachelet por píldora del día después

Luego del último revés jurídico en la Contraloría General de la República, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió ayer un proyecto al Parlamento para autorizar por ley la entrega gratuita de los anticonceptivos de emergencia por parte del Estado.

"Nos parece muy bien que el gobierno insista en el tema y lo lleve al Parlamento, aunque tenemos serias dudas acerca de la votación de los legisladores", comentó a la agencia Inter Press Service (IPS) la antropóloga Angélica Wilson, subdirectora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (Cedem).

Las organizaciones feministas se han manifestado contrarias al hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) y la Contraloría prohibieran la distribución de la píldora del día después en los servicios públicos de salud y otras instituciones, toda vez que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de resultar discriminatorio hacia quienes no pueden comprarlas en las farmacias.

La mandataria socialista firmó ayer el proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, al que le impuso el carácter de suma urgencia, informa IPS, para ser discutido en un plazo no mayor a 10 días en las cámaras.

Bachelet declaró que es su deber asegurar que todas las mujeres de mi país tengan acceso a los mecanismos de anticoncepción aceptados por la comunidad médica mundial. Es mi deber pensar siempre en la equidad, y esto es lo que buscamos con este proyecto de ley.

Enfatizó que el Estado no impone nada a nadie, son las personas las que deciden por sí mismas; el sistema de salud pública sólo asegura condiciones de equidad en el acceso a la píldora.

La iniciativa legal establece el derecho a la información sobre todas las alternativas eficaces de regulación de la fertilidad, así como de prevención del embarazo precoz, infecciones de transmisión sexual y de la violencia sexual y sus consecuencias.

El proyecto señala que hombres y mujeres tienen derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos anticonceptivos a utilizar y, al mismo tiempo, poder acceder efectivamente a ellos.

Para ello, estipula que los órganos de la administración del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población todos los métodos anticonceptivos disponibles, entre ellos los de emergencia.

Las pastillas anticonceptivas de emergencia se toman en dosis especiales dentro de las primeras 120 horas o cinco días después de una relación sexual no protegida, para prevenir un embarazo. Su función es impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación.

Sin lugar a dudas, ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que no se trata de abortivos, ni afectan un embarazo ya iniciado.

No obstante sus detractores, tanto en Chile como en otros países, sin ninguna fundamentación científica, insisten en lo contrario, postulando su "inconstitucionalidad" porque, dicen, "atentarían contra el derecho a la vida".

CARRERA DE OBSTÁCULOS

Los legisladores más enconados con la píldora del día después ya anunciaron que recurrirán a todas las instancias para impedir que ésta se distribuya gratuitamente en el aparato del Estado. Y aún más: su objetivo es que la prohibición se extienda incluso a las farmacias.

La distribución de las mencionadas pastillas en los servicios públicos de salud fue impulsada por Bachelet pocos meses después de asumir, en marzo de 2006, la presidencia de Chile. Desde entonces, los conservadores no han cesado de ponerle obstáculos.

Primero, el Ministerio de Salud dictó las llamadas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, que autorizaban a los consultorios y hospitales --previa consejería-- entregar gratuitamente a cualquier adolescente mayor de 14 años cualquier método anticonceptivo, incluyendo los de emergencia, sin tener que contar con la autorización de sus padres.

Tales normas fueron impugnadas por sectores conservadores, lo que obligó a Bachelet a firmar un decreto supremo para asegurar su aplicación. Sin embargo, 36 parlamentarios derechistas presentaron en marzo de 2007 un recurso de inaplicabilidad ante el TC, que fue acogido en abril de 2008.

Luego de esta derrota, algunos alcaldes anunciaron que distribuirían la píldora del día después en los municipios y a través de organizaciones no gubernamentales, opción que se diluyó cuando la Contraloría General de la República falló negativamente al respecto en este mes.

Considerando que la mayoría de la población aprueba la entrega de estos medicamentos, según diversas encuestas, los candidatos presidenciales para las elecciones de diciembre ya dieron a conocer sus posturas sobre este tema.

El postulante de la gobernante y centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, el ex mandatario (1994-2000) Eduardo Frei Ruiz-Tagle se alineó con la postura de Bachelet. Pero dentro de su propio partido, la Democracia Cristiana, hay visiones disonantes, lo cual podría hacer naufragar el proyecto de ley.

El abanderado de la derechista Coalición por el Cambio, el empresario y ex senador Sebastián Piñera, también coincidió con la idea de que los anticonceptivos de emergencia deben estar a disposición de todas las mujeres, sin importar sus recursos económicos.

Sin embargo, los parlamentarios de su sector que firmaron el recurso ante el TC tienen libertad de acción para votar el proyecto enviado por Bachelet al congreso. Algunos de ellos, inclusive acusaron a la mandataria de aprovechamiento político-electoral por esta nueva ofensiva en favor de la píldora.

Resulta increíble que mientras hay gente agonizando y los servicios de urgencia de los hospitales están colapsados, el gobierno hábilmente distraiga a la opinión pública hablando de un tema que hoy no tiene ninguna relevancia, dijo este martes Juan Lobos, diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente.


09/RMR/GG