Gobierno no garantiza protección a migrantes víctimas de secuestro

La condición migratoria irregular que el Estado Mexicano impone a la población centroamericana en tránsito, se conjuga con la impunidad y la corrupción de sus instituciones, afirmaron defensoras y defensores de Derechos Humanos, miembros de organizaciones civiles y religiosas para la defensa y protección integral "de la dolorosa migración centroamericana".

En un comunicado, emitido hoy luego de una reunión urgente de trabajo para analizar, planificar y llevar a cabo estrategias para enfrentar la grave problemática del secuestro sistemático a las personas migrantes centroamericanas, las organizaciones señalaron la falta de capacidad del Estado para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de territorio nacional.

La organizaciones que signan el comunicado son: Belén, Posada del Migrante; Frontera Con Justicia AC; Humanidad Sin Fronteras AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC; Sin Fronteras IAP; Secretaría Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana; Dignidad y Justicia en el Camino AC; Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Casa de la Caridad Cristiana de San Luis Potosí; Albergue del Migrante Hermanos en el Camino de Ixtepec; Servicio Jesuita a Migrantes México AC, así como la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes.

Eso, dijeron, ha permitido que las y los caminantes sufran el hecho criminal del secuestro, el cual es sistemático y trae consigo delitos y violaciones a sus Derechos Humanos como la tortura, la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos y el asesinato.

Los y las defensoras de Derechos Humanos de la población migrante expresan también que la actitud omisiva del Estado afecta su trabajo y hace que vivan en un riesgo permanente, por lo cual lo hacen "responsable de cualquier daño consecuente con nuestra integridad personal".

DENUNCIAS
Las instituciones, organizaciones y activistas de DH denuncian la inoperancia de las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y del Instituto Nacional de Migración para prevenir el delito del secuestro de las personas migrantes.

También, el abandono y la invisibilidad en que los gobiernos, tanto de México como de Centro América, han dejado a las víctimas de este delito.

La ausencia de mecanismos adecuados en el acceso y procuración de justicia, así como de la reparación del daño para la población migrante afectada por los secuestros.

Así como la falta de mecanismos que procuren la recuperación de la integridad física y psicológica de las víctimas de secuestro, "pues constatamos que la detención en las estaciones migratorias y la deportación de las y los detenidos no es una alternativa de solución".

Por tanto, exigen que las autoridades federales, estatales y municipales que operan en todo México, en especial en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, establezcan medidas reales de lucha contra el crimen organizado, dejando a un lado la simulación, castigando y sancionando notablemente a todos sus mandos relacionados con el crimen organizado.

Es fundamental, dicen, que se realicen exhaustivas investigaciones en todas las instituciones para que no quepa ni se permita la impunidad de sus miembros.

Es imprescindible, agregan, que se ejerza la acción penal correspondiente contra los autores de estos crímenes.

Exigen a las Cámaras de Diputados y Senadores una auténtica reforma migratoria orientada al respeto de los Derechos Humanos y no por parámetros que obedezcan a intereses de políticas restrictivas.

Y exhortan a la sociedad civil a promover en todos los niveles la solidaridad y la indignación, de tal manera que fomenten mecanismos de presión que lleven a generar un verdadero Estado de derecho.

09/GG