Ley retrógada en Nicaragua va contra la vida de mujeres y niñas

Debido a la oposición del Estado de Nicaragua para brindar el acceso al aborto terapéutico para "Amalia", quien presenta un embarazo de 10 semanas de gestación, la organización Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades de ese país proveer el tratamiento necesario para combatir el cáncer que le fue diagnosticado el 2 de febrero del presente año, informó la organización.

Las leyes nicaragüenses han impedido a los doctores que suministren el tratamiento mientras que ella esté embarazada, de lo contrario podrían enfrentar cargos penales, más aún si dañan al feto, aunque esto sea una acción no intencional. Ante eso, los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, porque temen ser procesados, denuncia AI.

De acuerdo con la ley vigente, el artículo 143 establece que: "Quien provoque un aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado a la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario".

Dicha ley viola y limita la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión, denuncia Esther Major, investigadora de AI sobre América Central.

AI añade que la eliminación del acceso legal al aborto terapéutico obliga a las mujeres y niñas embarazadas a sufrir el trauma físico y psicológico de continuar con el embarazo, aunque esto suponga un peligro para su salud o sus vidas.

Es preciso señalar que a principios de febrero, 11 Estados miembros de la ONU pidieron al gobierno nicaragüense que reformara la ley vigente sobre el aborto, esto debido al incremento de la muerte materna y de las víctimas de violación que se ven sometidas a una maternidad forzada.

No obstante, el Estado ha ignorado dicha solicitud y no solo esta, sino también la que hizo el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la cual en 1999, pidió enmendar la legislación que penaliza el aborto, a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.

También, la Convención Americana sobre Derechos Humanos refirió que en ciertos casos, como el de un embarazo que ponga en peligro la vida o la salud de la madre, o que sea resultado de una violación, la penalización del aborto implica una violación de la obligación del Estado de proteger la vida de la madre.

Por todo ello, AI exigió a las autoridades a que revoque la legislación retrógrada antes de que más mujeres y niñas sufran innecesariamente o pierdan la vida.

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