Ley de Migración igual que Ley Arizona, denuncian ONG

Organizaciones civiles equipararon la Ley de Migración que actualmente discute la Cámara de Senadores con la "Ley Arizona" pues faculta a la policía federal para perseguir a las y los migrantes, mediante operativos y redadas.

En comunicado de prensa, las asociaciones expresaron que esta ley es "hostil, criminalizadora y antiinmigrante", pues permite a los uniformados cuestionar y asegurar a las y los migrantes en su paso por México.

Organizaciones como el Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, señalan que el artículo 26 de la Ley de Migración atribuye a la Policía Federal la facultad de colaborar con el Instituto Nacional de Migración (INM) "para vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional en cualquier forma o medio de transporte en que lo hagan".

La Ley faculta a la Policía Federal para llevar a cabo "revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el INM", mencionan las asociaciones de apoyo a esta población.

"Consideramos esta ley hostil, criminalizadora y antiinmigrante, equiparable a la ley Arizona, ya que permite a la policía ejercer la labor de cuestionar y asegurar a los migrantes", pues se dan en un contexto de procedimiento penal y no administrativo, como corresponde.

Advierten que legalizar la persecución de migrantes en el país, mediante operativos y redadas en vías férreas y rutas de tránsito, es perjudicial para las y los migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica.

En este sentido, afirmaron que estas acciones "pondrían en riesgo la integridad física de las personas migrantes, también dará paso a que sus derechos sean violentados por parte de dicha corporación, tal y como se ha documentado en diferentes partes del país".

Manifestaron que si los operativos se elevan a rango de ley, lo siguiente será la "criminalización" de las y los observadores de derechos humanos que vigilan los operativos, quienes podrían ser acusados de obstruir la justicia.

Un ejemplo es el caso de Fray Tomás González Castillo, párroco a cargo de la Casa del Migrante en Tenosique, Tabasco, a quien el INM acusó de impedir la justicia, por tomar fotografías durante un operativo en su comunidad.

Por lo anterior, convocan a la sociedad civil en México a pronunciarse en contra de la "criminalización" de las y los migrantes. Y hace un llamado a los legisladores para que la Ley de Migración esté apegada a los derechos humanos y concuerde con el derecho internacional.



11/GCJ/LGL