Yucatán

Para reivindicar a las mujeres como sustentadoras del patrimonio cultural, de la memoria colectiva del medio rural y de los bienes comunes, el quinto Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (SOPA) abrió la convocatoria para el Seminario "Mujer rural y memorias comunes", que se realizará el 14 y 15 de noviembre en Mérida y Canicab, Yucatán.

En el Seminario se reflexionará acerca del papel de las mujeres en proyectos comunitarios y se presentarán proyectos que fomenten la unión entre la herencia cultural y los nuevos procesos creativos.

Por primera vez México será sede del Congreso SOPA, creado en 2013 y que se ha efectuado en España y Argentina. En él se presentan proyectos didácticos, científicos y participativos para fomentar el desarrollo económico de los pueblos y la apreciación de los bienes culturales.

Las organizaciones a cargo del Congreso SOPA afirmaron en un comunicado que el Seminario destacará cómo a lo largo de la historia las mujeres han sido responsables de transmitir, además de diversos conocimientos, “una forma de entender la vida y de afrontar los problemas”.  

Por ello el Congreso SOPA convocó a ciudadanas, asociaciones, colectivos y entidades a presentar sus proyectos o reflexiones hasta el 1 de julio en los formatos de ponencia, vídeo-ponencia-documental, o cartel; las propuestas pueden mostrarse sin tener que asistir físicamente al Seminario.

De acuerdo a la convocatoria, las propuestas deberán reconocer los saberes comunes de las mujeres desde el imaginario colectivo y destacar su papel como transmisoras y sustentadoras del patrimonio cultural; también tendrán que generar herramientas que sirvan para el intercambio de conocimiento y fomento del trabajo colaborativo con entidades, asociaciones y colectivos en el desarrollo de sus territorios.

Además, los proyectos deberán promover la reflexión sobre cómo los sistemas educativos, políticos y culturales coercen el lugar de las mujeres como sustentadoras del patrimonio cultural.

En esta edición la organización del Congreso está a cargo de UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente, la Universidad Autónoma de Yucatán, el colectivo Niquelarte, el Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo, la Casal Català de Yucatán; así como de la red de la Comunidad SOPA, ArKeopatías, LaFábrika detodalavida, cAnicca y Mi MonaAmedia.

Más información del Congreso SOPA en su sitio web oficial.

17/MMAE/GG

En Yucatán, de 2008 a 2016 se registraron 57 casos de feminicidio, pero la falta de homologación de causales entre el Código Penal estatal con el Federal no permite que se investigue con  celeridad ni que se sancione con las penas correspondientes al delito de feminicidio, denunciaron organizaciones civiles.
 
Una de las causales que el Código Penal de la entidad ignora es “la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima”, esto pese a que en la mayoría​ de los casos de feminicidio, de 2008 a 2016, existía una relación entre las dos partes: cinco de cada 10 casos los cometieron hombres que vivían​ con la víctima y siete de cada 10 eran personas conocidas por ellas.
 
Tampoco contempla si la mujer fue incomunicada, o si hubo amenazas relacionadas con el hecho, o acoso en contra de la víctima, o “si su cuerpo fue exhibido en un lugar público”.
 
Estos factores son los que  han causado el retraso, por ejemplo, en la investigación del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, delito por el que actualmente se investiga como autor intelectual a su ex esposo Alberto Medina Sonda.
 
Eso afirmó la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio - Yucatán, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. “Ligia Canto -madre de Emma Gabriela- sigue entregando pruebas a la Fiscalía del Estado para que el caso se investigue como feminicidio, pero también es trabajo del Congreso Estatal, deben legislar para considerar las causales que faltan en el Código Penal”.
 
Para Salas Salazar, el problema radica en que “las mujeres no están en la agenda del Congreso yucateco”.
 
El delito de feminicidio del Código penal yucateco “no responde del todo a la problemática que enfrenta el estado”, señaló en entrevista el coordinador de Investigación de  la organización Yucatán Feminicida, Efraín Tzuc Salinas, y añadió que no homologar las causales significa “la violación a los Derechos Humanos de las mujeres, porque se evita la implementación de los acuerdos internacionales y nacionales que los protegen”.
 
Desde 2014 se reformó el Código Penal yucateco y el feminicidio se incorporó a los delitos graves, sin embargo, la modificación también representó un retroceso en términos de armonización legislativa al eliminar las causales mencionadas, denunciaron Salas Salazar y Tzuc Salinas.
 
Por ello, desde el 25 de noviembre de 2016 las organizaciones Ciencia Social Alternativa Kóokay, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, y Yucatán Feminicida, han exigido a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello, que se homologue el delito de feminicidio del Código Penal de Yucatán, con el Federal.
 
Al hacerse, mencionó Salas Salazar, tendría que reformarse el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, y los agentes ministeriales contarían con más elementos para investigar los homicidios de mujeres como feminicidio.
 
Grupos de la sociedad civil de Yucatán también han definido como una simulación la actuación de las autoridades en materia de feminicidio. Ejemplo de ello es su inconformidad por la integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, creado a la par del Protocolo, del que, aseguran, son parte organizaciones sin experiencia en la prevención, atención e investigación de la violencia feminicida.
 
De acuerdo con el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008-2016” en ese periodo se registraron 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos característicos de los casos de feminicidio, sin embargo, solo hubo una sentencia condenatoria por este delito.
 
17/MMAE/GG

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG
 

La defensora de Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, exigió a las autoridades de Yucatán justicia por el asesinato de su hija Emma Gabriela Molina Canto, y para lograrla se debe investigar como autor intelectual al ex esposo de la víctima, Martín Alberto Medina Sonda,  y a su familia.
 
Así lo afirmó Canto Lugo en entrevista con Cimacnoticias. “Voy a poder decir que la respuesta de las autoridades ha sido eficiente cuando sepa que se está juzgando a todos los implicados y pienso que estuvieron involucrados Medina Sonda y sus familiares. ¿Quién más pudo haber dispersado esa suma de dinero a los involucrados?”, señaló.
 
Medina Sonda fue socio y operador financiero de José Manuel Saiz Pineda, tesorero de Tabasco en el gobierno del priista Andrés Granier, quien está en la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. Desde 2012, ella y su madre denunciaron irregularidades judiciales, hostigamiento y amenazas por el proceso legal que enfrentó Gabriela para obtener la custodia de las y el menor.
 
DESDE LA CÁRCEL
 
Ligia Canto denunció tener conocimiento de que cuando Medina Sonda estuvo encarcelado, tenía en su poder aparatos electrónicos, lo que “probablemente le permitió estar en contacto con el exterior” y por ese debe investigarse su complicidad en el asesinato.
 
De ser así, explicó “no solo estaría involucrado él como autor, sino también las autoridades del Reclusorio que permitieron el acceso de esos aparato  y la persona encargada de dispersar el dinero. Son muchos eslabones”, dijo.
 
Hasta el momento, enfrentan proceso penal por homicidio agravado en contra de Emma Gabriela tres implicados: Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta identificado como coautor. Además, durante la audiencia de Reyes Barrueta realizada el pasado 10 de abril se señaló a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
SIN GARANTÍA DE SEGURIDAD
 
La también coordinadora del colectivo Ni una más-Yucatán, Ligia Canto, evidenció que tras el asesinato de su hija recibió varias llamadas en donde fue amenazada de muerte.
 
Ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó la recomendación 54/2014, que había emitido en 2014 a los gobiernos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se reconoce que ambas sufrieron violencia institucional. 
 
Recordó que tras la recomendación, hubo indiferencia para atender el caso por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y está última “ni siquiera se ha pronunciado”:
 
Canto Lugo reiteró que el asesinato de Emma Gabriela es resultado “de omisiones tras omisiones de las autoridades”.
 
17/MMAE/GG
 

El tercer detenido por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, César Rogelio Reyes Barrueta, fue vinculado a proceso penal por homicidio agravado.
 
Ema Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo luego de enfrentarse a amenazas y hostigamiento judicial, como un encarcelamiento en 2014 mientras buscaba la custodia de sus dos hijas e hijo.
 
Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida el pasado 10 de abril, el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero identificó a Reyes Barrueta como coautor del homicidio de la defensora de Derechos Humanos bajo las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, informaron medios yucatecos.
 
Como medida cautelar se dictó prisión preventiva por un año para el inculpado, detenido en Ecatepec, Estado de México el pasado 5 de abril. Durante la audiencia, Reyes Barrueta mencionó a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
A su detención se suma la vinculación a proceso penal de los ejecutores del crimen, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla por homicidio, y no por el delito de feminicidio, como la Fiscalía General del estado había informado que se haría.
 
El principal sospechoso como autor intelectual es su exesposo, el empresario Martín Alberto Medina Sonda y tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Actualmente Medina y Granier están presos, el primero en Tabasco procesado por lavado de dinero.
 
CONTINÚAN AGRESIONES
 
Un día después del asesinato de Emma Gabriela  su madre,  Ligia Canto Lugo fue amenazada de muerte vía telefónica. Ella también  se enfrentó a irregularidades, violencia institucional y la violación de sus derechos al acompañar a Emma Gabriela en el proceso por la custodia de sus nietas y nieto.
 
Ante ello la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se pronunció a través de un comunicado para exigir el esclarecimiento del crimen y demandar a la Fiscalía de Yucatán la implementación de medidas de protección “efectivas, permanentes y con enfoque de género” para la defensora de Derechos Humanos y para las hijas e hijo de Emma Gabriela. 
 
 
17/MMAE/GG

Una persistente demanda al Estado Mexicano es la protección de la vida de las mujeres que denuncian violencia. Se exigieron medidas y órdenes de protección para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres que vivían amenazas de violencia y se implementaron mecanismos para demandar prevención del feminicidio.  Esas medidas se adoptaron con resistencias y estas, en la mayoría de los casos, se traducen hoy en mujeres que fueron asesinadas aún después de pedir protección al Estado.
 
Como pocas veces, he perdido la capacidad de hablar y escribir sobre la violencia, se trata de los tiempos, los momentos y los golpes que recibimos cada día con la noticia de que han matado a una mujer, una más en la cuenta que sólo nosotras llevamos.
 
Pero la realidad que vivimos nos obliga a mirar objetivamente o al menos tratar de ver las partes del todo, nos lleva a poner sobre la mesa un matiz grave de una problemática añeja: el Estado es incapaz de garantizar el más elemental derecho a la vida para las mujeres en México. No bastan las medidas o las órdenes de protección, en tanto no haya voluntad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
 
Algunos casos de feminicidio, triste y desgraciadamente, terminan por convertirse en casos paradigmáticos que sirven para evidenciar la grave omisión del Estado en garantizar la protección de la vida de las mujeres. Y no solo es una autoridad, ni una sola falta, sino una cadena de sucesos que ocurren a los ojos de muchas personas y que, como un tren que avanza hacia el precipicio, todos ven y saben cuál será el destino final si algo no cambia esa ruta. Pero aun así y a los ojos de toda la sociedad ocurren esos casos de feminicidio.
 
La semana pasada dos eventos cimbraron a la opinión pública, muy especialmente a la Península de Yucatán, y evidenciaron que pese a todo lo que se informa y se dice en números positivos sobre el otorgamiento de las órdenes de protección, que aún falta por entender el sentido de la protección y la prevención de la violencia.
 
Casi en  forma simultánea, en los últimos días se registraron dos feminicidios en la Península, los cuales tenían en común que se trataba de mujeres que habían solicitado la protección al Estado mexicano a través de sus instituciones, ambas mujeres vivían acosadas por la violencia de sus ex parejas.
 
Gabriela y Aracely son los nombres de las mujeres que tuvieron en común que la autoridad no logró garantizarles el derecho fundamental a vivir libre de violencia, una violencia que en México cobra 7 vidas de mujeres diariamente, que se acumulan en un largo listado en el que advertimos cierta intención de que la resignación y el olvido las alcance a todas.
 
Pero el olvido no llega para las madres de estas mujeres que no mueren sino que son asesinadas después de meses o años de lucha por defender su vida.
 
Y todas nos duelen, todas y cada una. Que no vengan a decirnos que unas nos importan más que otras. Nos duele la joven asesinada en Quintana Roo que había pedido medidas de protección y no se las dieron, como Dahine en Ciudad del Carmen, hace 2 años, y a quien no olvidamos y por quien seguimos clamando justicia.
 
Nos duele Gaby, a quien sin conocerla la nombramos así para hablar de ella y llevar su voz pidiendo justicia, protección, nos unimos muchas, hablamos muchas mujeres, defensoras, periodistas, abogadas, intentamos darle voz, pero todas nuestras voces juntas no pudieron hacer que fuera escuchada.
 
Nos duele, nos pesa, nos arde en el cuerpo y en el alma el dolor de su madre, doña Ligia.
 
Nos duele y compartimos el dolor en el corazón de la compañera defensora que las ha acompañado desde el primer momento, sin importar si alguien más les creía y les cerraban todas las puertas y las dejaban solas.
 
Hoy el pueblo de Mérida se ha unido al reclamo de justicia, justo es abrigar y abrazar a quien dio su vida exigiendo justicia frente a un sistema corrupto en el que prevalece la impunidad. En un país en donde quien tiene dinero es quien compra jueces y conciencias.
 
El asesinato de otra mujer en similares condiciones ocurrió el 25 de marzo pasado, en Chetumal, Quintana Roo. Ella fue víctima de su esposo, un agente de la policía estatal y también había solicitado y obtenido una Orden de Protección. Pero a pesar de contar con esta medida, no se tomaron las acciones para prevenir, debido al riesgo  evidente, ya que el policía portaba armas y  agudizaba el contexto de riesgo y violencia feminicida.
 
Quizá parezca exagerado, pero nosotras sentimos que al matar a Gaby nos han matado un poco a todas. Y lo han hecho porque todas sabemos que a pesar de la lucha, a pesar de la valentía y la resistencia, a pesar de pedir y exigir protección al Estado mexicano, puede venir alguien mandado por la ex pareja y pague por asesinar a una mujer que peleaba y defendía sus derechos, y eso nos muestra la vulnerabilidad e incapacidad del Estado por proteger la vida de las mujeres.
 
La pregunta es: ¿si el Estado y sus instituciones, si las órdenes de protección, si la policía no puede proteger ni garantizar el derecho a una vida libre de violencia, entonces qué nos queda a las mujeres que vivimos en este país feminicida?
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 

Ayer en Mérida, Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, defensora yucateca, quien por más de 5 años defendió su derecho a una vida libre de violencia y pugnó por obtener la sentencia de sus hijas e hijo, fue asesinada afuera de su casa, por dos sujetos que la estaban esperando.
 
Ante ese crimen, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), red de organizaciones y personas que defienden los derechos de las mujeres, con presencia en 15 países y en 9 estados del país, exigieron al gobierno de Yucatán que el caso de Emma Gabriela sea investigado bajo los parámetros de implementación del Protocolo de Actuación de Feminicidio.
 
Emma Gabriela era una defensora, trabajadora, madre amorosa y sobreviviente de violencia, ya que el padre de sus hijas e hijo, Alberto Medina, un ex funcionario del gobierno de Tabasco vulneró la integridad física y psicológica de Emma con actos de violencia. Esto la llevó a tomar la decisión de separarse él. Y este, en represalia, sustrajo de su casa a sus hijas e hijo, menores de edad, con violencia.
 
Alberto Medina, quien tiene acusaciones de corrupción, lavado de dinero y de tener vínculos con el narcotráfico, acosó, amenazó e intimidó a Emma Gabriela para impedirle que se quedara con la custodia de sus hijas e hijo. En un caso extremo, promovió el encarcelamiento de la madre de sus hijas e hijo y el de su madre, Ligia Canto, por delitos que no cometieron, en diferentes entidades del país.
 
Su caso, señala Cladem, evidencia los obstáculos y dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia cuando sus parejas son políticas, tienen recursos económicos y están vinculados a redes de delincuencia organizada.
 
Señala el Comité que las autoridades federales y del gobierno local, a lo largo de los 5 años de lucha por la custodia de sus hijas e hijo, no proporcionaron medidas de protección, a pesar del riesgo evidente en el que se encontraba Emma Gabriela, no obstante que éstas fueron solicitadas debido a las amenazas, intimidaciones, persecución judicial y armado de expedientes falsos de la que fue objeto.
 
Emma enfrentó, incluso, su encarcelamiento y la detención ilegal de su madre Ligia Canto, quien, junto con Emma Gabriela luchó en todo momento porque a su hija se le hiciera justicia y sus nietas y nieto estuvieran con su madre.
 
Ambas, madre e hija, afirma Cladem, se convirtieron en defensoras de sus derechos ante un estado yucateco omiso y negligente.
 
Ayer en Mérida, Yucatán, Emma Gabriela fue asesinada afuera de su casa, por lo que Cladem demanda la actuación de las autoridades del gobierno de Yucatán para garantizar la integridad de Ligia Canto y de las hijas e hijo de Emma Gabriela.
 
LA CNDH PIDE MEDIDAS CAUTELARES
 
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente el asesinato y exhortó a las autoridades competentes del estado de Yucatán, “para que lleven a cabo con la debida diligencia su labor de procuración e impartición de justicia”.
 
En un comunicado, la Comisión informó que dirigió medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General del estado para que lleven a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de la madre e hijos de la víctima.
 
Asimismo, recordó que el 31 de octubre del año 2014, emitió la Recomendación 54/2014, en la cual acreditó violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, Ligia Canto, y de sus hijos.
 
Entre éstas destaca la violación a los derechos de las víctimas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
 
Precisó que hasta el día de hoy, las autoridades a quienes se dirigió la recomendación no la han cumplido y la Procuraduría General de la República ha atendido solamente 3 de las 5 recomendaciones específicas.
 
En lo que respecta al gobierno de la Ciudad de México y el de Tabasco, dice el comunicado, tampoco han cumplido las 5 recomendaciones específicas que se le dirigieron.
 
“En el particular, la Recomendación 54/2014 fue aceptada y se encuentra con pruebas de cumplimiento parcial, es decir no ha sido totalmente cumplida, por lo que este Organismo Nacional destaca que el incumplimiento de las recomendaciones puede generar graves consecuencias para las víctimas”, dice la CNDH en su comunicado.
 
17/RED

El Poder Judicial del Estado de Yucatán organizó y anunció un acto para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, que atenta contra el principio constitucional de Estado Laico, al incluir a un representante de la Iglesia en un panel de discusión y sólo a una mujer como moderadora, lo que constituye un acto discriminatorio, señalan organizaciones de la sociedad civil y feministas de Yucatán, así como de otras entidades del país, a través de un comunicado.
 
Afirman que, de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones que realiza el Estado, incluido el Poder Judicial, deben estar completamente desvinculadas de cualquier ideología religiosa para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos. Esto incluye los eventos que el Estado organiza y las voces que impulsa.
 
Además, dice, “nos parece reprobable que un Tribunal Superior de Justicia conmemore el Día Internacional de la Mujer, sin mujeres”, ya que en la mesa participarán cuatro varones y sólo una mujer como moderadora, “hecho que consideramos gravemente discriminatorio”, ya que ese día “está diseñado para reflexionar sobre los avances y los obstáculos que aún existen para el ejercicio de los derechos de las mujeres” y “es condenable que las voces de las mujeres queden fuera de este tipo de reflexiones”.
 
El panel de discusión, programado para las 13:00 horas, en el auditorio “Víctor Manuel Cervera” del Tribunal Superior de Justicia, incluye como ponentes a Marcos Alejandro Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Luis Jorge Parra, del Consejo de la Judicatura; el presbítero Raymundo Pérez; y Armando Aldana, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Ligia Cortés, fungirá como moderadora.
 
DEBEN REPLANTEAR EL PANEL
 
Un acto como el programado, agregan, “pone de manifiesto el desconocimiento de su personal sobre perspectiva de género, así como sobre los orígenes y el significado de una fecha tan relevante para las luchas históricas de las mujeres”. “Resulta igual de grave que el panel se anuncie como parte de la campaña “He for she”, lanzada por ONU Mujeres a nivel mundial”.
 
Exigimos al Poder Judicial, dicen las organizaciones, y a cualquier entidad pública, abstenerse de organizar eventos donde los hombres hablan por las mujeres”. También deben “replantear el panel del 8 de marzo para que se escuchen las voces de las mujeres yucatecas”.
 
Finalmente, reiteran, “exigimos al Poder Judicial y al cualquier entidad pública, respetar, proteger y garantizar el principio de laicidad del Estado”.
 
Firman el pronunciamiento las organizaciones AsiLegal, Centro de Apoyo solidario, Documentación y Estudios AC, Comité Conmemorativo del Primer Congreso Feminista, Ddeser, Kókay, LesVisibles, Maya sin Fronteras AC, Un una Más AC Yucatán, Yucatán Feminicida, Observatorio de Violencia Social y de Género, Unasse, Red Péeperio’ob, Red de Feministas Peninsulares y Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva AC, Estereotipas, Ala Izquierda, Equis, Gire e ILSB Género, Innovación, Liderazgo.  
 
17/RED/GG