violencia política por razones de género

NACIONAL
POLÍTICA
   Dictamen pasaría hoy al Pleno
Violencia política de género se incluirá en 5 leyes generales
Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para incluir en diversas leyes el concepto de violencia política de género | Imagen del twitter de Hortensia Aragón.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz  y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
 
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
COYUNTURA OBLIGA
 
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
 
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
 
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
 
UN PASO MÁS
 
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
 
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
 
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
 
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
 
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue  asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
 
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
 
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
 
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Se debe tipificar esa violencia
Acciones de los opositores a la paridad ponen en riesgo a candidatas
Imagen de saeso.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) alertó que la paridad de género ha implicado para muchas mujeres una respuesta adversa de quienes se oponen a la medida y que pone en  riesgo su dignidad, su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, por lo que pidió al Congreso de la Unión definir y tipificar la violencia política de género.
 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, la AMCEE difundió un pronunciamiento donde señaló que en casos extremos la paridad ha implicado poner en peligro la integridad física y psicológica de las mujeres que quieren participar en política, quienes incluso pueden sufrir actos de violencia política por razones de género
 
La Asociación dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, ha registrado 156 casos de violencia política contra postulantes, candidatas, funcionarias y políticas electas en todo el país, tan sólo entre 2012 y 2016.
 
La paridad como un derecho constitucional, dicen estas autoridades electorales, ha propiciado un aumento en la participación política de las mujeres en los procesos para renovar cargos de elección popular, principalmente en las senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y planillas de ayuntamientos.
 
Si bien este avance ha permitido una mayor representatividad democrática en los ámbitos federal y local, la AMCEE rechazo la violencia política de género que generan quienes están en desacuerdo con dicho avance por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de todas las entidades federativas, para que la violencia política contra las mujeres se defina y tipifique como un delito.
 
Destacaron que las mexicanas tienen derecho a una vida libre de violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
 
Con base en estos instrumentos legales, las mujeres dijeron que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para suprimir toda discriminación, así como garantizar medidas de protección, seguridad y justicia a las mujeres contra cualquier tipo de violencia en la familia, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida social y en el ámbito político-electoral.
 
En este sentido, como asociación civil se comprometieron a difundir y aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de desarrollar acciones para impulsar la sanción y eliminar los obstáculos que enfrentan en el acceso a los espacios político-electorales y en el desempeño de los cargos públicos.
 
Asimismo, dijeron que continuarán impulsando la creación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres; promoverán seminarios de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y a darán seguimiento a los casos en los que las consejeras electorales hayan sido víctimas de violencia política.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Decisión unánime del Congreso local
En Morelos, ya es delito la violencia política de género
Imagen retomada del twitter del Cogreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad tipificar la violencia política de género, al reformar la ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los códigos Penal y el de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad.
 
Durante la sesión de ayer del Congreso local, integrado por seis diputadas y 30 diputados, la legisladora perredista y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Vícera Alatriste, dijo que con esta reforma se avanza y las legisladoras aportan su trabajo como parte de las actividades del 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer.
 
La diputada de Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Norma Alicia Popoca Sotelo, señaló que esta aprobación es fundamental para que las mujeres que se enfrentan cotidianamente con la violencia se sientan respaldadas; “es un paso más, en la búsqueda de la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho”.
 
En tanto, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortencia Figueroa Peralta, dijo que “entre mujeres, más allá de los colores, más allá de las ideologías, tenemos que unir nuestra voz en una expresión de solidaridad, si tocan a una tocan a todas”.
 
A LA LETRA
 
Con las reformas se adicionó una fracción X al Artículo 384 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal, para señalar que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión “que basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Asimismo, el Artículo 272 Bis del Código Penal del estado establece que se equipara al delito de abuso de autoridad y se aplicará una pena de uno a tres años de prisión, de 50 hasta 300 días-multa y destitución o inhabilitación hasta por dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión, al servidor público, cuando “ejerza cualquier tipo de violencia contra un servidor público por elección o designación, para obtener contra su voluntad, la renuncia o licencia al cargo que ejercen”.
 
Además, con las reformas se modificó el Artículo 19 Quarter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal para establecer que la violencia política es cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
En el Artículo 19 Quintus de la misma ley se dice que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, la Fiscalía General del estado, el Tribunal Electoral local y los demás integrantes del Sistema Estatal, coordinarán las acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan avanzar en materia de combate de la violencia política contra las mujeres
 
Con respecto a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se reformó el Artículo 27 para señalar que dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de las siguientes obligaciones: garantizar el acceso de un servidor público por elección o designación al ejercicio de su función o a la realización de programas, proyectos o actividades inherentes a la misma.
 
También se establece la obligación de garantizar que un servidor público por elección o designación integre comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo o asista a las sesiones o reuniones de los mismos; abstenerse de imponer estereotipos de género en la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, así como la asignación de responsabilidades que tengan como propósito la limitación del ejercicio de sus funciones.
 
El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación; de Justicia y Derechos Humanos; de Seguridad Pública y Protección Civil; de Igualdad de Género; de Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria: así como de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   E investigar misoginia de magistrado
Senado solicita información sobre violencia política de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/02/2017

Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un informe sobre esta violencia en todo el país.
 
Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia, y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado.
 
El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con medios de comunicación, la FEPADE ha señalado que en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016 se documentaron  429 asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del país; se iniciaron 357 números de atención, 53 carpetas de investigación y 19 actas circunstanciadas.
 
Según esta información Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezaron la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras fueron amenazadas para que dejaran su cargo.
 
Al debatir estas iniciativas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, expuso que las políticas para erradicar la violencia política no están funcionando porque sólo las mujeres trabajan por las mujeres, así que propuso que las Comisiones legislativas se integren por 50 por ciento de mujeres y varones y que ellos también acudan a los talleres de violencia de género.
 
“No está funcionando esta estrategia pública de género en el que sólo las mujeres luchamos por las mujeres, porque ya siendo paridad siguen estando ellos en la foto, ellos en las negociaciones, ellos en las candidaturas ganadores, ellos en las presidencias de las comisiones fundamentales”, dijo.
 
La también ex candidata a gobernadora de Michoacán reclamó que cuando ellas compiten por un puesto sus compañeros las dejan solas.
 
“En nuestras campañas nuestra gente bajó los brazos, cerraron la llave, no nos acompañaron, nos pusieron a disposición y lo hicieron nuestros compañeros que están en las cúpulas de las tomas de decisiones, los que salen en la foto, y esa violencia no se ve, no se ve en nosotros, pero existe, no se ve en el trabajo cotidiano de la toma de decisiones de los que al final salen en la foto”.
 
La senadora dijo que los hombres son políticamente correctos pero en la realidad violan la paridad, por lo que invitó a sus homólogos legisladores a presentar una iniciativa de reforma que busque evitar que las mujeres sean violentadas.
 
Por su parte la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y originaria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la violencia de género provoca que mujeres con trayectoria desistan de sus actividades políticas, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.
 
En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel Ríos de la Mora, comentó que uno de los grandes pendientes que tiene la sociedad mexicana es prevenir la violencia política que afecta a las militantes en los partidos políticos y aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular.
 
LA MISOGINIA DEL MAGISTRADO
 
En otro dictamen se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del TEPJF a iniciar una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas que el 7 de noviembre de 2016 hizo el magistrado Manuel Sánchez Macías son faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, ameritan sanción.
 
El año pasado al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco, el magistrado Sánchez Macías expresó: "Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas".
                            
Las legisladoras señalaron que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado el año pasado por organismos electorales, esta violencia comprende todas las acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
   Coahuila, Veracruz, Nayarit y Edomex
Estados, unidos para prevenir violencia política contra candidatas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2017

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ








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