violencia en universidades

Académicas, trabajadoras administrativas y estudiantes llamaron a las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) a atender, sancionar y acompañar los casos de violencia de género cometidos contra integrantes de la comunidad universitaria pues a la fecha no existe una política institucional ni voluntad para hacerlo.

En entrevista con Cimacnoticias, la profesora de Comunicación y Cultura del plantel Centro de la UACM, Aleyda Gaspar González, explicó que la falta de una política institucional impide que las víctimas de violencia de género sean atendidas pues aunque denuncian en sus planteles, las autoridades las remiten a la Oficina del Abogado General, a cargo de Alfredo Marrufo Domínguez.

“Ahí les dicen que no pueden hacer nada y que como se trata de delitos, por ejemplo de tipo sexual, mejor vayan a un Ministerio Público”, señaló.

Estas respuestas institucionales, afirmó la académica del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, propician que las agresiones contra las universitarias queden impunes.

Recalcó que desde antes de la administración del actual rector, Hugo Aboites Aguilar, las autoridades universitarias han dejado la violencia contra las mujeres en último lugar de las prioridades. “Cuando en reuniones con el rector y directivos las profesoras exponemos la importancia de una política institucional en este aspecto nos dicen que hay cosas más importantes como la construcción de nuevos edificios”, dijo.

Muestra de ello fue la decisión que en junio tomó la Comisión de Mediación y Conciliación (CMyC) durante el quinto Consejo Universitario de la UACM para dejar de aplicar a partir de este año el “Procedimiento de atención a la violencia de género”, un protocolo que el cuarto Consejo Universitario (que operó durante 2014 y 2016) aprobó y obligaba a las autoridades universitarias a brindar acompañamiento a las víctimas.

El argumento de la CMyC fue que el Procedimiento de atención a la violencia de género “excedía las atribuciones de la comisión e incluso es violatorio de los Derechos humanos”, así consta en la minuta de la sesión de la CMyC del 13 de junio de 2017 publicada por académicas y miembros de la comunidad de la UACM en un comunicado de octubre pasado.

Al respecto Aleyda Gaspar, quien junto con otras mujeres integra el colectivo “Las Sororas Uacemitas”, opinó que si bien las autoridades no seguían del todo el procedimiento para atender los casos de violencia de género, el hecho de tener este protocolo vigente los obligaba a actuar, pero ahora –dijo– no cuentan con esos lineamientos en un contexto donde diariamente se presentan decenas de casos en los diferentes planteles.

La falta de interés de las autoridades de la UACM para resolver las denuncias de acoso, violencia sexual y agresiones contra las mujeres de la universidad fue denunciada por trabajadoras y estudiantes en conferencia de prensa el pasado 22 de noviembre. Allí la académica de la UACM San Lorenzo Tezonco, Samanta Zaragoza Luna, recordó que la constante es no dar seguimiento a los casos que atañen a integrantes de la universidad independientemente de si estos ocurren o no en las instalaciones.

Así ocurrió con el feminicidio de Martha Karina Torres Jorge (2013), estudiante del plantel Cuautepec perpetuado por un estudiante de la UACM, y el de Campira Carmolinga, asesinada en diciembre de 2016 por alguien externo a la universidad. Otro caso emblemático, recordó Gaspar González, fue la violación sexual a una estudiante dentro del plantel Cuautepec en 2016 quien no recibió atención ni asesoría por parte de la Rectoría.

Por ello, en la conferencia de prensa de la semana pasada, académicas, trabajadoras administrativas y estudiantes exigieron que la Rectoría atienda los casos de violencia de género a través del procedimiento institucional que la CMyC se negó a seguir y que impulse una política que contemple la responsabilidad de todas las autoridades universitarias por garantizar los Derechos Humanos de las mujeres; además de capacitar al personal en perspectiva de género para que no sea omiso ante las denuncias.

17/MMAE

A un año de la implementación del “Protocolo para la atención de casos de violencia de Género” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de las 234 denuncias presentadas, solamente prosperaron 150, porque en algunos casos los agresores no pertenecían a la Universidad y en otros se desistió de la denuncia.

Así lo informó la UNAM en su plataforma de igualdad de género, donde señala que a un año de entrar en vigor este Protocolo, el cual se implementó como parte de la adhesión de la máxima Casa de estudios a la Campaña “He for She”, de ONU Mujeres.

De acuerdo con esta plataforma, consultada por Cimacnoticias, de las 234 personas que denunciaron, 96 por ciento fueron mujeres quienes interpusieron una queja por ser víctimas de violencia sexual, psicológica y física por razón de género.

Las mujeres en la UNAM fueron agredidas principalmente de forma sexual (50 por ciento). Dentro de las 234 quejas se identificaron 328 tipos de violencias, de esta cifra, 21 por ciento se atribuyó a tocamientos no consensuados, también fueron obligadas a observar actos sexuales, es decir quejas que corresponden a acoso sexual.

El acoso y hostigamiento sexual representaron 23.5 por ciento de las quejas, pero la Universidad no mencionó a qué tipo de agresiones sexuales integraron el porcentaje restante. Lo mismo sucedió con la violencia psicológica, prevalecieron los insultos (16.2 por ciento) y devaluaciones (15 por ciento) en contra de las y los denunciantes y se desconocen las agresiones restantes.

RESOLUCIÓN POR MEDIACIÓN

De los 150 procedimientos iniciados, 21 por ciento (14) aún espera recibir una sanción, en 5 por ciento no se pudo concluir el procedimiento porque los trabajadores denunciados se dieron de baja o pidieron su jubilación, mientras que un caso no procedió por decisión del Tribunal Universitario (TU).

En cuanto a la forma de resolver los casos resalta que un mayor porcentaje de ellos (67 por ciento, equivalente 44 de las denuncias) encontraron solución mediante mediación, un proceso que consiste en que la víctima y el agresor conversen para llegar a un acuerdo que alcance a reparar el daño, medida que ha sido cuestionada arduamente por estudiantes y académicas.

El proceso para dar respuesta a las quejas suele ser lento, reconoció la UNAM en su informe, por lo que una de sus propuestas fue implementar una estrategia para combatir el rezago en el TU, donde estudiantes que lo conforman han denunciado que las autoridades no envían la mayor parte de los casos, pues para diciembre de 2016, cuando la oficina de la abogada general de la universidad contabilizó 81 casos, solo tres habían llegado al Tribunal.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA Y AGRESORES

En la UNAM las estudiantes de educación media y licenciatura son las principales víctimas de la violencia de género, principalmente las de tipo sexual y psicológica; en 37 por ciento de los casos los agresores fue personal docente y administrativo. De las 234 denunciantes, 81 por ciento era estudiante (189), de éstas, 62.5 por ciento tenía entre 15 y 25 años de edad.

Las trabajadoras de la UNAM no estuvieron exentas de dichas agresiones, pues 9 por ciento de las quejas correspondió a esta población. En 49 de estos casos las personas agresoras laboraban en la Universidad, en mayor medida (42.9 por ciento) lo hacía dentro de las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria (CU) y 34.7 por ciento en Facultades de Estudios Superiores (FES). Destaca que la mayor relación entre las víctimas y agresores fueron las de profesor-alumna o alumno (145 casos).

Pese a que las quejas adheridas permiten conocer la actuación de las autoridades ante ciertos casos de violencia de género, no dimensionan la magnitud del problema, pues incluso las estudiantes han denunciado que cuando intentan presentar una queja y adherirse al Protocolo de la Universidad, son revictimizadas y las autoridades minimizan la violencia en su contra.

Además, durante los últimos meses la UNAM ha sido cuestionada por su respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres, particularmente por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetuado en CU el 3 de mayo y donde se acusa a su pareja y extrabajador universitario como culpable del feminicidio, pese a ello el rector Enrique Graue sigue sin asumir públicamente que la estudiante fue víctima de violencia de género.

17/MMAE/LGL

En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.
 
En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.
 
Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.
 
Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.
 
Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores.
 
Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar.
 
Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista. 
 
La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.
 
La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.
 
En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
 
AÑO DE PROTOCOLOS
 
Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.
 
Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.
 
Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.
 
Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.
 
Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.
 
Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.
 
Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.
 
Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.
 
Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.
 
Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.
 
DELITO IMPUNE
 
A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.
 
La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.
 
También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.
 
En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.
 
En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
 
17/ HZM/KVR
 

Cinco de ocho universidades públicas de la Ciudad de México, no cuentan con un protocolo para atender casos de violencia de género, ni con estadísticas de los casos, lo que afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito educativo y su acceso a la justicia, señaló la activista del Movimiento estudiantil contra el acoso en la Universidad Nacional Autónoma de México, Adina Barrera Hernández.
 
La también alumna de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizó solicitudes de información al Instituto Politécnico Nacional (IPN); a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh); a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y a la misma UNAM, para conocer el número de denuncias de violencia de género, acciones de prevención y si tienen algún protocolo de atención y sanción de esta violencia.
 
En las respuestas de las solicitudes- proporcionadas por la activista a esta agencia- las universidades demostraron que no cuentan con un protocolo propio para prevenir, atender y sancionar las denuncias de violencia de género, universidades como la UPN indicó que aplica el “Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual” del Instituto Nacional de las Mujeres y en el resto se le da seguimiento a través de instancias universitarias administrativas.
 
En el caso de la ENAH, algunas denuncias de estudiantes llegaron a un enlace interinstitucional, porque solicitaron patrullaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como medida cautelar. Pero en otros casos se solucionó a través de mediación o no se le da seguimiento.
 
La UNAM es la única que en este año presentó su “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género”, lo que se considera un avance al Movimiento estudiantil contra el acoso de la misma universidad,  pero de acuerdo a Adina Barrera Hernández, éste limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia con “la firma de confidencialidad” que se les pedirá a las denunciantes y a los agresores.
 
Además contemplan la mediación como una forma de resolver las denuncias, cuando ésta es prohibida para atender cualquier tipo de violencia de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y convenciones internacionales en la materia.
 
En el análisis que hizo Adina Barrera Hernández de las respuestas a sus solicitudes destaca que las universidades no tienen un banco de datos de las denuncias y fueron generadas para dar una respuesta al mecanismo de transparencia y acceso a la información.
 
Adina Barrera Hernández añadió que las universidades siguen con la tendencia a ocultar la violencia porque tratan de proteger la imagen de la institución y no han visualizado que el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres también se tiene que garantizar en el ámbito educativo y por ello tienen que generar protocolos y mecanismos para prevenir y dar seguimiento a las denuncias.
 
Los casos presentados por las universidades a las que solicitó información son de alumnas que denunciaron a profesores por abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia física, violencia verbal y actos inmorales, también académicas que denunciaron a personal administrativo por violencia laboral.
 
Cabe destacar que ni la UACh ni la UAM respondieron la solicitud de información.
 
16/GVV/LGL