Violencia de Género

Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.
 
Convocadas por la  Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos,  y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.
 
Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la  bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente  de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años, apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.
 
Protestan también en contra de la violencia sexual contra la niñez, ya que datos del Instituto de Medicina Legal señalan que entre enero y marzo de este año se han practicado 4 mil 315 exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de edad,  3 mil 674 a niñas. 
 
Por eso hoy, en la movilización se exigen, como hace un año al inicio de la campaña “Romper el Silencio”, convocada por  María Isabel Covaleda y Beatriz Torres, víctimas de violencia de género, que haya políticas públicas para la protección de las mujeres y niñas colombianas; que la ciudadanía se convierta en inspectora de la justicia y actuar ante la indignación.
 
Explican las convocantes que la protesta se realiza frente a la sede de la Fiscalía General, porque ahí se investigan los casos de feminicidio y se califican los procesos, aunque deberían también  protestar ante la Policía, la Procuraduría y las Personarías, ya que esas instituciones deben asumir sus responsabilidades para garantizar la vida de las mujeres.
 
La propuesta de movilizarse este miércoles surgió hace dos semanas, cuando la organización Maisa propuso actos en protesta por el feminicidio de  Claudia Johana Rodríguez, quien tenía  40 años de edad cuando fue  asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.  
 
Ante el silencio de las instituciones del gobierno que debería garantizar la vida de las mujeres, cuestionaron en dónde está la revisión de los procesos y por qué las instituciones no se pronuncian  y por qué la policía no cumplió con proteger a la ciudadanía, como sucedió con Claudia. Hoy la protesta no es por Claudia, es por todas. 
 
17/RED

Luego de que el  conductor del programa “Sentido Contrario”, Marcelino Perelló realizó comentarios sexistas, ofensivos y misóginos contra víctimas de violencia sexual, por lo que Radio UNAM canceló la emisión el pasado 7 de abril, la senadora perredista Angélica de la Peña llamó a los concesionarios de radio y televisión a mejorar sus códigos de ética y autorregulación en la producción y transmisión de contenidos.
 
En un comunicado, la senadora feminista y una de las principales impulsoras y redactoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dijo que este lamentable episodio, ocurrido el 28 de marzo debe ser analizado, pues la libertad de expresión tiene límites y esa delimitación es el respeto de los derechos de terceros, en este caso, los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
 
“Las expresiones de Perelló fueron actos de violencia de género contra las mujeres, que transmitidas a través de un medio de comunicación, se convierten en una apología de la violencia sexual; sus expresiones refuerzan estereotipos machistas y violentos que atentan contra la dignidad y la seguridad de las mujeres y las niñas”, señaló De la Peña Gómez.
 
El pasado 28 de marzo, el conductor del programa que se transmitía en la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se expresó en forma vulgar, misógina y sexista respecto a la violación sexual sufrida por Daphne en Veracruz, y del fallo emitido por el juez Anuar González Hemadi, también se refirió, en el mismo tono, al caso de Tamara de Anda, quien denunció acoso callejero,  lo que provocó que Radio UNAM anunciara la salida del aire de su programa, el pasado 7 de abril.
 
La senadora De la Peña agregó que el lenguaje sexista y discriminatorio quebranta el derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia, de transitar de manera libre y segura y contribuye a la normalización del acoso callejero y la violencia sexual.
 
“México avanza lentamente hacia un Estado de derecho, donde el principio de la igualdad de género y la no discriminación son principios rectores del sistema democrático; Marcelino Perelló es muestra del gran desafío que representa la transformación cultural como paso previo para alcanzar la igualdad sustantiva”, agregó en su comunicado.
 
Recordó que la  UNAM, quien tiene múltiples denuncias por acoso sexual contra alumnas y que también ha sido criticada por la carencia de perspectiva de género en el tratamiento que dio a dichos casos, “se adhirió a la campaña “He for She” de Naciones Unidas e implementó diversas para promover la igualdad de género y la prevención del acoso sexual entre la comunidad universitaria”.
 
Angélica de la Peña hizo un llamado a la sociedad civil organizada y a las instituciones públicas para desterrar todos los tipos de violencia de género y agregó que “sería positivo que Radio UNAM dedicara un espacio de su programación a la promoción de los principios de la igualdad de género y la no discriminación, así como a la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas”.
 
QUEJA ANTE CONAPRED
 
El mismo 7 de abril fue presentada ante el Consejo Nacional para Prevenir la  discriminación (Conapred) una queja contra el aún profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Marcelino Perelló, interpuesta por las profesoras- investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos y Graciela González Phillips.
 
Señalan las académicas que es sumamente grave que los dichos de Perelló se hayan hecho en las frecuencias de Radio UNAM, una estación de radio pública y cuestionan por qué la UNAM tardó más de una semana en suspender el programa “como si los directivos de la emisora necesitaran enterarse a través de redes sociales de lo que se dice en sus propias transmisiones”.

17/LGL/GG
 

La integrante del Centro de Apoyo a la Mujer, Clementina Nava Pérez, advirtió que en Colima la sociedad no ha dado una respuesta contundente ante la situación de violencia en contra de las mujeres y pidió que los hechos violentos no se vean como algo cotidiano o normal.
 
La activista social y especialista en temas de violencia de género expresó que, en estos tres primeros meses del año, 15 mujeres han sido asesinadas en la entidad y el año pasado se reportaron alrededor de 50 casos de feminicidio, por lo que “si seguimos con esta estadística, ¿con cuántos casos estaremos cerrando el 2017”?, cuestionó Nava.
 
Señaló que la violencia que afecta a la sociedad en general y particularmente a las mujeres, pareciera que la sociedad la está normalizando, y refirió que en la medida que se dan más casos de asesinatos, la respuesta como sociedad es nula. “En la medida en que se dan más casos (de asesinatos), la respuesta es casi nula, de no ser por los organismos que estamos trabajando a favor de las mujeres”.
 
Nava Pérez señaló que la violencia contra las mujeres va en ascenso en los últimos años, “eso nos parece alarmante y bastante grave. No tenemos que permitir que un asesinato más se cometa”.
 
La activista expresó que ante este panorama es prioritario que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Violencia de Género, que desde hace dos años solicitaron las organizaciones civiles, entre ellas el CAM, tras documentar la violencia sistemática en contra de las mujeres.
 
De los 15 asesinatos de mujeres que se han cometido en estos tres meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima únicamente ha esclarecido un caso que ocurrió en Manzanillo, donde una mujer fue asesinada por su pareja sentimental.
 
17/HDLG/GG
 

Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios del Estado de México en donde hay Alerta de Violencia de Género desde el 31 de julio de 2015.

En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en Neza, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar encontraron el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 5 años de edad.

El martes 21 de marzo, organizaciones y colectivos de mujeres del Estado de México levantaron un altar en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la niña. Desde las 11 de la mañana, activistas y un grupo de vecinas, cruzaron la avenida Bordo de Xochiaca para hacer un altar y exigir seguridad y un trabajo eficaz a la policía.

Mujeres de la colonia se sumaron espontáneamente para hacer el altar. Algunas que iban a “hacer su mandado”, solo fueron a dejar su compra, “solo llevo mi carne porque si no se me echa a perder”, y regresaron para ayudar.

Mientras las mujeres hacían el altar, un grupo de policías estatales las “acompañaban”, “por “su seguridad”. Mientras, agentes ministeriales inspeccionaban el lugar para continuar con las investigaciones.

Las activistas escribían consignas en cartulinas y construían la cruz que acompañaría el altar, mientras las vecinas del lugar recordaban a los policías su obligación de garantizar seguridad y medidas como alumbrado en sus calles.

Las vecinas, e integrantes de la Agrupación Política Nacional Nosotras, el Colectivo de Madres del Edomex y Centro Cultural y Organización Social de Nezahualcoyotl, agarradas de la mano, realizaron un acto de unión por la niña asesinada.

Activistas y vecinas fueron al Servicio Médico Forense para que las autoridades no den “carpetazo” al caso. El fiscal Mauricio Blancas les dijo que ellos solo levantaron el cuerpo, que el caso corresponde a la Fiscalía de Feminicidios, aunque sabe que no existe Alerta Amber o denuncia por desaparición que corresponda a la descripción de la niña.

El lunes 27 de marzo, los colectivos de mujeres y las vecinas se manifestarán frente a la Fiscalía de Feminicidios, para que se identifique a la niña y se haga justicia.

17/CML/GGQ

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG

La Plataforma Feminicio.net lleva años realizando una extraordinaria labor en el seguimiento y análisis de los datos de violencia machista y recientemente ha presentado un avance de datos de un capítulo de la investigación Feminicidios y otros asesinatos de mujeres, Informe España 2015.
 
Se trata de los datos del Capítulo 14, titulado “Análisis de datos estadísticos sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”: desde que las víctimas de violencia machista denuncian hasta que se dicta sentencia de los casos a lo largo de un año”.
 
El análisis responde a las preguntas: ¿”Hay salida” para todas las mujeres que denuncian? ¿”Hay salida” para todas las que solicitan una orden de protección? ¿Son las mujeres extranjeras-migrantes iguales que las españolas ante la ley?
 
Los datos arrojan luz sobre estas y otras preguntas. Apuntan a que la Ley Integral contra la Violencia de Género se topa con un muro, el de la Justicia Patriarcal. ¿Quién defiende a las mujeres de la Justicia Patriarcal cuando esta deja impunes a maltratadores?
 
En 2015 constan 15 casos de feminicidio en los que, producto de un continuo de maltrato, se interpuso una denuncia por parte de la víctima contra su victimario. Dos fueron casos de feminicidio familiar: mujeres asesinadas a manos, en estos casos, de sus hijos. Trece casos de feminicidio íntimo, en el marco de la pareja o ex pareja.
 
En cinco ocasiones, víctima y victimario aún convivían. El 40 por ciento de las denuncias interpuestas por las víctimas fueron archivadas. Destacan tres casos en Pontevedra, ninguno tenía medidas de alejamiento. En cuatro de estos casos hubo denuncia cruzada, es decir, el victimario denunció a la víctima y consiguió que no se otorgaran medidas de alejamiento o se condenara el maltrato habitual que sufría la mujer.
 
Según datos oficiales, entre 2006 y 2016, sólo el 25 por ciento de las víctimas mortales reconocidas había denunciado previamente a su agresor. En el 2016 la cifra es del 36.4 por ciento, por lo que aumenta el porcentaje de casos en los que la prevención falla.
 
Las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas. Mientras que alcanzan hasta un 13 por ciento de la población (incluyendo extranjeras nacionalizadas), en 2016 el porcentaje de mujeres víctimas mortales en el marco de la Ley Integral es del 43.2 por ciento. Esta cifra remonta tras años de tendencia a la baja y casi iguala el registro más alto en 2008 con el 43.4 por ciento de las víctimas de origen extranjero.
 
DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
 
En 2008 se experimentó un pico histórico de denuncias con 60.97 denuncias presentadas por cada 10 mil mujeres. Desde entonces, la tendencia a la baja ha continuado hasta 2014 (53.28 denuncias) y en 2015 alcanza de nuevo ratios superiores con 54.43 denuncias por cada 10 mil mujeres pero sin llegar a la confianza en el sistema de 2008.
 
¿QUIÉN DENUNCIA?
 
- Intervención policial: Experimenta un ascenso en 2012 que se mantiene y alcanza el 15.58 por ciento de los procesos iniciados por esta vía.
 
- Víctima: Aunque rompió en 2012 la tendencia a la baja, continúa bajando desde entonces y se sitúa en el 68.96 por ciento, con respecto al 73.02 por ciento que representaba en 2010.
 
- Familiares: En 2015 se experimenta un repunte de esta vía de denuncia: del 1.63 por ciento en 2014 alcanza un 2.26 por ciento al año siguiente.
 
- Servicios asistenciales y terceros: En 2015 se iguala el pico que se produjo en 2013 con el 1.92 por ciento de las denuncias.
 
- Parte de lesiones: Por primera vez desde 2010, se rompe la tendencia al alza y el porcentaje de denuncias por esta vía se estabiliza en el 11.28 por ciento del total en el 2015.
 
PORCENTAJES DE DENUNCIA
 
- Los índices más altos de denuncias en 2015 se dan en Baleares (83.96 denuncias por cada 10 mil mujeres), seguida de Granada (74.9), Málaga (74.58) y Santa Cruz de Tenerife (74.16). Por Comunidades Autónomas, destacan Baleares (83.96), Canarias (73.39) y Comunidad Valenciana (69.03).
 
- Por otro lado, las tasas más bajas están en Salamanca (16.32 denuncias por 10 mil mujeres), Teruel (20.93), Palencia (24.34) y Soria (26.26). Entre las Comunidades Autónomas, los registros más bajos corresponden a Galicia (36.81), Navarra (36.92) y Castilla y León (37.08).
 
RENUNCIAS AL PROCESO
 
- El porcentaje de renuncias al proceso presentadas por la víctima se mantiene estable en torno al 12 por ciento entre 2010 y 2015. En 2015, este porcentaje es del 11.86 por ciento.
 
- Las Comunidades Autónomas (CCAA) donde menos renuncias se producen son Extremadura (4.60 por ciento de las denuncias), Galicia (5.49 por ciento) y Cantabria (6.78 por ciento).
 
En 2015, los territorios que más renuncias presentan al proceso son Melilla (27.49 por ciento), Euskadi (18.55 por ciento), Navarra (16,12%), Asturias (15.90 por ciento) y Madrid (14.91 por ciento).
 
SOBRERREPRESENTACIÓN DE EXTRANJERAS
 
- La sobrerrepresentación media de las renunciantes extranjeras, en relación con la población de mujeres, es del 27.77 por ciento.
 
- En 2015 el índice de sobrerrepresentación más elevado de mujeres extranjeras que renuncian al proceso se produjo en las ciudades autónomas de Ceuta (78.03 por ciento) y Melilla (54.81 por ciento), y en las CCAA de Navarra (46.91 por ciento), Euskadi (39.42 por ciento), Aragón (39.21 por ciento), Cantabria (37.98 por ciento), La Rioja (35.64 por ciento) y Madrid (33.55 por ciento).
 
DENUNCIAS ARCHIVADAS
 
- En 2015, el 40 por ciento de las denuncias fueron archivadas.
 
- El 86.19 por ciento de los archivos se realizaron “por no resultar justificada la perpetración del delito”.
 
- Extremadura es la Comunidad donde menos causas se archivaron en 2015 (el 27.13 por ciento).
 
- Por otro lado, en Melilla, Islas Baleares, Castilla y León y Galicia se supera el 50 por ciento. Más de la mitad de las causas son archivadas.
 
- Por provincias, Palencia y Salamanca archivan más del 90 por ciento de las denuncias (el 92.65 por ciento y el 91.9 por ciento, respectivamente).
 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
 
- En 2015 se iniciaron 36 mil 292 órdenes de protección. De media estatal, en el 28.09 por ciento de las denuncias se solicitaron estas medidas, con variaciones entre el mínimo de solicitudes en Baleares (14.30 por ciento) y el máximo en La Rioja (41.88 por ciento).
 
- El 70.98 por ciento fueron solicitadas por mujeres españolas.
 
ACORDADAS
 
- De media, solo se acordaron el 57.38 por ciento en 2015.
 
- Las Comunidades Autónomas que más medidas acordaron en 2015 fueron Aragón (76.23 por ciento), Extremadura (74.72 por ciento) y Baleares (73.57 por ciento). Por otro lado, Catalunya (37.05 por ciento) o Madrid (44.12 por ciento) tienen porcentajes inferiores al 50 por ciento: se acuerdan menos de la mitad de las medidas solicitadas.
 
- Por provincias, destacan las diferencias territoriales en las propias Comunidades. Así, Huelva acuerda el 78,83% de las órdenes de protección, mientras que Sevilla sólo alcanza el 36,57%. Las diferencias se repiten en Castilla y León y Catalunya, especialmente.
 
DENEGADAS
 
- En 2015, se denegaron el 37.88 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección.
 
- Catalunya deniega el mayor porcentaje de solicitudes con un 62.95 por ciento, si se tienen en cuenta las inadmitidas. Le siguen Madrid y Euskadi con 55.88 por ciento y 51.04 por ciento, respectivamente. Por provincias, Barcelona, Girona y Sevilla encabezan la lista.
 
- Por otro lado, las estadísticas de 2015 dicen que resultó más sencillo conseguir la orden de protección en Salamanca (sólo se denegaron el 3.13 por ciento), Granada (7.12 por ciento) o Soria (7.81 por ciento).
 
INADMITIDAS
 
- De media desde 2010, el 4.73 por ciento de las OP se han inadmitido.
 
- Aunque en algunos territorios es del 0 por ciento (se tramitan todas las solicitudes de medidas, aunque luego se denieguen), en otros los porcentajes llegan al 15 por ciento.
 
- En 2015, Murcia alcanza el 15.09 por ciento y le siguen La Rioja y Canarias con 11.24 por ciento y 11.02 por ciento, respectivamente. Por otro lado, Baleares y Castilla y León presentan los índices más bajos de inadmisión (0.15 por ciento y 0.51 por ciento, respectivamente).
 
- Por provincias, son especialmente elevados en Guadalajara, donde no llegan ni a tramitarse una de cada cuatro peticiones de orden de protección (el 25.94 por ciento), seguida por Melilla (con un 16.67 por ciento) y Murcia (15.09 por ciento).
 
SENTENCIAS
 
- En 2015 se resolvieron el 18.7 por ciento de las denuncias planteadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM).
 
- El 99.29 por ciento de los enjuicidados en estas instancias eran hombres. De ellos, el 77.15 por ciento era español.
 
- Solo el 2.55 por ciento de los partidos judiciales concentran el 70.59 por ciento de las mujeres procesadas y el 84.88 por ciento de las condenadas.
 
JUZGADOS DE VIOLENCIA  
 
- Los hombres son condenados en el 76.61 por ciento de las ocasiones en los JVM.
 
- Melilla y Madrid son los territorios que menos condenan, con un 56.6 por ciento y un 60.5 por ciento, respectivamente.
 
- Por provincias, destacan Sevilla, con el 52.67 por ciento de las condenas, Ávila con el 53.85 y Valladolid, con solo el 43.94 por ciento de las condenas.
 
JUZGADOS DE LO PENAL
 
- De media, el 52.26 por ciento de los hombres encausados en los Juzgados de lo Penal son condenados por violencia de género.
 
- Ceuta, Palencia y Araba tienen porcentajes que rondan el 90 por ciento de los encausados condenados.
 
- Por otro lado, solo uno de cada cuatro acusados son condenados en Tarragona.
 
QUEBRANTAMIENTOS DEL ALEJAMIENTO
 
- En 2015 se registraron 8 mil 733 delitos de quebrantamiento y, a nivel estatal, suponen el 6.76 por ciento de las denuncias formuladas en todo el año.
 
- Por Comunidades Autónomas, Navarra y Murcia presentan un mayor porcentaje de quebrantamientos (24.01 por ciento y 17.9 por ciento, respectivamente) con respecto a las denuncias presentadas. Por el contrario, en Madrid (0.19 por ciento) y Ceuta (1.99 por ciento) se presentan las tasas más bajas.
 
- Por provincias, se enjuician más quebrantamientos en Navarra y Badajoz (con el 23.05 por ciento) y menos en Segovia y Madrid (con 0 por ciento y 0.19 por ciento).
 
- Con respecto a la población de mujeres, cada 10 mil de las que habitan el Estado se producen 3.68 quebrantamientos. Estos datos se agravan en Murcia, Badajoz o Melilla y tienen tasa cero tanto en Segovia como en Teruel.
 
17/RED/GG

En 2015, la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
El estudio, titulado “El Costo de la Violencia contra las Mujeres en México”, explica por qué la violencia genera costos económicos: cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar o ir a terapia psicológica; deja de recibir sueldo por faltar al trabajo y gasta más en trasporte; mientras que el Estado invierte en programas de prevención, apoyos sociales, procesos jurídicos y en mantener a los culpables en prisión.  
 
El estudio señala que la cifra obtenida corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los 12 meses de 2015, a los ingresos que dejaron de percibir por causa de un feminicidio (casos registrados en 2013), así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar.
 
La cifra también contempla el gasto de los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por ejercer violencia familiar en 2015 y los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
 
En esta suma de 2015 no se incluyen otras violencias contra las mujeres como la laboral, escolar, comunitaria e institucional, lo que elevaría sustancialmente el costo, señala el estudio del  PUEG –ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)-  a petición de la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
El costo económico de la violencia contra las mujeres se elevaría aún más si todos los casos fueran denunciados, pero esto no se refleja ya que en el país existe un bajo nivel de denuncias y solo 13 por ciento de las mujeres violentadas lo hace.
 
PROBLEMA ECONÓMICO
 
Para calcular cuánto cuesta la violencia de género al Estado mexicano, el PUEG realizó una metodología que pudiera integrar todos los aspectos de la vida cotidiana que se modifican y causan gastos personales e institucionales ante esta situación, como los gastos en salud, justicia criminal y civil, bienestar social y servicios especiales gubernamentales.
 
A pesar de la falta de información, el estudio logró obtener un dato para aproximarse al costo de la violencia contra las mujeres y mostrar que es un problema que afecta la economía del país y el bolsillo de las mujeres. 
 
VIOLENCIA Y PRESUPUESTO FEDERAL
 
En relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el costo de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el PUEG,  representa el 5 por ciento del gasto total.
 
Al igual que en el caso del PIB, cuando se observan los costos de la violencia en relación con al PEF, la cifra es baja, si se considera la baja denuncia, lo que significa que no utilizan los bienes y servicios que las instituciones de Gobierno deben ofrecer para garantizar justicia y reparación del daño, por lo que el Estado ahorra lo que 87 por ciento de las mujeres no demandan en estos bienes y servicios.
 
 
17/AGM/GG
 

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza manifiesta su “más combativo apoyo” a la huelga de hambre iniciada por 8 mujeres de la Asociación Velaluz en la Puerta del Sol de Madrid, con objeto de reclamar que la actuación contra la violencia machista sea cuestión de Estado. “Resulta, efectivamente, insoportable la inacabable sucesión de muertes, anunciadas de una u otra manera, de mujeres por parte de quienes no tienen ningún derecho a arrebatarles la vida”, subrayan en un comunicado.
 
La pérdida de mujeres cada semana desde hace años, por la violencia machista, aún no ha merecido un titular de prensa, y la opinión pública no la considera una cuestión grave. En 2008 se crea un Ministerio de Igualdad que genera la ilusión de que la temática de la mujer sube de rango: sus objetivos son eliminar toda clase de discriminación y erradicar la violencia de género. “30 meses después desaparecía, ante los primeros síntomas de la crisis: si se ha de recortar, de donde primero se recorta es de las necesidades de las mujeres que no tenemos capacidad de presión como colectivo. Entretanto, nuestras vidas penden entre estos contradictorios mensajes que finalmente subrayan su poca significación social”, denuncian desde la Coordinadora.
 
“Las compañeras de la Asociación Velaluz, de A Coruña, son supervivientes de violencia machista y reclaman una mayor atención por parte de las autoridades”, y lo hacen mediante un manifiesto que contiene 25 medidas como que se contemple la figura del feminicidio, que se reconozca a las víctimas de violencia machista como víctimas de terrorismo o que se suspenda el régimen de visitas a padres condenados por violencia machista.
 
“Estamos de acuerdo con las mujeres de Velaluz que han traído hasta Madrid los zapatos rojos como símbolo de la violencia contra nosotras. De acuerdo en que ha llegado la hora de actuar como si de verdad quisiéramos librar a la sociedad de un inasumible resabio de barbarie”, concluyen desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.
 
*Este artículo fue retomado del portal http://arainfo.org
 
17/RED/GG 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, y el director general de la Fundación Vodafone España, Santiago Moreno han presentado este lunes “Pormí”, aplicación móvil contra la violencia de género accesible, ya que cuenta con información en lectura fácil y lengua de signos.
 
Esta herramienta digital ha sido impulsada por la FCM y la Fundación Vodafone España. Ambas entidades han contado con la colaboración de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y diferentes entidades miembros del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Además, la aplicación ha sido desarrollada por ILUNION Tecnología.
 
Esta aplicación gratuita está disponible en Android e iOS y tiene como objetivo facilitar el conocimiento y detección de la violencia de género, así como  información sobre los derechos de las mujeres; recursos telefónicos y servicios específicos para estas situaciones; canales de denuncia; asistencia pedagógica; asesoramiento legal, y más información que pueda ser de utilidad para identificar situaciones de violencia que pueda sufrir la usuaria de la aplicación.
 
En el acto de presentación, el director general de la Fundación Vodafone España ha comenzado su intervención indicando que “es complicado hablar de la aplicación que presentamos hoy, porque uno sólo querría hablar de violencia machista para decir que ya hemos erradicado esta lacra”. Eso sí, ha subrayado que “es una satisfacción para nosotros que la Fundación CERMI Mujeres nos haya invitado a ser partícipes de esta iniciativa”.
 
Además, Santiago Moreno ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que contribuyan a dar a conocer esta aplicación, porque si las mujeres con discapacidad no saben de su existencia no la utilizarán. En todo caso, ha reconocido que la tecnología “no resuelve el problema por sí misma, sino que tenemos que hacerlo entre todas las personas”.
 
INFORMAR, CONCIENCIAR Y DENUNCIAR
 
La coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha sido la encargada de hacer una presentación de la propia aplicación, mientras la vicepresidenta ejecutiva de la entidad ha pedido un minuto de silencio al inicio de su intervención en memoria de las víctimas de violencia machista de 2017, recordando el caso concreto de una mujer con discapacidad que fue asesinada recientemente en la localidad toledana de Mora a manos de su pareja.
 
“La aplicación ‘Pormí’ es una herramienta accesible para víctimas con discapacidad que puedan verse en una situación de violencia como se vio esta mujer de Mora. Es una aplicación para que nosotras podamos acceder a los recursos que existen para víctimas de violencia machista y a los que apenas llegamos”, ha apuntado Ana Peláez.
 
Además, ha hecho hincapié en que la aplicación sirve para concienciar, informar y denunciar y que es una aplicación “viva que se debe ir construyendo”.
 
En esta línea, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido a que “Pormí” sea una realidad y ha mostrado también su gratitud a la que hasta el pasado viernes era delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, “quien ha conseguido que las mujeres con discapacidad hayamos pasado de no importar en las políticas contra la violencia machista a ser consideradas en ellas”. Así, ha deseado éxito a la nueva delegada, María José Ordóñez.
 
Por último, Mario Garcés ha destacado que “la violencia de género es una de las patologías más graves y sangrantes que tenemos como sociedad” y ha recordado que algo más del 23 por ciento de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia machista, cifra superior a la del resto de las mujeres.
 
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios desde las administraciones y la sociedad civil. Debemos ser un ejército de personas que buscamos la paz. Contra la violencia machista no hay diferentes partidos políticos, porque todos tenemos el objetivo común de erradicar este problema”, ha concluido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
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