Violencia de Género

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE

Ha llegado el momento de empezar nuestros recuentos del año, de este 2017 en el que tantas y tantas cosas sucedieron y siguen sucediendo, en nuestro querido y lastimado México…

Empiezo a recordar las noticias con dificultad, por las emociones que me generan estos recuerdos, las noticias con las que iniciamos este 2017.

Noticias que nos afectaron tanto, como fueron entre otras: el “gasolinazo” que sembró un clima de desconcierto, miedo y enojo, sumado a la extraña sensación de saber que el país más poderoso del mundo empezaba a ser gobernado por un personaje tan terriblemente destructivo y amenazante para nuestra integridad, como Trump.

Por otro lado, el excesivo incremento de la violencia en todo el país, especialmente la violencia de género, que ha cobrado tantas vidas de mujeres en el Estado de México, Puebla, Ciudad de México y en general en todo el territorio.

Preguntas que siguen sin respuestas, como ¿dónde están los 43? ¿quiénes asesinan a las y los periodistas? ¿qué pasa con los asesinos de mujeres a quienes los detienen y posteriormente los liberan? ¿cuándo se hará justicia ante los delitos de tantos gobernadores corruptos? ¿de qué manera nos afecta el manejo de las sucias estrategias electorales de todos los partidos contendientes? y ¿cómo nos ha trastocado la Ley de Seguridad Interior?

Ley, que lo que menos nos brindará será seguridad, y la cual violenta nuestros Derechos Humanos, una ignominia que a quienes estamos más conscientes de lo que esto significa, nos lacera y nos asusta generando gran incertidumbre y desconcierto.

2017 ¡no ha sido un año más! ha sido y sigue siendo un año en el que seguramente nos sucedieron cosas maravillosas en todos sentidos, sin embargo, no podemos hacer de lado, que socialmente es un año que nos ha impactado emocionalmente a nivel muy profundo, no sólo en lo individual sino en el imaginario colectivo.

Un año en el que fuimos víctimas en Puebla, Chiapas Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México de dos fuertes sismos, de los que aún no nos reponemos porque por un lado, los gobiernos no han respondido como tendrían que hacerlo a las personas damnificadas que perdieron sus hogares y medios de trabajo.

No terminamos de reponernos aún, porque al recorrer por muchas calles observamos edificios afectados y espacios vacíos donde antes había una casa o un edificio, y aunque no digamos nada abiertamente, a veces, lo detectamos porque nos toca el corazón y las memorias del miedo vivido y de recordar que murieron muchas personas consecuencia de los sismos nos invaden nuestras mentes, ante la negligencia por parte de las autoridades.

Son muchos los efectos emocionales por los que hemos pasado: estrés, pánico, crisis nerviosas, agotamiento, angustia, pesadillas, ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad, dolores musculares y contracturas, así como recuerdos de escenas traumáticas.

Son estas circunstancias o acontecimientos inesperados que ponen en peligro nuestra vida o la integridad de algún familiar o persona conocida, como: catástrofes naturales, guerras, accidentes de avión, de tren o de carretera, secuestros o agresiones con violencia… de los que, con suerte, se sale con fracturas, heridas o simplemente magulladuras, pero con el tiempo también se manifiestan en una serie de secuelas psicológicas originadas por todo este tipo de violencia.

Ante un año cargado de tantas y fuertes emociones vividas, creo importante integrar el autocuidado a nuestras vidas tanto personal como colectivo, y para ello comparto aquí las siguientes sugerencias:

Solicitemos ayuda, apoyo y acompañamiento psicológico, además de rodearnos de familiares y amistades de quienes sepamos que nos quieren para alimentarnos de ese cuidado y cariño, para sobrellevar las situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día.

Es importante que podamos expresar lo que nos sucede y encontrar contención emocional.

Tratemos de aprender técnicas de relajación y respiración, esto ayudará a que calmemos la ansiedad y disminuya el intenso estado de alerta.
Intentemos evitar situaciones estresantes en la medida de lo posible, mantener la mayor tranquilidad y realizar toda actividad con moderación, incluso o especialmente el trabajo.
Es importante tomarse un descanso cuando experimentemos que hemos alcanzando un álgido punto de estrés.

También ayudará implementar hábitos que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida, realizar actividades creativas que ayuden a alimentarnos de situaciones sanas, para contrarrestar los efectos tan impactantes de la violencia.

Estamos cerrando un año que ha sido en todos sentidos difícil, un año, que nos obliga a hacer profundas reflexiones, que nos lleven a actuar de manera congruente no solo para cuidarnos, sino para cuidar a México, nuestro querido y lastimado país, que tanto necesita como nosotras y nosotros de ser cuidado.

Que el año venidero nos permita ser parte de un cambio, en el que verdaderamente retiemble en sus centros la tierra, sin quedarnos cruzadas y cruzados de brazos, para parar la violencia e impunidad, hacia cualquier persona.

Un próximo año en el que la fuerza del amor propio, el amor hacia las y los demás, y la compasión, sean nuestras más importantes herramientas de cambio.

Que todas y todos tengamos un buen cierre de año y un mejor 2018 en todos sentidos.

Con amor siempre…

www.saludmentalygenero.com.mx
*Psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género, y directora del Centro de Salud Mental y Género.
Whatsapp 55.80.97.91.02

17/ABL/LGL

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonović, señaló hoy que Bahamas necesita adoptar una serie de medidas para acabar con la discriminación y la violencia de género.

Después de su visita oficial al país caribeño, la experta independiente de Naciones Unidas, aseguró que deberían consagrar el principio de la igualdad de género en su Constitución.

La discriminación sexual contra las mujeres no está prohibida en todos los ámbitos y el principio de igualdad entre mujeres y hombres no está consagrado en la legislación, lo cual da lugar a un marco jurídico débil para la protegerlas a ellas, recalcó en su reporte.

Šimonović instó al gobierno de Bahamas a aprobar una ley general sobre la violencia contra mujeres y niñas, y acabar con otras lagunas jurídicas al prohibir -por ejemplo- la violación conyugal o permitir que las adolescentes reciban anticonceptivos y otros servicios de salud sin el consentimiento de los padres.

La violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en los estereotipos de género persistentes y el patriarcado, apuntó.

“Desde mi punto de vista, la violencia contra las mujeres se oculta, se niega y, lo que es aún más preocupante, se acepta como normal”.

Por ello, añadió la relatora especial, resulta indispensable más educación sobre igualdad de género y violencia de género, además de sistematizar los datos y análisis que permitan revelar el alcance de estos problemas.

Otra de las recomendaciones de la experta de la ONU fue crear más refugios y lugares asistenciales a donde puedan recurrir las mujeres si sufren violencia de género.

También mostró preocupación por la impunidad que tienen quienes cometen violaciones contra mujeres y niñas, y en ese sentido recomendó el establecimiento de tribunales especializados.

17/RED/LGL

Durante su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.

Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir declaración.

“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.

En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar, limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.

De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.

El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente, unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del refugio un día.

Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el motivo de su expulsión.

Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el medicamento.

“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de... esta parte de la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los habían atendido.

Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”, retiró Sosa.

Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.

“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”, recordó la madre.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no aceptó.

Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación, tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.

Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California. Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.

Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.

Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.

A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.

Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.

SIN CULPABLES

Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.

En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014.

Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.

La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica, quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.

En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

17/MCT/LGL

Inevitablemente se acercan las fechas navideñas. Inexorablemente son tiempos de regalos y de buenos deseos. Incluso las personas a las que no nos gustan estas fechas, acabamos pronunciando la manida frase del "felices fiestas" como consecuencia de la catarsis colectiva que sufrimos socialmente. En fin, hay que pasarlas.

Este año propongo, a quien pueda leer esto, una reflexión como idea de regalo navideño. Y es la siguiente: ¿Qué pasaría si acabáramos (de una puñetera vez) con el patriarcado? ¿Nos lo pedimos?

Si definimos el patriarcado como: "Una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna.

El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible. El patriarcado es el constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual” tendremos pistas para poder preparar nuestra petición de regalo navideño que, al tiempo, podría ser nuestra estrategia colectiva para iniciar una campaña colectiva para sensibilizar contra este sistema opresor.

La terrible alianza entre los sistemas capitalista y patriarcal está renovando su ofensiva contra los cuerpos de las mujeres y las niñas y, de ese modo, reforzar su poder sobre ellos.

Tenemos ejemplos recientes y muy dolorosos sobre lo que digo. La violación en grupo de los malnacidos de la manada a una joven en Pamplona en julio del 2016 y el posterior juicio, incluidos algunos comentarios de los abogados de los malnacidos, la agresión sexual a una adolescente de 15 años por parte de tres jugadores de fútbol de la Arandina, la proposición de ley de Ciudadanos para regular los vientres de alquiler, los recortes de derechos a las jóvenes menores de edad para interrumpir voluntariamente sus embarazos, la cosificación masiva de los cuerpos de mujeres y niñas con el fin último de incitar a consumir y también a consumirlos por parte de los puteros, la hipersexualización de los cuerpos de las niñas siendo incluso bebés con el objetivo de vender, nos hace ver que esa perversa alianza funciona. Y funciona bien.

Desde el feminismo la cuestionamos cada día y clamamos contra ella demostrando cotidianamente que es una alianza perversa y dolorosa que condiciona nuestra cotidianeidad e incluso nos destroza la vida con sus formas violentas de manifestarse o por los corsés que nos impone con su heteronormatividad sexual.

Sé que es una ilusión, pero quiero pensar que poco a poco y denuncia tras denuncia podremos ir recortando esos efectos perversos en nuestras vidas. Quiero pensar que el trabajo que mucha gente realizamos cada día en sensibilizar sobre la desigualdad que generan en todos los ámbitos de la vida estos sistemas opresores tiene resultados.

Que a la infancia que escucha en sus clases que mujeres y hombres han de ser iguales se les quede un poso para plantar cara a ese sistema y aprendan a relacionarse en igualdad de condiciones en todos los rincones de su vida. Que en sus planes de estudio se integre la educación afectivo-sexual que les ayude a entablar unas relaciones más simétricas y menos basadas en estereotipos que solo buscan someter a las mujeres.

Que de cada asamblea de trabajadores y trabajadoras en donde se expliquen las clausulas de los convenios en donde se esconde la desigualdad, sean esos mismos compañeros y compañeras los que las denuncien y exijan unas condiciones de trabajo y retribuciones igualitarias. Y que a su vez haya más mujeres en las negociaciones de esas condiciones de trabajo y de salarios.

Que cada persona con responsabilidad política, sea en un Ayuntamiento pequeño o en las Cortes Generales, se acuerde de ponerse las gafas moradas a la hora de tomar decisiones para que estas no impliquen desigualdades en demasiadas ocasiones ocultas pero reales. Y que se impulsen planes de igualdad para caminar hacia una ciudadanía más equitativa en sus condiciones de vida cotidianas.

Que los medios de comunicación sean mucho más escrupulosos con los lenguajes que utilizan tanto escritos como audiovisuales y con la forma de redactar determinadas noticias para que todas las personas nos podamos ver reflejadas correctamente en esos marcos informativos.

Que se nos dejen de cosificar nuestros cuerpos y se consideren cuerpos humanos de pleno derecho a todos los niveles, incluso en la salud. Y, por tanto que se invierta en investigación para saber qué tipo de enfermedades padecemos como mujeres y con cuerpos de mujeres y qué tratamientos son los más adecuados, dejando de ser ciudadanas de segunda a quienes nos recetan medicamentos que han sido diseñados y probados en cuerpos de hombres, puesto que era el universal sobre el que se estudia medicina, farmacia. Y por tanto que la salud de las mujeres deje de ser "esa gran desconocida" incluso para nosotras mismas.

Que se apliquen las leyes ya vigentes en esta materia para que desde las diferentes instituciones y comenzando por el Gobierno Central se impulsen las medidas ya aprobadas para construir una sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y, por tanto más igualitaria en todos los aspectos.

Si, ya sé que puede parecer una carta a las Reinas Magas, pero creo que es necesaria la implicación no solo de todos los agentes socializadores (familias, escuela, iguales, medios de comunicación) sino también de cada una de las personas de buena voluntad y que tenga claro que otras realidades son posibles. Con mucho trabajo, por supuesto, pero posible al fin y al cabo.

Esa es mi propuesta navideña de este año. De ella parto cada día cuando suena el despertador. Y soy consciente que hay muchas personas que hacen lo mismo cada día. Por eso mismo creo que, aún siendo complicado e incluso a veces pareciendo imposible, realmente no lo es.

Seguiremos trabajando cada día en todas las propuestas y proyectos en los que podamos colaborar para caminar hacia esa sociedad menos violenta con las mujeres y la infancia y más equitativa entre todas las personas. Esa es mi apuesta personal. ¿Y la tuya?

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL

El común denominador, el trasfondo de las luchas de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre –feministas o no-  es la lucha por la vida y por la paz. Como la sociedad está muy atomizada por el poder neoliberal, también lo están las peleas o defensa de sus derechos.

Buscando a sus familiares desaparecidos en las instancias gubernamentales o escarbando la tierra para encontrar a los miles de desaparecidos. En las marchas para reclamar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, contra la impunidad de este gobierno que su característica más relevante es no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con equidad de género y sin violencia; el derecho a su cuerpo o sus derechos económicos y laborales, contra la violencia laboral y en el reclamo de un salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Derechos Humanos, las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0 por ciento), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con este panorama NO se puede estar de acuerdo con la militarización del país y la cancelación de los Derechos Humanos.

Ver gráfica aquí

Se aclara que en renglón de la negativa a los créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los informes de Banco de México más del 70 por ciento de las empresas viven de los créditos de sus proveedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfica y al Inegi la “Omisión de protección contra la violencia y el maltrato a las mujeres” representa 43.8 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que sucedería dándoles a los militares suprapoderes, por encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Seguridad Interior, obviamente las más afectadas son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de opinión, de la sociedad civil y también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio a conocer los mayores peligros que implica autorizar esta Ley:

1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de policía (como permitirles acciones preventivas a su criterio)
2. No genera centrales para verificar el respeto de los Derechos Humanos
3. Permite a las fuerzas federales (militares) intervenir contra protestas sociales
4. Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial
5. Fomenta la intervención militar en áreas de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías civiles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legítima preocupación por la seguridad, como revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña: reducir la violencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Seguridad Interior”, publicado en el periódico Reforma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad y la delincuencia (66.4 por ciento), como el principal problema; le siguen en orden de importancia la corrupción y por último el desempleo (a pesar de las malas cifras que publica el Inegi sobre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las mujeres. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este proyecto de Ley de Seguridad Interior que está contra la vida, porque esa delincuencia y violencia no se resolverán con esa Ley, por el contrario, sólo se militarizará el país y las luchas sociales como las que emprenden las mujeres, serán combatidas por el Ejército.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

La frontera entre Bangladesh y Myanmar es el sitio de la crisis de personas refugiadas de más rápido crecimiento en el mundo. Más de 620 mil  personas refugiadas rohingya del vecino estado de Rakhine en Myanmar han llegado al distrito Bax de Cox en solo tres meses.

Con más personas en esta situación que llegan todos los días, los asentamientos están desbordados. Más de la mitad de los que llegan son mujeres y niñas.

Marginadas y vulnerables, están soportando la peor parte de la crisis. Los informes indican que la violencia sexual es generalizada y muchas llegan a necesitar atención materna y otros servicios de salud reproductiva.

Sin embargo, en medio del desplazamiento, hay apoyo, esperanza, curación y resiliencia. Las mujeres están emergiendo como las que responden en primera línea. Desde voluntarias hasta asistentes sociales y parteras, las mujeres se ocupan de las mujeres.

UNA PESADILLA QUE NO SE DETIENE

La ayuda humanitaria compite para satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades de acogida, y para planificar la compleja y prolongada situación que se avecina.

Se enfrentan a necesidades abrumadoras. La gente llega después de caminar durante días a través de colinas, ríos y la costa. Muchas personas han experimentado un dolor inimaginable.

“Las heridas externas se están curando, pero la herida interna siempre estará en carne viva”, dijo una mujer al UNFPA en el asentamiento de Balukhali. Su esposo y otros seis miembros de la familia murieron cuando su casa fue incendiada. Ella fue golpeada y apuñalada. “Cada noche tengo pesadillas. No puedo dormir “.

Incluso después de que llegan a los campamentos, la violencia, especialmente la violencia de género, sigue siendo una preocupación importante.

Muchas mujeres están solas, o ahora son las cabezas de sus familias. La sobrepoblación extrema y la privacidad limitada son los principales riesgos de seguridad para ellas y sus hijos. Las tareas esenciales, como recoger agua o leña, bañarse o usar una letrina, pueden ponerlas en riesgo.

Las embarazadas y las nuevas madres tienen una necesidad crítica de servicios de salud materna.

Merula dio a luz hace casi un mes. Su bebé fue entregado dentro de una carpa improvisada con la ayuda de su madre. Ahora tiene tres hijos que cuidar, además de su esposo, Saddam, que se está recuperando de una herida de bala.

MUJERES AYUDANDO A MUJERES

A pesar del tumulto, las mujeres están emergiendo como líderes y trabajadoras de extensión, conectándose entre sí para ayudar y apoyar.

Monowala ya vivía en Bangladesh cuando la crisis se intensificó este verano. Una etnia Rohingya, se ofrece como voluntaria en los asentamientos para personas refugiadas y les cuenta a las mujeres y niñas sobre los espacios propicios para las mujeres del UNFPA: lugares seguros para recibir información, atención médica y derivaciones a consejería.

Los espacios están ayudando a las mujeres a reconstruir un sentido de comunidad. Algunos han comenzado a llamarlos “shanti ghar”, que significa “refugio seguro”.

“El tipo de apoyo que necesitan las mujeres, un médico no puede brindarlo. La herida está adentro “, dijo Monowala. “Las mujeres entienden que cuando vienen aquí no se les ofrece apoyo financiero. Dicen que lo que ofrecemos vale mucho más “.

En el asentamiento improvisado de Leda, la gente busca a “Auntie Leila”, otro trasplante de rohingya de Myanmar que ha estado en Bangladesh durante años. Ella también dirige a las personas a los espacios amigables para las mujeres.

“Cada vez que encuentro una sobreviviente de violencia de género entre los recién llegados o en las calles, me aseguro de traerlas aquí”, dijo. “A las mujeres, les gusta el espacio para venir y hablar abiertamente. A veces llevan a sus hijos a jugar adentro". 

Estas mujeres son esenciales. “Se confía en los voluntarios porque viven en la comunidad. Conocen el idioma y la cultura “, dijo Mosrafa, un gerente de programa en uno de los espacios. También saben cómo encontrar a los necesitados. “Las mujeres enfrentan mucha violencia, por lo que no podemos esperar que siempre vengan aquí en busca de ayuda. A veces tenemos que ir a ellos “.

La participación de las mujeres en la vida pública está muy restringida. “A las mujeres no se les permite sentarse en las tiendas de té para compartir historias, chismes. Por eso es tan importante que las mujeres tengan un espacio como este “, dijo Noor Begum, trabajador social de UNFPA.

LAS PARTERAS SALVAN VIDA

Las parteras respaldadas por el UNFPA también brindan atención que salva vidas, tanto en los espacios seguros como en las clínicas móviles de salud reproductiva. Proporcionan una gama de servicios, incluida la atención prenatal, los servicios de parto seguros y la atención postnatal, así como la gestión clínica de la violación.

En la clínica móvil en Balukhali, una determinada partera llamada Sharifa construyó una mesa de parto de bambú con sus propias manos.

En el campamento de refugiados de Kutupalong, Sabekun tiene 25 semanas de embarazo con su primer hijo. Ella había llegado el día anterior, después de caminar durante siete días para huir de la violencia en su país. Se despertó sintiendo que algo andaba mal, el bebé no se movía como de costumbre.

En el establecimiento de salud del campamento, una partera le aseguró que el bebé está bien, pero que necesita descansar para superar su agotamiento.

“Me sentí tan asustada e insegura esta mañana, pero ahora me siento más en paz”, dijo Sabekun. “Me siento tranquila”.

La trabajadora social del UNFPA, Rafia, señaló que las mujeres son un punto de entrada para llegar a toda la comunidad con mensajes sobre servicios, seguridad y Derechos Humanos.

“Volverán con sus familias y amigos y difundirán esa información. Si proporcionamos información a las mujeres, la difundirán lejos", dijo Rafia.

Y las mujeres también están trabajando para romper el estigma arraigado en torno a la supervivencia de la violencia sexual.

Uno de los voluntarios Rohingya huyó a Bangladesh hace una década durante un brote de violencia anterior. “Mi hermana menor fue llevada a una escuela local y violada y torturada durante cinco días”, dijo. “No había servicios como este disponibles para mi hermana cuando llegamos aquí… Por lo general, en la sociedad si eres violada, te vuelves estigmatizado e intocable”.

Hoy, ella y otros miembros de la comunidad piden un cambio. “Nuestra comunidad ya no debería juzgar esto. Nuestra comunidad comparte esta experiencia. Es una tortura colectiva, pero estamos juntos en esto y podemos apoyarnos unos a otros… Debemos compartir entre nosotros y levantar la carga de todo el trauma “.

*Este artículo fue retomado del portal feminista de noticias Tribuna Feminista.

17/RED/LGL

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/EP/RM/LGL

A Jazmín Contreras López de 19 años de edad, ser la administradora de una fábrica de telas, mostrar capacidad, responsabilidad y profesionalismo en su trabajo, le costó la vida. Dos de sus subordinados hombres, Óscar y Miguel, ambos de 24 años de edad, no soportaron el hecho de que ella, mujer y joven, tuviera ese cargo y les diera órdenes.

Jazmín fue reportada como desaparecida por sus familiares el 16 de octubre, y localizada sin vida cuatro días después en la zona boscosa del Parque Nacional ‘La Malinche’, en el municipio de donde era originaria y donde laboraba, Mazatecochco, Tlaxcala.

Especial

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), dio a conocer que conforme a los resultados de la necropsia de ley, la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia por broncoaspiración, provocada por el trapo negro con cloroformo que sus agresores le colocaron en la boca, para después inyectarle veneno en el cuello y antebrazo, el cual habían adquirido en Puebla.

Las declaraciones hechas por los agresores de la joven tlaxcalteca durante la audiencia inicial, revelan que ocho días antes tenían planeado ejecutar el asesinato para evitar pagarle la cantidad de 14 mil pesos de una tanda.

Datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborado con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del Registro Civil e información de defunciones del Ministerio Público, arrojan que en Tlaxcala de 2012 a  2015 fueron asesinadas 66 mujeres; de ellas tres de cada 10 eran profesionistas y sus cuerpos  fueron localizados en la vía pública, como el caso de Jazmín, aunque ella fue asesinada en su lugar de trabajo donde ocurre 55 por ciento de los casos.

Alrededor de 31. 2 por ciento de los casos de las mujeres asesinadas en la vía pública se registraron en la noche, casi para terminar el día, entre las 21 y 24 horas, aunque existe la posibilidad de que los homicidios hayan ocurrido horas antes y en otros lugares como en el hogar, donde ocurrieron 8.3 por ciento de los casos, y entre las 13 a 16 horas, según las estadísticas.

Con 19 años, Jazmín Contreras, se coloca en el grupo poblacional con mayor porcentaje de asesinatos de mujeres, que es el de 18 a 25 años en el que se registraron 25. 75 por ciento de los casos conforme a los datos del Sinais; le sigue en grupo de edad el de 26 a 40 años en el que se registró 22.72 por ciento de los homicidios de mujeres; después el de 41 a 64 años con 18.18 por ciento;  de cero a 11 años, 12.12 por ciento; de 65 años y más 9.09 por ciento; sin especificar 7.57 por ciento; y de 12 a 17 años de edad, 4.54 por ciento.

Patricia Reyes Ríos de aproximadamente 35 años de edad, fue sepultada el 15 de septiembre de este año. Fue asesinada por Jaime, su exnovio. La arrolló con un camión de volteo y abandonó su cuerpo en la vía pública donde ocurre 30 por ciento de los homicidios contra mujeres en Tlaxcala. La dejó en la comunidad de Tlacochcalco, municipio de Tepeyanco. Eso ocurrió el 13 de septiembre alrededor de las 17:00 horas.

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reflejó que en el caso de las mujeres de 15 años y más, 66.1 por ciento han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor; 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja (matrimonio, convivencia o noviazgo), han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida.

Foto de Miriam Marroquín Stevenson

En ese tema, los datos del Sistema Nacional de Información de Salud indican que dentro de grupo de población de mujeres  solteras es donde se registró un mayor porcentaje de homicidios con 34.84 por ciento de los casos; mientras que entre las casadas se reporta 21.21 por ciento; viudas 9.09 por ciento; en unión libre 3.63 por ciento; y no especificado 7.57 por ciento del total.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

SIN CASTIGO ASESINATOS CONTRA MUJERES EN TLAXCALA, EL CONTEO SIGUE

El procurador estatal Tito Cervantes Zepeda, dio a conocer que de enero a octubre de 2017 suman 19 homicidios de mujeres en la entidad. Ninguno ha sido tipificado como feminicidio, aunque tres de los casos recientes, entre ellos el de Patricia y Jazmín, son analizados para poder calificarlos como asesinatos por razón de género.

Tlaxcala tipificó el feminicidio en el año 2012 como delito en el Código Penal local, y apenas en el mes de junio pasado, el congreso del estado realizó reformas al artículo 229 del Código Penal para el estado de Tlaxcala, para uniformar el código local con el federal en cuanto al tratamiento de este delito.

Ante este contexto, organizaciones de la sociedad civil a través de diversas acciones han denunciado discriminación, impunidad, omisión y negligencia por parte del gobierno.

Afirman que las mujeres víctimas de violencia no tienen acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos de violencia sufridos y la mayoría de esto delitos permanecen impunes.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/MMS/LPZ/LGL

Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio contra los cinco malnacidos que violaron a una joven en Pamplona en las fiestas de los sanfermines del 2016.

Como hemos visto, los abogados de la defensa han utilizado todo tipo de estratagemas para desviar la atención mediática de sus clientes y hacerla recaer sobre la víctima, cuestionando como siempre, su verdad. En este caso la cuestión iba sobre el consentimiento o no a esas relaciones sexuales y sobre si hubo o no intimidación.

He de reconocer que leyendo algunas informaciones sobre esta estrategia me he planteado hasta qué punto está instalada en nuestro espacio simbólico colectivo la idea de que en el espacio público quien tiene la última palabra son siempre ellos.

Me parece muy cuestionable la deontología profesional de estos letrados al utilizar los argumentos que han utilizado, pero ellos sabrán los motivos. Lo que tengo muy claro es que la víctima, que ellos revictimizaron en el juicio, no creo que les pueda perdonar. Yo no podría hacerlo.

Pero sobre lo que hoy quería reflexionar es sobre la responsabilidad que tiene ahora el tribunal que ha de dictar la sentencia. Y lo digo en varios sentidos.

Si absuelve a los violadores de la manada, a esos malnacidos cretinos, estará dando carta de naturaleza a quienes entienden que violar a mujeres y niñas es algo implícito a la condición de hombre y que va mucho más allá del deseo sexual. Se trata de la máxima expresión del sometimiento de las mujeres a manos de cualquier hombre. Es una peligrosa manera de entender la masculinidad y, por ello habrá que analizar con lupa esa sentencia y no sólo en los términos jurídicos, sino también en términos sociológicos y, por supuesto, con las gafas moradas puestas.

Además si se cuestiona la verdad de la víctima, el tribunal seguirá aplicando la máxima de la falta de equidad a la hora de creer a mujeres y hombres por igual. O sea que dará por buenos los mitos existentes sobre las verdades de voces de las mujeres. Y esas verdades siempre son cuestionadas porque el patriarcado así lo ha impuesto.

Si estos dos argumentos no son ya de por sí delicados, queda también el del impacto social, puesto que al ser un juicio tan mediático se han puesto en evidencia temas como lo que puede o no ser el consentimiento de las relaciones o lo que puede o no ser intimidación.  

¿Se imaginan ustedes una situación inversa? Que sean cinco mujeres jóvenes y vigorosas las que hubieran acorralado a un joven solo en un portal y le hubiesen obligado a realizar algunos actos a los que él no dice no porque se siente intimidado, pero queda hecho una piltrafa cuando ellas, ya satisfechas de su felonía, desaparecen.

¿A que cuesta de imaginar? Y cuesta de imaginar porque, pese a todos los avances conseguidos en materia de igualdad, el patriarcado sigue manifestando todo su poder en todos los ámbitos. Y el de los excesos en la calle es uno de ellos.

El sentido de la posesión, el de invencibilidad, el de "me apetece, lo tomo" sin mesura, son algunas características de este tipo de malnacidos que abusan de todo. Ni imaginarme quiero al miembro de la manada que es guardia civil y que tenga que acudir a defender a una mujer que haya sido agredida por su pareja. En qué situación puede quedar esa señora...

Al patriarcado le interesa que haya este tipo de malnacidos para recordar quienes tienen el poder. Y también que haya letrados que no solo cuestionan la verdad de la víctima, sino que hacen recaer sobre ella y su vida posterior toda la culpa de lo sucedido. Y es que hubo momentos en los que no se sabía si estaban juzgando a la manada o a la víctima de la violación en grupo de estos malnacidos.

Afortunadamente la fiscal, Elena Sarasate, puso nombre a las cosas. Y en su alegato final describió la acción como "conjunta y organizada" y que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación. Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda".

En su intervención, esta fiscal desmontó el estereotipo del consentimiento. Es decir no hace falta decir NO para que no exista consentimiento. En todo caso, si no existe un SI claro, no se tiene porqué entender que haya habido consentimiento claro.

Y vuelvo a la responsabilidad del tribunal a la hora de dictar sentencia por todo lo que este caso ha puesto patas arriba.

Es posible que pese a la terrible lentitud con que se va moviendo todo lo que afecta a las violencias machistas y a las vidas de mujeres y criaturas que este terrorismo se lleva por delante, alguna cosa cambie.

Pero el patriarcado sigue ejerciendo su férrea posición y no va a permitir grandes cambios, y por ello quienes dicten sentencia, impregnados como están de filosofía patriarcal, en el mejor de los casos reconocerán los hechos y aplicarán penas más o menos ajustadas, pero no creo que se atrevan a aludir al daño moral causado a la víctima. Ese daño que la acompañará el resto de su vida y que nadie podrá reparar. Ese daño será la victoria del patriarcado sobre esa joven, y sobre todas las mujeres en forma de miedos constantes a ser agredidas por malnacidos hijos sanos del patriarcado asesino.

También este caso mediático está entrando en las escuelas y haciendo reflexionar a familias y personal docente sobre valores como el respeto, la aceptación del NO, la resolución pacífica de conflictos, etc.

Seguramente dentro de unos años seamos capaces de reflexionar y de avergonzarnos como sociedad por no haber creído a esta mujer joven y de cómo algunos abogados son capaces de cuestionar esa voz sin importarles el daño moral que infligen ni la dignidad de la propia víctima.

Y es que como siempre ha dicho mi señora madre, de los errores también debemos aprender.

A ver si somos capaces, como sociedad, de evitar sufrimientos innecesarios y juicios paralelos a las víctimas de las violencias machistas de todo tipo.

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL