Violencia de Género
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Presenta informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”
Difundir derechos de las mujeres se convirtió en un peligro: RSF

La cobertura periodística sobre temas vinculados a los derechos y la condición de las mujeres implica amenazas, agresiones, encarcelamiento y hasta el asesinato de las y los reporteros por parte de grupos religiosos, criminales y gobiernos autoritarios.
Así lo reveló el informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, que elaboró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
Basado en testimonios de decenas de periodistas en más de 20 países, RSF registró entre 2016 y 2017 más de 60 casos de violación de los derechos de las y los periodistas a causa de las investigaciones que realizaban sobre la condición de las mujeres. El número de agresiones se eleva a 90 si se contabiliza desde 2012, lo que demuestra que a partir de 2016 la violencia se incrementó.
El reporte reveló diversos casos en los que las y los periodistas fueron agredidos: “una redactora en jefe fue asesinada por haber denunciado una política sexista; un reportero fue encarcelado por haber difundido una entrevista a una víctima de violación; una periodista fue agredida por recordar que las mujeres tenían derecho a tener acceso a toallas sanitarias; y una bloguera fue amenazada en línea por haber criticado la representación de las mujeres en los videojuegos”.
Otros datos: más de la mitad de las y los reporteros contabilizados en el informe sufrieron ciberacoso, y el resto sufrió agresiones verbales, físicas o en línea (28 por ciento); encarcelamiento (13.4 por ciento) y hasta asesinato (12.2 por ciento).
En el caso del ciberacoso –señaló el informe- todos los ataques en línea estaban dirigidos a mujeres periodistas. Esto demuestra una tendencia: las mujeres periodistas reciben en promedio tres veces más comentarios “inapropiados o insultantes” que sus colegas cuando cubren estos temas.
De acuerdo con RSF, las personas agresoras pertenecen a distintos sectores, entre ellos los grupos religiosos, organizaciones criminales, y gobiernos “autócratas”, cuyo principal objetivo es la censura de los medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres o sobre su actuación en contra de la vida y la libertad de ellas.
En el caso de los grupos religiosos, son los grupos provida y los islámicos radicales quienes ejercen las peores formas de violencia en contra de las y los periodistas.
Sin embargo, los gobiernos autoritarios fueron identificados en muchos casos como los principales agresores. Este es el caso de Irán, que acostumbra encarcelar a las periodistas feministas. Un ejemplo es el de la periodista Mansoureh Shojali, que desde hace más de 17 años denuncia la discriminación y las agresiones que sufren las mujeres. Su última comparecencia ante un juzgado fue en 2009, cuando la acusaron de “hacer publicidad contra el régimen” por colaborar con sitios web feministas. Ahora vive en el exilio desde donde sigue trabajando a favor de las mujeres.
Además, dice RSF, la responsabilidad de los Estados en esta violencia es mayor si se considera que la declaración de políticas contrarias a los derechos de las mujeres hizo propicio un contexto cada vez más adverso para quienes cubren estos temas.
Ejemplo de ello es que en 2017 estallaron las protestas en Estados Unidos contra los discursos sexistas del presidente Donald Trump; en 2016, en Polonia se presentó en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto, que estaba autorizado desde 1993 bajo ciertas condiciones.
Asimismo, en Irak se presentó en el parlamento una reforma legislativa que pone en entredicho los derechos de las mujeres, pues busca reducir la edad legal para que contraigan matrimonio.
MÉXICO: INCUBADORA DE PELIGROS
En el caso de México, los grupos religiosos, los provida, el crimen organizado y los altos niveles de violencia contra las y los periodistas en el país fueron identificados por RSF como elementos que incrementan los riesgos contra quienes cubren temas sobre los derechos de las mujeres.
“México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas y el segundo a escala mundial. El grado de violencia que vive el país es comparable al de Siria o Irak, indica el Balance 2017 de RSF”. A esto se suma que “son numerosos los políticos que no desean que los periodistas aborden temas relativos a los derechos de las mujeres”, dice el informe.
En su reporte, la RSF relata como caso emblemático el asesinato a manos presuntamente del crimen organizado en 2017 de la periodista Miroslava Breach, quien, entre otros temas, investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. En esa entidad –documentó la organización internacional- también se han registrado agresiones contra las periodistas Lydia Cacho, Marta Durán de Huerta y Patricia Mayorga, quienes también investigaron sobre la violencia feminicida.
LA IMPUNIDAD COMO COMÚN DENOMINADOR
Para RSF, el acceso a la justicia para las y los periodistas agredidos por el ejercicio de su profesión es clave para evitar que las cifras se sigan elevando y que se limite la cobertura sobre los derechos de las mujeres.
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los casos de asesinato de periodistas que relata este informe quedaron impunes, muchos de ellos porque no se abrieron carpetas de investigación, no se fincaron responsabilidades en contra de los responsables, o porque, como en el caso de Miroslava, los avances han sido “pocos e insuficientes”. Esta impunidad prevalece como un patrón en todos los países donde la violencia contra periodistas va en aumento, incluso a pesar de los diversos llamamientos que ha hecho RSF a los Estados.
De acuerdo con la organización, las consecuencias de esta violencia contra las y los periodistas es que abandonen los medios, se desplacen a otros países o redoblen sus esfuerzos para seguir cubriendo estos temas y defender la libertad de expresión.
Como resultado, en el Estado Islámico hay provincias enteras donde no hay mujeres periodistas, mucho menos periodistas que denuncian abusos contra las mujeres. El desplazamiento forzado es otra consecuencia: RSF registró que desde 2012, entre uno y dos periodistas han optado por el exilio por razones de seguridad en Afganistán (1), México (2), Colombia (1), Honduras (1), Yemen (1), Bangladesh (1) e Irán (1). Los efectos también son que las y los periodistas piensen dos veces antes de trabajar temas vinculados a la condición de la mujer.
Sin embargo, muchos periodistas se niegan a dejar de escribir sobre estos temas e inician un largo camino de defensa a favor de su derecho a informar: presentan denuncias contra las autoridades, hacen frente a las amenazas, o buscan “artificios” para presentar la información con ángulos y enfoques que no sean tan directos.
Tras documentar diversos testimonios de agresiones y de resistencia, la RSF propuso en su informe una serie de recomendaciones. A las redacciones les recomienda dar más espacio y difusión a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sensibilizar a las y los periodistas, o crear un dispositivo de emergencia interno; a las y los periodistas les propone: evaluar los riesgos, velar por la protección de las fuentes, y trabajar en equipo.
Asimismo, RSF urgió a los Estados a respetar sus obligaciones vinculadas a la libertad de expresión; erradicar la violencia contra las y los periodistas; erradicar la impunidad en la que prevalecen los actos de violencia contra periodistas; y crear dispositivos de reparación del daño cuando se violan los derechos de las y los periodistas, en específico de quienes cubren temas relacionados con las mujeres.
18/AJSE/LGL
DERECHOS HUMANOS
El caso de feminicidio de su hija llegó a la CIDH por la omisión de autoridades
Sistema de justicia mexicano ya no me engaña: Norma Andrade

Desde hace 17 años, Norma Andrade emprendió un largo camino en la búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra García Andrade. A lo largo de este tiempo ha tocado puertas en diferentes instancias de justicia en el país para conseguirla, pero sin éxito. Se volvió una experta en investigaciones y derecho, y ahora conoce muy bien este ineficiente sistema de justicia mexicano, que asegura, ya no la engaña.
Norma Andrade recibió a Cimacnoticias en sus oficinas a propósito del aniversario luctuoso número 17 de su hija y del proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien desde hace 6 años tiene el caso en sus manos y pronto deberá definir si emite un informe de fondo o lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde podría obtener una sentencia contra el Estado mexicano (sería la segunda por feminicidio en Ciudad Juárez).
En entrevista, narró lo que ha encontrado en estos 17 años de indagatorias que le permitan responder las preguntas que la rondan desde entonces: quién o quiénes mataron a su hija y por qué.
LOS HALLAZGOS EN 17 AÑOS
Lilia Alejandra tenía 17 años de edad cuando desapareció, un 14 de febrero de 2001 luego de salir de trabajar de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA, ubicada entre la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, donde abordaba un camión para regresar a su hogar. Su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.
Dejó en orfandad a su hija de 5 meses, y a un niño de 1 año 8 meses de edad. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria abierta con el anhelo de convertirse en periodista; y para lograrlo, como la mayoría de las mujeres en la frontera norte del país, se empleaba en la industria de la maquila.
En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.
Norma Andrade recordó que antes del asesinato de su hija hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la Avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.
Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago a su trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.
Narró que se enteró del asesinato de su hija por la llamada funesta de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.
Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que aseguraban haber visto escapar a una joven de una tienda de televisiones (ubicada a 50 metros del lote baldío donde fue encontrada su hija). Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.
También- continúa- siguió la línea de investigación de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FIB, por sus siglas en inglés) que aseguraba que el feminicidio de Lilia Alejandra estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.
¿ASESINOS SERIALES?
Tuvieron que pasar nueve años y la intervención de varios abogados expertos para tener un poco de luz sobre quiénes podrían ser los responsables. Fue así como Norma Andrade solicitó la ayuda de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y el abogado David Peña Sánchez -quien conjuntamente con la abogada Karla Micheel Salas-litigó uno de los casos de feminicidio del Campo Algodonero ante la CoIDH- tomó el caso. La primera acción que hizo, recuerda Norma, fue pedir de inmediato al Ministerio Público realizar un peritaje a la cobija en la que Lilia Alejandra fue envuelta.
Esta prueba, afirmó Norma Andrade, arrojó seis perfiles genéticos por medio de los cuales no sólo se corroboró que fue un grupo de hombres quienes la privaron de la libertad, violaron y asesinaron, también se identificó que estuvieron relacionados con otros tres casos de feminicidio. En suma, dijo la defensora, al cotejar con las bases de datos, resultó que uno de los agresores era familiar de un Fiscal de la procuraduría de Chihuahua.
Norma recordó que después se identificaría otra víctima más de este grupo, hecho que se constató porque el cuerpo fue expuesto de manera similar y tenía los mismos patrones de las otras víctimas: niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad que eran privadas de la libertad alrededor de tres días y encontradas asesinadas con signos de violencia sexual y tortura.
La primera de ellas fue en 1994, se llamaba María del Rocío Cordero Esquivel, tenía 10 años de edad y fue identificada por el patrón de operación de los agresores y exposición del cuerpo; hubo otras dos víctimas en 1995 y 1996. Alejandra fue la cuarta mujer asesinada en 2001 y la última fue en 2005, Coral Arrieta Medina también de 17 años de edad y trabajadora de la maquila.
Norma Andrade mencionó que sólo conoce a la familia de una de las víctimas de los mismos asesinos de su hija. Las autoridades se han negado a darle la información sobre las demás. “Las sigo buscando”, dijo firme la también impulsora, junto con Marisela Ortiz, de la organización pionera en registrar el feminicidio en Ciudad Juárez y hacer búsquedas con otras mujeres, “Nuestras hijas de regreso a casa”.
LA ESPERANZA: LA CIDH
El 9 de abril de 2003 la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó la serie de irregularidades que hubo en la investigación del feminicidio de su hija: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y -como se requiere previo a acudir a la Comisión- que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.
Norma Andrade argumentó ante la CIDH que se perdió la posibilidad de hallar con vida a Alejandra debido a los retardos y omisiones de las autoridades. De acuerdo con la petición de admisibilidad, Andrade indicó que sólo había dos agentes a disposición del área de desapariciones y no había evidencia que constatara que se buscó a Lilia Alejandra. La investigación comenzó hasta que encontraron su cuerpo.
El Estado mexicano defendió la inadmisibilidad del caso. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.
Asimismo el Estado alegó que de los 33 servidores públicos que intervinieron en la investigación sancionó a dos por posible responsabilidad penal y a otros siete por violaciones administrativas, y que realizaba esfuerzos para mitigar el fenómeno del feminicidio en Juárez.
Pero estos dichos no fueron suficientes para la Comisión Interamericana, quien el 19 de marzo de 2012 finalmente resolvió atraer la petición de Norma Andrade y sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.
La CIDH no sólo concluyó admitirlo por la violación a las garantías de acceso a la justicia para la víctima, también por las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García; y su hermana, María Luisa García; entre los que se encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.
Hoy, la única salida para que Lilia Alejandra obtenga justicia y se dé celeridad con la investigación es que la CIDH se pronuncie al respecto y pueda dar paso a que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
17 AÑOS DE IMPUNIDAD
A lo largo de 17 años, la maestra de profesión, ha visto a personal ministerial irse y entrar, pero la investigación del caso de su hija nunca avanzó. Ahora, obligada a vivir en el exilio tras los intentos de asesinato de que fue víctima, sus visitas a Ciudad Juárez para revisar el expediente de su hija son “exprés”. Sólo tiene unas horas para revisar el expediente y retornar a la Ciudad de México.
En diciembre de 2011, en Juárez, Norma Andrade recibió cinco disparos de arma de fuego cuando abordaba su camioneta para ir a trabajar provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó al exilio. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, con un arma blanca que la hirió en el cuello. Ambos incidentes fueron presenciados por sus nietos.
En enero de este año, visitó la frontera norte. Ahí le informaron de la Fiscalía sobre la posibilidad de que cierren la línea de investigación que ubica al grupo de hombres con los registros genéticos encontrados en la cobija donde envolvieron a Lilia y que es la única esperanza que tiene de saber quiénes la asesinaron.
El argumento que le dieron para cerrar la línea de investigación es que “sería como encontrar una aguja en un pajar”, le dijeron que es “muy complicado” llegar a la o las personas responsables, pues eso les implicaría tener que hacer pruebas a cada hombre que ha sido señalado como responsable de feminicidio.
“Ellos tienen perfiles genéticos y lo único que tienen que hacer es la prueba a la persona indicada y cotejar quién fue” asevera Norma Andrade, pero no quieren.
Por ello, dice, es que el caso se encuentra donde está, en la CIDH donde espera que pase a la Corte. Mientras tanto afirmó contundente que “no se va a cuadrar” como ha ocurrido con otras madres y activistas de Juárez, hasta que obtenga justicia para su hija.
18/HZM/LGL
FEMINISMO
OPINIÓN
Desde la Luna de Valencia
Ni insolidarias, ni elitistas

Sabido es que las mujeres del gobierno de Mariano Rajoy no se caracterizan por su pensamiento progresista ni feminista. Son mujeres que defienden a capa y espada el patriarcado que las humilla y machaca, a pesar de que les haya cedido algunos espacios de cierto poder político. Y les ha cedido ese espacio entre otras cosas, porque las necesita dóciles para representar lo que es solo apariencia de igualdad.
Esta estrategia que se utiliza en algunas organizaciones no es nueva. Utilizar a algunas mujeres para atacar al resto de mujeres y a las movilizaciones que plantean las sufrieron nuestras antecesoras las sufragistas, por ejemplo.
En esta ocasión ha sido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en las que ha asegurado que su manera de celebrar el día de la mujer el próximo 8 de marzo es trabajando, "con una huelga a la japonesa demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en nuestro país". La ministra no debe recordar aquello de las dobles e incluso triples jornadas que nos toca realizar a muchas mujeres del Estado Español tengamos o no tengamos empleos remunerados y que, por lo tanto, esa huelga a la japonesa que ella propone para contrarrestar la que se está organizando por el movimiento feminista, la hacemos cada día. Y precisamente por eso queremos parar, para que se note que cada día, las mujeres de todo el mundo movemos el mundo con nuestros trabajos tanto retribuidos como no retribuidos.
Tradicionalmente los partidos que gobiernan y que, por tanto tienden a alejarse de las necesidades reales de la ciudadanía, suelen temer a los grandes movimientos sociales como las huelgas generales. Ahora el PP está demostrando su temor al paro de mujeres del próximo 8 de marzo. Y lo teme, precisamente porque desde su visión patriarcal de las sociedades, es consciente de la parálisis que supondrá este paro general de las mujeres. Porque no se trata solo de un paro laboral, no. En esta ocasión se pretende ir más allá y que sea un paro laboral, de consumo, de cuidados, de estudiantes, de docentes, porque el objetivo del paro es visibilizar todo el trabajo que realizamos cada día las mujeres y que no se valora, precisamente porque lo realizamos diariamente las mujeres.
El PP, en sus argumentos para rebatir nuestras reivindicaciones habla de insolidaridad y de elitismo. ¿Precisamente ellas y ellos que han promovido reformas laborales que nos empobrecen todavía más a las mujeres son capaces de hablar de insolidaridad? De verdad que es para echarse a reír, si no fuera por las consecuencias de sus decisiones políticas y que muy bien conocemos las mujeres.
¿Ellas y ellos que con sus rescates a bancos y amnistías fiscales han promovido un grado de desigualdad entre quienes más tienen y las personas con menos recursos e incluso promoviendo la llamada pobreza de la gente con empleo? De verdad que a veces se tiene que escuchar algunas cosas que dan ganas de responderles desde las barricadas.
Nos dicen que con esta huelga "se pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental", que es "irresponsable" o que "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres". A ver señoras y señores del PP, con los paros generales siempre se pretende cambiar alguna cosa que resulta opresora para el conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto y en este caso, se pretenden cambiar algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que el trabajo doméstico pase a ser realmente una corresponsabilidad familiar y no recaiga prácticamente todo sobre las espaldas de las mujeres.
O que haya un mayor compromiso en las tareas de los cuidados. O que se tomen medidas efectivas para erradicar la brecha salarial de género y que ya ronda el 30 por ciento por el mismo trabajo realizado por mujeres y hombres. O que se pongan en marcha las medidas del pírrico Pacto de Estado contra las violencias machistas para que dejen de asesinarnos por haber nacido mujeres.
Que se implante un verdadero sistema coeducativo para evitar desigualdades desde las edades más tempranas. Que se invierta en investigación sobre la salud de las mujeres y no solo se estudien las etapas de embarazos y lactancia. O algo tan súper sencillo, a ustedes que les gustan tanto las leyes, como aplicar y hacer cumplir Leyes Orgánicas ya aprobadas como la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
No señoras y señores del PP, no pretendemos ningún enfrentamiento entre mujeres y hombres. Ese discursos segregador y bélico es suyo. Nosotras pretendemos hacerles ver, con dignidad, que las mujeres somos el 52 por ciento de la población mundial y que invisibilizando nuestro talento y nuestro trabajo, el modelo de sociedad occidental del que ustedes hablan, sencillamente no existiría. Porque estamos, somos, construimos, aportamos, y se nos convierte en invisibles de manera deliberada. Y queremos hacer ver todas nuestras aportaciones para la construcción de sociedades más equitativas, más solidarias, más sostenibles y sobre todo más respetuosas con algo más de la mitad de la población mundial que somos las mujeres y las niñas.
Porque no queremos que nuestros cuerpos sean usados como mercancías para gestar para otras gentes. Porque no queremos que tampoco sean usados como objetos para la trata con fines de explotación sexual. Porque no queremos que nos asesinen por ser mujeres. Porque queremos ser totalmente libres para elegir nuestras maternidades. Porque queremos dejar de tener miedos atávicos a ser agredidas por la calle. Porque tenemos derecho a vivir una vida plena y digna, libre de cualquier tipo de violencia, incluso de la que ustedes ejercen sobre nosotras cuando legislan sin tener en cuenta ninguna perspectiva de género, con lo cual el sistema con el que lo hacen sigue siendo patriarcal.
No les acepto que nos llamen insolidarias y elitistas a quienes vamos a secundar la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Y no se lo permito, porque precisamente lo que buscamos es acabar con ese elitismo patriarcal que ustedes se empeñan en mantener y fomentar la solidaridad entre las mujeres. Porque todas aportamos para construir sociedades más justas y equitativas. No como ustedes que se empeñan en enfrentarnos.
Buscamos ser sóricas y solidarias y su pobre discurso de manual barato no va a conseguir desbaratar nuestra fuerza que es a lo que realmente tienen miedo. Sí señoras y señores del PP, ustedes temen que demostremos que con un paro general, las mujeres podamos parar el mundo. Y eso les asusta en demasía.
Espero y deseo fervientemente que el próximo 8 de marzo, la huelga feminista sea un éxito y les podamos demostrar que estamos aquí para cambiar las cosas. Porque ustedes acabarán yéndose de la política (esperemos que a no mucho tardar), pero las mujeres comprometidas social y políticamente con el resto de mujeres y niñas seguiremos porque nos vamos relevando generacionalmente, hasta que una sociedad realmente igualitaria, equitativa y justa sea una realidad.
Porque nos queremos #VivasLibresUnidas. Por esto tan sencillo, nos plantamos el próximo 8 de marzo con una #HuelgaFeminista.
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
18/TMC/LGL
DERECHOS HUMANOS
Presentó informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”
Deficientes las investigaciones sobre feminicidio en México: AI

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el incremento de la violencia de género en México, la falta de estadísticas sobre feminicidio y las deficientes investigaciones en los asesinatos de mujeres y niñas y su clasificación.
Al presentar su informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” en el capítulo dedicado a México, presentado esta mañana, AI señaló que el problema de la violencia de género se sigue generalizando, muestra de ello, dijo, es que los asesinatos de mujeres se investigan como homicidios, en 2016, señaló, 2 mil 668 asesinatos de mujeres se consideraron homicidio.
De acuerdo con su informe, la violencia contra mujeres y niñas sólo se registró en la encuesta 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que dos tercios de las niñas y mujeres mayores de 15 años han vivido violencia en espacios públicos o comunitarios a lo largo de su vida; y que la violencia más frecuente es la sexual (acoso, abuso o violación).
En este sentido, AI retomó lo dicho por el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez quien en su última visita a México en 2014, dijo que la violencia sexual es el método de tortura más frecuente.
El informe también se refiere a la Alerta de Violencia de Género (AVG) implementada en 12 entidades federativas, sin embargo, destaca la falta de resultados en la disminución de la violencia contra las mujeres.
En el tema de desapariciones, AI destaca la falta de información sobre las 8 mil 974 mujeres desaparecidas y advirtió que esta cifra puede ser aún más alta, ya que no están contemplados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los casos anteriores a 2014 y los clasificados como secuestro o tráfico de personas, lo cual, dijo, ha conllevado a que persista la impunidad en estos delitos.
La organización defensora de los Derechos Humanos, también se refirió a la libertad de expresión y precisó que las amenazas, hostigamientos, agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) no ha descendido a causa de las deficientes investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien no ha esclarecido si existe una relación entre los asesinatos y la profesión de la persona, como ocurrió con el caso de la defensora de DH (cuya hija está desaparecida) Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en mayo de 2017 en Tamaulipas, al norte del país.
AI señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas no ofrece protección a las defensoras ni a los periodistas.
Con este informe, Amnistía Internacional documentó la situación de los DH en 159 países y territorios durante 2017 así como el cumplimiento de los gobiernos en su protección y respeto.
18/AEG/LGL
VIOLENCIA
“Coincide” con salida de Mancera de la jefatura de gobierno
El informe de AVG para la CDMX estará a finales de febrero

El aún jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no tendrá que hacer frente al proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, toda vez que la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), anunció a las agrupaciones peticionarias que entregará el informe del Grupo de Trabajo -el cual está listo desde enero- hasta el 28 de febrero, es decir, cuando Mancera deje el cargo.
Durante el gobierno de Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) se cometieron, a decir de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 260 casos de feminicidio, pero destacan por lo menos, cinco casos que dan muestra de la saña con la que son asesinadas las mujeres en la capital.
Se trata de los casos de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi, asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, que fue litigado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y clasificado por la deficiente investigación de la Procuraduría, como homicidio, por lo que su agresor obtuvo 35 años de prisión.
También se encuentra el de Lesvy Berlín Osorio, estudiante universitaria encontrada asesinada en la UNAM, el 3 de mayo de 2017, en el que la Procuraduría concluyó que se trató de un “suicidio” y por el cual aún no hay sentencia para su presunto feminicida, quien está acusado de homicidio simple culposo.
En estos últimos meses el feminicidio de Victoria Pamela Salas ha evidenciado la incapacidad de las autoridades de la Ciudad para capturar a los presuntos feminicidas; el presunto agresor, Mario Sáenz, permanece prófugo mientras emprende una campaña de desprestigio contra la víctima en redes sociales, aunque está fichado por la Interpol y las autoridades “lo buscan”.
En el recuento de estos casos está el de Campira Camorlinga Alanís, perpetrado en diciembre de 2016 en la delegación Coyoacán. Su agresor, Jorge Humberto Martínez, había sido acusado dos años antes del feminicidio de María Sun Borrego, pero la Procuraduría, como en el caso de Lesvy, dijo que ella se había suicidado permitiendo que Jorge Humberto repitiera una vez más los hechos, con otra mujer.
Destaca también en el 2014, el feminicidio de Angélica Trinidad Romero, asesinada en la tienda Liverpool del centro comercial Perisur, por Marco Antonio Ochoa Almazán, donde las autoridades afirmaron en un principio “que había fallecido por asfixiarse con comida”, hasta que los familiares revelaron que presentaba golpes y señales de tortura. Cuando el expediente del caso se trasladó a la unidad especializada de feminicidio, ya se habían “perdido” las evidencias del asesinato.
¿COINCIDENCIA O PROTECCIÓN?
Durante la reunión de ayer de la Conavim con las organizaciones que pidieron la AVG para la capital, se les informó que aplazará la entrega de este reporte porque “se deben realizar modificaciones y agregar otros temas”, informó a Cimacnoticias la abogada e integrante del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido.
Entre las organizaciones se encuentran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Si bien no aseguran que el tema de la Alerta se esté politizando –como ocurrió en el Estado de México- para la integrante del área de incidencia del Centro Fray Francisco, Selene González Luján, sí puede haber obstáculos para la AVG en medio del proceso electoral.
La abogada Pérez Garrido, contó que externaron a Conavim su temor de que el proceso de Alerta de Género se retrase más con la salida de Mancera y mientras alguien ocupa la jefatura de gobierno.
Por su parte, la doctora en derecho de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo, Aleida Hernández Cervantes, señaló en entrevista con Cimacnoticias que el equipo de trabajo entregó el reporte de la AVG la primera semana de diciembre y tras una serie de modificaciones había sido aprobado para entregarlo desde enero a Mancera, pero el cambio de titular de Conavim, ahora presidida por Ángela Quiroga Quiroga, frenó el proceso.
Hernández Cervantes aseveró que al asumir el cargo, la Comisionada Quiroga planteó al Grupo de Trabajo la posibilidad de extender el periodo de investigación, pero tres integrantes del equipo votaron en contra pues argumentaron que este proceso ya lo habían concluido, además de que agregó, esto no puede realizarse por tratarse de un mecanismo de emergencia.
Cabe recordar que el reglamento de la AVG contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece que el equipo de expertas creado para atender la solicitud de Alerta, tiene un plazo de 30 días para realizar el informe, después procede a Conavim entregar el reporte al gobierno estatal y éste en un plazo de 15 días, avisar si acepta las recomendaciones que contiene para cumplirlas a lo largo de seis meses.
Con este retraso, finalmente Mancera no tendrá que acatar las recomendaciones que den las expertas, ni afrontar una posible declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad de México, donde también destaca el elevado número de desapariciones de mujeres.
De 2015 a 2016 según datos de la Procuraduría se reportaron “ausentes o extraviadas” 2 mil 494 mujeres, de ellas, no se ha localizado al 26 por ciento, es decir, 644 capitalinas continúan desaparecidas.
18/HZM/LGL
FEMINISMO
Elvira Smeke trabaja con hojas de árboles
“Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca”, exposición sobre violencia de género

En su búsqueda por explicarse las muertes feminicidas, la fotógrafa Elvira Smeke se apropió de las teorías feministas para introducirse en las obras de Simone De Beauvoir, Judith Butler, Luce Irigaray, y Helene Cixous, filósofas que afirman que por medio de la escritura, las mujeres llegan a tener un cuerpo.
A través de la fotografía, video, pintura, instalación y performance, desde hace 5 años explora la temática del feminicidio y le dio un vuelco a su obra para saber qué pasa con el cuerpo, con la identidad de ser mujer, narró en entrevista para Cimacnoticias.
La artista recordó que empezó a enfocar su obra con el tema de feminicidio primero con fotografía y video y después a explorar el arte objeto, la pintura e instalación.
En su opinión, “las mujeres tenemos la voz perdida, debemos recuperarla” y no tenemos un cuerpo propio sino determinado por la sociedad, por lo que género e identidad son los temas que le interesa expresar a través del arte.
Elvira Smeke recoge hojas que se han caído de los árboles -su principal materia prima- las lava, y les da un tratamiento especial, simbólicamente, dice, como si se tratara de los cuerpos que han sido maltratados para realizar con ellas, prendas que son utilizadas en eventos festivos.

La exposición “Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca” ha utilizado en otras ocasiones vidrios u otros materiales de uso doméstico, como jabones, mecate, harina, y otros, para ejemplificar las labores que fueron asignadas a las mujeres de manera “exclusiva” en otras épocas como son la costura o la mecanografía, por ello varias obras cuentan con pequeños poemas o haikús (versos de origen japonés o frases escritos en máquina de escribir).
En el caso de las hojas de árbol, dependiendo para qué pieza se destinarán, las puede utilizar como papel para escribir o como si fuera un lienzo para pintar.
Muchas piezas retoman textos de la escritora brasileña Clarice Lispector, e incluye una en homenaje a esta autora denominada “Agua Viva”.
La exposición “Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca”, fue una invitación del Museo de Arte de Sonora (MUSAS) y el tema de violencia de género fue escogido por Smeke.
LA EXPOSICIÓN
Sus obras “El lavadero” y “365 hojas, 365 mujeres” son inspiradas en las víctimas de feminicidio. Ella retoma, al azar, los nombres de mujeres para imprimirlos en bordado sobre las hojas de árbol. En total son 365, una por cada día del año, en alusión a cada mujer que es asesinada por día en México.

Trabajo minucioso de diez mujeres del Estado de México que bordaron con ella hasta lograr que el hilo plasmara en la hoja, sin dañarla, el nombre de mujeres asesinadas. Para poder recibir el bordado, las hojas experimentan un tratamiento de seis a ocho meses. Escoge hojas de todo tipo.
Actualmente expone en Italia y en Florida; sus obras han sido expuestas en Toronto, Canadá. Sin embargo, su interés actual es llevar la exposición inspirada en la violencia de género hacia otros estados de la República.
Artista inquieta y curiosa, Elvira Smeke concluyó que las mujeres no son autónomas económicamente, y cuando los hombres ven que se empoderan, son vistas como una amenaza y empiezan a ser violentadas o asesinadas.
“El odio hacia las mujeres ha ido evolucionando y creciendo, tienen que dejar de vernos como objetos desechables y tiene que dejar de haber impunidad. En las generaciones nuevas tiene que haber un cambio en la educación, tal vez en la nuestra ya no lo veamos, pero sí en las niñas y los niños. Tenemos qué hacerlo juntas y de manera pacífica”, detalló.
La exposición permanecerá en el Museo de Artes de Sonora, hasta el 19 de abril de este año.
18/SN/LGL
VIOLENCIA
La medida aplicará para las casadas con hombres de otros sitios
Mujeres de Chiapa de Corzo podrían ser multadas con 30 mil pesos

Ejidatarios de la comunidad Carmen Tonapa del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, pretenden imponer una “cuota” de 30 mil pesos a las mujeres que se hayan casado con hombres que no son originarios del lugar.
En una asamblea ejidal realizada el pasado 10 de febrero, el comisariado ejidal, Eleuterio Gómez Aguilar, habló sobre la posibilidad de aplicar esta “multa” para un total de 46 mujeres que viven con sus esposos en la comunidad y que no sean originarios de la misma.
La comunidad Carmen Tonapa se fundó en 1982 con población zoque desplazada por la erupción del volcán Chichonal. Debido a la erupción unas 20 mil personas salieron de sus lugares de origen. Hay comunidades de personas desplazadas en diferentes estados y municipios.
La medida es desigual para mujeres y hombres en esta condición, pues ellas, deberán pagar la “multa” pero los varones no, aunque estén casados con mujeres de otras comunidades. Hay mujeres que llevan entre 13 años y meses de casadas con hombres de otro sitio.
Los ejidatarios que están de acuerdo con que se cobre la multa, advirtieron que en el caso de que las mujeres se nieguen a pagar la “multa” se les quitarán los servicios de agua y energía eléctrica.
De acuerdo al reglamento interno, las personas que lleguen a vivir a Carmen Tonapa –sin ser originarios de ahí- tienen que pagar una cuota de 2 mil pesos, entregar las cooperaciones de las festividades y apoyar los acuerdos de la asamblea ejidal.
En la asamblea las propias mujeres se negaron a pagar la multa por considerarla discriminatoria y por no haber una razón que justifique hacerlo; por lo que se propuso disminuir la cantidad a mil 500 pesos, a lo que ellas se volvieron a oponer.
Debido a que no llegaron a ningún acuerdo, el comisariado ejidal suspendió la asamblea y la pospuso para este sábado sábado 17 de febrero donde se volverá a discutir si se impone la multa y bajo qué condiciones.
DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, esta acción constituye violencia comunitaria la cual es definida en su artículo 16, como “los actos
individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
En su artículo 17 establece que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria y propone un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.
La propia Ley de Chiapas, también reconoce la violencia en la comunidad a la cual define como “los actos individuales o colectivos que transgreden o menoscaban los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo aquellas de origen indígena; propiciando su denigración, discriminación,
marginación o exclusión en cualquier ámbito.
El informe de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Chiapas, elaborado por el Grupo de Trabajo, reconoce que la mayoría de la población en Chiapas vive en una situación de pobreza.
Hasta el año 2012, señala el documento, el porcentaje de pobreza extrema de la población en Chiapas era del 32 por ciento, lo que equivale a 1 millón 629 mil 197 personas que vivían en esta condición y de esta población, las mujeres indígenas representaron 30.43 por ciento.
Más aún, del total de mujeres indígenas del estado de Chiapas, 73.99 por ciento vive en pobreza extrema.
18/SS/LGL
DERECHOS HUMANOS
Mujer Sonora
Propicia impunidad el Poder Judicial

Cual si fuera un acuerdo entre jueces y feminicidas, Sonora se caracteriza por la baja sentencia por el delito de feminicidio, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del estado acreditó ese delito en casi la mitad de los casos de asesinatos de mujeres.
En 2017, un total de 69 mujeres fueron privadas de la vida en Sonora, casos de los cuales 32 fueron investigados y acreditados como feminicidio por la fiscalía, con base en el Código Penal del estado de Sonora.
No obstante, solo nueve sentencias condenatorias por feminicidio fueron resueltas por jueces del poder judicial, y dos casos más fueron reclasificados a homicidios dolosos durante 2017.
Pero la baja sentencia se viene arrastrando en los últimos años como una tendencia generalizada al grado que en el sistema oral, en el año 2016, solo se produjo una sola sentencia condenatoria por feminicidio.
El problema es que si bien ha subido la cantidad de sentencias, esto no es significativo, pues de seis en 2016, solo subió a nueve en 2017.
En cuanto al feminicidio en grado de tentativa sucede algo similar. En 2017 se sentenció a tres personas en el sistema tradicional y diez en el sistema oral, a través del procedimiento abreviado.
En ambos hubo reclasificaciones. Dos en el sistema tradicional a los delitos de: homicidio simple doloso y a lesiones calificadas. En tanto en el sistema oral se reclasificó uno al delito de “lesiones que ponen en peligro la vida”.
En repetidas ocasiones hemos acudido al Poder judicial a pedir audiencia con el presidente, sin éxito, pues en ninguna ocasión ha querido recibir a las organizaciones de la sociedad civil.
Y si bien, hemos sido recibidas por otras personas relacionadas y de cierta jerarquía, se nos ha negado, por parte del funcionario, el derecho de audiencia como ciudadanas.
Y es que al menos en tres casos emblemáticos a los que hemos dado seguimiento puntual, los jueces han dilatado su resolución e incluso han puesto obstáculos para que los juicios finalicen con una sentencia que favorezca a la víctima.
El caso de Jessica Rosario Vega Borbón se viene arrastrando desde la administración anterior sin que la actual haya sido capaz de agilizar la sentencia que por feminicidio pidió la fiscalía que ha acreditado el delito cometido a principios de 2016.
Por otra parte, el caso de Diana Domínguez, asesinada y enterrada por su jefe, es lamentable, pues el juez que resolvió decidió desestimar las pruebas contundentes para condenar al responsable.
Y el último caso que es inexplicable se trata de un feminicidio en grado de tentativa en el que el agresor infligió 17 puñaladas en cabeza, cuello y cara de su pareja, perforándole la tráquea y para el cual la fiscalía estatal a través de la Vicefiscalía de feminicidios y delitos de género, pidió 20 años de prisión.
Sin embargo, el juez Francisco Jiménez Fox consideró que 20 años era excesivo, así que rebajó la pena a diez años y seis meses de prisión para el feminicida en potencia.
Todo esto hace pensar que el poder judicial no está preparado para enfrentar el compromiso de juzgar con perspectiva de género, pues la ligereza con que trata los casos y la dilación en sus resoluciones, hacen pensar que tienen simpatía por los feminicidas.
La falta de sensibilidad y empatía con las víctimas queda de manifiesto por la frialdad con que son tratadas las familias en las audiencias.
Es entendible que los jueces deben ser y son libres para definir con base en los elementos que tengan, las resoluciones sobre los casos, sin que nadie los presione ni influya en éstas.
Sin embargo, es obligación del Estado tener una política pública en relación al cumplimiento con los tratados internacionales firmados por México, así como los postulados de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte interamericana de Derechos Humanos.
Todo ello parecería no figurar en el panorama de los jueces en Sonora, que han tenido la oportunidad de brindar justicia a las víctimas de feminicidio.
La mayoría nunca toma en cuenta dichas obligaciones, mucho menos las invocan. No tienen convicción de éstas por lo que no permean en sus sentencias.
Antes era la Fiscalía la institución que no hacía suya la legislación sobre feminicidio para investigar los casos y darles una resolución acorde a la magnitud del daño ocasionado.
Poco a poco ha ido aumentando la experiencia en la aplicación del Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, lo que se traduce en más casos clasificados como feminicidio.
No obstante, es el poder judicial el que se encarga de bloquear un cierre exitoso para las víctimas, como podría ser una sentencia equiparable al daño y secuelas ocasionados a la propia víctima y a sus familias.
El Poder judicial en Sonora está quedando a deber más y mejores sentencias para los feminicidas. Si no avanza en resolver los casos de acuerdo a los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos, pronto empezaremos a ver a Sonora en los tribunales internacionales.
La aberración que constituye dilatar o rebajar las sentencias por la más grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, el feminicidio consumado o en grado de tentativa, es una de las omisiones más grandes del poder judicial que se traduce en impunidad ¿Es eso lo que quiere?
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
18/SN/LGL
VIOLENCIA
Física, verbal, psicológica…y más
Las distintas caras de la violencia contra mujeres en internet

La violencia en internet contra las mujeres puede generar otros tipos de violencia, lo que las obliga o a autocensurarse, o a desplazarse a otros lugares, para no continuar siendo violentadas, refirieron las organizaciones integradas en la coalición Internetesnuestra.
En el informe elaborado para la Relatora sobre Violencia contra las mujeres de la ONU, Dubravka Šimonović, y presentado recientemente, las organizaciones citan el caso de una bloguera a quien una persona le había tomado una foto debajo de su falda en un festival de música. Ella denunció los hechos con unos policías, pero éstos se negaron a tomar acción. La mujer afectada decidió contar su historia en Internet, lo que desató una oleada de odio en contra de ella.
Después de recibir amenazas personales, incluyendo algunas que identificaron su dirección o paradero, la mujer se sintió obligada a mudarse lejos. En este caso, se observan varias infracciones, como el control de la información, la omisión por parte de autoridades, el acoso y las amenazas, dice el informe.
También sirve de ejemplo de cómo la violencia en línea puede traducirse en violencia física, una de las razones por las que, dijeron las integrantes de Internetesnuestra, no se debe subestimar esta forma de agresión.
Sin embargo, las activistas se mostraron preocupadas ante la respuesta política a esta nueva forma de violencia. En muchas campañas legislativas y mediáticas, advirtieron, existe una tendencia a culpar y responsabilizar a las mujeres. Preocuparía también que a nombre de la protección de las víctimas, se restrinjan otros derechos.
Soluciones como la regulación indebida, la vigilancia sin controles o la prohibición del anonimato difícilmente ofrecerían mecanismos de reparación y garantías de no repetición, afirmaron las organizaciones, y observan efectos negativos: Estas medidas tendrían como consecuencia que las mujeres se autocensuren limitando así su derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con estas organizaciones en el trabajo de investigación que hicieron para la elaboración de este informe, pudieron identificar los siguientes tipos de violencia que viven las mujeres en internet.
Acceso no autorizado y control de acceso que se traduce en robo de contraseñas o programas espía; control y la manipulación de la información, por ejemplo cuando se toman fotos sin consentimiento, o el control de cuentas en plataformas digitales; suplantación y robo de identidad, por ejemplo, la creación de perfiles o cuentas falsas.
Otras formas de violencia son el monitoreo y acecho, como la identificación de ubicación por medio de imágenes, o cámaras escondidas; expresiones discriminatorias; comentarios abusivos; discursos lesbo/homofóbicos; acoso y en este caso también es claro observar cómo cuando se habla del tema en internet enseguida se presentan oleadas de insultos en grupo; las amenazas en mensajes, imágenes o videos, son otras formas de violencia que viven las mujeres en internet.
El informe destaca la difusión de información personal o íntima sin consentimiento; la extorsión, el chantaje, el desprestigio, como las campañas de difamación y descalificación; el abuso y explotación sexual relacionada a las tecnologías, como el enganche con fines de trata o de abuso sexual y también establecieron la categoría de “omisiones” por parte de actores con poder regulatorio, la cual se refiere a la falta de interés, reconocimiento o acción de actores con posibilidad de regular o sancionar agresiones.
El informe puede ser consultado en línea en la dirección www.internetesnuestra.mx
18/SG/LGL
VIOLENCIA
Organizaciones presentan informe
Violencia en línea contra mujeres: spam, virus, insultos, amenazas y bots

Aunque cada vez son más frecuentes los casos de violencia en línea contra mujeres, aún faltan registros estadísticos que permitan conocer la magnitud de la violencia, destacaron especialistas en el tema, al presentar el informe “La violencia en línea contra las mujeres en México, presentado el día de ayer.
El documento fue elaborado por organizaciones civiles que trabajan por una red libre de violencia, encabezadas por la organización Luchadoras, para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU, Dubravka Šimonović y presentado en conferencia de prensa.
En él, destaca la falta de estadísticas que permitan conocer la dimensión de esta violencia, no obstante, mencionaron que el único levantamiento que se ha hecho en México hasta ahora fue una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, la cual señala que al menos nueve millones de mexicanas han vivido el ciberacoso.
Ya sea a través de envío de spam o virus, de mensajes con insultos o amenazas, daño por publicación de información vergonzosa, falsa, o íntima, o el envío de videos e imágenes con contenido sexual, las mujeres viven diversas violencias en línea.
“La cifra de afectadas muy seguramente es más alta”, dijo la coordinadora del informe e integrante de Luchadoras, Lourdes Barrera, ya que ante la falta de recursos legales, de atención por parte de autoridades o las empresas de internet, muchas mujeres no denuncian los ataques en su contra.
“Es importante reconocer que es una violencia real, que tiene consecuencias reales en los cuerpos, en las vidas, y en las emociones de las mujeres”, resaltó Barrera. Su organización ha detectado muchos efectos dañinos en las afectadas, por ejemplo, náuseas, dolor de cabeza, angustia, miedo, o hasta depresión. Las afectadas pensarían dos veces antes de publicar algo en Twitter o Facebook, agregó.
El informe menciona que la violencia en línea puede violar los derechos a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, y de acceso a la justicia. Las más vulnerables son las mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años de edad.
En el caso de imágenes intimas difundidas sin consentimiento, por ejemplo, muchas veces en lugar de apoyar a las mujeres y sancionar a la persona que difundió estas imágenes, se critica y se revictimiza a las mujeres. Por eso, una de las recomendaciones de Barrera es que las comunidades en red cambien su postura.
Los ataques contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas son otra preocupación. La organización Artículo 19 ha observado varias tendencias preocupantes en los últimos dos años, entre ellas, el odio viral. Cuando una mujer vive una agresión en la vía pública y la denuncia en las redes, se genera una oleada masiva de odio contra ella.
Emblemático fue el caso de la periodista Andrea Noel. Después de vivir una agresión sexual en la Ciudad de México y publicar los hechos, vivió una oleada de ataques en redes sociales que incluyeron amenazas de muerte. “Existe el peligro que la violencia se pase al lado físico”, señaló el encargado de Derechos digitales, de la organización Artículo 19, Vladimir Cortés, quien participó en la conferencia.
El informe agregó en este caso que en una ocasión, estando en su casa (Andrea) sintió la luz de un láser en su frente, y en otra, un usuario de Twitter le envió una fotografía con su ubicación.
Quienes elaboraron el documento consideraron que una respuesta punitiva no puede ser la principal solución a esta problemática, ya que México tiene altos niveles de impunidad, y que la acción efectiva por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar violencia contra las mujeres es “prácticamente nula”.
Otra tendencia preocupante es que ahora existen campañas organizadas de ataque, por ejemplo, de ciertos grupos, o también de los llamados bots, desde cuentas falsas automatizadas. En la mayoría de los casos, las víctimas de estas campañas fueron defensoras de tierra y territorio, o defensoras de la libertad de expresión.
Ellas también sufrieron espionaje por parte del Estado. Que se utilice este tipo de tecnología, que inicialmente tendría que ser dirigida para el combate al terrorismo, al crimen organizado, y termina convirtiéndose en una forma de atacar directamente a mujeres periodistas o activistas sería sumamente preocupante, concluyó Vladimir Cortés.
Cabe señalar que entre otros, fue espiado el hijo de la periodista Carmen Aristegui, y que una de las formas de violencia de género son las amenazas a familiares. También fueron víctimas dos abogadas defensoras de los Derechos Humanos de mujeres, Stephanie Brewer que en ese entonces trabajaba el caso Atenco, y Karla Micheel Salas que representaba a mujeres en el “caso Narvarte”.
Para este año electoral, las organizaciones advirtieron que hay que poner especial atención a la violencia política contra las mujeres. “El país quiere tener mayor representad de las mujeres, por eso se cambiaron las leyes”, indicó Erika Smith, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.
Para ella, el primer paso sería visibilizar la violencia política en línea contra las mujeres. Expresó que espera que el Instituto Nacional Electoral (INE) encuentre una manera de documentar estos ataques. “Si están hablando de la apariencia física de una persona, de su sexualidad, si están violando su derecho a la privacidad e intimidad, este tipo de cosa se puede monitorear, en cooperación con los partidos políticos”, indicó.
En su opinión, las plataformas como Twitter y Facebook, entienden la importancia de sus espacios para el debate político, pero no han hecho suficiente para contrarrestar la violencia. “No se puede suponer que si yo me lanzo a ser candidata, tengo que tragar todo lo que me pasa. Debe de ser documentado, visibilizado y cuestionado”, apeló Smith.
El informe puede ser consultado en línea en la dirección www.internetesnuestra.mx
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