Violencia de Género
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Respuesta del gobierno ante demanda de OSC
Activan Alerta Temprana para prevenir agresiones contra activistas y periodistas en Chihuahua

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), adoptó una “Alerta Temprana” para prevenir agresiones a activistas y periodistas en el estado de Chihuahua, por lo que en próximos días iniciará acciones en la materia.
Esta decisión se tomó el pasado 11 agosto, luego de que el siete de marzo 24 organizaciones y redes de Derechos Humanos (DH) solicitaron a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, activar la llamada Alerta Temprana, ante los posibles riesgos que enfrentan activistas y comunicadores.
Esta alerta es un mecanismo de prevención incluido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e incluye el diseño de planes de contingencia que responda a la tipología de ataques y a las personas en riesgo.
CHIHUAHUA, ALTO RIESGO
La solicitud de activación se hizo porque Chihuahua es la entidad con mayor número de defensoras y defensores asesinados (al menos 19), el segundo en periodistas asesinados y es el estado que cuenta con el 30 por ciento del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de defensores y defensoras en riesgo.
Además, para las organizaciones humanitarias era necesario tomar medidas preventivas, ya que a principio de este año se dieron casos de difamación hacia activistas, lo que significó una alerta ya que la experiencia ha demostrado que los comentarios difamatorios pueden escalar hacia amenazas y después a una agresión mayor como el homicidio.
Entre los casos emblemáticos están el de Marisela Escobedo, asesinada el 6 de diciembre de 2010; las agresiones contra Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade, fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa; y el atentado contra la activista Norma Andrade, integrante de esta misma organización, quien en diciembre de 2011 fue atacada con arma de fuego en Ciudad Juárez.
A las campañas de desprestigio se suman las desapariciones, tortura, amenazas, detenciones arbitrarias, daños y allanamientos a oficinas de agrupaciones civiles, criminalización de periodistas y defensoras o defensores, así como la autocensura de medios de comunicación con el fin de recibir financiamiento a través de la publicidad oficial.
La alerta se dio por una resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y es la primera ocasión en que se emite, aunque ya se hizo una similar para para prevenir mayores agresiones a periodistas en el estado de Veracruz.
Al respecto, agrupaciones no gubernamentales como Abogadas Demócratas, Alternativas Pacíficas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Grupo Feminista 8 de marzo y la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez emitieron un comunicado donde señalaron que esto es un reconocimiento expreso del riesgo que implica la labor de defensa de los DH y el periodismo en Chihuahua.
Por ello llamaron a las autoridades locales y federales a adoptar un plan de contingencia que sea pertinente y aplicable a las diferentes circunstancias, que tengan un enfoque diferenciado que tomen en cuenta las particularidades de las personas beneficiarias, y que sean efectivas no sólo para prevenir futuros ataques a los dos gremios protegidos como para eliminar la impunidad de ataques previos.
En particular, solicitaron al gobernador César Duarte y al equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral, que colaboren en la realización del plan de contingencia, el cual deberá ser adoptado en en próximos días por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en colaboración con su Consejo Consultivo y la sociedad civil.
16/AGM/GGQ
VIOLENCIA
El problema ya está en la agenda pública
Cien mil marchan en Perú contra la violencia hacia las mujeres

Con una multitudinaria marcha, bajo la consigna “Ni Una Menos”, la sociedad peruana se pronunció contra la violencia hacia las mujeres, en lo que representa una toma de conciencia colectiva en este país, el tercero en agresiones sexuales del mundo.
La manifestación en Lima, el pasado sábado 13 de agosto, acompañada por protestas en una decena de ciudades del país, surgió como rechazo a sentencias judiciales que escandalizaron por ser muy benignas con los agresores en casos de feminicidio, maltrato de varones contra sus parejas o exparejas y agresiones sexuales.
El caso que detonó la protesta fue el de Arlette Contreras, golpeada brutalmente en julio de 2015 por su entonces pareja, Adriano Pozo, en un hotel de la sureña ciudad de Ayacucho, en una agresión registrada por las cámaras de un hotel.
“Queremos justicia, queremos que esos hombres agresores, esos hombres violadores y asesinos vayan a la cárcel. Queremos que el Estado nos dé seguridad a nosotras, las víctimas”, dijo Arlette Contreras.
Pese a ello, a Pozo, hijo de una autoridad política de la zona, se le sentenció a solo un año de prisión suspendida, por los cargos de feminicidio en grado de tentativa y violación, debido a que operaron los atenuantes de que estaba ebrio y actuaba por celos. Un tribunal superior ratificó el fallo el mes pasado, lo que fue calificado como “indignante” por el fiscal del caso.
“Queremos justicia, queremos que esos hombres agresores, esos hombres violadores y asesinos vayan a la cárcel. Queremos que el Estado nos dé seguridad a nosotras, las víctimas”, comentó Contreras a IPS durante la marcha, cuyo recorrido encabezaron víctimas y familiares, y que terminó ante el Palacio de Justicia.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos indican que Perú es el segundo país de América Latina en asesinatos de mujeres por razón de género, además del tercero del mundo en violaciones, con la particularidad de que 42 por ciento de esas agresiones son en sus hogares y 90 por ciento de las denuncias quedan impunes.
ACUDIÓ HASTA KUCZYNSKY
“Basta ya”, “Fuera violadores”, “Poder Judicial, vergüenza nacional”, “Tocan a una, tocan a todas”, fueron algunas de las consignas más coreadas durante la marcha, en que participaron unas 100 mil personas, según los organizadores de la protesta surgida desde las redes sociales y sin banderas partidistas, aunque asistieron el presidente Pedro Pablo Kuczynski y miembros de su gobierno.
Entre los participantes hubo familias completas, incluidos padres, niñas y niños, y sobresalieron los de parientes de víctimas de feminicidio, que portaban carteles con las fotos de las mujeres muertas o la de los agresores con sus nombres.
“A mi hija la mató un hombre pero solo le dieron seis meses (de prisión) preventiva”, denunció Isabel Laines, quien llevaba un cártel con la imagen de su hija, y contó a IPS que viajó más de cuatro horas en autobús desde el sureño departamento de Ica, para unirse a la movilización en Lima.
PRESENTES, VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIÓN
En la marcha también estuvieron presentes familiares y víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori, quien estuvo en el poder de 1990 al 2000. Una comisión investigadora del Parlamento calculó en 2002 que más de 346 mil mujeres fueron esterilizadas entre 1993 y 2000 contra su voluntad.
A comienzos de este mes, el Ministerio Público (fiscalía) archivó una denuncia contra el expresidente Fujimori y funcionarios del Ministerio de Salud de su gobierno por este caso, en otra criticada acción contra la obtención de justicia y reparación por estas miles de víctimas.
REDES PARA CONVOCAR
Las redes sociales fueron el espacio desde el que surgió la reacción ciudadana y que permitieron a las víctimas contar sus historias y conectarse con otras en su misma situación, bajo etiquetas como #YoNoMeCallo, además de la común #NiUnaMenos.
“Después de ver el video de Arlette (Contreras) y la indignación al ver que su agresor era liberado, un grupo nos organizamos en Facebook y empezamos a hacer un pequeño chat, una pequeña reunión”, contó a IPS una de las organizadoras de la marcha y del colectivo Ni Una Menos, Natalia Iguíñiz.
Tan solo en el primer semestre de este año, se registraron en el país 54 casos de feminicidio y 118 intentos, según estadísticas del Ministerio de la Mujer.
Las cifras también indican que todos los días se cometen 16 violaciones en el país. Y esas mismas estadísticas indican que entre 2009 y 2015 fueron muertas 795 mujeres por razones de género, 60 por ciento de ellas de entre 18 y 34 años.
El fenómeno se da en una sociedad hasta ahora permisiva con la violencia de género, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y muestran las encuestas.
Un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos en Lima antes de la marcha, mostró que 41 por ciento de las mujeres entrevistadas cree que Perú es “nada seguro” para ellas y 74 por ciento considera que vive en una sociedad machista.
En tanto, 53 por ciento de todos los entrevistados cree, por ejemplo, que si una mujer se pone minifalda, es culpable de que se la acose en los espacios públicos y 76 por ciento disculpa que la mujer sea golpeada por el hombre si descubre una infidelidad.
EN LA AGENDA PÚBLICA
Desde el comienzo del gobierno de Pablo Kuczynski, el 28 de julio, el tema ha entrado en la agenda pública y diferentes actores políticos ya se pronunciaron por reforzar mecanismos como la capacitación de los operadores policiales y judiciales, para que apliquen mejor las normas en caso de maltrato contra las mujeres.
“El problema de la violencia de género es que el silencio absorbe los golpes y no es fácil de denunciar”, afirmó el presidente antes de participar en la marcha, al igual que hicieron varios ministros, legisladores y otras autoridades.
Iguíñiz subrayó que la marcha representa el comienzo de una nueva manera de afrontar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país y que se mantendrá la movilización ciudadana con más encuentros y actividades.
“Hay muchas personas, miles organizando. Aquí estamos un pequeño grupo que planteamos algunas coordenadas básicas, pero finalmente hay un montón de grupos que están trabajando en cultura, en sus barrios, en miles de acciones que se están tomando a nivel nacional: distritos, colegios profesionales, asociaciones diversas”, afirmó.
A su juicio, la convocatoria “ha calado tanto, por su amplitud”.
NI UNA MENOS, EN PERÚ Y EN EL MUNDO
Bajo el movimiento Ni Una Menos ya ha habido anteriores movilizaciones contra la violencia machista en otros países latinoamericanos, como Argentina, donde también hubo otra manifestación multitudinaria en la capital, en junio de 2015.
“Estamos en coordinación con los colectivos en otros países. Vamos a hacer una plataforma para peticiones, pero la estamos planeando hacerla a nivel regional, a nivel de todos los países de Latinoamérica”, afirmó Iguíñiz.
El grupo privado “Ni Una Menos: movilización ya”, en la red de Facebook que desde julio impulsó la convocatoria, tiene ya 60 mil miembros, y fue el espacio desde el que se coordinó la marcha, a cuya tarea se sumaron después medios convencionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Además, centenares de mujeres que han sido víctimas de maltrato, agresión sexual o acoso laboral, comenzaron a dejar su testimonio en el espacio digital, en un proceso que va a continuar.
La marcha se extendió también por una decena de ciudades como Cusco, Arequipa, Libertad. Además, peruanos residentes en el exterior apoyaron la movilización con actividades en ciudades como Barcelona, Ginebra, Londres, Madrid o Washington, entre otras.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
16/AC/GGQ
VIOLENCIA
Pedirán informe al gobernador Eruviel Ávila
Perredistas califican de “insuficientes” acciones en Edomex para AVG

Tras considerar “insuficientes” las acciones realizadas por el gobierno del Estado de México a un año de implementarse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, la Secretaria Nacional de Igualdad de Géneros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, solicitará un informe de lo hecho hasta ahora.
En un comunicado, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ana Yuritzi Leyva y la secretaria estatal de Equidad de Género, Selina Trujillo, manifestaron que “las acciones de emergencia tomadas por el gobierno mexiquense han sido insuficientes, porque la vida de las mujeres no es prioridad para la administración de Eruviel Ávila”.
Según informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en el 2015 se registraron 33 casos de feminicidio en esa entidad, mientras que de enero a mayo del 2016 ya se reportaron 29.
La preocupación de las perredistas es que a un año de haberse declarado la AVG en 11 municipios del Estado de México (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco), los asesinatos de mujeres van a la alza y además se siguen tipificando como “homicidios dolosos” contra mujeres.
Por ello consideraron que se debe revisar el Código Penal de la entidad y aplicarse de manera cabal la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Señalaron que de acuerdo a estadísticas ofrecidas por las Agencias del Ministerio Público cada 30 días se registraron, en promedio, 9 casos de feminicidio en la entidad mexiquense, durante los primeros cinco meses del 2016, por lo que desean conocer qué acciones de prevención, seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres se han implementado para contrarrestar la violencia de género.
16/GVV/LGL
Migración
Migrante hondureña “cae” de La Bestia
Magda dejó sus sueños en la frontera de Nuevo Laredo

Los sueños y anhelos de Magda se truncaron, como los de cientos de centroamericanos migrantes que atraviesan el territorio mexicano por la frontera sur pero no así la norte, donde la tragedia les envuelve. Magda murió tras caer del tren; según testigos la arrojaron. Unos dicen que fue su pareja, quien fue detenido por los hechos; y otros, los guardias del tren.
Defensores de Derechos Humanos del albergue “Hermanos en el Camino” que fundó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra y que se ubica en Ciudad Ixtepec, manifestaron que este hecho es una prueba más de lo letal que es el “Plan Frontera Sur” y la falta de una política migratoria humana que proteja realmente a las personas en condiciones vulnerables.
“Las y los migrantes cada vez viven mayores situaciones de alto riesgo, su vida pende de un hilo muy fino; el 90 por ciento vive violencia desde que ingresa a México, comenzando por la frontera sur donde son asaltados, violados, golpeados e incluso asesinados, y qué decir de la norte en donde de igual forma sus derechos humanos son violentados”, señalaron.
Sarah Moebius, encargada de Mujeres Migrantes y Asuntos de Género del albergue Hermanos en el Camino, AC, relató que hace un mes Magda -de 18 años de edad y madre de un hijo de un año- llegó al refugio con el objetivo de llegar a Estados Unidos y reencontrarse con su madre, quién se encuentra delicada de salud.
“La mujer joven, originaria de Honduras, nos contó que en su país, su ex pareja y padre de su hijo de un año, le había hecho la vida imposible persiguiéndola por todo el país, hasta llegar a tal extremo de cortarle la mitad de un dedo con un machete.
“A pesar de la violencia que sufrió Magda en Honduras, continuó su camino por México. Magda fue víctima de agresiones físicas por su pareja actual, quien la acompañaba en el viaje, lamentablemente murió”, expresó.
Narró que durante su estancia en el albergue tuvo siempre el apoyo y solidaridad de sus compañeras y compañeros; sin embargo, dijo que por razones desconocidas, Magda decidió continuar su camino con él.
“Los jóvenes con los que se fue nos avisaron que Magda murió en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los medios informaron que se cayó de ´La Bestia´ por cansancio; sin embargo, sus compañeros de viaje dijeron que los guardias del tren la habían empujado y jalado hasta que ella cayó. Después, según otras versiones, las autoridades detuvieron a su pareja sentimental como responsable de los hechos, exigimos justicia”, recalcó.
Agregó que la muerte de esta joven madre de familia los ha llenado de reflexiones y desafíos y a la vez de coraje, debido a que se comprueba que las autoridades e instituciones en su país (Honduras) y el de tránsito (México) son incapaces de protegerla contra la violencia.
Agregó que el desafío social es alto, porque a la mujer migrante no se le valora, siempre se le relaciona que viene acompañada de un hombre, cuando muchas de las veces no es así.
“Las mujeres se vinculan de diversas maneras con la migración, como hijas, hermanas, tías, abuelas y madres que quedan atrás cuidando a la familia; un dogma de su vida cotidiana en donde el cuidado de los hijos injustamente se encuentra asignado de forma unilateral al género femenino. Pero también muchas que por propia elección luchan por un futuro digno para ellas y sus hijas e hijos, en muchos casos obligadas por la ausencia de un progenitor que se haga responsable o, no poco frecuente, por la violencia que sufren por parte de sus (ex)parejas”, señaló.
Por último, recordó que pensar en Magda es reconocer a una mujer joven, soñadora, llena de vida y con muchas ilusiones, sus ojos alegres que se esconden en su mirada firme, segura de sí misma y quién hablaba de su hijo como lo mejor que tenía en su vida.
“Estamos agradecidos en el refugio por haber conocido a Magda, su sueño lo llevaremos siempre, fue una gran mujer”, concluyó.
16/DM/LGL
VIOLENCIA
Presenta CIDHM informe sombra
A un año de AVG en Morelos, gobierno incumple acciones

A un año de haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género en Morelos, suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios de esa entidad y las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, según el informe “sombra” de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
En conferencia de prensa efectuada en la Ciudad de México, integrantes de diversas asociaciones civiles, presentaron el informe “sombra” del primer año de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que elaboró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), en el cual indican que pese a la AVG los asesinatos de mujeres continúan.
La AVG fue declarada en Morelos el 10 de agosto del 2015, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
La coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz, dijo que desde el 10 de agosto del 2015 al 31 de julio del 2016, registraron un total de 86 casos de feminicidio, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.
Paloma Estrada Muñoz indicó que los casos documentados durante el primer año después de haberse declarado la AVG en Morelos, han sucedido en 22 municipios de los 33 que conforman el estado de Morelos, lo que indica que la violencia feminicida se presenta no sólo en los municipios en los que se declaró el mecanismo.

La activista explicó que el informe -de 90 páginas- detalla por autoridad y acción, lo que se ha cumplido y lo que no durante este primer año y agregó que lo que sí detectaron es que no es el mecanismo el que está fallando (la AVG) sino que existe un desconocimiento de la Alerta y falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.
La CIDHM destaca en su informe que la Fiscalía General del estado de Morelos, se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que explicó, muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.
Las activistas criticaron que a las sesiones de trabajo sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y la Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.
Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.
De acuerdo con las organizaciones, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidio.
16/GVV/LGL
VIOLENCIA
Asesinatos contra mujeres no cesan y gobierno no actúa
Pide diputada perredista AVG para Quintana Roo

Del 2010 a abril de 2016 fueron asesinadas en Quintana Roo, 97 mujeres y el gobierno local continúa sin brindar garantías de seguridad a las quintanarroenses, por lo que es urgente decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), consideró la legisladora federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ivanova Pool.
La legisladora del Sol Azteca criticó la incapacidad del gobernador de la entidad Roberto Borge para contener la crisis de inseguridad que azota al estado y la falta de coordinación entre autoridades para hacer frente a la violencia que cobra cada vez más la vida de más mujeres, incluso extranjeras que van de vacaciones a esa entidad.
“Es preocupante que Quintana Roo sea uno de los estados más inseguros del país y no muestra avances en la coordinación de autoridades para atender este flagelo, por lo que es urgente se emita la declaratoria de la AVG para la entidad, pues tres de cada 10 mujeres que padecen de violencia extrema están expuestas a la muerte, como lo señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)”, dijo la legisladora.
Cabe recordar que en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de Mujeres solicitó conjuntamente con el OCNF, la AVG; se conformó un Grupo de Trabajo para realizar la investigación el cual determinó que existían suficientes elementos para decretar la Alerta, y emitió 11 recomendaciones al gobierno estatal para cumplirse en un plazo de 6 meses (que se cumplen en el mes de noviembre).
A 3 meses de vencer el plazo, el gobierno de Borge no ha cumplido las 11 recomendaciones las cuales contemplan 13 modificaciones al Código Penal de Quintana Roo; 7 al Código Civil; y una revisión y cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal; la Ley estatal de Trata de Personas; la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y a Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
Destacan también la elaboración y aplicación de protocolos para investigar con Perspectiva de Género el delito de feminicidio y las medidas de protección para víctimas de violencia.
Hasta el momento los horarios para restringir la venta de bebidas alcohólicas en ciertas zonas no se ha hecho, como tampoco reforzar los patrullajes preventivos, mientras que en tan sólo un mes (junio a julio) 6 mujeres fueron asesinadas.
16/AF/LGL
VIOLENCIA
Se reúnen ONG de 18 entidades que promovieron AVG
Violencia feminicida debe ser problema de seguridad nacional

Organizaciones civiles solicitantes de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 18 entidades de la República Mexicana, pedirán una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir que la violencia feminicida sea atendida como un problema de seguridad nacional.
Durante la “Primera reunión de los organismos solicitantes de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el Consejo Social del Instituto Nacional de la Mujeres” (Inmujeres) efectuada en Guadalajara, Jalisco, el pasado viernes 5 de agosto, las representantes de la sociedad civil expusieron los obstáculos que han experimentado en el proceso de solicitud de activación del mecanismo de atención urgente a la violencia de género.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la vocal y consejera de la Junta de Gobierno del Inmujeres, Magaly Reyes Chávez, explicó que esta fue la primera vez que se reunieron organizaciones civiles y el Inmujeres, para hablar del proceso para solicitar y activar la AVG en diferentes estados del país.
Magaly Reyes Chávez, destacó que la mayoría de las activistas coincidieron en que han sido excluidas después del proceso de solicitud y documentación para realizar los informes con recomendaciones para los estados; y de que existe una simulación de las autoridades a la hora de subsanar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Sólo Guanajuato cumplió con las 13 recomendaciones emitidas en su informe, pero eso, advirtieron, no resuelve el problema de feminicidio.
Por ello solicitarán una reunión de trabajo de carácter urgente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle de la situación de cada una de las entidades solicitantes y que este problema ya sea atendido como un “problema de seguridad nacional”.
Otro de los acuerdos que concluyeron en la reunión fue agendar una reunión nacional para revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Protocolo de activación de la AVG, toda vez que señalaron, los 6 meses de espera para que se emita el dictamen con las recomendaciones es demasiado tiempo, ya que la AVG es un mecanismo de protección para las mujeres que tiene que ser activado de manera urgente.
Durante la reunión las organizaciones emitieron un pronunciamiento dirigido a Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las entidades federativas y municipales, para pedirles que tanto las organizaciones promoventes del mecanismo, como las que trabajan los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sean incluidas en todo el proceso de seguimiento de solicitud de AVG.
También solicitaron la asignación de presupuestos etiquetados para los procesos de declaratoria de alerta, la eliminación de toda norma que agravie los DH de las mujeres y las niñas en el marco jurídico federal y de las entidades federativas, así como la armonización legislativa en DH con perspectiva de interculturalidad y género, de los marcos estatales.
Las organizaciones que acudieron a la reunión son las promoventes de las AVG de Colima, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Michoacán,
Querétaro, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, Puebla, también las representantes de las Comisiones Estatales Derechos Humanos de San Luis Potosí y Colima.
16/GVV/LGL
Interrupción Legal del Embarazo en México
Activistas piden reparación del daño para Citlali, víctima de violación
Exigen destituir a juez que clasificó violación como estupro

Agrupaciones feministas exigieron la destitución del Juez Sexto de lo Penal de Primera instancia, Jesús Manuel Ibarra, quien negó el derecho al aborto a Citlali, la niña sonorense de 13 años que presentó un embarazo como consecuencia de una violación sexual, y que además reclasificó el delito como estupro.
En un pronunciamiento dirigido a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca, las organizaciones de Sonora y de otros estados también pidieron que se garantice la reparación del daño para la niña y su familia, quienes ante la negativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) este 1 de agosto viajaron a la Ciudad de México para acceder al procedimiento.
Al respecto, Andrea Sánchez, integrante de la agrupación Marcha de las Putas Sonora, movimiento que promueve los derechos de las mujeres y quien ha apoyado a Citlali, dijo a Cimacnoticias que a la par de este pronunciamiento, disponible en el portal de Change.org, las organizaciones están recolectando firmas de la ciudadanía para que apoyen la petición.
Cabe decir que al conocer el caso el colectivo realizó colectas para apoyar los gastos de traslado a la Ciudad de México de la abogada Nohelia Escoboza Chan y del abogado Eduardo Fabian Rico Arias, quienes llevaron el caso inicialmente, para que acompañaran a la niña y a su padre a solicitar que se le practicara el procedimiento.
Actualmente la niña también recibe el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Si bien las agrupaciones hacen un llamado al procurador Montes de Oca, cabe decir que el funcionario defendió el actuar del Ministerio Público al señalar que fue diligente aunque informó que apelaría la decisión del juez de seguir la denuncia como estupro (implica el consentimiento de la niña), según reportaron medios locales.
Los grupos de mujeres firmantes condenaron enérgicamente la violencia institucional y la sistemática violación a los Derechos Humanos ejercida contra Citlali (nombre ficticio), niña indígena de 13 años que fue violada el pasado mes de mayo en el poblado de Miguel Alemán en el estado de Sonora.
A pesar de que la familia de la menor de edad presentó una denuncia penal, el agente del Ministerio Público omitió aplicar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que obliga a las autoridades judiciales y de salud ofrecer a la víctima anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.
Es por ello que Andrea Sánchez dijo que la firma de la ciudadanía es muy importante porque así pueden demostrar que las y los sonorenses no permitirán que vuelvan a suceder casos como el Citlali.
En el pronunciamiento explican que las autoridades debieron actuar conforme la Ley General de Víctimas, la Convención de Belém Do Pará y otras convenciones internacionales; por ello exigen la destitución e inhabilitación del Juez Sexto de lo Penal de Primera instancia, Jesus Manuel Ibarra y demás autoridades responsables que hayan ejercido omisiones e incurrido en violencia institucional por impedir acceso a aborto.
También proponen una campaña informativa masiva sobre derechos de las víctimas de violencia sexual, la ILE en casos de violación, la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), así como la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia a Niñas y Niños, elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por último las agrupaciones también piden una sanción ejemplar para el agresor de Citlali, quien, consideran, debe ser juzgado por el delito de violación agravada, aunque está siguiendo el proceso en libertad, según saben las activistas sonorenses.
Las agrupaciones firmantes son Marcha de las Putas Sonora, Red Feminista Sonorense, Nosotras Colectiva, Trans Pride, Colectiva Sangre Violeta, Iniciativas Feministas, Colectivo Las Victorias-Monterrey, Nuevo León, 24A nacional, Mujéricas Chihuahua y Colectiva Feminista Nayarit.
16/GVV/AGM/
VIOLENCIA
Feminicidio no se investiga, acusan
Lanzan campaña contra violencia machista en Nicaragua

Activistas nicaragüenses presentaron la campaña “Las mujeres tenemos derecho, detengamos la violencia machista” para señalar con nombre y apellido a los agresores y visibilizar la problemática ante la sociedad.
Con esta campaña, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizarán movilizaciones en las calles y en las redes sociales, según explicó Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Las jornadas de denuncia también buscarán que haya sanciones ejemplares hacia los criminales que causan daños físicos y psicológicos a las mujeres, además de interpelar a las autoridades del Estado sobre la responsabilidad que tienen en la prevención de la violencia.
“Estado también como perpetrador directo de la violencia machista que se expresa en la falta de políticas públicas que implica más desprotección a las mujeres y que muchas no sean atendidas adecuadamente”, declaró Jiménez.
Las defensoras de Derechos Humanos demandaron que las autoridades estatales apliquen la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres) en su totalidad, especialmente en lo referido a la prevención de la violencia.
La defensora Felicita Laínez, del municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua, afirmó que a las mujeres que viven violencia se les culpabiliza de su situación; por ejemplo, cuando una mujer se va de la casa porque ya no aguanta al agresor, es criticada y sancionada por la comunidad.
Además la activista agregó que los juzgados de la familia en Nicaragua están saturados de demandas de pensión alimenticia que las mujeres interponen ante la irresponsabilidad paterna, por lo que también se exponen a violencia psicológica y verbal.
Frente a esta problemática el Estado carece de albergues para mujeres víctimas de violencia y son las organizaciones las que apoyan a las mujeres. Incluso, dijo Laínez, la sociedad civil salva vidas, sin embargo, las activistas son criticadas por, supuestamente, desintegrar la familia.
Como muestra de la violencia de género, el monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, señala que de enero a julio de este año 41 mujeres fueron asesinadas por hombres.
Al respecto Luz Marina Torres, integrante del Colectivo de Mujeres Ocho de Marzo de Managua expuso que el tema no se trata de números, “se trata de la vida de las mujeres, una sola que pierde la vida, eso nos preocupa”.
Las organizaciones de mujeres rechazaron que las autoridades traten de “esconder” el femicidio/feminicidio ocultando las cifras o disfrazándolas toda vez que estos crímenes se investigan como homicidios y no como asesinatos por razones de género.
16/NR/AGM/
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