Violencia de Género

Cinco de ocho universidades públicas de la Ciudad de México, no cuentan con un protocolo para atender casos de violencia de género, ni con estadísticas de los casos, lo que afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito educativo y su acceso a la justicia, señaló la activista del Movimiento estudiantil contra el acoso en la Universidad Nacional Autónoma de México, Adina Barrera Hernández.
 
La también alumna de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizó solicitudes de información al Instituto Politécnico Nacional (IPN); a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh); a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y a la misma UNAM, para conocer el número de denuncias de violencia de género, acciones de prevención y si tienen algún protocolo de atención y sanción de esta violencia.
 
En las respuestas de las solicitudes- proporcionadas por la activista a esta agencia- las universidades demostraron que no cuentan con un protocolo propio para prevenir, atender y sancionar las denuncias de violencia de género, universidades como la UPN indicó que aplica el “Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual” del Instituto Nacional de las Mujeres y en el resto se le da seguimiento a través de instancias universitarias administrativas.
 
En el caso de la ENAH, algunas denuncias de estudiantes llegaron a un enlace interinstitucional, porque solicitaron patrullaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como medida cautelar. Pero en otros casos se solucionó a través de mediación o no se le da seguimiento.
 
La UNAM es la única que en este año presentó su “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género”, lo que se considera un avance al Movimiento estudiantil contra el acoso de la misma universidad,  pero de acuerdo a Adina Barrera Hernández, éste limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia con “la firma de confidencialidad” que se les pedirá a las denunciantes y a los agresores.
 
Además contemplan la mediación como una forma de resolver las denuncias, cuando ésta es prohibida para atender cualquier tipo de violencia de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y convenciones internacionales en la materia.
 
En el análisis que hizo Adina Barrera Hernández de las respuestas a sus solicitudes destaca que las universidades no tienen un banco de datos de las denuncias y fueron generadas para dar una respuesta al mecanismo de transparencia y acceso a la información.
 
Adina Barrera Hernández añadió que las universidades siguen con la tendencia a ocultar la violencia porque tratan de proteger la imagen de la institución y no han visualizado que el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres también se tiene que garantizar en el ámbito educativo y por ello tienen que generar protocolos y mecanismos para prevenir y dar seguimiento a las denuncias.
 
Los casos presentados por las universidades a las que solicitó información son de alumnas que denunciaron a profesores por abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia física, violencia verbal y actos inmorales, también académicas que denunciaron a personal administrativo por violencia laboral.
 
Cabe destacar que ni la UACh ni la UAM respondieron la solicitud de información.
 
16/GVV/LGL

Las medidas de atención y protección de víctimas de violencia de género son ineficaces para las mujeres y niñas que viven en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, denunció la activista y sobreviviente de feminicidio, Carmen Zamora Villedas.
 
Estas medidas están mandatadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas así como en el protocolo Actuación Policial con Perspectiva de Género para Casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de México, publicado el 22 de abril de este año.
 
Son acciones de apoyo de parte de la policía municipal y estatal, para trasladar a las mujeres y niñas a servicios de urgencia médica o atención psicológica, orientación sobre sus derechos, traslado a la Agencia Especializada del Ministerio Público en Violencia Familiar, Sexual y de Género del Ministerio Público, para que puedan interponer su denuncia.
 
Las medidas deben ser emitidas por el Ministerio Público a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal y consisten en hacer rondines en los domicilios de las víctimas. También contemplan la desocupación de la persona agresora del domicilio de la víctima y acompañamiento al “reingreso” a sus hogares.
 
Sin embargo, en la experiencia de la activista Carmen Zamora Villedas, en 11 casos de mujeres y niñas que interpusieron sus denuncias en este año (a los que le da seguimiento legal a través de su fundación) el protocolo no se ha aplicado.
 
En entrevista con Cimacnoticias, explicó que los policías municipales desconocen sus obligaciones y funciones con las víctimas de violencia de género y no aplican las medidas de atención y continúa la revictimización de las mujeres y niñas que denuncian violencia sexual, de parte de médicos legistas en las agencias del Ministerio Público.
 
Otro de los obstáculos que enfrentan las víctimas es la reclasificación del delito de violación, como abuso sexual, y ejemplificó el caso de tres menores de edad que pese a haber declarado los actos de violencia sexual a los que fueron sometidas, los jueces omitieron sus testimonios.

Cimacnoticias llamó a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Tránsito del gobierno del Estado de México para conocer cuántas medidas de protección a víctimas de violencia de género se han emitido este año y a qué municipios corresponden, pero la asistente particular del Comisario Jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez, dijo que esa era información clasificada a la cual se puede tener acceso a través de un trámite burocrático.
 
La Fundación Carmen Zamora, le da seguimiento legal a 13 casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, que corresponden a denuncias interpuestas durante el período comprendido del 2014 al 2016.
 
De esos casos 5 son denuncias de violación, 3 de violencia feminicida (violencia sistemática en cualquiera de sus tipos a través de los años), 3 de violencia familiar, uno de feminicidio y otro por trata de personas y pornografía infantil.
 
Cabe recordar que la Alerta de Violencia de Género (AVG) fue decretada el 31 de julio del 2015 para 11 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec.
 
16/GVV/LGL

El gobierno del Estado de México incumple el Protocolo Alba al no activar las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, sin necesidad de que sus familiares interpongan una denuncia, dijo la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza.
 
En entrevista telefónica a propósito del Paro Nacional (que se realiza también en otros países) contra el feminicidio al que organizaciones feministas convocaron este día, la activista dijo que el Protocolo Alba no se cumple por “desconocimiento” de los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones de Seguridad.
 
Cabe mencionar que el Protocolo Alba es un mecanismo de protección que obliga a los tres niveles de gobierno a buscar a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar 72 horas.
 
Estrada Mendoza hizo énfasis sobre la importancia de actuar de inmediato porque esas horas son muy importantes para encontrar con vida a las mujeres y niñas que son reportadas como desaparecidas, por lo que el OCNF sostiene reuniones con autoridades de los 11 municipios del Estado de México (donde se decretó la Alerta de Violencia de Género) para asegurar su cumplimiento y ejecución.
 
Agregó que el Observatorio tiene un registro de 500 casos de niñas y mujeres víctimas de feminicidio (en el periodo 2015-2016), mientras que las desapariciones en el mismo lapso, se ubican en 2 mil.
 
El 28 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México, y el gobierno de Eruviel Ávila se comprometió a realizar una serie de acciones enfocadas a prevenir la violencia, la seguridad y la justicia.
 
Entre los compromisos destacan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, conformado por 17 personas expertas que investigarían las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
 
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la PGJEM se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas y se reforzaría la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.
 
Sin embargo María de la Luz Estrada explicó que a la fecha, tampoco se han cumplido a cabalidad esta serie de compromisos, mientras que la violencia contra las mujeres continúa incrementando.
 
16/GVV/LGL

Con la finalidad de difundir herramientas teóricas de los estudios de género y el feminismo, investigadoras del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaron el libro “Conceptos clave en los estudios de género”.
 
“Es indispensable establecer acuerdos en los conceptos utilizados dentro de los estudios de género, tanto en el mundo académico, como la discusión política y de Derechos Humanos, para brindar políticas de acceso y vidas dignas a las personas”, afirmó la coordinadora del libro, Hortensia Moreno. 
 
El interés del libro es reunir reflexiones que permitan un mapeo temático de los conceptos en materia de género, para entender la implicación de su uso y la importancia de estos problemas. 
 
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eva Alcántara, dijo que el libro permite capturar las claves fundamentales para quienes hacen su primera exploración y acercamiento en el campo del feminismo, como a quienes no están familiarizados con todos los conceptos en una discusión en pleno crecimiento. 
 
La obra reúne 22 ensayos escritos por 26 teóricas feministas como Marta Lamas, Ana Lau Jaiven, Lucía Melgar y Roberto Castro. Se abordan temas como feminicidio, espacio y género, violencia de género, interseccionalidad, transfeminismo, pospornografía, globalización, entre otros. 
 
El libro contiene además una bibliografía complementaria para quienes quieran profundizar en los temas.
 
Los textos son inéditos y fueron escritos de manera libre por sus autores, plantean discusiones, debates teóricos, metodologías y políticas en los problemas de género y sexualidad, tanto regionales como nacionales, añadió la investigadora Olga Sabido Ramos. 
 
Sabido Ramos señaló que recopilar estas temáticas permite reconocer los alcances sociales y la agenda pendiente, no sólo intelectual, también político-social. 
 
La publicación fue editada por el PUEG y coordinada por Eva Alcántara y Hortensia Moreno, quienes dijeron están preparando el volumen dos para publicarse el próximo año. 
 
16/HZM/LGL

Feminicidio, una emergencia nacional: Patricia Ravelo
Xalapa, Ver.- La investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Patricia Ravelo, señaló que los casos de feminicidio en el estado de Veracruz y en el resto del país se tratan de una emergencia nacional.
 
Durante el coloquio “Cuerpos, violencias y vulnerabilidad en espacios de riesgo” organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruz, la investigadora alertó que se han encontrado formas más violentas de cometer feminicidio en el país.
 
Asimismo, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Martha Torres Falcón, aseveró que el feminicidio en México está relacionado con lugares que representan un foco rojo en la trata de personas. “Las distintas formas de violencia contra las mujeres están siempre vinculadas: feminicidio y trata, están estrechamente ligados”.
(Con información de AVC Noticias)

Mesa redonda: “Del voto a la paridad; reflexiones sobre los obstáculos y desafíos”
Ciudad de México.- El Museo de la Mujer invita a la mesa redonda, “Del voto a la paridad; reflexiones sobre los obstáculos y desafíos”, el miércoles 12 de octubre a las 12:00 horas.
 
La conferencia será impartida por la catedrática de la UNESCO, Gloria Ramírez, por la doctora de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) Adriana Ortiz Ortega y la doctora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Gloria Luz Alexander.
 
La cita es en República de Bolivia, No. 17, Col. Centro, en la Ciudad de México.

Analizan construcción de espacios seguros para mujeres
Ciudad de México.- El Instituto de la Mujer de la Ciudad de México (Inmujeres) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevaron a cabo el “Seminario Internacional Ciudad con Derechos, Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” en la capital.
 
Del 5 al 7 de octubre se discutió en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la necesidad de construir  espacios públicos seguros y libres de violencia para las mujeres y niñas de la capital.
 
La directora de Inmujeres, Teresa Incháustegui Romero, enfatizó que la agenda de desarrollo urbano debe desarrollarse desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, reflejándose en el diseño de las ciudades y las zonas públicas. El programa contó con la participación de ONU Mujeres, especialistas en equidad de género, movilidad y planeación urbana. (Con información de Inmujeres)
 
16/HZM /LGL

Convocan a concurso de cine “Cuerpo en Movimiento”
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma Metropolitana (UNAM) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) convocaron al concurso de cineminuto “Cuerpo en Movimiento”.

El concurso tiene como objetivo la reflexión sobre la violencia de género dentro del deporte. Los trabajos deben girar en torno a dos temáticas: “Presencias Invisibles”, para destacar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el deporte, y “Mirar para Cambiar”, para demostrar acciones concretas para erradicar la violencia en el deporte por razones de género.

Las obras audiovisuales deben durar de 1 a 3 minutos, utilizando tecnologías no profesionales. El concurso está dirigido a la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la UNAM, la fecha límite para enviar los trabajos es el 16 de octubre a las 23:50 horas, consulta la convocatoria en: http://docsdf.org/cuerpo-en-movimiento/bases/

Denuncian violencia contra personas migrantes en Tabasco
Villahermosa, Tab.- La organización “La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes” pidió al Estado mexicano la protección de las personas migrantes en los municipios de Tenosique y Cárdenas, en el estado de Tabasco, debido al aumento de violencia en la región.

En un comunicado, señalaron que en lo que va del año, “La 72” ha presentado 8 casos de secuestro a migrantes en el municipio de Cárdenas ante la Fiscalía del estado del Tabasco y la Procuraduría General de la República (PGR), además de denuncias por violaciones sexuales a mujeres y asaltos con gran violencia y armas de fuego.

Expusieron su preocupación por la gran cantidad de personas involucradas (estudiantes, personas de la tercera edad, hombre y mujeres), incluyendo la Policía Municipal y la Policía Federal de los municipios.

Inmujeres  anuncia jornadas de mastografías
Ciudad de México.- El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres) en colaboración con la Secretaría de Salud, iniciaron jornadas de mastografías gratuitas a mujeres a partir de los 40 años en las delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.

A propósito del mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se realiza en octubre, Inmujeres implementó el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama (PAICMA) donde se brindarán pláticas informativas sobre exploración mamaria y detención oportuna del cáncer de mama.

La jornada termina el 7 de octubre, tendrá el apoyo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y se presentarán otros programas como “Bécate,  para fortalecer la autonomía económica de las mujeres. (Información obtenida de Inmujeres).

Diseñadora inicia campaña contra Cáncer de Mama en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamps.- La marca mexicana de blusas Bocanegra, de la diseñadora victorense Ana Fernanda Figueroa, inició en Tamaulipas la campaña “Venta con Causa”.

Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a la asociación “Mujer Ayúdame a Ayudarte AC”, que previene y atiende a las mujeres que padecen cáncer de mama en este estado, la marca venderá blusas artesanales en línea.

La presidenta de la asociación civil, Juany Salazar, dijo que la alianza entre mujeres es fundamental para apoyar a las mujeres que enfrentan esta enfermedad. Por lo cual, la campaña se promoverá en todo el estado para fomentar la participación de la sociedad. (Información obtenida de Red Tamaulipas).

16/HZM/LGL

Pese a que uno de los objetivos del gobierno federal es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizar su acceso a la justicia -según el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018- el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 prevé recortes a programas en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Para cumplir este objetivo el PPEF incluye en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un apartado que contiene montos específicos para este objetivo.
 
Entre las instancias que reciben recursos para erradicar la violencia de género están la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Segob, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR.
 
Para 2017 el PPEF contempla una reducción para los recursos del programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, de la Conavim, toda vez que planea otorgarle 143 millones 844 mil 21 pesos, mientras que en 2016 recibió 204 millones 370 mil 290 pesos.
 
Con los recursos de este programa la Comisión realiza diversas acciones, por ejemplo, diseña e instrumenta la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres y construye y equipa los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
A la fecha existen 29 Centros de este tipo que están en funcionamiento, 27 de los cuales atendieron a un total de 17 mil 13 mujeres víctimas de violencia durante los primeros tres meses de 2016, según informó la Conavim a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su primer informe trimestral sobre avances financieros.
 
En una reunión con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Alejandra Negrete Morayta, titular de esta instancia, informó que estos centros están equipados para atender a las mujeres, cuentan con Ministerio Publico, salas de juicios orales y ludoteca para las hijas e hijos de las víctimas.
 
De acuerdo con la funcionaria este año se invirtieron 51 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y hasta ahora sólo falta que Tlaxcala tenga uno de estos complejos arquitectónicos. 
 
La Segob también es la encargada de operar el “Programa de Derechos Humanos” el cual está en manos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de esta dependencia, el cual funcionará con menos recursos el siguiente año; este año recibió 37 millones 205 mil 286 pesos; para 2017 obtendrá 19 millones 76 mil 260 pesos.
 
Estos recursos son para acciones específicas para mujeres en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y la Protección de Víctimas de estos Delitos.
 
Parte de esta bolsa también se usa para operar y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
 
En materia de delitos la PGR también recibe recursos para atender la violencia de género a través de la Fevimtra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. El PPEF también reduce los recursos destinados a esta instancia.
 
Por ejemplo, el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, pasaría de tener 66 millones 179 mil 517 pesos, a 52 millones 271 mil 350 pesos.
 
La SEIDO utiliza estos recursos para acciones como capacitar al personal en temas de sensibilización de género y para realizar investigaciones como lo mandan las Leyes Generales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Otro programa que opera la PGR es el de Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito – a cargo de Fevimtra– a través del cual se realizan investigaciones acordes con las leyes para erradicar la trata de personas y la violencia de género el cual  tuvo este año 4 millones 76 mil 570 pesos y para 2017 recibirá 3 millones 694 mil 582 pesos.
 
Actualmente la Cámara de Diputados está en análisis del PPEF 2017 para que las y los diputados eventualmente hagan  modificaciones para aprobarlo en noviembre próximo, en este proceso la Comisión de Igualdad de Género puede proponer  adecuaciones a fin de no reducir los recursos para hacer frente la violencia de género.
 
16/AGM/LGL

En México, donde cada día son asesinadas 6 mujeres y niñas, según información de ONU Mujeres, la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres; el video documental puede ser un medio para visibilizar y sensibilizar en temáticas como la violencia de género.
 
Por ello, organizaciones como Semillas (México) y los Fondos Lunaria (Colombia); Alquimia (Chile); Centroamericano de Mujeres de Mujeres (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá); de Mujeres del Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay); Apthapi Jopueti (Bolivia), ELAS (Brasil); Frida y de Acción Urgente para América Latina y el Caribe; impulsan el concurso de video documental “Cortemos con la Violencia”.
 
Dirigido a mujeres jóvenes (18 a 30 años) de América Latina, tiene como objetivo denunciar y prevenir las distintas violencias de género a través del formato audiovisual, como una herramienta que llegue directamente a la gente y la sensibilice en el tema.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la cineasta mexicana, Lucía Gajá Ferrer, quien será una de las jurados del concurso audiovisual “Cortemos la Violencia” que se realizará el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, señaló la importancia de trabajar estos contenidos en el cine, ya que es un medio por el cual se puede trabajar.
 
 “Para mí el trabajo del cine es fundamental porque hace contacto directo con la sociedad, y creo que así puede apoyar al cambio y brindar reflexiones importantes, señaló”.
 
Lucía Gajá Ferrer es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM), e imparte clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Su obra cinematográfica se encuentra enfocada en la demanda de problemáticas sociales, entre ellas la violencia de género.
 
Su trabajo le ha valido el reconocimiento de diversos premios como el Ariel al mejor Cortometraje Documental, además mejor documental realizado por una mujer, y mejor largometraje documental, por el Festival de Cine de Morelia.
 
Ha trabajado durante 8 años en temas de violencia de género. Su última obra titulada “Batallas íntimas” (2016), muestra cinco casos de mujeres de distintos países (México, Finlandia, India, España y Estados Unidos) que han sido víctimas de violencia en la familia.
 
“Algo que se trata en la película (Batallas íntimas) es cómo se supone que la familia es un lugar seguro y se transforma en un entorno de violencia. Me tenía que preguntar sobre el amor, cómo el amor podría transformarse en violencia, y si eso era amor, o qué entendíamos por amor y así empecé a desarrollar el tema”, comentó la cineasta.
 
La temática también se reflejó en su primer largometraje documental “Mi vida dentro” (2006), donde expone la historia de Rosa Olvera, una migrante mexicana acusada del homicidio de un niño en Estados Unidos.
 
Debido a las injusticias, constante violencia y discriminación que padeció la protagonista (Rosa) mostradas en la película, logró llamar la atención de la Comisión de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Ecatepec, de donde Rosa Olvera era proveniente.
 
Con este ejemplo, Lucía Gajá nos habló de la capacidad del video, como un medio que puede sensibilizar y visibilizar temáticas de violencia de género.
 
La cineasta invitó a las jóvenes a participar en el concurso y a sentirse libres de expresar lo que sientan y colaborar en proyectos como “Cortemos con la Violencia”.
 
“No hay que cansarnos de estos temas que siguen siendo parte de los problemas sociales fundamentales que permean nuestra sociedad, y al hablar de ello podemos contribuir al trabajo que realizan distintas organizaciones, colectivos, y la gente que está inmersa en estos problemas”, agregó.
 
La convocatoria está dirigida a mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) que realicen videos orientados a la sensibilización, prevención y toma de acción ante los diferentes tipos de violencias de género, en cualquiera de sus manifestaciones: la educación y sensibilización para su prevención, la visibilización de iniciativas que promueven su erradicación, entre otras. El corto audiovisual puede ser de ficción o documental.
 
Los videos deberán tener por eje central a mujeres jóvenes quienes junto a distintas personas de su comunidad (familia, amistades, trabajo, escuela, etc.) actúan para detener, erradicar y transformar las distintas manifestaciones de violencias de género que enfrentan cotidianamente las mujeres jóvenes, en los diferentes ámbitos de sus vidas.
 
Tendrán especial consideración para las integrantes del jurado aquellas obras que muestren a través de sus contenidos el rechazo a las diferentes formas de violencia de género y su relación con la construcción de paz. Además se valorará especialmente los trabajos que muestran la necesidad de que la sociedad se comprometa totalmente en la erradicación de la violencia de género.
 
El última día para enviar los trabajos es el 15 de octubre de 2016, para conocer la convocatoria completa ir a: cortemoslaviolencia.org
 
16/HZM/LGL

El acceso a la justicia aún no es garantía para las mujeres y niñas de San Luis Potosí ya que de los 159 casos de feminicidio apenas se han declarado 12 sentencias en contra de los agresores, informó la Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
 
Agrupaciones civiles que dan seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) en aquella entidad, informaron a Cimacnoticias que desde que se tipificó el delito de feminicidio en San Luis Potosí en el 2013, el número de sentencias por este delito representa tan sólo un 7 por ciento del total de averiguaciones previas.
 
Por ello, ante la situación de violencia que enfrentan las potosinas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a cargo de Jorge Vega Arroyo solicitó la AVG en noviembre del 2015, el actual gobernador de ese estado, Juan Manuel Carreras López también se adhirió a la petición.
 
En octubre se vence el plazo de 6 meses que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) le otorgó al gobierno estatal para cumplir las 8 recomendaciones entre las que destacan la creación de un banco de datos, la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 referente a violencia sexual y familiar, impulsar campañas en medios de comunicación en contra de la violencia, entre otras.
 
La Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, dijo que los casos de cuatro niñas y el de una mujer, todas asesinadas en el municipio de Tamuín por un solo agresor, es sólo un ejemplo de lo que ocurre en el tema de acceso a la justicia, ya que al asesino confeso se le otorgó la libertad por uno de ellos, luego de que el juez considerara que no había pruebas suficientes para inculparlo.
 
Mencionó también que existen otros casos en los que las autoridades no aplican el Protocolo de Investigación de Feminicidio, como el de la estudiante de medicina Samantha Joselyn, de 21 años de edad, quien fue asesinada por un compañero de la facultad en marzo de este año.
 
La académica señaló que durante la averiguación previa del caso, los agentes ministeriales descartaron -sin haber utilizado el protocolo para investigar feminicidio- que se tratara de uno, por lo que las activistas tuvieron que exigir que éste se investigara con perspectiva de género.
 
El “Informe Especial sobre Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el caso de Feminicidios” elaborado por la CEDH de San Luis Potosí, reportó un total de 37 casos de feminicidio durante el período 2011 al 2015.
 
En tanto, el registro de “homicidios dolosos” de mujeres y niñas fue de 79 durante el mismo periodo, y añade 8 muertes violentas de mujeres (sin precisar el tipo penal).
 
16/GVV/LGL

Adriana Martínez Campuzano era su nombre, tenía 13 años de edad. El 24 de mayo del 2011, su madre, Sandra Campuzano Nava, la reportó como desaparecida. Un mes después encontraron su cuerpo, pero fue hasta el 2014, que Filiberto Hernández Martínez confesó que la golpeó y asesinó, aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura y “por falta de pruebas”.
 
La familia Martínez Campuzano vivía en Aguascalientes, pero cuando Sandra Campuzano y su esposo Marco Antonio Martínez decidieron separarse, éste se fue a vivir a Tamuín, su ciudad natal. 
 
Tamuín es un municipio del estado de San Luis Potosí; ahí, Marco Antonio Martínez recibió a sus tres hijas y dos hijos durante las vacaciones de 2011, y como a ellos les gustó la Huasteca Potosina- lugar turístico donde los llevó a pasear su papá- decidieron pedirle a su mamá, Sandra Campuzano, mudarse a Tamuín.
 
La madre de Adriana hizo un acuerdo con su esposo, porque a pesar de estar separados, no quería que sus hijas e hijos dejaran de verlo.
 
Una vez instalados en Tamuín, Adriana, la segunda hija de la pareja conformada por Sandra y Marco Antonio, no tuvo problemas para adaptarse porque tenía buen promedio por su desempeño académico y no tardaron en proponerla como candidata a reina para la festividad del Día del Estudiante.
 
Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y para poder ganar su candidatura tenía que realizar “boteo” (colecta de dinero con cooperación voluntaria) para recaudar fondos para la festividad, dijo Sandra Campuzano en entrevista con Cimacnoticias.
 
Durante esas actividades que realizaba con sus compañeras y compañeros de clases- recuerda su mamá-conoció a Filiberto Hernández Martínez, un ex militar, que además impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio.
 
INICIA EL ACOSO
 
Sandra Campuzano contó que durante la colecta que su hija realizó con sus compañeras, Adriana fue acosada en varias ocasiones por Filiberto Hernández, situación que ella desconocía hasta que una amiga de su hija se lo contó.
 
Sólo notaba que Adriana se comportaba diferente, empezó a aislarse y su desempeño escolar bajó, lo que fue notorio para las y los docentes pues ella era una destacada alumna, por lo que una de las profesoras se entrevistó con Sandra para conocer qué pasaba.
 
Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió “nada mamá, te prometo que esto va a pasar”, recuerda.
 
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. El trayecto -que se realiza a pie- de casa de Sandra a la escuela a la que asistía Adriana, dura 10 minutos. Antes de llegar a la escuela, Adriana acostumbraba a pasar por su compañera Berenice, pero ese día no llegó.
 
A las 13:45 horas, la madre de Adriana vio con preocupación que su hija no llegaba para comer, por lo que fue a la escuela donde le dijeron que la niña no había asistido a clases. Después fue con Berenice para preguntarle si sabía de ella y ahí supo que esa mañana-como acostumbraba- Adriana no pasó para ir juntas a la escuela.
 
Enseguida se dirigió a la policía municipal para reportar la desaparición de su hija pero ahí solamente recibió burlas, le dijeron que no se preocupara, que seguramente “se había ido con el novio”, cuando Adriana ni siquiera había tenido uno.
 
Como los policías municipales no respondieron a la solicitud de buscar a su hija, se fue al Ministerio Público; ahí le dijeron que tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, pero tampoco se salvó de los mismos comentarios que recibió de la policía municipal.
 
Como la mayoría de las madres que se enfrentan a la misma situación, Sandra comenzó a investigar por cuenta propia; preguntó a las amigas y compañeras de clase para saber si alguien tenía información que le pudiera servir. Una de ellas le dijo que cuando hicieron el boteo Filiberto Hernández Martínez acosó a Adriana y que así siguió los días siguientes, que la seguía en su camioneta y la invitaba a subirse al automóvil.
 
Cuando la madre obtuvo la información del hostigamiento que vivía su hija por parte de Hernández Martínez, pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero a quienes investigaron fue a su esposo Marco Antonio Martínez y a ella.
 
El 11 de junio del 2011, un grupo de policías ministeriales acudió al domicilio de Sandra Campuzano para pedirle objetos o cabello de su hija, pues habían encontrado un cuerpo y querían contrastar el ADN.
 
Sandra se negó a darles lo que pedían, no quería que se tratara de su hija, pero tuvo que acudir a reconocer el cuerpo. Cuando lo vio, era evidente que se trataba de Adriana. La encontraron en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.
 
En la autopsia que le realizaron, detectaron que tenía un golpe en la cabeza y que murió por asfixia. Sandra Campuzano continuó realizando investigaciones porque la policía no detenía, ni tomaba declaraciones de Filiberto Hernández Martínez, pero sí acosaron e intimidaron a los compañeros de clases de Adriana.
 
“El pueblo entero mantenía silencio, tenían miedo porque acosaban y torturaban a los compañeritos de Adriana, las madres y padres de los alumnos se sentían intimidados por la forma de actuar de los policías ministeriales”, recordó Sandra.
 
Fue hasta el año 2014 cuando detuvieron a Filiberto Hernández Martínez quien confesó que golpeó a Adriana para subirla a su camioneta, después la violó y la estranguló.
 
Sandra Campuzano interpuso una denuncia en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (Cavid) de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del ex militar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
No obstante, la madre de Adriana -quien además de investigar por cuenta propia buscó asesoría legal- reiteró a Cimacnoticias, que la autopsia que le realizaron a su hija comprueba que la niña tenía un golpe en la cabeza, así como otras señales de violencia, por lo que solicitará que realicen el Protocolo de Estambul al asesino confeso de su hija para comprobar o “descartar” la supuesta tortura a la que dice, fue sometido.
 
16/GVV/LGL