Violencia de Género

Las mujeres y niñas que viven en el Estado de México tienen más probabilidades de morir asesinadas toda vez que en 15 años (2000-2015) esta entidad concentró el mayor número de víctimas de homicidio femenino al sumar 5 mil 163 crímenes.
 
En el mismo periodo Chihuahua fue la segunda entidad de mayor riesgo para niñas y mujeres al concentrar 2 mil 654 víctimas; le siguió la Ciudad de México con 2 mil 24; luego Guerrero con mil 973, Oaxaca con mil 283 y Jalisco con mil 279 asesinatos.
 
Así lo indica la investigación “Asesinatos de Mujeres en México” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que muestra que en 15 años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) registró 28 mil 175 asesinatos de mujeres.
 
El estudio publicado en noviembre 2016 y elaborado por la investigadora Irma del Rosario Kánter Coronel indica que el 56 por ciento de estos crímenes (15 mil 790) fueron contra mujeres jóvenes y de edad mediana, entre 15 y 39 años de edad.
 
Es decir, la investigación apunta a que las víctimas de homicidio son adolescentes y mujeres jóvenes que se encontraban en etapas esenciales de la vida productiva y reproductiva.
 
En el documento se destaca que estos casos de feminicidio se cometen en México a pesar de que el país asumió diversos compromisos sobre el respeto de los derechos de las mujeres con la comunidad internacional y con la región de América Latina y El Caribe.
 
Entre los instrumentos internacionales más importantes está la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).
 
A estos se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, emitida el 16 de noviembre de 2009 por no investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de tres de ocho mujeres asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
 
En el periodo analizado se observó que de 2000 a 2006 el número de homicidios y, en particular, las tasas se mantuvieron prácticamente constantes entre 2.2 y 2.5 homicidios por cada 100 mil mujeres
 
En 2007, las muertes por violencia homicida disminuyeron notablemente, puesto que de un promedio anual de mil 280 asesinatos que se registraron entre 2000 y 2006, la cifra bajó a mil 83 defunciones, lo que se traduce en un descenso de alrededor de 15.4 por ciento.
 
La investigación no encontró argumentos sólidos para explicar la disminución de las muertes femeninas por homicidio, pero supone que fue producto de distintos factores como la adopción de un nuevo marco legal porque en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
De acuerdo con la estadísticas de homicidios también se detectó que de 2007 a 2012 se incrementó la violencia homicida contra las mujeres porque los asesinatos pasaron de mil 83 víctimas en 2007 a 2 mil 764 en 2012.
 
Estos crímenes se produjeron en el periodo de mayor violencia e inseguridad en el país, producto de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad. Además las cifras indican que en 2015 fueron asesinadas 564 mujeres más que en el año 2000. Es decir, en el país se asesinaron alrededor de 5 niñas y mujeres al día.
 
Desde 2012 el Código Penal Federal incluye el feminicidio como delito autónomo y menciona en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género cuando se dan en ciertas circunstancias como violencia sexual, lesiones, mutilación, amenazas, incomunicación o exhibición del cuerpo de la víctima.
 
A nivel de estatal, Guerrero fue la primera en tipificar el feminicidio como un delito en 2008; posteriormente, el 7 de septiembre de 2010, reformó su Código Penal para incluir el tipo penal feminicidio.
 
Al día de hoy, las 32 entidades del país han tipificado en sus respectivos Códigos Penales el delito de feminicidio. Sin embargo, el Comité de Expertas que da seguimiento a la CEDAW ha manifestado su preocupación por las deficiencias y diferencias en los términos que existen en las leyes estatales.
 
Es por ello que en julio de 2016, la Cámara de Diputados exhortó a las entidades federativas homologar los tipos de violencia contra las mujeres y estandarizar los protocolos de actuación para investigar las muertes violentas de mujeres.
 
17/AGM/KVR
 

Los juzgados españoles recibieron en el tercer trimestre del año un total de 38 mil 402 denuncias por violencia de género, lo que significa un importante incremento interanual del 13.9 por ciento.
 
La estadística hecha pública el pasado 19 de diciembre por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género reflejó que en el tercer trimestre de este año 2016 el porcentaje de condenas sobre el total de sentencias dictadas fue de un 69.5 por ciento.
 
Esto significa que hubo un incremento interanual de más de cinco puntos a diferencia del trimestre de 2015; la cifra de condenas fue de un 64.1 por ciento del total de sentencias.
 
En cuanto a la tasa de víctimas de violencia de género, por cada 10 mil mujeres, 68 por ciento presentó su denuncia directamente en el juzgado.
 
Durante el cuarto trimestre consecutivo se incrementó el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género.
 
De cada diez juicios que se realizaron en España por violencia de género, siete de ellos acabaron en condena.
 
En total, los juzgados y tribunales dictaron en este tercer trimestre del año 10 mil 570 sentencias penales, de las que 7 mil 344 fueron condenatorias y 3 mil 226, absolutorias.
 
Otros datos:
 
Durante el tercer trimestre de este 2016, se solicitaron 11 mil 565 órdenes de protección en los juzgados. Casi un 60 por ciento de las peticiones fueron atendidas.
 
A pesar de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han realizado un mejor trabajo, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género expresó su preocupación debido al aumento de víctimas de violencia que aún persisten en el país.
 
Por último, el Observatorio consideró como positivo que las mujeres víctimas de violencia conozcan sus derechos y los hagan valer al realizar sus denuncias correspondientes.
 
16/RED/KVR/LGL

Académicas en Acción Crítica condenan agresión a senadora Ana Gabriela Guevara
Ciudad de México.- Académicas en Acción Crítica (Colectivo de académicas feministas), condenaron la agresión contra la senadora del Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara y demandaron al Senado y a la Cámara de Diputados una exhaustiva rendición de cuentas de los programas que previenen y sancionan la violencia de género en el país.
 
En un comunicado, las académicas consideraron “urgente” modificar las decisiones que han dejado sin presupuesto a  los programas para combatir la violencia de género en México, el cual debería ser un tema prioritario.
 
Finalmente, exigieron aplicar las leyes que permitan sancionar a los medios que cosifican y degradan a las mujeres y justifican o promueven la violencia en todas sus formas.

Convocan a curso de inglés gratuito para periodistas en México
Ciudad de México.- La Embajada de los Estados Unidos en México, convocó a periodistas con nivel básico de inglés a que se inscriban a un curso gratuito que se impartirá en la Biblioteca Benjamín Franklin, que se ubicada en Liverpool 31, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. 
 
El curso tendrá una duración  de cuatro meses (febrero - mayo) e incluirá dos sesiones presenciales y dos de acceso libre al mes y está diseñado para mejorar las habilidades de las personas participantes para mejorar la comprensión de su inglés en tres niveles: hablado, escrito y escuchado.
 
Las personas interesadas deberán realizar un simple examen oral y someterse a una evaluación de su inglés escrito. Para inscribirse escribirle a Ulises Corona al correo: CoronaU@state.gov

Presentan video sobre Acuerdos de Paz en Guatemala a 20 años de su firma
Ciudad de México.- Como parte de las conmemoraciones de los 20 años de la firma de la Paz en Guatemala, integrantes de la organización Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS), diversas organizaciones civiles y funcionarios de aquel país, debatieron el pasado 14 de diciembre sobre el destacado papel de las guatemaltecas en la construcción del proceso de paz en ese país.
 
Una de sus participantes, María Guadalupe García, antigua refugiada guatemalteca e integrante de la asociación de Mujeres Mamá Maquín, habló sobre los años de lucha por la tenencia de la tierra, original y legítimamente propiedad de muchas de las mujeres refugiadas.
 
Durante el evento se presentó un video elaborado por PCS con el apoyo de ACNUR, sobre el Refugio en Guatemala a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el cual se puede ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=IXsUoy5NzMU​
 
16/GMV/LGL

En la cena de este martes del gremio de empresarios chilenos de Asexma, los anfitriones obsequiaron al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, una muñeca inflable (de corte sexual) que en su boca llevaba pegado un cartel con la frase: “para estimular la economía“.
 
El presente, que fue recibido con risas y aplausos del propio funcionario, provocó indignación, como la que hace unas horas manifestó en su cuenta de Twitter la presidenta chilena Michelle Bachelet.
 
“La lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos gobiernos. Lo ocurrido en la cena de Asexma no se puede tolerar”, escribió, tras la irritación en las redes sociales debido al sexismo y evidente machismo del regalo, cosificando a la mujer.
 
Son un sello característico de Asexma en sus cenas anuales los “ingeniosos” regalos, que pretenden ser “divertidas” metáforas y mensajes que da el gremio empresarial a destacados personajes del acontecer chileno.
 
Asexma es un gremio de exportadores de manufacturas y servicios, presidida por el empresario e integrante del Consejo de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente, Roberto Fantuzzi.
 
El incidente de anoche ocurrió tras las presentaciones, exposiciones, proyección de videos y música para cerrar con la entrega de “presentes”.
 
Entre los que celebraron “la muñeca inflable” -y también sus respectivos regalos-, estuvieron el ministro de Energía, Andrés Rebolledo; el vicepresidente de CORFO, Eduardo Bitrán, y los precandidatos presidenciales por la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier y el exagente de La Haya, José Miguel Insulza.
 
Guillier e Insulza recibieron de regalo un caballo de madera y una peluca “estilo” Donald Trump, respectivamente. El caballo simbolizaba la carrera presidencial y las encuestas (con la frase “caballo pillado, caballo pasado”) y la peluca fue para “tener la suerte de Trump en las elecciones”.
 
En el escenario sólo había hombres, salvo una mujer que ofició de modelo para ayudar a entregar los “divertidos” e “ingeniosos” regalos. Luego del acto, todos los homenajeados se sacaron una fotografía sonrientes con la muñeca inflable en medio y como protagonista de la jornada.
 
El hecho contradice la propia campaña llevada adelante por el gobierno a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en relación a erradicar el machismo y sexismo en los “regalos” en esta Navidad, en el entendido de que la violencia simbólica machista es también violencia de género.
 
*Artículo retomado del portal www.radiovillafrancia.cl
 
16/RED/AMS

Nicaragua falta  a audiencia pública ante la CIDH
Ciudad de Panamá, Pan.- Ningún representante del Estado de Nicaragua acudió hoy a la audiencia pública solicitada por organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar la situación de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes nicaragüenses, informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en su portal.
 
En un comunicado, IPAS Centroamérica, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y Cejil-organizaciones peticionarias, denunciaron que los derechos de las mujeres nicaragüenses son deplorables, ya que no tienen acceso a la justicia y deja a las víctimas de violencia de género en un total desamparo.
 
Asimismo informaron a la CIDH que la ley nicaragüense penaliza totalmente el aborto, aunado a los 10 años que la Corte Suprema de Justicia tiene sin responder a recursos por inconstitucionalidad en contra de esa condena.
 
Finalmente, las organizaciones solicitaron a la CIDH una visita a Nicaragua para investigar la situación de sus mujeres.
 
Apoyan a víctimas de agresiones sexuales con campaña #YoTeCreo
Madrid, Esp.- La Asociación de Mujeres de Guatemala dio a conocer la campaña #YoTeCreo, con el fin de sensibilizar a la sociedad en general sobre la lucha de las víctimas de agresiones sexuales por la credibilidad de sus casos, refirió el portal AmecoPress.
 
La iniciativa apoyada por la organización Calala Fondo de Mujeres está basada en el caso real de Ana, quien fue violada por un conocido, luego denunció y su testimonio no lo creyeron.
 
La Asociación de Mujeres de Guatemala indicó sobre la campaña que “es la historia de Ana, sí, pero también es la de millones de mujeres condenadas al silencio y a la humillación pública y privada tras sobrevivir a abusos y agresiones sexuales”.
 
Para ver la campaña ir a: http://yotecreo.net/
 
Foro en Chiapas sobre Ley de Derechos de la Infancia
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La asociación civil Melel Xojobal invitó al Foro “La Infancia Cuenta en México. Reflexiones hacia la implementación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas”, el 9 de diciembre a las 9:30 horas.
 
La cita es en el Auditorio del Palacio de Justicia, ubicado en el Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fraccionamiento El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 
GESMujer recauda recursos económicos con Gala Navideña
Oaxaca, Oax.- Para finalizar con su campaña de recaudación de fondos 2016, el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer) -que trabaja a favor de los Derechos Humanos de las mujeres y de la infancia oaxaqueña-, convocó a comprar boletos para su evento de Gala Navideña que tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá, el próximo 16 de diciembre.
 
En el evento participarán: el Coro de la Ciudad de Oaxaca; la cantante, compositora y promotora cultural, Ana Díaz; el pianista Oscar Rafael Martínez y la agrupación musical (Tuna) de la Universidad Regional del Sureste (URSE).
 
Los boletos se pueden comprar en la taquilla del Teatro Macedonio Alcalá o en los teléfonos (951) 5166810 ext. 101.
 
16/GMV/AMS/LGL
 

Los sistemas para proteger a personas defensoras de Derechos Humanos (DH) en México y Honduras ofrecen medidas de protección, pero tienen limitaciones y deficiencias porque si bien proporcionan seguridad no previenen la violencia contra las activistas.
 
El informe “El enfoque de género en la protección a defensoras de Derechos Humanos: Las experiencias de México y Honduras”, elaborado por Asociadas por lo justo (JASS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Protection International (PI), indica que las autoridades deben investigar las agresiones contra las defensoras.
 
En México, en junio de 2012 se instauró el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, las organizaciones aseguran que se enfoca a la protección física al otorgar chalecos antibalas, puertas, ventanas, autos reforzados o blindados, así como garantizar la presencia de policías o escoltas armados.
 
A decir de las agrupaciones, este tipo de medidas responden a lógicas de las fuerzas de seguridad, y son reacciones frente a hechos, no al fenómeno de la violencia ya que no implementan políticas de medidas de prevención orientadas a erradicar las agresiones en contra de las personas defensoras.
 
De octubre de 2012 a marzo de 2016 el Mecanismo de Protección atendió 509 casos, 213 de mujeres y 296 de hombres.
 
Sobre la implementación de las medidas, el informe indica que el Mecanismo de Protección tiene una lógica ajena a la participación de las activistas en el diseño de sus estrategias de protección, además de una carencia de recursos económicos y humanos adecuados para atender a las personas que están en riesgo por su labor informativa. 
 
La defensa de los DH es una actividad de riesgo, como muestra la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, al indicar que se incrementan más los ataques contra las mujeres que defienden el derecho a la participación política, la tierra, el territorio o que denuncian feminicidio.
 
Según este registro, en 2014 las defensoras que ocuparon el segundo lugar en agresiones en México fueron las que defienden el derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres (17.5 por ciento de los casos registrados), y el cuarto lugar lo ocuparon las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con un 14.6 por ciento de agresiones registradas.
 
Las organizaciones indican que la falta de visibilidad de la violencia contra las mujeres defensoras tiene distintas causas, entre ellas la normalización de los ataques; además en el activismo la agresión se observa como parte del precio que hay que pagar por la labor que se realiza y por ello, las agresiones no se hacen públicas, no se denuncian y tampoco se toman medidas frente a ellas.
 
Ante estas deficiencias, las organizaciones proponen medidas para que las víctimas hagan frente a los impactos (económicos, físicos, psicológicos, morales, sociales, personales y familiares), al otorgar medidas de protección a partir de un modelo de análisis de riesgo que permita incorporar la perspectiva de género y garantizar medidas para evitar la revictimización, entre otras.
 
16/AGM/AMS/LGL

La UNAM no envía todas las denuncias de violencia de género al Tribunal Universitario para su análisis y resolución, ya que de 81 registradas por la abogada general de la institución educativa, Mónica González Contró, los estudiantes que forman parte del tribunal fueron llamados para revisar sólo tres casos.
 
Lo anterior lo informó en una entrevista a Cimacnoticias un estudiante que fue consejero técnico del Tribunal Universitario de la UNAM desde el 2014 al 2016. El alumno pidió el anonimato porque teme a represalias, y explicó que no están tomando en cuenta a la comunidad estudiantil para la resolución de todas las denuncias de violencia en contra de alumnas y académicas.
 
Las facultades de Derecho, Filosofía y Letras, así como el Posgrado de Geografía, son las áreas en las que el Tribunal Universitario, la Asamblea Feminista y el colectivo Nosotras por Nosotras han detectado una obstaculización del proceso de denuncia y falta de aplicación del protocolo de parte del personal directivo, quienes son los encargados de informar y llamar al Tribunal Universitario para la revisión de los casos. 
 
El Tribunal Universitario está conformado por estudiantes, quienes también toman decisiones para el análisis y resolutivo de las denuncias de acoso y otros tipos de violencias que denuncien en la institución educativa, con la publicación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género”, recibieron una capacitación sobre los tipos de violencia de género, para poder juzgar y decidir si otorgarán sanciones o no a los agresores.
 
Aunque sus miembros recibieron capacitación sobre la atención de violencia de género, el exconsejero técnico considera que falta una mayor preparación en el tema, porque no son especialistas y al momento de juzgar un caso, para emitir una resolución cada miembro lo hace de acuerdo a su propio criterio y ética universitaria.
 
El alumno de la UNAM indicó que antes de la publicación de este procedimiento para atender y sancionar la violencia de género, personal directivo inhibía la denuncia de las alumnas y académicas, al minimizar la agresión y decirles que no fueran “exageradas”, que esos conflictos tenían solución.
 
Una vez publicado el protocolo,  la situación no ha cambiado de manera positiva, puesto que la comunidad estudiantil ha notado que hay represión y emisión de resolutivos que van en detrimento de los derechos de las víctimas. Como ejemplo mencionó un caso de una alumna que fue expulsada de la institución educativa, cuando el agresor continúa con sus labores en la UNAM.
 
PRONUNCIAMIENTO
 
En un pronunciamiento publicado el pasado 24 de noviembre firmado por la “Red No Están Solas” y el colectivo “Nosotras por Nosotras”, las alumnas proponen modificación al “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género” para que se garantice el derecho a denunciar y el acceso a la justicia, además se “deje de tolerar y justificar la impunidad”.
 
Señalan que el documento no propone sanciones específicas para la violencia de género, pero sí contempla la sanción para las alumnas que realicen “denuncias falsas”; no contempla las sanciones para las autoridades universitarias que obstaculicen el proceso de denuncia o no cumplan con el protocolo.
 
Tampoco establecen medidas para reparar el daño a las víctimas, pero sobre todo no está armonizado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Belém do Pará, en donde se prohíbe la utilización de la mediación como un alternativa de solución para la violencia.
 
Critican el concepto de “confidencialidad” utilizado en las mediaciones, porque obliga a las víctimas a callar sobre la violencia ejercida en su contra como la revictimización que se da en el proceso, sobre todo porque hablar y socializar sus vivencias, es una manera en la que las víctimas superan las afectaciones que les haya provocado la violencia ejercida en su contra.
 
“Nosotras sí creemos en las denunciantes, sabemos lo difícil que es atreverse a denunciar y nos enojan los riesgos que supondría hacerlo de acuerdo con un protocolo que ha sido redactado sin tomarnos en cuenta”, concluyen las estudiantes organizadas en contra de la violencia de género en su comunicado.
 
16/GVV/AMS/LGL

En esas extrañas contradicciones discursivas tan comunes en México, en el Senado de la República se discutió la advertencia de un senador que anunció que presentaría una propuesta para modificar la Ley General de Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que cualquier persona pueda tener acceso a armas, justo en el país donde una tercera parte de los casos de feminicidio se cometen en el hogar con armas de fuego –sin permiso- y que son utilizadas contra las mujeres.
 
El informe Global de la Violencia 2015, señala que de las 360 mil mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, en todo el mundo, “más de la mitad perdieron sus vidas en uno de los 25 países con las más altas tasas de feminicidio, entre los cuales se encuentra México, con indicadores de 3 a 6 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes.”
 
La definición de feminicidio no ha sido la más pulcra en México y muchas veces se insiste en esconderlo como Defunciones de Mujeres con Presunción de Homicidios (DMPH) término que se utiliza en el informe más reciente elaborado por ONU Mujeres para el análisis de los últimos años de asesinatos de mujeres en México.
 
El Informe Global, señala que los países con las más altas tasas de feminicidio tienden a registrar las menores proporciones de homicidios relacionados con la violencia conyugal. El documento señala: “en estos países, la proporción de mujeres asesinadas fuera de la esfera privada (en oposición a la ‘esfera íntima’) es mayor que en otros lugares”.
 
Sostiene que “el análisis de los datos también demuestra que la proporción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a otros mecanismos) es mayor en áreas que registran altas tasas de homicidios perpetrados con armas de fuego”.
 
Estamos hablando de los casos de feminicidio que ocurren en el día a día en México. Al menos 2 ó 3 de los 7 asesinatos de mujeres por razones de género que ocurren en el país, se cometen con armas de fuego.
 
En algunos estados como es el caso de Sinaloa, este año se han cometido 55 homicidios de mujeres, al menos 33 fueron con armas de fuego, el año pasado la cifra fue de 48 homicidios de mujeres, 27 se cometieron con armas de fuego. Éste es el panorama donde el uso de armas se ha generalizado entre la población.
 
Generalmente el feminicidio va acompañado de escenarios de mucha violencia. Suegras, tías o hermanas de las víctimas a las que también se les dispara y que resultan heridas o algunas veces, forman parte de la lista de feminicidio con armas que no necesariamente eran de uso legal. (Apenas terminaba de escribir el artículo y me enteraba que una mujer y su hija recibieron una ráfaga disparada por la pareja de la joven en Sonora).
 
Por esa razón, una de las preguntas básicas para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres es preguntarles si su pareja conoce o tiene experiencia en el uso de armas, y por supuesto si tiene a su alcance algún arma de la que podría hacer uso en un  momento en el que ella decida abandonar el hogar.
 
Muchos de los casos de feminicidio también tienen un elemento de violencia más: son cometidos frente a los hijos de las víctimas y de los propios agresores, hablamos de familias que son truncadas por la violencia feminicida causada por la misoginia y el desprecio por la vida de las mujeres, eventos en los que por supuesto la disponibilidad de armas facilita la comisión de estos hechos.
 
Pero también hablamos de mujeres que son asaltadas en espacios públicos, amagadas con armas de fuego y obligadas a ser pasivas en un acto de violencia sexual, que cuando van a denunciar, si el operador de justicia no tiene perspectiva de género preguntará y argumentará ¿por qué no hubo resistencia física que pruebe que realmente se trató de una violación?
 
El argumento del legislador- a quien no haremos propaganda- es de varias vertientes. Una de ellas menciona el “beneficio para las mujeres”. El senador sostiene que “en 1966, cuando en Orlando, Florida, se aprobó el acceso de las mujeres a los campos de tiro, se registró la disminución de agresiones en su contra; durante los próximos 10 años Orlando fue la ciudad con menos violaciones y con menos ataques a mujeres.”
 
Definitivamente no estamos hablando de los mismos escenarios que en México, en donde una mujer por dispararle a su pareja –incluso en defensa propia- puede ser encarcelada hasta por 25 años (Caso Reyna Gómez Solórzano). Y por supuesto no tiene el derecho a defenderse de su violador, porque el juez podría encontrar que cometió “exceso de defensa propia”.

No estamos inventando, recordamos casos ocurridos en México en los últimos años y sabemos que hay muchas mujeres encarceladas por defenderse con un cuchillo con el que el mismo compañero-esposo, intentó asesinarla.
 
No estamos para legalizar armas en un país en el que la justicia por propia mano no es un acto de justicia sino el reflejo de la impunidad. El riesgo de que todos los que deciden hacer justicia por su propia mano se conviertan en agresores de otras personas está ahí, y si nos dicen que eran mujeres, nadie dudará de ello, pero las mujeres podrían ser encarceladas aún si utilizan una cacerola contra su agresor.
 
La contradicción discursiva es precisamente que se promueva el uso de armas en un país que aún no puede garantizar que las que entregan a los policías sean para la protección ciudadana, y que muchos de los casos de feminicidio se cometan con armas de uso legal e ilegal. Otra es la mirada que debemos tener cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y  las armas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL

La Secretaría de Gobernación (Segob) determinó decretar el pasado 23 de noviembre, la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del estado de Veracruz, sin embargo, no es una medida suficiente.
 
Así lo señaló en entrevista con Cimacnoticias la representante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (Corason),  Alejandra Jiménez, quien abundó que no están contemplando municipios del estado donde también han ocurrido casos de feminicidio.
 
Papantla es el segundo municipio con más casos en Veracruz (5 en total) sin embargo no lo están incluyendo, dijo la activista. Los municipios donde fue activada la alerta son: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
 
Como ocurre en otros casos, la información brindada por la Fiscalía General del estado no coincide con el monitoreo que ha realizado el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, quien documentó 165 casos de feminicidio en lo que va del año, mientras las cifras oficiales del gobierno veracruzano señalan sólo 38.
 
“Nuevamente no corresponde la información y parece que es intencional decir que son menos”, dijo Jiménez.
 
Cabe recordar que de acuerdo con ONU-Mujeres, Veracruz ocupa el lugar 27 en el listado de estados con el mayor número de presuntos casos de feminicidio.
 
Según el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2014”, que realizó ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), en Veracruz hubo una disminución de casos de feminicidio en un año.
 
En 2014, en la entidad se reportó un descenso de 9.8 por ciento en la tasa del delito de feminicidio con respecto a 2013; sin embargo, la Secretaría de Gobierno de esa entidad quien proporcionó cifras sobre asesinatos de mujeres, omitió señalar que de 2007 a 2014 la tasa de asesinatos de mujeres aumentó en 92.4 por ciento.
 
Y es que en 2014 en la entidad se registraron 90 presuntos asesinatos de mujeres, de acuerdo con el estudio.
 
Por ello, en septiembre de 2009 Equifonía y otras agrupaciones solicitaron la activación de la AVG para la entidad en donde del año 2000 a 2010 se iniciaron 728 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres, según reportó la Procuraduría de Justicia estatal. 
 
La activista también expresó su preocupación por no considerar la AVG a nivel regional, que incluya los municipios que forman parte del corredor de trata de personas, que abarca desde la Costa sur de Veracruz hasta la frontera con Puebla y afecta principalmente a niñas y mujeres.
 
“Es otro de los temas, también hay un problema muy fuerte de trata de personas y nosotras hemos denunciado de manera muy clara, pero es justo la complicidad de las autoridades la que impide que se aborde el problema”, afirmó la integrante de Corason.
 
Otros tipos de violencias que enfrentan las veracruzanas son la falta de atención médica, violación a los derechos sexuales y reproductivos principalmente a mujeres indígenas, pues se han registrado casos de colocación de dispositivos anticonceptivos sin consultarlas.
 
La activista también denunció la falta de atención e información a las madres de personas desaparecidas y violencia institucional.
 
“En general estamos viviendo un escenario muy complicado, pero es evidente que es más difícil para las mujeres, porque es un escenario de violencia hacia ellas”.
 
Dentro de las medidas de seguridad de la Alerta se incluye la recuperación de espacios públicos, la protección a víctimas, mayor patrullaje, operativos en zonas donde se han detectado actos de violencia hacia las mujeres y prevención de la violencia.
 
Además la AVG especifica que se requieren acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena.
 
16/HZM/LGL
 

El domingo 13 de noviembre las oficinas donde se encuentra la redacción del portal informativo Aristegui Noticias fueron allanadas por sujetos desconocidos, quienes forzaron cerraduras, desmontaron puertas y se llevaron una computadora portátil con información relevante, así lo dio a conocer hoy ese medio de comunicación.
 
El hecho ocurrió hace 10 días pero la periodista Carmen Aristegui decidió no divulgar el allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones, no afectar el trabajo de la Procuraduría capitalina, ni entorpecer o poner en riesgo la indagatoria y sus resultados; sin embargo, decidió hacerlo del conocimiento público porque la investigación se filtró a otros medios de comunicación.
 
El allanamiento fue después de que el 28 de octubre el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México condenara a la periodista por el prólogo que escribió para el libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”. El juez consideró que la periodista se “excedió” en su derecho a la libertad de expresión e información, y que afectó la imagen de Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS, quien en 2015 la despidió del espacio informativo.
 
Hoy, Aristegui Noticias difundió el video de las cámaras de seguridad donde se ve a dos de los individuos que ingresaron a la redacción así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales; de donde se llevaron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, aunque no se llevaron más equipo de cómputo.
 
De acuerdo con el portal de noticias, entre las 3 y las 6 de la tarde, cinco personas (dos mujeres y tres hombres), llegaron al lugar. Las mujeres se presentaron como vendedoras de suplementos alimenticios y dieron una bebida al conserje para drogarlo, luego le dieron un cachazo con una pistola y lo amarraron de pies y manos.
 
En su declaración ante el Ministerio Público, el conserje dijo que uno de los individuos que participó en el asalto y allanamiento le dijo que estaban buscando “datos o información”, sin especificar más.
 
Los administradores del inmueble presentaron la denuncia respectiva ante la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero la periodista dio a conocer los hechos después de que este lunes la revista TV Notas y el periódico Récord, publicaran información de la indagatoria.
 
“Una vez que la cadena de custodia de los elementos que forman parte de la investigación y la reserva, a la que está obligada la autoridad, fueron rotas, Aristegui Noticias ha decidido dar a conocer lo sucedido y mostrar ante la opinión pública los videos que fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía”, informó en el portal.
 
El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza y el fiscal en Benito Juárez, Gustavo Omar Jiménez Escudero, se comprometieron con el grupo de periodistas de Aristegui a realizar una investigación interna para identificar al o los responsables de la divulgación de la carpeta de investigación.
 
El allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias se dio cuando la periodista se encontraba en Washington para recibir el 14 de noviembre, el Premio Knight que otorga el International Center for Journalists por la investigación de “La Casa Blanca”, valuada en 7 millones de dólares, propiedad de Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera.
 
Justo el domingo 13 de noviembre, según denunció el equipo periodístico, en redes sociales surgió una campaña de desprestigio contra Aristegui acusándola de tener intereses con el empresario Carlos Slim y el lunes 24 surgieron amenazas en redes sociales aludiendo al robo de información del que fe víctima.   
 
Esta no es la primera agresión contra Aristegui. En 2008 la periodista fue despedida de W Radio. En 2011 fue despedida de MVS Radio por supuestamente preguntar si el entonces presidente Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo; en aquella ocasión logró un acuerdo con la empresa y fue reinstalada pero en 2015 nuevamente fue despedida, esta vez por participar en la plataforma Mexicoleaks.
 
Aristegui se suma a la lista de periodistas mujeres violentadas por realizar su trabajo. El informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), contabiliza 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.
 
De acuerdo con este informe, la Ciudad de México es la segunda entidad -la primera es Veracruz- con más agresiones a mujeres periodistas; documentó que en 89.6 por ciento de los 147 casos registrados, los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado.
 
16/AGM/LGL