violencia contra la mujer

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.

En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.

Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.

Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos. 

Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.

Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.

Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.

Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”.  En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.

18/AEG/LGL

La integrante del Sector de Mujeres, Marta Godínez, reconoció que durante los últimos años el Estado ha reportado avances en la atención de mujeres víctimas de violencia y fortalecimiento en la persecución penal de los responsables de cometer este tipo de delitos, pero consideró que estas acciones continúan siendo insuficientes y es necesario redoblar los esfuerzos para abordar esta problemática estructural.
 
Godínez aseguró que sólo durante la última década se han registrado más de 10 mil muertes violentas de mujeres en el país, con un promedio de dos casos diarios, lo cual evidencia que estos crímenes continúan en aumento; aunado a ello, la tasa de  impunidad en los casos de violencia contra la mujer asciende a 99 por ciento.
 
Sólo el uno por ciento de los casos concluyen en sentencia, sin embargo no todas se encuentran firmes debido a los recursos de apelación que se presentan posteriormente y, del número total de sentencias, no todas son favorables para las víctimas, afirmó la entrevistada.
 
En esta situación influye enormemente la demora en los Juzgados de Femicidio, los cuales han programado audiencias en estos casos hasta con dos años de diferencia, lo que se agrava en el interior del país, donde no existen tribunales especializados en todos los departamentos a los que puedan acceder las comunidades y las mujeres.
 
Datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) detallan que sólo durante los primeros cinco meses del 2017 se registró el asesinato de 303 mujeres, ocho casos más que durante el mismo periodo del 2016.
 
Además, mientras la cifra de muertes violentas de hombres descendió en comparación con el año pasado, la de mujeres aumentó. El GAM resaltó que se trata de un segmento de población altamente vulnerable y en todo caso, si se produce un descenso de las muertes en general, deber reflejarse también en las estadísticas de mujeres.
 
MÁS SENSIBILIZACIÓN, ¿MÁS DENUNCIAS?
 
Aunque la violencia contra las mujeres continúa siendo una fuerte problemática, a criterio de Godínez existen ciertos avances con relación a la sensibilización de funcionarios del sistema de justicia, especialmente del Ministerio Público (MP), para abordar el tema y brindar una atención adecuada a las víctimas. Esto podría tener relación con el aumento de las denuncias por violencia que ha recibido la Fiscalía.
 
La activista recalcó que el Estado debe continuar fortaleciendo las acciones que ha impulsando hasta el momento, como la creación de los juzgados especializados en femicidio/feminicidio, y fortalecer las oficinas de atención a la víctima en el MP, en la Policía Nacional Civil (PNC), así como en los centros de atención integral de mujeres sobrevivientes de violencia.
 
Todo el sector justicia e instituciones tendrán que incrementar, o disponer a lo interno de sus políticas de planeación, recursos financieros, humanos y de especialización para atender esta problemática, declaró.
 
LAS RECOMENDACIONES DEL EPU
 
Prevenir la violencia contra la mujer fue una de las recomendaciones formuladas a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) que afrontó el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en octubre del 2012.
 
En esa ocasión, República Checa recomendó a Guatemala adoptar medidas concretas para asegurar la capacitación desde una perspectiva de género de las personas que se encargan de investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer y asistir a las víctimas.
 
Trinidad y Tobago sugirió mejorar la promoción y la protección de los derechos de la mujer, entre otras cosas combatiendo la violencia contra la mujer y el femicidio/feminicidio.
 
Godínez aseveró que el actual gobierno de Jimmy Morales, como el de Otto Pérez Molina, no ha dado muestras contundentes de la atención a la violencia contra las mujeres. Existe voluntad en términos simbólicos, pero al momento de concretar, operatividad y asignar recursos, se observa una gran debilidad, dijo.
 
La activista recordó que durante el gobierno de Pérez Molina se desmanteló la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, lo que representó un retroceso en política de cero tolerancia hacia la violencia de género.
 
Fue hasta este gobierno, luego de varios meses de lucha de organizaciones sociales, que este espacio nuevamente se instaló en el Ejecutivo.
 
De igual manera, enfatizó que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural que debe abordarse desde una política pública y con un trabajo estructurado de todas las instituciones involucradas en el tema. Asimismo, debe cambiarse ese imaginario social que considera la violencia como algo natural.
 
17/RED/GG