violación

El sistema de impartición de justicia antepone el derecho a la familia sobre los derechos de las víctimas, quienes a veces están obligadas a convivir con sus agresores sexuales, facilitando otro episodio de violencia o que ellas se autolesionen, atentando contra su propia integridad física y emocional.
 
La coordinadora de atención psicológica de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Elizabeth Martínez Hernández, explicó que las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual tienen diferentes conductas y emociones como: ansiedad, depresión, comportamientos sexuales que no van acordes a su edad y experiencia, falta de concentración, ideación de muerte, intentos de suicidio o autolesiones, hasta llegar a concretar en quitarse la vida.
 
La representante de Adivac -una asociación que tiene 26 años de experiencia en la atención a víctimas de violación y otros delitos sexuales-, refirió en entrevista para Cimacnoticias que las autolesiones que se provocan niñas y adolescentes presentan la emoción de ira contenida, debido a que no pueden expresar la rabia contra su agresor, que en la mayor parte de los casos son familiares cercanos o los mismos progenitores.
 
De acuerdo a la experta, muy pocas de las denuncias sobre violencia sexual que reciben el apoyo de Adivac, tienen una resolución y seguimiento que vaya acorde a los derechos de las víctimas, en donde además de que sancionen con cárcel a los agresores, se les restituya el daño a las denunciantes.
 
Ocurre lo contrario cuando los progenitores son los agresores y por ese mismo motivo las madres solicitan el divorcio, con sentencias judiciales que anteponen el núcleo familiar (contenido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes) antes de garantizarles tener una vida libre de violencia, que ya padecieron.
 
Martínez Hernández explicó que en la práctica, las autoridades continúan juzgando bajo la creencia de que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe aunque éste no haya sido reconocido como un concepto pquiátrico, tras responsabilizar a las madres de querer separar a sus hijas de sus progenitores, así como obligar a las niñas y adolescentes a convivir con sus agresores, en vez de dar el peso adecuado a los testimonios y pruebas psicológicas efectuadas a las víctimas.
 
Desde el 2014,  la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del concepto del SAP, contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como lo establecido en la Convención de Belém do Pará, debido que el SAP es un término que refleja discriminación de las mujeres y las estereotipa, al culparlas de manipular a sus hijas e hijos en contra de sus padres.
 
FUNDAMENTAL PARA EL SUICIDIO
  
Las investigaciones realizadas en torno al tema de intento de suicidio en niñas y adolescentes por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría (INPRFM) vinculan los factores de violencia sexual, familiar y comunitaria como motivos por los cuales las niñas y adolescentes de las zonas urbanas de México intentaron suicidarse.
 
Datos de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que los estados con más alto índice de niñas y adolescentes con conductas suicidas en México son: la Ciudad de México con 16 por ciento de incidencia, seguido de Tlaxcala con 14.7 por ciento, y Baja California con 14.5 por ciento. 
 
La psicóloga social del área de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del INPRFM, Catalina González Forteza, explicó que las niñas de 12 a 14 años que han intentado suicidarse, a veces ocurre por su enojo con la situación familiar que viven, por lo general relacionada a la violencia familiar, violación o abuso sexual.
 
González Forteza -quien ha realizado investigaciones sobre “Tentativa de Suicidio” desde 1986-, abunda que en las niñas de 14 a 18 años de edad, intervienen los mismos factores, pero también influyen otros como la construcción de identidad sexual, autoestima y aceptación social, aunado a otros tipos de violencia como “bullying” y violencia comunitaria.
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años de edad, y la principal causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años.
 
En tanto que las adolescentes de 17 a 18 años de edad empiezan a sentirse presionadas por decidir qué carrera estudiarán o por elegir una pareja, factores que a veces se conjuntan con la fantasía de que el embarazo a temprana edad les ayudará a formar una familia diferente a la que tuvieron. En la realidad repiten patrones al unirse a parejas violentas o que no tienen la madurez para formar una familia, truncando sus proyectos de vida.
 
16/GVV/AMS

La policía de Nueva Delhi lanzó una iniciativa única para frenar la espiral de violencia contra las mujeres en esta ciudad a través de un escuadrón de vigilancia ciudadano.
 
La ciudad, conocida como la “capital de la violación”, tendrá en el grupo llamado “policías mitras” (amigos de la policía) apoyo en labores de prevención y detección de delitos para contribuir a mantener el orden. Lo integran granjeros, trabajadoras del hogar y exmilitares.
 
A su vez, los jefes de la Policía crearon su propia versión de los “Ángeles de Charlie”, un grupo de mujeres entrenadas para combatir la delincuencia; agentes con kimonos blancos que saben lanzar patadas y persiguen a los predadores sexuales en todo el país.
 
El grupo de 40 mujeres bien entrenadas en artes marciales vigila lugares “vulnerables” de la capital hindú, como las escuelas y las estaciones de tren subterráneo.
 
India, uno de los peores países en materia de seguridad de la población femenina, incorporó una serie de iniciativas innovadoras para proteger a las mujeres de los delitos sexuales. Pero irónicamente, a pesar de leyes más duras y del fortalecimiento de la Policía, la violencia va en aumento.
 
Según un informe del Contralor y Auditor General de la India, los delitos como violación, abuso sexual y acoso se dispararon, al crecer 60 por ciento entre el periodo 2010-2011 y entre 2014 y 2015.
 
Un informe de la Oficina Nacional de Registro de Delitos concluyó que hubo 337 mil 992 denuncias de violencia, violación, crueldad y secuestro contra las mujeres en 2014, 9 por ciento más que el año anterior.
 
Las denuncias de violación también aumentaron 9 por ciento, registrándose 33 mil 707 ese mismo año, el último del que se disponen datos.
 
Un estudio de la organización ActionAid concluyó que 79 por ciento de las mujeres hindúes han sufrido acoso o violencia en espacios públicos.
 
El aumento de ataques contra la población femenina disparó numerosos proyectos voluntarios, como la iniciativa Blank Noise, cuya campaña #WalkAlone (camina sola) urgió a las mujeres a romper el silencio y caminar solas para luchar contra el miedo al acoso callejero.
 
Otra campaña más pidió a las mujeres que enviaran la vestimenta que llevaban cuando sufrieron acoso para montar una exhibición pública. La asociación también dicta cursos para ayudar a las mujeres a crear espacios seguros.
 
En 2003, ActionAid convocó a acosadores, víctimas, espectadores y transeúntes, llamados “Héroes de Acción” -una red de voluntarios de todas las edades, géneros y orientación sexual-, a difundir el mensaje contra el acoso sexual en espacios públicos.
 
El parlamento aprobó leyes más duras contra la violación, la trata de personas, los ataques con ácido y el acoso, pero esto tampoco se tradujo en una disminución de los delitos. Algunas activistas lo atribuyen a que las movilizaciones generaron un contraataque de los violentos.
 
“Hay mucha cobertura mediática, marchas con velas y miedo en las redes sociales si las mujeres se indignan, pero en realidad no cambió nada”, observó Pratibha Malik, de la organización Aashrita.
 
“La presencia misma de las mujeres en espacios no tradicionales, como oficinas, bares, restaurantes, entre otros, en una sociedad patriarcal como la de India es responsable de la respuesta violenta”, opinó.
 
El detonante para reforzar la legislación y la acción policial fue la violencia contra una estudiante de medicina, de 23 años, en diciembre de 2012 dentro de un autobús en movimiento cuando regresaba del cine con un amigo.
 
Un grupo de varones, entre los que incluso había uno de 14 años, atacó a la pareja. La mujer fue varias veces violada y su amigo golpeado con una barra de hierro. Ella murió poco tiempo después y todo el episodio, que ocupó los titulares de los diarios mundiales, motivó protestas masivas reclamando medidas contra la violencia.
 
Poco tiempo después se creó el Comité de Justicia Verma, en cuyo informe mencionó que “la gobernanza deficiente no crea un ambiente seguro y digno para las mujeres de India, constantemente expuestas a la violencia sexual”.
 
Los tres agresores del sonado caso de 2012 fueron condenados a muerte. Además, se aprobó una ley ampliando la definición de delitos sexuales para incluir la penetración forzada mediante cualquier objeto, el acoso, la violencia con ácido e incluso contra desvestir a las mujeres.
 
Pero ellas no se sienten seguras, pues consideran que aún acecha el peligro, en especial en las grandes ciudades, donde salir de noche aún se considera una “aventura”.
 
“No me siento para nada segura en espacios públicos ni en el transporte público. Sé que nadie va a salir a defenderme si estoy en problemas”, confesó la cocinera Rekha Kumari, de 30 años.
 
“Llevo gas pimienta y un cuchillo cuando vuelvo tarde de la oficina”, coincidió Shashibala Mehra, una contadora de 52 años. “En los 40 minutos que tengo de regreso a casa, hablo por teléfono con mi esposo para que sepa si tengo algún problema”, añadió.
 
Laxmi Aggarwal, quien sufrió un ataque con ácido y se dedicó a trabajar para prohibir la venta de esa sustancia en este país, señaló que el gobierno no ha hecho mucho al respecto. “Jóvenes vulnerables sufren ataques en distintas zonas rurales de India”, apuntó.
 
La joven de 27 años labora con la organización Stop Acid Attacks para ayudar a otras víctimas como ella y defender sus derechos en la justicia.
 
Además de comprar armas y gas pimienta, muchas mujeres recurren a aplicaciones de seguridad, toman clases de defensa personal y se unen a grupos de autoayuda.
 
El colectivo femenino Brigada Roja, por ejemplo, ofrece a mujeres y niñas técnicas de autodefensa y persigue a los hombres que cometieron una agresión sexual.
 
“Tratamos de que el hombre errado entre en razón hablando con él y sus padres. Si no escucha, vamos a la Policía”, detalló Usha Vishwakarma. “Si sigue obstinado, pasamos a la acción”, puntualizó.
 
Una parte importante del apoyo de la Brigada Roja es ayudar a las víctimas a sacarse el sentimiento de culpa y de que son responsables de la violencia sufrida.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias IPS.
 
Traducido por Verónica Firme.
 
16/NL/AMS/LGL

De las 8 mil 200 embarazadas que son atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), las niñas de 10 a 14 años representan 6 por ciento (492) y en la mayoría de los casos, se trata de víctimas de violación, informó la coordinadora de la Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente, Josefina Lira Plascencia.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la médica agregó que la Muerte Materna es más elevada en este grupo poblacional ya que debido a su corta edad, su cuerpo no está desarrollado para llevar a término un embarazo, por lo que la principal causa de los fallecimientos en ellas es la preclamsia (presión arterial alta).
 
Cabe recordar que de acuerdo con el informe elaborado por la organización internacional Save the Children titulado “Embarazo y maternidad en la adolescencia; estado de las madres en México”, en 2010 la muerte materna en adolescentes cobró la vida de menores de 20 años, y en 2014 la cifra se incrementó a 142.
 
Lira Plascencia indicó también que la mayoría de ellas llega en etapas avanzadas de la gestación, por lo que ya es prácticamente imposible realizar las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE).
 
Explicó que a través de la prueba de tamizaje que realizan para detectar malestares o afectaciones psicológicas en las adolescentes embarazadas, es que detectaron que las niñas de 10 a 14 años de edad presentaron embarazos como consecuencia de violación sexual, la cual además, fue cometida por un conocido o familiar cercano, lo que dificulta mucho la denuncia y aunque se les da asesoría legal y psicológica, las niñas y adolescentes prefieren no denunciar.
 
Las adolescentes de 14 a 19 años, que también fueron víctimas de violación y están embarazadas, representan un 4 por ciento del total de quienes acuden a control prenatal, es decir que en total el promedio de niñas y adolescentes embarazadas es de 10 por ciento.
 
Actualmente en el Inper se ubica la Clínica de Medicina Adolescente, la cual da servicio médico, control prenatal y realiza diferentes investigaciones sobre Actividad Sexual y Uso de Métodos Anticonceptivos para conocer los motivos por los cuales las y los adolescentes no previnieron su embarazo.
 
Lira Plascencia señaló que 80 por ciento de las adolescentes embarazadas atendidas en el Inper, tenía conocimientos sobre los métodos para prevenir el embarazo, pero no sabía cuál utilizar.
 
Precisó que de acuerdo con otras investigaciones que ha realizado con colegas de otras entidades, encontraron que la principal barrera que encuentran para poder asesorar y ofrecer anticonceptivos a las y los adolescentes, es la oposición de los padres de familiar. Otra causa es el temor del personal de salud a ser demandados por tratar el tema de sexualidad sin el consentimiento de las madres y padres de familia.
 
Mencionó que esa investigación, fue realizada antes de que se aprobara la Norma Oficial Mexicana NOM- 047 Para la Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, misma que entró en vigor en agosto del año 2015.
 
En la NOM- 047 se establece que la orientación se puede brindar a madres y padres para que sean ellos quienes la transmitan a sus hijos, pero también contempla el derecho que tiene la población adolescente de solicitar la información sin la presencia de sus progenitores. Por lo que ahora el personal de salud no debe temer a repercusiones legales y deben brindar de manera obligatoria la orientación sobre cómo prevenir el embarazo.
 
En México, durante el 2013, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos (en total 861 muertes de mujeres); 13.8 por ciento de los decesos correspondieron a menores de 20 años de edad, de acuerdo con datos del informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia; estado de las madres en México”.
 
16/GVV/LGL

El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, limita y violenta las garantías de las víctimas de violencia en el acceso a la justicia ya que contempla “la firma de confidencialidad” de ambas partes, lo que les impide realizar una serie de acciones, consideró la estudiante y académica de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Adina Barrera.
 
Con dicha acción, agregó, las víctimas no podrían realizar protestas o ruedas de prensa para informar y hacer presión en caso de que sus quejas se vieran obstaculizadas por la institución, servidores públicos o el mismo agresor.
 
“Es preocupante que pidan la firma de confidencialidad, porque el movimiento contra el acoso en la Universidad ha hecho visible este tipo de violencia a través de las protestas y de visibilizar los casos. Y esto es como oscurecer los procesos y una vez más callar a las mujeres que son víctimas de violencia de género”, indicó la académica.
 
Si bien reconoció el esfuerzo de las académicas que trabajaron en la realización del Protocolo, lo que sin duda, dijo, es un avance para la protección de los Derechos Humanos de las estudiantes y académicas, señaló que también tiene candados “peligrosos” para las víctimas y ambigüedades que tendrían que ser especificadas, como por ejemplo el por qué y en qué casos utilizarían la mediación.
 
En su opinión la mediación contraviene lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que establece que ningún caso de violencia debe ser mediado, ya que en todo acto de violencia hay una situación de desigualdad, en donde el agresor es el que tiene ventaja sobre la víctima.
 
La también integrante del Movimiento Estudiantil contra el Acoso de la UNAM, Adina Barrera, señaló que este documento debería ser analizado por las mismas estudiantes que sufrieron violencia y denunciaron antes de que el Protocolo fuera elaborado.
 
“La Universidad debería tomar en cuenta los casos que no prosperaron por haber sucedido afuera de las instalaciones, como una manera de reparación de daños y para la no repetición de los hechos”, dijo.
 
Un ejemplo de violencia sexual hacia una estudiante de la UNAM, que no fue sancionado por la institución educativa por haber sucedido afuera de sus instalaciones -aunque se tuviera la confesión de culpabilidad de parte del agresor- es el de Víctor Hugo Flores Soto,  quien violó a “Martha”, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
 
Víctor Hugo Flores, fue detenido y procesado para luego ser liberado porque su defensa promovió que se volviera a realizar el procedimiento penal ya que no había evidencias que documentaran su culpabilidad. Mientras el proceso continúa, el acusado está  estudiando su doctorado en la UNAM.
 
El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM fue presentado el pasado 29 de agosto por la abogada general de la máxima casa de estudios, Mónica González Contró durante un evento realizado en el edificio de Rectoría.
 
El documento fue elaborado como parte del Acuerdo por el que se establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la máxima casa de estudios, firmado por el rector, Enrique Graue Wiechers, pero es una demanda pendiente de estudiantes y académicas, quienes en diversos foros denunciaron la falta de mecanismos para denunciar los casos de acoso y hostigamiento por parte de compañeros y profesores.                                                                                
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