Tabasco

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, será juzgado como autor intelectual del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto, cometido el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. El proceso judicial en su contra comienza hoy, sin embargo no será juzgado por feminicidio.
 
La audiencia de imputación de Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que cumple  una condena de 12 años 6 meses, se realizará a través de una videoconferencia entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando elementos policiales de Tabasco trasladen al inculpado al centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco.
 
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ejecutó una orden de aprehensión contra Medina Sonda luego de la solicitud del juez Luis Edwin Mugarte Guerrero.
 
Así lo informó el fiscal Ariel Aldecua Kuk, según  medios tabasqueños, y confirmó en entrevista para Cimacnoticias la defensora de Derechos Humanos y madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, quien aseguró que no cesará su insistencia porque se investigue también a la familia de Medina Sonda como autores.
 
INVESTIGACIÓN COMO FEMINICIDIO
 
Pese a que la FGE aseguró el pasado 1 de abril que los implicados en el asesinato de Emma Gabriela serían sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, el juez Murgarte Guerrero no encontró los elementos necesarios para emitir sentencia a los actualmente presos por homicidio agravado, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta, identificado como coautor.
 
CÓDIGO PENAL INSUFICIENTE
 
Canto Lugo afirmó que la línea para juzgar no continuó así, porque el Código Penal de Yucatán “es muy limitante, estrecho y castrante en cuanto a la justicia para las mujeres, especialmente en el delito de feminicidio”.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, explicó en entrevista que actualmente en el Código Penal del estado se ignoran elementos esenciales para que un homicidio se juzgue como feminicidio y que sí contempla el Código Penal Federal.
 
Por ejemplo, explicó, la situación de relación “sentimental, afectiva o de confianza” entre la víctima y el victimario, la incomunicación de la víctima previa al asesinato, la exhibición del cuerpo de la víctima y existencia de datos sobre violencia previa.
 
En el caso de Emma Gabriela “los elementos no se tuvieron, por el retraso de la legislatura local que desde 2014 está en desacato. Las mujeres no estamos en la agenda del Congreso del Estado. Los diputados no han homologado el Código Local con el Federal respecto al delito de feminicidio y todas las causales no están completas”, denunció Salas Salazar.
 
Salas Salazar informó que tras la vinculación de Medina Sonda, la madre de Emma entregará los probatorios de “toda la violencia que Medina ejerció mientras ella buscaba la custodia de sus hijos”, para que se integren a las carpetas de investigación y el juez pueda rectificar y juzgar el caso feminicidio.
 
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Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 

Esta vez no fue un error, ni pifia, no darse cuenta que el micrófono estaba abierto y dejaba al descubierto lo que realmente es un servidor público. No, en esta ocasión fue totalmente consciente y  hasta puedo asegurarles que, orgulloso, creyó que dio toda una cátedra. Y de alguna forma sí, mostró de manera genuina de qué está hecho el hombre que ocupa el cargo de Presidente de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías.
 
Si yo fuera hombre, me daría vergüenza saber que tal personaje sea funcionario, que haya llegado al Tribunal Electoral y que su periodo concluya hasta 2019, que sea invitado a participar en un Diálogo sobre Paridad de Género, y sin el menor pudor hable sobre las mujeres de la manera más vulgar y soez como lo hizo en Villahermosa, Tabasco, el pasado lunes 7 de noviembre.
 
Cabe hacer notar que el foro “Diálogo sobre Paridad de Género”, en el que participó el Presidente de la Sala Regional, Sánchez Macías, fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco con el propósito de contribuir a generar los lineamientos en materia de paridad para las candidaturas de  alcaldías y diputaciones locales para el 2018.
 
Juan Manuel Sánchez Macías, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático en diversas universidades, nos pone el espejo del patriarcado machista cotidiano que se resiste a morir. Con frases denigrantes contra las mujeres se convirtió en noticia. ¿De ese tamaño son los hombres que ocupan el poder? tan pequeños para el encargo que se les encomienda.
 
Si yo fuera hombre después de escucharlo me daría vergüenza, pues sus palabras ponen en tela de juicio la idea de que todos los hombres que llegan al poder lo hacen por sus capacidades (lo machista y misógino no se les elimina con los grados académicos que logran).
 
¿Cuál es la capacidad de señor Presidente de la Sala Regional, Juan Manuel Sánchez Macías? ¿Ser un lenguaraz que llega a un foro sin una mínima preparación a decir lo que piensa, porque el tema Paridad de Género le merece poca relevancia y porque está convencido que sus creencias son fantásticas y brillantes?
 
Pero no sólo está convencido que sus ideas son brillantes, sino que es una autoridad en la materia, por lo que asegura que las mujeres llegan al poder no por sus capacidades intelectuales  y sí por su físico, cuando en el mismo foro se encontraban mujeres sobresalientes que han demostrado con un discurso argumentativo sólido la razón de la paridad de género.
 
Si yo fuera hombre, tras el discurso del magistrado Juan Manuel Sánchez -quien en 2012 obtuvo la medalla al Mérito Judicial Electoral- saldría con un letrero deslindándome de él y exigiría a las autoridades que revisen las formas en que son electos personajes como éste, que pone en vergüenza a la humanidad, por lo menos al 48 por ciento que está conformada por el sexo masculino.
 
Le exigiría su renuncia por demostrar que no tiene la capacidad para ocupar un cargo que exige solidez intelectual y moral. Claro, esto lo haría si fuera un hombre convencido en el respeto a la dignidad humana de las mujeres, en la urgente necesidad de una democracia completa para nuestro país porque ya varios personajes masculinos han hecho lo suyo para estar avergonzados.
 
Sino, dejaría pasar esto como un comentario de “mal gusto”, no le daría la importancia que tiene, porque en el fondo, en el mundo privado, ahí, donde bromeó con mis cuates, creemos lo mismo que Sánchez Macías y no sólo lo creemos, sino que actuamos en consecuencia. Exigimos favores sexuales a nuestras trabajadoras o colegas, denigramos la creatividad femenina y su talento asegurando que llegan a los encargos por sus atributos físicos, porque ese es el camino que les exigimos a las mujeres cuando los hombres tenemos el poder.
 
Claro, si yo fuera hombre podría decir lo que sea sobre las mujeres prácticamente sin consecuencias que pusieran en riesgo mi carrera política, y además, sería noticia.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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