Sonora

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/members/cimac/sites/cimacnoticias.com.mx/web/includes/file.phar.inc).
OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
La alerta de la alerta de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/11/2016

El anuncio de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, sobre acciones específicas para combatir la violencia de género, cayó como respuesta urgente y directa a la indignación y miedo que generaron los más recientes casos de feminicidio perpetrados al sur del estado.
 
La expectativa sobre la concreción de acciones está presente pues hasta hoy la política de atención a la violencia de género había estado soterrada y disminuida ante los demás programas de gobierno.
 
La gobernadora anunció una serie de medidas para subsanar la omisión de la violencia que se inflige a las mujeres; entrará en operación el número de emergencia 911 que dará atención especial a las solicitudes de ayude de mujeres víctimas de violencia.
 
Pero esa es solo una de las medidas. También anunció que habrá “autobuses rosas” en la zona rural en donde al menos cuatro jóvenes fueron violentadas sexualmente, una de ellas asesinada, en el sur del Estado.
 
En lo que llamó “una batalla frontal contra la violencia hacia las mujeres”, Pavlovich Arellano reconoció por primera vez por su nombre a la violencia de género, y exhortó a las mujeres a denunciar, a no quedarse calladas. Otra de las medidas es la generación de una aplicación de teléfono celular para situaciones de emergencia, así como para obtener información de manera permanente.
 
El discurso modificado radicalmente se da dentro del término de prórroga que por 6 meses pidió el gobierno del estado a la Conavim, y con ello poder dar cumplimiento a las doce recomendaciones que emitió el grupo de trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVG) para el municipio de Cajeme, ubicado al sur de la entidad.
 
Son tres los casos de feminicidio cuyas características han generado un impacto psicosocial negativo pues tanto las jóvenes, adolescentes y niñas, así como sus familias, vecinos, y habitantes del sector se encuentran temerosos y estresados para caminar por las calles vecinales, hacia la escuela o trabajos.
 
En poco más de un mes las autoridades dieron a conocer tres casos de mujeres que salieron de sus casas a atender actividades rutinarias, todas desaparecieron, fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares y un día después, encontradas sin vida.
 
El 22 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que encontró el cuerpo calcinado de una mujer en el kilómetro 8 de la carretera que conecta Bacobampo con Buaysiacobe; a través de pruebas periciales se determinó que la víctima era Sara Gertrudis Solís Pérez, quien permaneció desaparecida por cuatro días.
 
El 3 de noviembre, después de tres días de desaparecida, la maestra de danza folclórica Lizeth Aracely Fuentes Argüelles, apareció asesinada en el Ejido Primero de Mayo (Campo 77), perteneciente al Municipio de Bácum. El cuerpo fue localizado sobre el margen de un dren (drenaje), parcialmente sumergido en las aguas residuales en el Valle del Yaqui, según el reporte de las autoridades.
 
Su asesinato provocó mucha indignación, miedo, y dolor entre la sociedad sonorense, familiares, amigos y conocidos del instituto en donde impartía clases.
 
En protesta, se realizó una marcha a la que acudieron cientos de personas quienes mostraron su enojo pues se dio a conocer que el responsable había cometido tres violaciones más con el mismo modus operandi, previo al asesinato de la maestra.
 
Mientras las autoridades intentaban explicar cómo pudo suceder un feminicidio evitable como el de la maestra, el 11 de noviembre Diana Domínguez Félix, quien trabajaba como representante de laboratorios, fue localizada sin vida después de cuatro días de desaparecida, según reportaron sus familiares.
 
Días antes había salido a trabajar, pero desapareció, por lo que su familia la empezó a buscar. Su cuerpo se encontró en la comunidad de Tesia, hacia donde fue llevado por el feminicida pues la privó de la vida en Ciudad Obregón.
 
Todo este contexto feminicida en la región sur de Sonora, generó un cambio de discurso oficial. Ya se habla de violencia de género, lo cual nos indica que finalmente se reconoce que también en esta entidad la violencia contra las mujeres se hace presente.
 
Se instruyó al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres a trabajar coordinadamente en acciones de emergencia que contribuyan a evitar el feminicidio. Si bien algunas otras medidas han sido retomadas de las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, todavía no se ha establecido una coordinación con éstas.
 
Es esperanzador que la política estatal venga desde la responsable del poder ejecutivo, no obstante, las acciones llevarán tiempo pues están sujetas a su creación como el caso de la aplicación telefónica o el transporte rosa, pues se deberán diseñar las condiciones en que éste operará.
 
De igual forma, el Centro de Justicia para las mujeres en Hermosillo llevará tiempo en construirse. Sin embargo, la instrucción enérgica para que todo el funcionariado se conduzca de acuerdo a los protocolos vigentes, es para tomarse en cuenta.
 
De cualquier manera, la violencia exacerbada contra las mujeres en el sur del estado no debe invisibilizar el feminicidio que está presente en todos los municipios. No debe hacernos olvidar que en Sonora, más de la mitad de los asesinatos se perpetran dentro de los hogares y por las personas con las que las mujeres se sienten más seguras: sus familiares.
 
No podemos dejar de lado que en Nogales, San Luis Río Colorado, y la región del desierto, también se han producido casos de feminicidio emblemáticos.
 
Por ahora, aunque no se llame así, en Sonora se ha emitido una pre alerta de género. Esperemos que las acciones se cumplan, pero sobre todo, que sirvan para evitar más casos de feminicidio.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/LGL








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Por oponerse a construcción de gasoducto, temen represalias
Mujeres Yaquis resguardadas por amenazas
Imagen retomada del sitio nopasanada.mx
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/10/2016

Mujeres Yaquis de la Loma de Bácum, ubicada en el sur de Sonora, se encuentran bajo amenazas e inseguridad luego de que se opusieron a la construcción presuntamente ilegal, de un ducto de gas natural, ya que dicen, quedaría a un kilómetro de distancia de esta localidad.
 
Denunciaron que la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de la transnacional estadounidense IEnova (Sempra Energy), continúa con la construcción del gasoducto, pese a que hay una orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Supremo Tribunal de Justicia, para detenerla.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, mujeres de la comunidad Yaqui (que pidieron el anonimato por seguridad) informaron que la construcción del ducto a cargo de la empresa Gasoducto Aguaprieta ha generado violencia que va desde enfrentamientos entre los mismos miembros de la comunidad, hasta amenazas a líderes Yaquis y mujeres de la misma etnia, defensoras de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y de la tierra.
 
Explicaron que se han provocado incendios de automóviles y riñas que han terminado en homicidio. Algunas mujeres de la comunidad han tenido que permanecer en lugares que consideran seguros, por recomendación de las autoridades Yaquis del pueblo de Bácum, porque al oponerse a firmar el permiso colectivo para la construcción del ducto, han recibido amenazas.
 
Señalaron que la empresa Gasoducto Aguaprieta contrató a personas de la comunidad de la Loma de Bácum como guardias de la construcción y esto ha provocado división y enfrentamientos entre la comunidad.
 
La Loma de Bácum es una localidad rural que pertenece al municipio del mismo nombre (uno de los 8 pueblos del territorio de la etnia Yaqui), sus calles son de terracería, la mayoría de las casas están construidas de manera tradicional con “carrizo” (parecido al bambú) y cuentan con servicio de alumbrado público y electrificación en los hogares.
 
Según la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Bácum hay 23 mil 53 habitantes y menos de la mitad son mujeres.  
 
Los motivos por los cuales las mujeres de la Loma de Bácum, no desean que instalen el ducto de gas natural son diversos, entre ellos está la seguridad de sus hijas e hijos porque esta construcción queda a un kilómetro de distancia de la localidad en la que hay dos escuelas primarias (Miguel Hidalgo y Nueva Creación) y la escuela Telesecundaria 146.  
 
“Aún utilizamos fogones, no tenemos estufas de gas LP” expresaron a Cimacnoticias, “no queremos que una transnacional venga a generar inseguridad”. Indicaron que durante la asamblea informativa efectuada en el 2015, IEnova no les advirtió del peligro que implica la construcción y permanencia del ducto que transportará gas natural; y por eso no aprueban la obra y apoyaron el amparo que interpusieron de manera colectiva ante el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
En un oficio elaborado por representantes legales de la comunidad Yaqui de la Loma de Bácum dirigido a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambas del gobierno federal, del cual Cimacnoticias tiene copia, señalan que en el 2013 la CRE le otorgó el permiso a la empresa Gasoducto de Aguaprieta, para la instalación y operación de un ducto transportador de gas natural que va desde el estado de Sinaloa hasta la franja fronteriza de Sonora con el estado de Arizona, Estados Unidos.
 
En el documento explican que la consulta del proyecto a los 8 pueblos fue promovida por la Sener quien decidió realizarla de manera individual a cada pueblo, “debilitando la cohesión social y cultural de la tribu”.
 
El resultado de ese “proceso viciado”, dicen, fue la obtención del consentimiento de las autoridades de los pueblos Belén y Huibiris, Cócorit, Torim, Vícam, Potam y Rahum, pero aún no tienen el de Bácum,  porque ni su gobernante ni los habitantes están de acuerdo y aún así cuando no hay un consenso general otorgado, empezaron a construir el megaproyecto que afectará una franja de 90 kilómetros de largo por 10 metros de ancho en el territorio Yaqui.
 
El 4 de abril del 2016 la comunidad interpuso un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito para detener el proceso de construcción del ducto en defensa de su territorio. Dos días después el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la obra y la suspendieron.
 
La empresa Gasoducto de Aguaprieta, reanudó la construcción el 30 de septiembre pasado y contrató a personas de la misma comunidad Yaqui para el resguardo de la obra. El enfrentamiento que se dio en días pasados, fue entre ellos y los habitantes de la comunidad que están en contra de la instalación del ducto, lo que dejó como saldo personas lesionadas y la muerte de un hombre.
 
En referencia a los enfrentamientos suscitados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un oficio el 21 de octubre en donde recomienda que se tomen medidas cautelares para que los funcionarios públicos de la Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía del estado de Sonora y otras corporaciones de seguridad, salvaguarden los Derechos Humanos de las y los habitantes de la comunidad Yaqui que viven en la Loma de Bácum.
 
En un oficio que elaboraron de manera reciente representantes legales de la comunidad Yaqui señala a las empresas y autoridades energéticas como responsables de fomentar división en la comunidad Yaqui como resultado de una “estrategia deliberada” de la trasnacional IEnova y  Sempra Energy, quienes en complicidad con la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CRE han generado confrontaciones entre los habitantes de la etnia Yaqui.
 
Y señalan: “consideramos que es posible que estos hechos hayan sido planeados con la intención de destruir al actual gobernador de Loma de Bácum (José Bacaumea Espinoza), para imponer a un mandatario Yaqui partidiario de la construcción del gasoducto”.
 
Las tres exigencias de parte de la comunidad Yaqui a la Sener y CRE son: respetar la orden judicial emitida el 6 de abril y detener de manera inmediata los trabajos en la comunidad Yaqui de la Loma de Bácum; detener el proceso de consenso individual a cada pueblo Yaqui por ser una clara violación a sus usos y costumbres; y frenar sus estrategias para generar violencia y división entre los mismos habitantes de la comunidad indígena.
 
16/GVV/LGL








ESTADOS
   Máxima instancia de justicia ignora pruebas y da razón al juez
Revés en caso Citlali, Supremo Tribunal de Justicia considera estupro y no violación
Foto: Lorenia Valles
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 29/09/2016

El Supremo Tribunal de Justicia de Sonora ratificó la decisión del juez sexto de primera instancia de lo penal Jesús Manuel Ibarra, de reclasificar el delito de violación a estupro en el caso la niña Citlali, víctima de violación sexual en la costa de Hermosillo, en mayo pasado.
 
La asesora de víctimas Noelia Escoboza Chan, informó que ya fueron notificados de la resolución del Supremo Tribunal, cuyo sentido es negativo para la niña ya que ratifica la reclasificación y con ello, avala la serie de irregularidades que se cometieron con el caso.
 
La abogada explicó que el Primer Tribunal analizó los elementos de la investigación casi en el mismo sentido que el juez, y finalmente decidió que éste tuvo la razón al reclasificar el delito de violación agravada a estupro.
 
Cabe recordar que el día de la agresión sexual contra Citlali-cometida por un compañero de trabajo de su padre-el Ministerio Público que recibió la denuncia, consignó por el delito de violación agravada, de acuerdo a las pruebas médicas y testimoniales; sin embargo, el juez de primera instancia resolvió reclasificar el delito pues consideró que hubo consentimiento de la víctima, pese a que se demostraron las lesiones y otros elementos que acreditaron la violación sexual.
 
La litigante Escoboza Chan, dijo que aunque de alguna manera esperaban esta resolución, interpondrán un amparo indirecto en contra de la misma, y esperan que al ser una instancia federal la que resuelva, lo haga con mayor objetividad y resuelva en otro sentido pues “no le rinden cuentas a las autoridades del estado de Sonora”, dijo.
 
“Es muy difícil esperar que el tribunal reconozca errores de sus jueces, ya que éstos pertenecen al mismo poder judicial y rinden cuentas al mismo estado, de entrada es difícil”, lamentó.
 
Escoboza Chan manifestó su preocupación de que si se resuelve que es estupro, al agresor se le revierte la prisión preventiva, y podrá pagar una fianza para salir en libertad.
 
Comentó que en sus antecedentes se encontró que “su actual pareja” tiene 16 años de edad y ha procreado dos hijos con ella, por lo que indica que su “relación” inició cuando ella tenía la edad de Citlali (13 años), mientras que él era ya un adulto, sostuvo la abogada.
 
Otra de las preocupaciones es que si sale libre, regrese al poblado y que intente algún tipo de represalia contra Citlali o contra su padre, quien la ha apoyado en todo momento.
 
La abogada expuso el caso en el contexto del 28 de noviembre, Día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito, durante su participación en la mesa de análisis: Violencia sexual en Sonora, las repercusiones del caso Citlali.
 
El foro realizado en El Colegio de Sonora, reunió a académicas y activistas que hablaron sobre Apropiación histórica del cuerpo de las mujeres; Violencia sexual en Sonora y Alerta de Género; las cifras de la violencia sexual en Sonora; y el análisis jurídico global ante los instrumentos internacionales, legislación nacional y local.
 
En ese contexto, las integrantes del Observatorio Feminista Clara Zetkin, entregaron un reconocimiento a la licenciada Noelia Escoboza Chan por “Su valentía, coraje y oportuno acompañamiento jurídico, valiosísimo para facilitar el ejercicio de los Derechos Humanos de la niñez en situación de vulnerabilidad, como ocurrió con la niña Citlali”.
 
16/SNE/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Pavlovich Arellano da por cumplidas acciones para AVG
Gobierno actual de Sonora “queda bien” con acciones de Padrés
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/09/2016

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio 6 meses más de plazo al gobierno de Sonora para que “cumpla” con las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) al tiempo que dio como concluidas 5 de 12 acciones aún cuando solamente se han cumplido 3.
 
El documento emitido por la Segob señala que el grupo de trabajo de la AVG reconoce que el gobierno del estado de Sonora mostró “voluntad política y avances concretos” en la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en esa entidad y que dentro de 6 meses más se valorarán las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.
 
Señala que de las 12 observaciones hechas por el grupo de trabajo, el gobierno de Sonora concluyó con 5 acciones; destaca la elaboración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim), y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres.
 
Reconocen como acciones efectivas, la iniciativa de reforma al Código de Familia y al Código Penal, así como la Ley Número 91 referente a la paridad de género en el ámbito político-electoral, que presentó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
 
El resto, son la elaboración y publicación en el periódico oficial del estado de Sonora del “Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y de los reglamentos de la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Ley de Prevención y Combate para la Trata de Personas” y “Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación”.
 
En los medios locales la gobernadora del estado, anunció que recibió la prórroga para implementar políticas y programas en beneficio de las mujeres. Y dijo: “como única gobernadora del país quiero que hagamos un buen trabajo y de ninguna manera seamos un estado que tenga problemas de violencia contra las mujeres, para mi es prioridad darle seguimiento puntual a cada una de las acciones que tengamos que realizar para evitar que Sonora sea estigmatizado en este tema”.
 
BAESVIM: SIMULACIÓN OFICIAL
 
El pasado 13 de junio, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano presentó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre los avances en el cumplimiento de las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG.
 
En el informe, Pavlovich Arellano dijo que cumplió con la creación y difusión del Baesvim publicado en los portales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Esta acción fue ampliamente difundida por la gobernadora quien en un boletín de prensa lo anunció como una de las acciones principales de su gobierno.
 
El grupo de trabajo recomendó que el Banco de datos tuviera actualización de la información relacionada con casos de violencia contra las mujeres, debe ser público y contener “tipos, modalidades y tendencias” de la violencia de género.
 
Cimacnoticias buscó la base de datos en los sitios referidos y detectó que en el portal de la PGJE de Sonora únicamente hay una base de datos y un archivo de incidencia delictiva: “homicidio doloso, violencia familiar, violación, estupro” y “otros delitos sexuales”, los cuales solamente están desagregados por año, municipio y cantidad.
 
Pero no existen datos desagregados sobre las víctimas, edad y sexo, como lo solicita el Grupo de Trabajo de la AVG. Tampoco incluyen el delito de feminicidio y lo siguen agregando como “homicidio doloso”.
 
Cimacnoticias realizó el pasado 4 de agosto una solicitud de acceso a la información a la PGJE de Sonora en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 00866816, para conocer las “estadísticas del número de casos de delitos sexuales que hay en Sonora, segregados por sexo y edad, en los últimos tres años con la finalidad de conocer quiénes son las más afectadas”.
 
El 22 de agosto la Procuraduría estatal respondió que en el periodo del 2013-2016; 4 mil 141 niñas y mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en el estado; en lo que va de este año, se sumaron 713 casos de mujeres y niñas.
 
En el mismo periodo se reportó de otros 180 casos de violencia sexual de los que se desconoce el sexo de la víctima.
 
Para conocer el número de casos de “violencia intrafamiliar, desapariciones, violaciones, casos de feminicidio y tipos de violencias contra niñas, niños y mujeres por edades y por mes a partir de este año, suscitados en el municipio de Cajeme”, la integrante de la Red Feminista Sonorense, Ana Lilia Hernández López, también hizo una solicitud de información a la Procuraduría.
 
La respuesta fue aceptada de manera “parcial” el 9 de agosto por la titular de la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal de la PGJE de Sonora, Rebeca Salazar Pavlovich, quien argumentó “se rechaza lo referente a tipos de violencias, en virtud de que la información a que se refiere el párrafo antes aludido, no se encuentra capturada ni registrada en los términos que lo requiere el solicitante”.
 
EL BAESVIM EN LA SSP
 
En el sitio web oficial de la SSP tienen publicado un archivo en formato PDF con información de “incidencia delictiva de alto impacto social” en el periodo 2009-2015. Sin embargo éste no está desagregado por sexo y edad.
 
En él se incluye el delito de “violencia familiar” desagregado por municipios y en el caso del delito de feminicidio aparece como “homicidio doloso y/o feminicidio”.
 
LO QUE DIJO QUE HIZO
 
En su informe de cumplimiento, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano mencionó como concluidas las siguientes acciones: la elaboración del “Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y del “Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; el Centro de Justicia para las Mujeres, creado por decreto desde el 2012 en el estado de Sonora y que corresponde a una política pública nacional el cual inició operaciones el 21 de marzo de 2016 en Ciudad Obregón.
 
También mencionó que concluyó el proceso de  capacitación para diversas instituciones de salud  sobre la aplicación de la NOM 046, y en Derechos Humanos, al personal de la PGJE y que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
 
De todas las acciones “cumplidas” según el informe de Pavlovich Arellano, 3 corresponden a la administración de Guillermo Padrés Elías, quien dejó la gubernatura en septiembre de 2015.
 
En el municipio de Cajeme (donde se solicitó la AVG el 25 de mayo de 2015) de enero a julio de 2016, 15 niñas fueron reportadas como extraviadas (desaparecidas), 232 mujeres reportaron violencia familiar, 134 niñas y mujeres fueron  víctimas de lesiones, se presentaron 34 denuncias por violación a niñas y mujeres y 6 casos de feminicidio fueron registrados como homicidios dolosos.
 
16/GVV/LGL








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Atentan contra Derechos Humanos, dicen ONG
Conforman Movimiento Laico Nacional para frenar avance Provida
Imagen retomada del portal elperiodico.com.mx
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2016

Luego de que el “Frente Nacional de Defensa de la Familia” entregó la “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, para modificar el artículo 4 de la Constitución Mexicana y establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, organizaciones civiles que promueven la defensa y respeto de los Derechos Humanos, se organizan para defender el Estado laico.
 
Actualmente el artículo 4 constitucional establece “el varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
 
También se refiere a que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
 
Y sobre la familia señala “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
 
Y complementa “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos y protección de los menores a cargo de las instituciones públicas”.
 
Apenas esta semana la diputada del Partido Encuentro Social (PES) Norma Edith Martínez Guzmán, hizo suya la propuesta Provida y la presentó en San Lázaro, lo que ya provocó diversas reacciones de organizaciones civiles, ciudadanía y Universidades, como la de Jalisco, Sonora y Morelos, quienes ya se organizan para hacer marchas y otras actividades y promover el respeto al Estado Laico y a los Derechos Humanos (DH) en lo que han llamado el “Movimiento Laico Nacional”.
 
Cabe recordar que el artículo 3 constitucional establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria serán obligatorias…”
 
Y agrega “garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
 
Por último señala que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
 
JALISCO
 
La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), María Guadalupe Ramos Ponce, informó a Cimacnoticias que en Jalisco realizarán un foro sobre el Estado laico convocado por la Universidad de Guadalajara (UDG) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (de orden Jesuita).
 
Destacó que en el foro- que también fue convocado por el Colectivo Lésbico Tapatío, Colectivo Calle Sin Acoso y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo-  se informará sobre la importancia de la laicidad en la elaboración de iniciativas de ley y con apego a los DH.
 
La activista criticó que el “Frente Nacional por la Familia” (movimiento religioso que presentó la iniciativa provida), manipule la información para ganar adeptos, puesto que muestra imágenes que no corresponden a los libros de texto de educación básica, para lograr que la gente firme su iniciativa de ley y apoye la “prohibición al Estado de promover ideologías en educación obligatoria, que atenten contra la familia”.
 
Cabe recordar que en Jalisco “la protección a la vida desde el momento de la concepción” se legisló en el año 2009.
 
SONORA
 
En Sonora, la colaboradora del Área Jurídica de Diverciudad, Luz Alba Carillo Kimball, dijo que al unirse al Movimiento Laico Nacional, realizarán marchas pacíficas en la ciudad de Hermosillo y jornadas informativas sobre la importancia del Estado laico y para explicar por qué la iniciativa atenta contra los DH de las mujeres, niñas y niños.
 
La primera marcha es este sábado 10 de septiembre, mismo día en el que el “Frente Nacional por la Familia” convocó a manifestarse en “defensa de la familia”.
 
La también abogada y secretaria técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora, explicó que la propuesta Provida se basa en el modelo “único y heterosexual” y en preceptos religiosos, lo que atenta contra los derechos de las mujeres solteras heterosexuales y lesbianas, que educan solas a sus hijos.
 
Además enviarán una carta a la gobernadora de la entidad Claudia Pavlovich Arellano, para exigirle el respeto a la laicidad y que reforme el Código Civil de la entidad para incluir el matrimonio igualitario.
 
MORELOS
 
La integrante del Comité de Diversidad Sexual del estado de Morelos, Patricia Bedolla Zamora, informó en entrevista que grupos civiles en la entidad se unirán al movimiento Laico Nacional y que preparan un documento donde argumentan por qué las y los legisladores no deben aprobar la iniciativa presentada en San Lázaro, por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
 
Coincidió con las otras activistas, en que existe una pretensión de la Iglesia Católica de imponer su ideología religiosa ante los DH, por lo que consideró importante sumarse a la exigencia de respeto al Estado laico.
 
Cabe recordar que el 18 de mayo del 2016, se aprobó el matrimonio igualitario en el estado de Morelos, en donde 18 municipios de los 33 que conforman el estado, votaron a favor de la iniciativa. Sin embargo los panistas Alberto Mujica Islas y Edmundo Javier Bolaños, diputados del congreso local, presentaron una acción de inconstitucionalidad.
 
No obstante, la SCJN la declaró (en días pasados) improcedente, con lo que queda vigente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
La iniciativa recién presentada la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, está avalada por 6 fracciones parlamentarias de San Lázaro: el Partido Encuentro Social, PAN, PRI, PVEM, PRD y Morena, así como por 48 legisladores de los cuales 25 son mujeres y 23 hombres.
 
Cimacnoticias buscó una entrevista con la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de San Lázaro, Laura Nereida Plascencia Pacheco, para conocer la postura de dicha comisión, pero no obtuvo respuesta.
 
16/GVV/LGL








OPINIÓN
Interrupción Legal del Embarazo en México
   MUJER SONORA
El efecto Citlali
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 23/08/2016

No ha pasado ni un mes de que explotó el caso Citlali, la niña de 13 años de edad que tuvo un embarazo producto de una violación sexual, y ya se expandió por el mundo. Tuvo su origen en el poblado Miguel Alemán, comisaría perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora.
 
Territorio de migrantes, mayormente indígenas de diversas etnias. Unos vienen a las pizcas, terminan y se van. Otros encuentran en ese poblado un hogar que los acoge para ser jornaleros agrícolas en forma permanente o en algún otro oficio que les dé para vivir, asentados en un solo lugar, dejando un tiempo su vida nómada en busca siempre del sustento a través de la movilidad.
 
Ahí nació Citlali, así la bautizamos cuando hicimos la primera nota en donde dábamos a conocer que en Sonora una niña de 13 años fue agredida sexualmente por un compañero de su padre y que, como producto, tuvo un embarazo forzado.
 
Denunció el mismo día del ataque, pero el Ministerio Público nunca le informó que, si así lo decidía ella, podrían suministrarle la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
 
Tampoco le informaron de la profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS). Todo está ordenado por la NOM-046, normatividad que establece quiénes son los responsables de cumplir la ley, incluido el personal médico que la atienda por la violencia sexual que sufrió.
 
Como nada de eso sucedió, no se aplicó la NOM-046, ni se siguió el protocolo de investigación de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, vigente en Sonora desde el 16 de mayo de 2016.
 
Citlali presentó un embarazo producto de la violación, y entonces su lucha fue por lograr interrumpir el embarazo, y para que tuviera una sanción ejemplar al agresor.
 
NORMA BAJO OBSERVACIÓN

La noche del lunes 15 de agosto la pesadilla se presentó para otra joven. Fue en la colonia Las Quintas de Hermosillo en donde una adolescente de 16 años caminaba cuando fue atacada por un hombre que la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente para violarla.
 
La jovencita fue auxiliada por la gente que presenció su situación al verla tirada y semidesnuda, llamaron a los servicios de emergencia por lo que fue atendida de inmediato.
 
La directora del Hospital Infantil de Sonora siguió el protocolo que dicta la NOM-046 suministrando la PAE y los medicamentos correspondientes para evitar ITS.
 
Estos son los únicos casos que han requerido la necesaria aplicación de la NOM-046, pero son de los que nos hemos dado cuenta porque son tratados en los medios de comunicación, gracias a la denuncia pública de las propias víctimas.
 
El impacto del caso Citlali logró que, al sentirse observados, los operadores de justicia, así como los prestadores de servicios de salud, hayan tenido más cuidado en cumplir su responsabilidad. Pero no siempre fue así.
 
ANTES DE LA NOM-046
 
En enero de 2003, una situación similar ocupó planas recurrentes en algunos medios. Se trataba de una niña de diez años de edad, con ocho semanas de embarazo producto de una violación. Era una niña residente de Nogales, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, que se ubica a 275 kilómetros de Hermosillo.
 
En esa ocasión los medios le daban seguimiento con titulares como: “Niña violada no puede abortar”, lo cual sustentaban con entrevistas a funcionarios y funcionarias que argumentaban que la interrupción del embarazo era un delito y que no había forma de cumplir con la causal no punible del Código Penal de Sonora, pues no estaban reglamentadas las causales no punibles.
 
La NOM-046 no existía en el universo jurídico argumentativo de quienes exponían, de acuerdo con nuestra legislación, la imposibilidad de practicarle el aborto a la niña.
 
Dos días después de ese titular vino otro: “Aborta niña violada, lo inmaduro de su cuerpo no soportó el producto”. Se produjo un aborto natural, una expulsión del embrión por el propio organismo de la niña. Una especie de alivio llegó a quienes daban seguimiento al caso, pues la injusticia en el ejercicio de derechos de la víctima, se había resuelto de forma natural.
 
DE PAULINA AL EFECTO CITLALI
 
En los casos más recientes, el de Citlali y el de la adolescente de Las Quintas en 2016 permitieron que, de un mes a otro, el cumplimiento de la norma se haya hecho presente sin restricciones.
 
El personal médico se apresuró a seguir los mandatos legales para proteger a la víctima de una segunda violencia como lo es un embarazo forzado, considerado como tortura, de acuerdo al Comité contra la Tortura de la ONU, que fundamenta así que se pueda prestar el servicio de aborto a la petición de la niña de Cananea en 2014, aunado a la Ley General de Víctimas y la propia NOM 046.
 
Sin duda es el efecto Citlali el que destapó la inoperatividad de la NOM-046, no obstante que la Secretaría de Salud haya reportado que casi en su totalidad el personal de salud del estado de Sonora estaba capacitado en la normatividad.
 
Citlali ya trascendió, mientras espera con su familia justicia por la agresión de que fue objeto en mayo pasado.
 
Paulina en 1999 y Citlali en 2016, ambas de trece años, las dos de origen indígena, pobres, mujeres,  niñas, han dejado un legado. Con su dolor han construido un marco legal: novedoso cuando ocurrió la agresión a Paulina; existente, pero inoperante cuando violentaron a Citlali.
 
Sin embargo, ambas han contribuido a que las y los responsables de aplicar la NOM 046, y quienes con su trabajo acercan la justicia a las víctimas, sean más cuidadosos en cumplir con las disposiciones a las que están obligados.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/GGQ








ESTADOS
VIOLENCIA
   Advierte familia de Jessica Rosario Vega
En Sonora, feminicida podría quedar libre por deficiente investigación
CIMACFoto: Guadalupe Cabañas
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 18/08/2016

Ante las irregularidades con las que fue integrada la averiguación previa 10/2015 Bis, del Juzgado Primero penal en Navojoa, Sonora, los padres de Jessica Rosario Vega Borbón, asesinada el 20 de enero de 2015, se muestran preocupados de que el responsable pudiera salir libre, por lo que solicitaron una audiencia con el procurador de Sonora, Rodolfo Montes De Oca.
 
El asesinato de Jessica ocurrió en el fraccionamiento Los Olivos del municipio de Navojoa, ubicado a 318 kilómetros al sur de esta capital de Sonora. El acusado de feminicidio, Juan Ramón Valenzuela García, esposo de la víctima y quien se encuentra detenido –pero sin sentencia– busca por todos los medios y a través de su defensa salir exento de sanción.
 
Rosalba Borbón Rubio, madre de Jessica, explicó que en otras ocasiones el esposo de su hija la había maltratado, lo cual fue visto por muchas personas, y por eso la víctima pidió ayuda al Instituto Sonorense de la Mujer.
 
Existe constancia de que Jessica padecía violencia familiar por parte de su esposo, Juan Ramón Valenzuela, y que en ocasiones anteriores la había tratado de ahorcar.
 
Rosalba Borbón y Fernando Vega Ramírez, madre y padre de la joven, se entrevistaron este día con el subprocurador de Procesos, Aurelio Cuevas, y con el director de Procesos, Sergio Ruiz, en ausencia del procurador, quien se encontraba fuera de la ciudad.
 
Asimismo, interpusieron una denuncia ante la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia de Sonora contra Alfredo Valencia Dozal, el agente del Ministerio Público que no integró bien la averiguación previa, lo que podría facilitar o propiciar que el feminicida salga libre. “Que lo investiguen y lo castiguen”, exigen en su petición.
 
PRUEBAS CONTUNDENTES
 
Los hechos y las pruebas son contundentes, cuenta Rosalba, mientras recuerda que en octubre de 2014 el esposo agresor había intentado asesinar a su hija, pero ésta alcanzó a enviar un mensaje pidiendo ayuda, lo cual evitó el feminicidio.
 
En esa ocasión la golpeó, la arrastró, la encerró en la casa. Desde el baño de la vivienda ella envió un mensaje de texto a una prima, donde le decía que su esposo estaba agrediéndola y temía que la asesinara.
 
Del procurador, esperan que les ayude para obtener justicia, mientras que de la gobernadora, Claudia Pavlovich, también esperan apoyo para que la muerte de Jessica no quede impune.
 
La afligida madre agregó que en una de las visitas que hizo la Gobernadora al sur del estado, ella le pidió que les ayudara. Como respuesta, la asistente de Pavlovich tomó los datos y proporcionó  un teléfono a la familia, el cual era de Seguridad Pública y no de alguna oficina para dar seguimiento.
 
Del juez, confían en que juzgue de acuerdo a las pruebas, que haga las cosas bien, y que se guíe por la justicia, dice.
 
Es imperdonable lo que le hicieron a su hija, y no se vale que ese “monstruo” quede libre por un mal trabajo del Ministerio Público, por lo que pide que la ayuden, que volteen a verla, que se den cuenta que hay dos pequeños que están sin su mami por culpa de ese feminicida.
 
Pero, como van las cosas, expuso Fernando Vega, tienen el temor de que le otorguen la libertad al agresor, pues el abogado defensor del acusado está aprovechando cualquier resquicio de falla en la investigación para lograr la libertad del responsable del asesinato.
 
Los padres de Jessica han lidiado con las secuelas del feminicidio de su hija y las consecuencias para los hijos de ésta, de diez y de siete años de edad. El mayor ha padecido depresión y gracias a la intervención oportuna está superando esa situación.
 
Como familiares de Jessica Vega, quien perdiera la vida a manos de su esposo y padre de sus hijos, piden más atención al proceso.
 
MALA INVESTIGACIÓN
 
Patricia Alonso Ramírez, presidenta de la organización Cobanaras federación, lamentó que siendo una agrupación que trabaja para empoderar a las mujeres indígenas, a través de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) La Paloma, les hayan asesinado a una de sus compañeras.
 
La CAMI realiza talleres para prevenir la violencia contra las mujeres, atención psicológica y otras actividades, pero además la activista asegura que reciben malos tratos de los Ministerios Públicos cuando acompañan a mujeres indígenas a denunciar o a solicitar algún otro servicio.
 
La forma en que se integró la averiguación previa fue evidentemente mal hecha, y como ejemplo expuso que el celular de la víctima no fue presentado hasta once meses después del evento, siendo el Ministerio Público quien lo había retenido todo ese tiempo sin razón justificada.
 
Alonso Ramírez se mostró preocupada por la falta de profesionalización del personal que atiende la violencia contra las mujeres en Navojoa y recomendó capacitación para las y los funcionarios.
 
Son ya 19 meses que han pasado desde que se cometió el feminicidio y no solo se hizo una deficiente investigación, sino que no se ha dictado sentencia aún, pues la defensa retarda y retarda con argucias jurídicas que esto suceda, dijo.
 
Entre sus peticiones se encuentra la pena máxima para el acusado del delito de feminicidio, misma que en Sonora es de sesenta años de prisión.
 
16/SNE/GGQ








ESTADOS
SALUD
   Su caso ya está en la CIDH
Para tratar daños por radiación, la SS de Sonora envía a Dulce y a su familia… al psiquiatra
Dulce María Fimbres y su esposo Jesús Ríos León | CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 15/08/2016

Que vayan al médico psiquiatra fue la más reciente recomendación que la Secretaría de Salud de Sonora hizo a Dulce María Fimbres y a su esposo Jesús Ríos León, después de años de pugnar por atención especializada y sendos resultados clínicos que indican que tienen afectaciones por radiación en su organismo.
 
A partir de los seis microgramos de arsénico, hay peligro para la salud si éste se encuentra en el organismo humano. “Yo traigo 192 micro gramos de arsénico en el cuerpo”, asegura Jesús Ríos, pero como respuesta, las autoridades de salud les han referido al servicio psiquiátrico para que ahí sean tratados de sus diversos padecimientos.
 
Las afectaciones a la salud de esta familia son causadas por vivir cerca del basurero de residuos tóxicos Cytrar, ubicado en la ciudad de Hermosillo, un confinamiento del que, desde 2008 se advirtió que representaba un riesgo ambiental y para la salud, incluso porque ha causado cáncer de seno y cérvico uterino a las mujeres.
 
Las autoridades sanitarias siempre han tratado de evadir el problema, no les han querido dar tratamiento ni a ellos ni a sus dos hijas y un hijo, denuncian, mientras continúan en plantón, ahora instalado frente a las puertas de Palacio de Gobierno, en espera de ser vistos o escuchados por la gobernadora Claudia Pavlovich.
 
OÍDOS SORDOS
 
La familia Ríos Fimbres tiene varios años peregrinando por atención de los servicios de salud en Sonora, en la Ciudad de México, incluso en Estados Unidos.
 
La cadena de corrupción y el pacto de silencio que existe entre autoridades y otras instituciones ha hecho que su demanda siga como al principio, pues a pesar de que han invertido en practicarse análisis en forma particular, no han logrado su propósito, ya que lo que obtienen como respuesta es el silencio y la indiferencia en cada instancia a la que han recurrido.
 
En total, a los integrantes de la familia les han detectado 24 metales, más los isótopos, que hacen 34 en total, todo por arriba de lo permitido, para considerar inocua la presencia de esos contaminantes, explica Ríos León.
 
“NO NECESITAMOS PSIQUIATRA”
 
Dulce Fimbres narra en entrevista con Cimacnoticias que las mismas personas que les han dado seguimiento en esta administración les llamaron. Esperaban tener respuesta a la solicitud que hicieron el 16 de febrero pasado, para que les apoyaran con un especialista del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con sede en Cuernavaca, Morelos.
 
Sin embargo, para su sorpresa en lugar de la información esperada, la persona que llamó, quien dijo ser del área de comunicación social, informó que la Secretaría de Salud les solicitaba que fueran al psiquiatra, para que con esto pudieran terminar la integración de  “un cuadernillo”, sin explicarles en qué consiste.
 
La madre de familia, quien ha sido intervenida quirúrgicamente por tumores, opina que no le parece que después de años de luchar por una atención especializada a la que tienen derecho, ahora estén desviando la atención hacia un servicio que no se les está requiriendo. “No necesitamos un psiquiatra, sino un especialista que atienda lo que realmente padecemos”, dice indignada.  
 
Dulce y Jesús hicieron plantones frente a la casa de Gobierno, donde vivía el entonces gobernador Guillermo Padrés, también los hicieron en la casa de la actual gobernadora Claudia Pavlovich, quien reside en su vivienda familiar, y ahora se plantan frente al Palacio de Gobierno, donde denuncian la falta de atención.
 
A la par de su plantón, la pareja realiza la gestión para llevar  su caso ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo internacional que ya recibió los documentos, unas mil 200 páginas, y la queja de la familia Ríos Fimbres.
 
Explica Dulce: “agotamos todas las instancias federales, estatales y municipales, por lo que acudimos ya a las instancias internacionales y nuestro caso está siendo revisado por los abogados de la CIDH, según acuse de 29 de junio de 2016, por lo que estamos en espera de que sea admitido para su análisis y esperamos a futuro una recomendación por nuestro caso al Estado mexicano”.
 

Dulce María Fimbres y su esposo Jesús Ríos León mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno | CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

MALES SIN ATENCIÓN
 
Tumores en los senos nasales, neuropatía en varios integrantes de la familia que cada día se agrava más y espindolitis esquilosante, son algunos de los padecimientos identificados. “Tu cuerpo se va quedando rígido. Mi hijo ya tiene parte de su columna soldada, tiene que tomar medicamento de por vida, porque esa enfermedad ya no tiene remedio”, explica angustiada.
 
Los cinco tenemos neuropatía periférica y tampoco se nos ha dado la atención que necesitamos, agrega. De acuerdo con el diagnóstico que tienen, y que tuvieron que realizarlo con médicos particulares, los especialistas que requieren hasta, ahora son: cardiólogo, neumólogo, reumatólogo, neurólogo y endocrinólogo. Nada dice el diagnóstico de que necesiten psiquiatra.
 
Sus hijas Dalia María y Dulce María, su hijo Jesús Gerardo, y ellos mismos, requieren un especialista en radiación y contaminación para que verifique la contaminación de la casa, para saber qué tratamiento específico es el que deben de llevar, añade Jesús Ríos.
 
Ambos lamentaron que la Secretaría de Salud los intente engañar diciendo que están haciendo lo posible para apoyarlos, pues en un boletín de prensa la SS informó que desde febrero de 2016, solicitaron al INSP su apoyo para gestionar la valoración del caso, pero que la respuesta de julio del mismo año “continúa en suspenso” por parte de la institución.
 
En la misma comunicación, la SS expone que hasta el momento no existe evidencia en el expediente familiar que confirme la existencia de intoxicación por radiación o por metales pesados en alguno de los miembros de la familia.
 
Sin embargo, ante el seguimiento que hiciera la familia Ríos Fimbres a la supuesta solicitud al INSP, éste les respondió el 14 de junio de 2016 que, a esa fecha no habían recibido ningún tipo de petición de parte de la Secretaría de Salud de Sonora. Por ello, lo único que ahora hay en firme es la recomendación de que vayan al psiquiatra.
 
16/SNE/GGQ








ESTADOS
Interrupción Legal del Embarazo en México
   GIRE analiza pedir reparación del daño
Posible amparo contra Ss de Sonora por negar ILE a Citlali
Regina Tamés Noriega y Alex Alí Méndez Díaz, directora y coordinador de documentación y litigio de casos, respectivamente, del GIRE | CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 09/08/2016

La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés Noriega, informó que la organización que preside valora presentar un amparo contra la Secretaría de Salud de Sonora, por las omisiones y negativas para realizar un aborto por violación a Citlali, la menor de edad víctima de violencia sexual, derecho que se le negó aún cuando el Código Penal estatal y la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, lo contemplan.
 
En entrevista posterior a la reunión que ayer sostuvieron con el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corrella, la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes, un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF) y el Secretario de Salud, doctor Gilberto Ungson Beltrán, la también abogada precisó que esta reunión fue para informar que solicitarán la reparación del daño para Citlali, ante las violaciones a sus Derechos Humanos cometidas por diversas instancias.
 
Cuestionada respecto al anuncio hecho en días recientes por la gobernadora sonorense Claudia Pavlovich sobre la intención de derogar el delito de estupro del Código Penal y que solamente quede vigente el delito de violación, Regina Tamés opinó que esto no soluciona el error grave en el que incurrió la Secretaría de Salud, pues independientemente del tipo penal, Citlali tenía derecho a un procedimiento médico porque así lo marca la normativa estatal y federal.
 
Criticó que más que buena voluntad, demuestra un desconocimiento de la NOM- 046, la cual recientemente se modificó para eliminar el requisito para que la niña o mujer víctima de violación presentara una denuncia penal y/o tuviera la autorización de la autoridad competente para acceder al aborto legal.
 
Con la modificación, ahora las niñas mayores de 12 años y las mujeres víctimas de violencia sexual podrán solicitar la interrupción del embarazo sólo por escrito, bajo protesta de decir verdad. En el caso de las menores de 12 años, el proceso debe ser autorizado por los padres o tutores.
 
“La gobernadora debe de conocer la Norma para que el Secretario de Salud la conozca y entonces entender que más allá del tipo penal, éste es un servicio al que deberían tener acceso todas las mujeres víctimas de violación”, sostuvo la abogada.
 
Tamés Noriega enfatizó que éste no es un caso aislado sino un patrón de casos de menores de edad que son agredidas por personas cercanas a la familia, las cuales muchas veces presentan embarazos y aún cuando es obligación del Estado garantizarles el derecho a servicios de aborto legal y seguro, de manera recurrente se observa un desconocimiento de la NOM -046, así como negativa de los prestadores de los servicios de salud para realizar el procedimiento.
 
“Justamente lo que estamos viendo es que o no conocen la Norma o están dispuestos a saltarse y dar incumplimiento. Es fundamental que se conozca que hubo cambios a la Norma, que ya no tienen que denunciar las víctimas y que directamente podrían solicitarlo a los servicios de salud”, insistió la abogada.
 
Precisó que la reparación del daño contempla medidas de no repetición y que otras mujeres y niñas que han pasado por lo mismo que Citlali, pueden pedir la reparación del daño, aunque hayan llevado a término el embarazo.
 
“Siempre hay las posibilidades legales y jurídicas para que esto no quede en la impunidad y GIRE estaría dispuesto a acompañarlas. GIRE tiene como función primordial el acompañar a las niñas que han sufrido violaciones como éstas”, dijo Tamés Noriega.
 
El coordinador de documentación y litigio de casos del GIRE, Alex Alí Méndez Díaz, explicó también en entrevista, que uno de los errores principales en que incurrió la Secretaría de Salud de Sonora para negar la ILE por violación a Citlali -y que argumentarán en el posible amparo- es que la funcionaria alegó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lugar del artículo 1º de la Constitución estatal, éste último sí “protege la vida desde la concepción”.
 
“Es algo sumamente grave pues está invocando una Norma que no existe para negar los derechos en este caso de Citlali”, insistió el abogado, “además de que habla de un grave desconocimiento de los derechos de la infancia”.
 
“Otros de los errores es que la directora del hospital argumente que no tiene la autorización de un Ministerio Público o de un juez para realizar la interrupción, nosotros decimos que ni la NOM-046, ni el Código Penal establecen ningún requisito de esa naturaleza para practicar la ILE”, concluyó el abogado.
 
16/SNE/LGL


Derecho a decidir   ILE   Sonora   Citlali   






ESTADOS
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   A 2 años de tragedia ambiental, autoridades no cumplen
Mujeres de Bacanuchi siguen en pie, a 2 años de derrame en Río
A dos años del derrame de metales pesados al río Sonora por la mina Buena Vista del Cobre, Bacanuchi y todos los pueblos del río siguen en pie de lucha por su derecho humano al agua limpia | CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Bacanuchi, Son.- 08/08/2016

A dos años del macro derrame de metales pesados en el Río Sonora, sus habitantes recordaron este fin de semana la tragedia, en Bacanuchi, epicentro del desastre, donde comenzó todo.
 
Ejido perteneciente al municipio de Arizpe, el poblado cuenta con alrededor de 200 habitantes, según contó María Clara, mientras nos convidaba café preparado por ella misma en su casa.
 
Bacanuchi es un lugar en donde las mujeres tienen un lugar preponderante como protagonistas de las decisiones. María Clara López Rodríguez, es comisaria municipal; María Rosa Vázquez, es secretaria del comisariado ejidal.
 
“Mi función es ver que todo esté bien en el pueblo, resolver los problemas y si hay cualquier situación, solucionarla y si es más  grave, llevarla a Arizpe para que allá determinen qué hacer”, dice con firmeza María Clara, poseedora de una decidida voluntad para resolver.
 
Un grupo norteño tocaba para amenizar la comida abundante que prepararon las mujeres para agasajar a quienes les visitaron de Hermosillo, Ures, Baviácora, Arizpe, Aconchi, así como corresponsales de medios nacionales e internacionales, que iban a dar cuenta del estado en que se encuentra una de las poblaciones más afectada por el macro derrame de 40 millones de litros -40 mil metros cúbicos-  de solución de cobre acidulado en el Río Bacanuchi y Río Sonora.
 
“Mataron una vaca para la comida para todo el pueblo y para las visitas”, cuenta la gente con el tono de felicidad de los buenos anfitriones.
 

A dos años del derrame de metales pesados al río Sonora por la mina Buena Vista del Cobre, Bacanuchi y todos los pueblos del río siguen en pie de lucha por su derecho humano al agua limpia | CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

 
Para llegar al poblado, hay que cruzar una brecha que une a Arizpe con Bacanuchi, en donde los deslaves, las piedras a medio camino, y los estragos en el suelo producidos por la época de lluvia, hacen que los carros más que ir por una carretera o camino vecinal, vayan sorteando una suerte de escalones, vados y bancos profundos de fango fresco, donde los vehículos se atascan en medio de la nada.
 
Empezamos a ver la realidad de Bacanuchi, aislado, con señal de teléfono intermitente y eso, de una sola compañía. Nos recuerdan que hay otro camino, igual de terracería, que va de Bacanuchi a Cananea y nos adelantan que para el retorno a nuestros lugares de origen lo debemos hacer por la carretera pavimentada. Ese camino es de Grupo México- así nos lo anuncian- y es el único por donde se puede transitar ese tramo; fue abierto por la empresa que los tiene sumidos en la pobreza al ser la causante del derrame de la mina Buena Vista del cobre.
 
Frente a nosotros están las mujeres, las de Baviácora, las de Ures, las de Aconchi, pero sobre todo, las de Bacanuchi, las menos vistas por ser las más aisladas. Escuchamos a Karen Francisca Peña Laguna, joven madre que ha vivido las afectaciones de la contaminación en sus niños, a quienes ha atendido en forma particular en Cananea, Sonora. “Jugaron con nuestra salud y con la de nuestros niños, y eso no se vale”, lamentó.
 
María Cristina Salinas, de Bacanuchi, expuso que cuando ocurrió el derrame hace 2 años, ella tomó agua contaminada. Desde entonces padece problemas respiratorios y de movilidad.
 
Esperanza García Martínez, también de Bacanuchi, pidió a los medios que ahí se reunieron que realmente digan lo que está sucediendo con la economía del lugar, y que no se callen como lo ha hecho “ese señor  Peña Nieto”. Denunció que no han tenido atención a su salud y que el fideicomiso anunciado para abrir pozos nuevos e instalar plantas potabilizadoras, no lo han cumplido.
 
“Se perdió mucho en agricultura, en ganadería, el dinero que les dieron del fideicomiso, los 15 mil pesos ya se acabó. Hay personas mayores que viven con el programa “70 y más” y cuando les quedan veinte pesos se ven en la disyuntiva de comprar comida o comprar un garrafón de agua”, dijo.
 
Francisca García Enríquez, de La Estancia de Aconchi, refrendó que Bacanuchi no está solo, está apoyado por los siete municipios del río Sonora y sus localidades.
 
“No es posible que el gobierno no pueda obligar a la empresa a instalar las plantas potabilizadoras a 2 años de la conflagración. La mina se lleva toda el agua y las ganancias” y agregó que ni siquiera se puede ir de Bacanuchi a Cananea porque el camino está destrozado.
 
Francisca García Gómez recordó que llegó a Bacanuchi en 1981, provenía de Nogales y se casó con un ejidatario. Recuerda que en ese entonces era un pueblo alegre, pintoresco, con aguas cristalinas y con una gran variedad de animales. “Pero el derrame vino a destruir la salud, el ambiente, la economía, una desgracia”, lamentó.
 

 
Rosa María Vázquez nació y creció en Bacanuchi, donde la vida era tranquila y honesta hasta antes del 6 de agosto de 2014, cuando las aguas del río que antes eran cristalinas y se podían beber, fueron cambiadas por un color marrón, espeso, que todo quemaba a su paso.
 
Recordó cómo hasta dos días después del derrame “gente desconocida” recolectaba muestras. Fue hasta entonces que les avisaron que el agua estaba contaminada.
 
Les prometieron 33 plantas potabilizadoras de agua, sólo existe una y únicamente funciona 3 horas al día porque no está pagada la luz y funciona con un generador de diesel que ellos mismos deben pagar.
 

 
Sin embargo, todas coinciden en que Bacanuchi está en pie, unido y dispuesto a luchar.
 
Ya de regreso, nos fuimos rumbo a Cananea siguiendo el camino de Grupo México (GM), sorteando bancos de fango de los cuales lograron salir todos los carros que iban en caravana encabezada por el Grupo Poder e integrantes de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente.
 
Grupo Poder acompaña jurídicamente a los pobladores; recientemente anunció el primer logro jurídico al obtener un amparo en un juzgado de Arizona, que obliga a GM a transparentar la información sobre la verdadera situación del envenenamiento del Río.
 
También ha capacitado a los comités de cuenca de cada pueblo, para que se organicen y utilicen las herramientas ciudadanas para la lucha que esperan ganar contra lo que ya llaman “monstruo”, refiriéndose al Grupo México.
 

Mujeres del Río Sonora

 

16/SNE/LGL








Pages

Subscribe to RSS - Sonora