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NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Sala Superior sólo tendrá dos mujeres
Critica senadora De la Peña composición de ternas para TEPJF
Angélica de la Peña Gómez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/10/2016

La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
16/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Comparece segunda terna de mujeres en el senado
Candidatas a magistradas piden más participación de mujeres en Poder Judicial
Foto: cortesía Senado de la República
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/09/2016

Las candidatas a magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante, se pronunciaron a favor de que haya más mujeres en órganos electorales y expresaron su compromiso con la imparcialidad judicial. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres aspirantes expusieron sus opiniones sobre la paridad de género en candidaturas, la violencia política de género, los gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, las causales para anular una elección y las candidaturas independientes, entre otros temas.
 
En su presentación, Berenice García Huante, quien fuera secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, dijo que la paridad (igualdad) de género debe empezar por la casa, toda vez que, criticó, en el máximo organismo jurisdiccional electoral hay pocas mujeres en cargos de dirección.
 
“Si bien ya tenemos un acuerdo de carrera judicial donde se promueve la participación de las mujeres para integrar las ponencias y ser parte de secretarias de estudio y cuenta en la Sala Superior, lo cierto es que en los hechos hay muy pocas”, dijo frente a las y los senadores.
 
Para fomentar la participación femenina en este órgano la candidata propuso medidas como crear un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) para apoyar a las madres que trabajan en la Sala Superior ya que en un proceso electoral todos los días y horas son hábiles; y planteó crear una agenda para defender los derechos político- electorales de mujeres y personas con discapacidad. 
 
Además agregó que los tomadores de decisiones pueden interpretar las leyes y los tratados internacionales para promover la paridad en la integración de autoridades electorales y acotó que las mujeres que participan en el actual proceso de elección para elegir a siete magistrados no están ahí por cubrir una cuota sino por su capacidad.
 
García Huante, quien tiene 14 años de experiencia en materia electoral, aseguró además que una forma de garantizar la protección de los derechos político-electorales es cumplir con el Protocolo para Atender la Violencia Política de Género contra las Mujeres y capacitar para que los juzgadores lo apliquen en sus sentencias.
 
La aspirante también se pronunció por mantener los sueldos de las y los magistrados, por retirar algunas prestaciones que son  excesivas e innecesarias para desempeñar el cargo, hacer que el TEPJF sea un organismo más abierto y trasparente, y por tomar en cuenta resoluciones de organismos internacionales cuando estos hagan referencia a México.
 
“NO ME SIENTO DISCRIMINADA”
 
En su turno, la magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, María del Pilar Parra Parra, destacó la labor del Senado que en 2014 aprobó la reforma en materia político- electoral que elevó a rango constitucional la paridad de género, principio que la Sala Superior ha defendido.
 
Al ser cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre la resolución de la Sala Superior del TEPJF que determinó que luego de la muerte de Mónica Arriola Gordillo su curul en el Senado correspondía a Manuel Cárdenas Fonseca y no a una mujer, la candidata dijo desconocer el caso. 
 
Parra Parra también habló sobre el proceso de selección donde de 20 mujeres que se inscribieron solo seis pasaron a la última etapa. Aunque para algunos legisladores fue un desatino agruparlas en dos ternas porque así se cerraba la posibilidad de elegir a más ciudadanas para ocupar uno de los siete cargos, la candidata dijo no sentirse discriminada.
 
 “Con toda honradez le debo decir que no me siento discriminada, al contrario, me siento sumamente halagada, me siento sumamente reconocida”, dijo.
 
Respecto a la publicidad y propaganda encubierta, dijo que hay veces que por la actividad pública del personaje político éste tiene que difundir sus actividades y señaló que hay una línea muy tenue entre la publicidad de gobierno y la personal; y finalizó diciendo que ha sido cuestionada por sus decisiones judiciales pero prefiere olvidar los “periodicazos”.
CREAR UN MEDIADOR ELECTORAL
 
La titular de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, también se pronunció a favor de más mujeres en este organismo y consideró que en este proceso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de hacer la primera selección, se limitó al integrar a las seis mujeres en dos ternas.  
 
Otálora Malassis, quien promovió la defensa de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, que fue obligada a pedir licencia al cargo y luego fue restituida en el cargo por una sentencia judicial, dijo que los organismos públicos también tienen responsabilidad para que más mujeres ocupen estos cargos.
 
La también magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, cuestionó por qué solo 20 mujeres se inscribieron en este proceso y aseguró que una forma de fomentar la participación femenina es implementar medidas como que cada ponencia (grupo de personas que trabaja con un magistrado o magistrada) sea integrada de manera paritaria. 
 
La candidata expuso que de 16 secretarios instructores en la Sala Superior, sólo 4 eran mujeres, de las cuales tres lograron ser magistradas, lo que significa que fomentar su integración en estos cargos y su profesionalización genera condiciones para ocupen altos puestos.
 
Agregó que otra medida es crear un Centro de convivencia en el Tribunal Electoral como se hizo en la Sala Regional para que las mujeres puedan llevar a sus hijos, en particular cuando hay procesos electorales donde las sesiones se amplían.
 
Además Otálora Malassis, expuso que en la actualidad hay una judicialización de la vida política, es decir, que cada vez más las diferencias dentro de los partidos se llevan a los tribunales lo que es un signo de confianza en las instituciones pero también una señal de que una excesiva regulación fomenta la cultura de la desconfianza.
 
En este escenario y de cara a las elecciones de 2018 donde se elegirán gobernadores, se renovarán las Cámaras del Congreso de la Unión y habrá elección presidencial, previó que la carga de trabajo será mayor por lo que propuso crear una figura del “mediador electoral”.
 
Destacó que este mediador se encargaría de dirimir los conflictos que se dan dentro de los partidos políticos y que ahora llegan a los tribunales a través de juicios para la protección de derechos político- electorales, la tarea de este nuevo mecanismo sería facilitar el diálogo y la conciliación para evitar la judicialización de los procesos.  
 
La Comisión de Justicia continúa con las comparecencias, toda vez que aún falta conocer dos ternas más para que se realice un dictamen que se mande al pleno, donde las y los senadores elegirán a los próximos siete integrantes de la Sala Superior que deberán comenzar funciones en noviembre próximo.
 
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ZONA DE REFLEXIÓN
Participación Política de las Mujeres
   ZONA DE REFLEXIÓN
El discurso de los privilegios
Archivo CIMACFoto
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/09/2016

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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INTERNACIONAL
POLÍTICA
   Destitución, en manos de corruptos
Brasil: solo falta que el Senado confirme golpe contra Rousseff
La presidenta suspendida Dilma Rousseff, a la derecha, durante un encuentro con el Movimiento de Mujeres, en la residencia del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, el 17 de agosto, días antes de comenzar el juicio que se prevé que concluya con su destitución | Foto: Roberto Stuckert Filho PR
Por: Mario Osava*
Cimacnoticias | Río de Janeiro, Bra.- 22/08/2016

Solo un milagro podría salvar a la presidenta Dilma Rousseff de la destitución en el juicio político en el Senado de Brasil, que empieza el 25 de agosto y cuyo desenlace se prevé para seis días después.
 
Es la evaluación de Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, un crítico del proceso contra Rousseff, que considera “un golpe”, al igual que lo hacen los partidarios de la presidenta, suspendida de funciones desde el 12 de mayo.
 
“Un hecho consumado” es cómo ve la situación Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, una organización que sigue las cuestiones legislativas para el movimiento sindical.
 
Sesenta de los 81 senadores aprobaron el enjuiciamiento de la presidenta el 9 de agosto, lo que anticipa que se alcanzará con creces la mayoría de dos tercios que la Constitución exige para inhabilitarla definitivamente.
 
Ese fue el último paso para abrir el juicio que pondrá fin al largo proceso destinado a sacar del poder a la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil, al ganar los comicios de 2010 y resultar reelecta en 2014.
 
EN DICIEMBRE INICIÓ EL GOLPE
 
El procedimiento de “impeachment” (destitución) se abrió en diciembre, cuando el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alejado del cargo por denuncias de corrupción y obstrucción a las investigaciones en su contra, acogió una de las 37 solicitudes efectuadas por personas e instituciones para inhabilitar a Rousseff.
 
El 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a 137, la continuidad del proceso, derivándolo al Senado que es la instancia juzgadora en estos casos.
 
La acusación es de delito de responsabilidad, un concepto genérico y difuso que permite destituir al jefe del Poder Ejecutivo cuando “atenta” contra “el libre ejercicio” de los demás poderes constitucionales, la seguridad interna del país, la probidad administrativa, la ley presupuestaria y otras legislaciones.
 
El Senado acogió el proceso por 55 votos contra 22, una decisión adoptada el 12 de mayo que determinó la suspensión de sus funciones de Rousseff y la designación del vicepresidente Michel Temer, como mandatario interino, hasta el fallo final de los senadores.
 
Todas esas decisiones de diputados y senadores fueron precedidas por resoluciones de comisiones especiales, aprobadas tras largos debates y trámites procesuales. El Senado tenía un plazo de 180 días para concluir el juicio, pero deberá hacerlo en 111 días.
 
“El golpe, la ruptura ya ocurrió, ahora se trata solo de confirmarlo en el Senado”, dijo Lattman-Weltman a IPS. “Es una mala salida para la crisis, porque disminuye las instituciones, rompe las reglas democráticas, el orden jurídico”, que requiere el voto popular para legitimar el poder, acotó.
 
Pero no piensa así una amplia mayoría de legisladores, que viene superando fácilmente los dos tercios constitucionales para proseguir con el proceso, y de la población, que desde 2015 se manifestó en multitudinarias protestas en contra del gobierno de Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país desde 2003, hasta mayo.
 
SECTOR PRIVADO, FACTOR EN CONTRA
 
“El principal error de la presidenta fue la falta de diálogo no solo con el parlamento, sino también con el mercado, con los empresarios”, analizó Queiroz.
 
“El origen de todo fue el modo de interferir en la economía, reduciendo el margen de utilidades del sector privado, sin un diálogo previo”, explicó. “Enfrentar el sistema financiero, como ella hizo, no perjudica la popularidad del gobernante, porque a nadie le gustan los banqueros, pero es distinto con el sector productivo”, observó.
 
“Con más diálogo se podría hacer lo que ella hizo sin tantos cuestionamientos, pero hubo se prefirió emplear la autoridad, en lugar de la legitimidad, y la política no perdona a quienes la menosprecian o la usan de forma inadecuada”, concluyó.
 
Rousseff decidió dar batalla, en sus probables últimos días de presidencia formal.
 
El 16 de agosto difundió un mensaje a los brasileños y al Senado, condenando el “golpe de Estado” que representaría su destitución y proponiendo un plebiscito para convocar nuevas elecciones presidenciales y un pacto de “Unidad Nacional”, como la fórmula para superar la crisis política.
 
Su carta abierta tuvo escasa repercusión. Unas elecciones presidenciales anticipadas no son viables, requerirían una enmienda constitucional y un tiempo que superaría el plazo existente, ya que en 2018 serán los comicios regulares, admitió el mismo presidente del PT, Rui Falcão.
 
25 DE AGOSTO, SU RESPUESTA
 
La presidenta suspendida también decidió concurrir al juicio, el 29 de agosto, para pronunciar un alegato de defensa y responder a las preguntas de los senadores y abogados de la acusación y la defensa. Antes pensaba solo leer su alegato y no someterse al interrogatorio, que podrá prolongarse por todo el día.
 
El juicio empezará antes, el 25, con las manifestaciones iniciales de los abogados y senadores, seguidas del testimonio de ocho testigos de defensa y dos de acusación, que podrían absorber los días 27 y 28.
 
La conclusión del proceso será el 30 de agosto con los argumentos finales de los abogados de la defensa y la acusación y de todos los senadores que quieran hablar, con un límite de diez minutos para cada uno. Por ello se prevé que la votación de los 81 senadores solo terminará en la madrugada del 31 de agosto.
 
La suerte ya está echada, solo se cumplirá los ritos formales del juicio, según Queiroz.
 
Aun así hay senadores que apuestan por un inesperado vuelco.
 
“Es difícil, pero no imposible”, según el senador socialista João Capiberibe, que defiende la salida de elecciones extraordinarias para retroceder, en la práctica, al sistema de “elecciones indirectas”, restringidas a colegios electorales legislativos, típicas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
 
Además de la falta de diálogo, “hubo errores en la conducción económica y una situación política incontrolable”, señaló Lattman-Weltman, como causas de la caída de Rousseff y del PT.
 
DESTITUCIÓN EN MANOS DE CORRUPTOS
 
El “factor fundamental fue la inseguridad generada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos)”, dijo el cientista político, en referencia al escándalo de corrupción promovido desde la empresa estatal Petrobras, que involucró a más de 200 empresarios, políticos, directivos de empresas y funcionarios del gobierno.
 
La corrupción fue, de hecho, el gran problema que a juicio de la población echó a perder gobiernos del PT, iniciados en 2003 por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Antes del actual escándalo, hubo otro en 2005, en que fueron condenados varios dirigentes del PT, acusados de comprar votos de parlamentarios.
 
La presidenta suspendida no está directamente acusada, pero como jefa de dos gobiernos del PT, se vio arrollada por la ira nacional contra la corrupción.
 
La ironía, y lo que ahonda la inconformidad de Rousseff y sus defensores, es que su destitución la va a decidir un Congreso Nacional poblado y dirigido por parlamentarios denunciados o ya reos por corrupción, cuyos juicios están a cargo del Supremo Tribunal Federal, una instancia donde los juicios duran mucho y las sentencias se demoran largo tiempo.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
16/MO/GGQ








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Inicia análisis de 12 iniciativas
Busca el Congreso definir y tipificar la violencia política de género
Foto: cortesía Senado de la República
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/08/2016

En respuesta al incremento de la violencia contra las mujeres que participan en política y a las 103 denuncias que se presentaron tan solo este año  por esas agresiones, el Congreso instaló esta mañana una mesa de trabajo para analizar las siete iniciativas presentadas en el Senado y las cinco en la Cámara de Diputados en los últimos tres años, con el fin de definir y tipificar la violencia política de género.
 
Las doce iniciativas fueron presentadas desde febrero de 2013 hasta agosto de 2016, con el propósito de modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
La mesa de trabajo pretende analizar las 12 iniciativas, para que en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia este 1 de septiembre, ambas Cámaras las discutan y dictaminen.
 
El análisis legislativo será respaldado por la Consejería Jurídica Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros organismos.
 
La senadora Diva Hadamira Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, afirmó que el propósito de la mesa es hacer un traje a la medida para esta problemática que se presenta en todo el país.
 
Señaló que desde hace dos años la Cámara alta ha impulsado la definición y tipificación de este concepto, por ello aseguró que la mesa de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, permanecerá hasta que se alcance el objetivo final. 
 
PASO A PASO
 
La participación política femenina ha tenido avances, como la reforma político electoral de 2014 y las Leyes Generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligó a los partidos políticos a que 50 por ciento de sus  candidaturas a diputaciones federales y locales sean ocupadas por mujeres.    
 
Resultado de que la paridad sea un principio constitucional, la Cámara de Diputados está conformada por 42.4 por ciento de mujeres y el Senado por 32 por ciento. Sin embargo, frente a ello, crecieron también las barreras.
 
Ejemplo de estos obstáculos, recordó Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, son los casos que se presentaron durante las jornadas electorales de 2015 y 2016, cuando los partidos obligaron a las mujeres a firmar sus renuncias y cuando varias candidatas fueron hostigadas para abandonar sus aspiraciones.
 
“Es indignante que los hombres amenacen, ataquen e insulten a las mujeres que ostentan cargos públicos o que, por su participación en los comicios, se impida la instalación de casillas, se boicotee el voto y se les niegue que tomen posesión de los cargos cuando son electas”, dijo Cruz Sánchez.
 
Hasta hoy, frente a esto, debido a que no está reconocida la violencia política contra las mujeres políticas, las aspirantes, candidatas o funcionarias electas recurren a los tribunales, en algunos casos buscan justicia en la Fepade.
 
Ante la falta de un tipo penal, en marzo pasado diversas instituciones electorales y dependencias federales como el TEPJF, la Fepade, el Inmujeres y el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres a fin de establecer una ruta de denuncia y atención en estos casos.
 
De ahí la necesidad, dijo el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, de que exista una respuesta ejemplar que no permita la impunidad en los casos de agresiones hacia las mexicanas que se desenvuelven en la esfera pública.
 
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, recordó que en las elecciones de 2015 se registraron 38 denuncias, las cuales revelan  que las conductas delictivas afectaron “de manera desproporcionada” a las mujeres mientras que en 2016 se documentaron 103 casos más.
 
Estamos, dijo el fiscal Nieto, ante un marco legal insuficiente para  abarcar todas las conductas denunciadas que afectan a las militantes de los partidos políticos o a las ciudadanas, lo que da como resultado una sensación de impunidad.
 
 
16/AGM/GGQ








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Senadoras van por protección de derechos político-electorales
Presentan iniciativa para recurrir a juicios por violencia política
Senadora Angélica de la Peña | Foto: Comunicación Social Senado de la República
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/08/2016

La senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, presentaron una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual pretende que se pueda recurrir a juicios en materia electoral cuando las personas consideren que fueron víctimas de violencia política de género.
 
En la sesión de este miércoles, de la Comisión Permanente, las senadoras presentaron la propuesta toda vez que aseguraron que uno de los principales retos para las mujeres que participan en el ámbito político y que enfrentan violencia es el acceso a la justicia y la reparación del daño.
 
La iniciativa modifica el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, añadiendo un inciso “e” que diga que se pueden presentar juicios ante los tribunales electorales alegando “la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género contra las mujeres con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales”.
 
Tras las denuncias de violencia política durante el proceso electoral de junio pasado, las legisladoras pretenden que las candidatas o mujeres electas en los comicios que fueron víctimas de violencia por razones de género, tengan herramientas de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales.
 
A decir de la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, se ha visto que la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia son los “juicios para la protección de los derechos político-electorales”, un recurso constitucional para la defensa de esos derechos.
 
De acuerdo con las senadoras, en los procesos electorales 2015 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inició carpeta de investigación en 29 casos, en los que el común denominador fueron las amenazas, intimidación, ofensas, difamación, agresiones, y hasta asesinatos de mujeres que se atreven a disputar un encargo de representación popular.
 
En este sentido, al hablar en tribuna, la senadora De la Peña dijo que ya hay propuestas legislativas para modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las Leyes Generales de Partidos Políticos; de Delitos Electorales; y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tipificar la violencia política de género.
 
“Ya hay un avance en cuatro ordenamientos que van a ser reformados, en un trabajo muy importante con la FEPADE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente con la Sala Superior; por supuesto, con el Instituto Nacional de las Mujeres también, y con distintas expertas y, claro, también con las senadoras”, expuso la legisladora perredista.
 
Como conclusión, la senadora aseguró que se trabajará en conferencia con la Cámara de Diputados a fin de que en el próximo período de sesiones sea aprobado el paquete de reformas para establecer este delito y las sanciones aplicables, ya que es urgente garantizar la protección legal que necesitan todas estas mujeres que hoy están enfrentando violencia política.
 
A su vez la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diva Hadamira Gastélum, quien preside la Comisión para la Igualdad en el Senado, destacó que las mujeres que ejercen cargos públicos y de decisión también enfrentan atropellos y obstáculos para encontrar justicia porque no hay figuras legales que las respalden.
 
Como ejemplo, las senadoras citaron los casos de la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en mayo pasado presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.
 
En Chiapas también renunció la alcaldesa del municipio de Oxchuc María Gloria Gómez Sánchez; en el municipio de Tila pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido; y en el municipio de Chanal, la presidenta municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupara su esposo, que se desempeñaba como síndico.
 
Además de estos casos en Chiapas, Morelos y Oaxaca, hay mujeres que ocupan cargos edilicios, que han sido violentadas y que han optado por presentar juicios ante las autoridades electorales en busca de una respuesta. La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
 
16/AGM/LGL








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