Secretaría de Gobernación

El Observatorio Feminista de Chiapas lanzó un llamado de emergencia a las autoridades estatales por el aumento de violencia feminicida en este octavo mes del 2017, por lo que denunciaron el incumplimiento de lo que mandata la Alerta por Violencia de Género (AVG) declarada para siete municipios de Chiapas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
Denunciaron ayer en un pronunciamiento que desde que la Segob emitió la AVG en noviembre del año pasado, en Chiapas se han registrado al menos 178 muertes de mujeres víctimas de feminicidio, tan sólo 11 de ellos registrados en el último mes. Cuatro mujeres más, sobrevivieron del ataque perpetrado por sus victimarios.
 
Señalaron que a pocos días de inicio de la jornada electoral, estas muertes quedarán silenciadas para atender lo que el poder político considera urgente y que no habrá justicia para ellas.
 
“El poder ejecutivo del estado de Chiapas representado legalmente por el gobernador Manuel Velasco Coello, ha manifestado su desinterés sobre la problemática de la violencia contra las mujeres al ignorar uno de los pasos centrales en la implementación de la Alerta de Género (AVG) enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia a las múltiples formas de violencias contra las mujeres, para realizar este acto contaba con diez días desde que la Secretaría de Gobernación emitió la AVG para Chiapas”, dice el pronunciamiento.
 
“Esta acción demuestra la inobservancia e incumplimiento de lo que mandata la Alerta.
 
Mientras el gobierno del estado no se pronuncie, no encabece las acciones necesarias que buscan contribuir a la disminución del conflicto social, no se va a motivar a los diversos órganos de gobierno, autoridades estatales y sobre todo a los gobiernos municipales a realizar el trabajo que es necesario para detener la problemática de la violencia feminicida”, dice el documento enviado esta noche a los medios de comunicación.
 
Ante este escenario demandaron urgentemente la implementación de todos los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para dar cumplimiento cabal de los procedimientos de la Alerta de Género en Chiapas para disminuir la violencia contra las mujeres en el estado.
 
Apenas el jueves pasado, se registró el feminicidio en Tapachula de una mujer de nombre Estela “N”, de aproximadamente 42 años, quien fue asesinada a orillas del Río Coatán.
 
Un día después, el viernes una mujer no identificada de al menos 32 años de edad fue ultrajada y estrangulada en la misma ciudad fronteriza de Tapachula.
 
El sábado se reportó el feminicidio de Jhoana “N” de 27 años quien fue asesinada por sus hermanos en el municipio de Reforma. De acuerdo al Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, a cuatro días de cerrar el mes de agosto: cinco casos de  feminicidio en la región Soconusco se han registrado en el mes.
 
Esta denuncia fue hecha justo este lunes cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong estuvo en Chiapas para entregar 220 patrullas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) junto al gobernador Manuel Velasco. Ahí ambos hablaron de su preocupación sobre la violencia que viven las mujeres en esta región del país.

17/IM

La agrupación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, presentó el 8 de agosto una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación (Segob) para exigirle que decrete el mecanismo en el municipio, luego de que lo negará en días anteriores por considerar “que no había elementos objetivos suficientes para su procedencia”.

La carta dirigida también a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y firmada por las comisionadas para el seguimiento de la AVG en Cajeme, Leticia Burgos Ochoa y María Elena Barreras Mendivil, expone la “irresponsabilidad e ilegalidad” con la que Segob elaboró el dictamen final sobre la procedencia de la AVG para Cajeme, indican. 

La agrupación señala que dentro del documento -específicamente en la numeral cuarto- se hace referencia a “las mujeres queretanas”, cuando se trataba de una resolución que buscaron las organizaciones civiles de Cajeme hace dos años, en mayo de 2015, para salvaguardar la vida de las sonorenses. 

“Al respecto expresamos con extrañeza al concluir la lectura de ambos documentos que varias de las afirmaciones al parecer no corresponden al proceso de seguimiento que llevamos a cabo los organismos solicitantes de la AVG, mostrando irresponsabilidad e ilegalidad y poniendo en duda la veracidad de la resolución”, indican en el documento.  

Por lo que las comisionadas al seguimiento de la Alerta piden una audiencia con Segob e Inmujeres para poder conocer las razones de la negativa y deliberar la procedencia de la alerta considerando “la violencia extrema que asecha a las mujeres en Cajeme”. Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabilizan 107 casos de feminicidio en la entidad en los dos años del proceso de la AVG (2015 a 2016). 

De inmediato, ese mismo día el director general adjunto de Asuntos Jurídicos, Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Segob, Francisco Esquinca Cuevas, respondió a través de un oficio sobre la corrección al error del documento expedido el 4 agosto por la instancia a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y sin dar mayor respuesta sobre la petición de la organización para que se vuelva a considerar decretar el mecanismo en Cajeme.  

Las promoventes de la AVG, recuerdan en el documento que el proceso estuvo lleno de obstáculos, motivo por el cual el pasado 7 de julio la ACEG presentó un juicio de amparo por la demora de Segob para dar una respuesta sobre la procedencia de la Alerta, y la prórroga de seis meses que otorgó al gobierno local en septiembre de 2016 para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, porque la normativa de la AVG no especifica este tipo de decisiones. 

Sin embargo, señalan las firmantes de la carta, dentro del resolutivo de Segob, se describe que ya había considerado en septiembre del año pasado que no existían elementos para declarar el mecanismo en Cajeme, pero decidió esperar otros seis meses para ver avances por parte del Gobierno local, a pesar de que había concluido que las autoridades sólo acataron cinco de las 12  propuestas contenidos en el informe del grupo de expertas. 

Cajeme es el municipio de Sonora con el mayor porcentaje de violencia feminicida en la entidad, 19 por ciento de los casos registrados de 2015 a 2016 por el Observatorio (20 asesinatos en total, 10 cada año) se cometieron en dicha región.

El mismo día que la Secretaría de Gobernación dio la resolución final sobre la AVG para la localidad de Sonora, también publicó la negativa para los estados de Tlaxcala y Tabasco. 

La decisión de Segob también llevó a la doctora del Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde, integrante del Grupo de Trabajo a renunciar a su puesto “por las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento de discusión y toma de acuerdos”. 

17/HZM
 

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.
                                                                                                        
Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.
 
Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.
 
Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.
 
De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas. 
 
Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.
 
Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.
 
“ALERTA” CON PRÓRROGAS
 
“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.
 
Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.
 
En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.
 
Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.
 
En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.
 
En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.
 
SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”
 
Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.
 
Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.
 
De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.
 
17/HZM/GG

La integrante del Centro de Apoyo a la Mujer, Clementina Nava Pérez, advirtió que en Colima la sociedad no ha dado una respuesta contundente ante la situación de violencia en contra de las mujeres y pidió que los hechos violentos no se vean como algo cotidiano o normal.
 
La activista social y especialista en temas de violencia de género expresó que, en estos tres primeros meses del año, 15 mujeres han sido asesinadas en la entidad y el año pasado se reportaron alrededor de 50 casos de feminicidio, por lo que “si seguimos con esta estadística, ¿con cuántos casos estaremos cerrando el 2017”?, cuestionó Nava.
 
Señaló que la violencia que afecta a la sociedad en general y particularmente a las mujeres, pareciera que la sociedad la está normalizando, y refirió que en la medida que se dan más casos de asesinatos, la respuesta como sociedad es nula. “En la medida en que se dan más casos (de asesinatos), la respuesta es casi nula, de no ser por los organismos que estamos trabajando a favor de las mujeres”.
 
Nava Pérez señaló que la violencia contra las mujeres va en ascenso en los últimos años, “eso nos parece alarmante y bastante grave. No tenemos que permitir que un asesinato más se cometa”.
 
La activista expresó que ante este panorama es prioritario que la Secretaría de Gobernación emita la Alerta de Violencia de Género, que desde hace dos años solicitaron las organizaciones civiles, entre ellas el CAM, tras documentar la violencia sistemática en contra de las mujeres.
 
De los 15 asesinatos de mujeres que se han cometido en estos tres meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima únicamente ha esclarecido un caso que ocurrió en Manzanillo, donde una mujer fue asesinada por su pareja sentimental.
 
17/HDLG/GG
 

Ante el asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodista con amplia trayectoria y compromiso con la labor informativa (en la que destacó con líneas de investigación como el crimen organizado en la localidad, política, medio ambiente, derechos humanos y corrupción del pasado gobierno estatal), periodistas y organizaciones de la sociedad civil realizaron un homenaje en la ciudad de Chihuahua.
 
Reunidos en la Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno, exigieron justicia para la periodista y su familia, así como condiciones de seguridad apropiadas para que no se vulnere el derecho a la verdad y el periodismo pueda ejercerse libremente.
 
Compañeros y compañeras periodistas, en visible afectación por su pérdida, comentaron la valentía de Miroslava, quien incluso “defendió el Palacio de Gobierno en una pasada manifestación que se puso violenta y expuso su vida, al igual que en sus coberturas, donde exponía la verdad”.
 

Imagen Laura Carrasco Gutiérrez

 
Una agrupación de mujeres periodistas que trabajó codo a codo con Miroslava colocó su nombre en la emblemática cruz de clavos, con  la leyenda "no se mata la verdad matando periodistas". Es irónico e injusto, dijeron las comunicadoras, pues “ella fue de las principales personas que hicieron cobertura de los casos de feminicidio en la entidad. “
 
Gabino Gómez, representante de las organizaciones convocantes, expuso que “el asesinato cometido en perjuicio de una periodista crítica y valiente es un acto terrorista que busca disuadir a las y los periodistas de Chihuahua de seguir documentando y denunciando la operación y control del crimen organizado sobre varias regiones de la entidad, así como los múltiples hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos”.
 
Gómez también puso en evidencia la inacción del Gobierno del estado y del Gobierno Federal, que “no han sido capaces de garantizar a la fecha las condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión en el estado”, así como del Mecanismo para la Protección de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación.
 
“Exigimos la presencia de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  para que presente y ejecute el plan para esclarecer este asesinato. Exigimos que se lleve a la cárcel a quien se llevó la vida de nuestra amiga, a quien llevamos información con la seguridad de que sería publicada. Si la justicia no se aplica “seguirán cayendo defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas ejemplares, comprometidos con la verdad, con la libertad y con la democracia, como fue siempre Miroslava”, afirmó.
 
Dora Villalobos, vocera de periodistas independientes de Chihuahua, leyó un comunicado donde manifiestan su repudio ante el asesinato de Miroslava y dijo que el modo en que se cometió su crimen, sumado al antecedente de otros asesinatos cometidos en la entidad, “nos permite establecer que los comunicadores comprometidos del estado ejercemos nuestra actividad en un contexto de total impunidad oficial hacia cualquier agresión y sin garantías que salvaguarden nuestro trabajo, lo cual debilita la ya de por sí exigua libertad de expresión y, en un marco más amplio, a la incipiente democracia que tanto nos ha costado construir”.
 

Imagen Laura Carrasco Gutiérrez

 
Entre las y los periodistas independientes que firman el comunicado están: Patricia Mayorga, Jaime Armendáriz, Oksana Volchanskaya, Venesa Rivas, Eduardo Porras, Pedro Enríquez, Yolanda Miranda, Dora Villalobos, Flor María Vargas, Juan Gómez Franco, Rosalba Salcido, Flora Chacón, Lourdes Díaz, Graciela Imelda Ramírez, Sergio Armando López, Raúl Gómez Franco y Eva Trujillo.
 
Villalobos dejó clara la demanda de justicia y que la investigación del asesinato de Miroslava sea “seria, expedita y dé resultados concretos para que no quede impune, como ha ocurrido con los casos de otros compañeros victimados para quienes seguimos esperando justicia. Como periodistas nos solidarizamos con la familia de Miroslava, de modo especial con sus dos hijos, para quienes solicitamos la protección oficial así como la reparación del daño cometido en la persona de su madre”, agregó.
 
Y finalizó: “junto con la demanda de justicia también exigimos al Estado, como garante constitucional de la libertad de expresión, la instrumentación inmediata de políticas públicas de prevención para los periodistas de Chihuahua, así como de protección para quienes se hallen en situación de riesgo inminente”.
 
Las y los periodistas colocaron al final en la Cruz de Clavos  los instrumentos con los que trabajaba Miroslava y reiteraron su exigencia de justicia en este crimen y condiciones adecuadas para ejercer el periodismo en Chihuahua. 
 
17/LCG/RED
 

La periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y reportera del periódico Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada esta mañana frente a su casa, en la calle José Ma. Mata y Río Aros, en la colonia Granjas, de la capital de Chihuahua, cuando iba a dejar a su hijo a la escuela.
 
Al salir del domicilio, ya a bordo de su camioneta,  fue interceptada por hombres armados que le dispararon en ocho ocasiones a corta distancia, por lo que perdió la vida instantáneamente.
 
El asesinato de Miroslava, quien cubría la fuente política y seguridad, se comete en  un estado donde el año pasado, el 11 de agosto de 2016, la Secretaría de Gobernación instaló una “Alerta Temprana” para prevenir agresiones contra periodistas  y activistas, de acuerdo con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al alto riesgo en el ejercicio de esa profesión en la entidad.
 
En su trabajo periodístico, Miroslava Breach había reportado recientemente (14 de marzo pasado), la existencia de cementerios clandestinos en el municipio de Madera, lo que era investigado por la Fiscalía estatal, relacionados con el crimen organizado. Y en enero pasado, el asesinato del dirigente indígena rarámuri de Choreachi, Juan Ontiveros.

También reportó el año pasado las amenazas que recibieron candidatos a ediles por parte del narco en ocho municipios. Así como la violencia generada por el narcotráfico en zonas indígenas en años recientes. 

El crimen contra la comunicadora es, además, el segundo cometido contra periodistas que se comete en el gobierno del panista Javier Corral Jurado y el tercero en lo que va de este mes de marzo en el país (Cecilio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz).
 
TRABAJO PERIODÍSTICO
 
“No cabe duda de que el asesinato de Miroslava Breach tiene que ver con su trabajo periodístico”, aseguró la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez, y por tanto es obligación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer y establecer desde un inicio las investigaciones a partir de su trabajo periodístico.
 
En eso coincidieron el fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, quien informó que la principal línea de investigación que se sigue en torno al asesinato es su actividad profesional, así como el coordinador de Comunicación Social de Gobierno del estado, Antonio Pinedo Cornejo, quien relacionó el crimen su labor en medios de comunicación.
 
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la FEADLE, que encabeza Ricardo Nájera, inició una carpeta de investigación sobre el homicidio. 
 
ALERTA TEMPRANA
 
Balbina Flores afirmó que la autoridad tiene que ser contundente, en sus investigaciones, establecer mecanismos de protección.
 
Cuestionó qué pasó con la Alerta Temprana, ¿es que la autoridad no puede estar atenta a esto?, “es el segundo asesinato en la administración de Corral, el tercero en este mes, es demasiado y no puede seguir ocurriendo”, dijo.
 
Las autoridades, dijo Flores Martínez, deben dar un mensaje claro para saber qué van a hacer con la violencia, porque “hay un repunte clarísimo de la violencia”. 
 
TERCER ASESINATO
 
Apenas en diciembre pasado, el periodista Adrián Rodríguez Samaniego, de Antena Radio,  y quien cubría temas de seguridad pública para El Heraldo de Chihuahua, fue asesinado, también enfrente de su casa en esa ciudad, dentro de su automóvil, por desconocidos que lo abordaron y dispararon.  
 
El homicidio de Miroslava se agrega a la lista de mujeres periodistas agredidas en el país que, tan solo de 2014 a 2015, sumaron 147, es decir, cada cuatro días una mujer periodista fue agredida por su labor en ese mismo periodo, de acuerdo con el informe de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) “El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”. CIMAC es la única organización que documenta y registra la violencia contra las mujeres periodistas, desde 2010 a la fecha.
 
Casi al mismo tiempo en que mataron a Miroslava Breach, en Ciudad Juárez inició el foro Protección a Periodistas, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el fin de concientizar y apoyar a los comunicadores de todo el país “ante los constantes abusos cometidos en su contra” y para “fortalecer una legislación integral que proteja su actividad”. 
 
Esta tarde, el Gobierno del estado convocó a una conferencia de prensa sobre el asesinato de la periodista.  
 
17/RED

Las mujeres y niñez migrante pueden estar condenadas a la muerte o a la desaparición si se les niega u obstaculiza su derecho humano al asilo, debido a los altos índices de violencia que viven en su región y ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump y por las políticas migratorias mexicanas.
 
Así lo advirtieron organizaciones civiles de México y Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 161 de Audiencia Públicas, que se lleva a cabo en Washington del 15 al 22 de marzo, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).
 
En la audiencia, las sillas reservadas para representantes de estados Unidos quedaron vacías, luego de que ese gobierno decidió no enviar a ningún funcionario para tratar el tema migratorio.   
 
Al exponer ante el órgano interamericano los obstáculos que enfrentan las personas migrantes solicitantes de asilo en la Frontera Norte, WOLA informó que entre 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, quienes huyeron de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador).
 
En su mayoría, indicó WOLA, tenemos testimonios de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que viven por parte de sus parejas, su comunidad o el Estado. Y a esto se suma, explica el organismo, los impactos severos que tiene implica el traslado  en su integridad, salud física y emocional.
 
HUYEN POR VIOLENCIA FAMILIAR
 
De acuerdo con lo reportado por WOLA, la violencia familiar es uno de los principales factores en la decisión de migrar de las mujeres, ya que El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países más peligrosos para las mujeres a nivel mundial ante esta situación, por lo que se ven obligadas a huir hacia los países del norte en busca de seguridad.
 
A partir por los datos retomados por la organización, el Ministerio Público de Guatemala informó que en 2013 recibió más 50 mil casos violencia contra las mujeres, de los cuales el 76 por ciento de las víctimas vivían con el agresor, el cual era su esposo, pareja o expareja. Asimismo este delito queda en la impunidad, de todos los casos sólo 983 (dos por ciento) culminó en una sentencia de prisión para el agresor. 
 
La situación de violencia familiar para las mujeres es similar en toda la región, indica la agrupación; en Honduras 471 mujeres fueron asesinadas en 2015, una cada 16 horas; mientras en El Salvador, se han contabilizado casi mil 100 casos de violencia familiar y más de dos mil 600 casos de violencia sexual en 2016.
 
MÉXICO NIEGA ASILO  
 
Además, el gobierno mexicano ha participado en acciones que limitan el acceso al asilo de las migrantes centroamericanas, a través de los Grupos Beta (personal para auxiliar personas migrantes) en la frontera de Tijuana; “la detención se ha convertido en la regla y no la excepción”, resaltaron las organizaciones en audiencia con la CIDH.
 
Lo mismo sucede en la Frontera Sur, advirtieron, con el Plan Frontera Sur implementado en 2014 las detenciones de personas migrantes se incrementaron, aun cuando la mayoría tenía necesidades de asilo o protección internacional. Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) de 2013 a 2016 aumentó en 120 por ciento la detención de personas migrantes.
 
Las organizaciones indicaron que el apoyo económico y la presión para implementar estas políticas para frenar el flujo migratorio de personas provenientes de Centroamérica en México, han venido en su mayoría por parte del país vecino, lo que constituye una violación a los derechos humanos internacionales. Muestras de ello sustentaron, es que no acudió ningún representante del gobierno estadounidense a la audiencia “lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo” dijeron.
 
17/HZM/GG
 

La Secretaría de Gobernación (Segob) determinó decretar el pasado 23 de noviembre, la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del estado de Veracruz, sin embargo, no es una medida suficiente.
 
Así lo señaló en entrevista con Cimacnoticias la representante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (Corason),  Alejandra Jiménez, quien abundó que no están contemplando municipios del estado donde también han ocurrido casos de feminicidio.
 
Papantla es el segundo municipio con más casos en Veracruz (5 en total) sin embargo no lo están incluyendo, dijo la activista. Los municipios donde fue activada la alerta son: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
 
Como ocurre en otros casos, la información brindada por la Fiscalía General del estado no coincide con el monitoreo que ha realizado el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, quien documentó 165 casos de feminicidio en lo que va del año, mientras las cifras oficiales del gobierno veracruzano señalan sólo 38.
 
“Nuevamente no corresponde la información y parece que es intencional decir que son menos”, dijo Jiménez.
 
Cabe recordar que de acuerdo con ONU-Mujeres, Veracruz ocupa el lugar 27 en el listado de estados con el mayor número de presuntos casos de feminicidio.
 
Según el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2014”, que realizó ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), en Veracruz hubo una disminución de casos de feminicidio en un año.
 
En 2014, en la entidad se reportó un descenso de 9.8 por ciento en la tasa del delito de feminicidio con respecto a 2013; sin embargo, la Secretaría de Gobierno de esa entidad quien proporcionó cifras sobre asesinatos de mujeres, omitió señalar que de 2007 a 2014 la tasa de asesinatos de mujeres aumentó en 92.4 por ciento.
 
Y es que en 2014 en la entidad se registraron 90 presuntos asesinatos de mujeres, de acuerdo con el estudio.
 
Por ello, en septiembre de 2009 Equifonía y otras agrupaciones solicitaron la activación de la AVG para la entidad en donde del año 2000 a 2010 se iniciaron 728 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres, según reportó la Procuraduría de Justicia estatal. 
 
La activista también expresó su preocupación por no considerar la AVG a nivel regional, que incluya los municipios que forman parte del corredor de trata de personas, que abarca desde la Costa sur de Veracruz hasta la frontera con Puebla y afecta principalmente a niñas y mujeres.
 
“Es otro de los temas, también hay un problema muy fuerte de trata de personas y nosotras hemos denunciado de manera muy clara, pero es justo la complicidad de las autoridades la que impide que se aborde el problema”, afirmó la integrante de Corason.
 
Otros tipos de violencias que enfrentan las veracruzanas son la falta de atención médica, violación a los derechos sexuales y reproductivos principalmente a mujeres indígenas, pues se han registrado casos de colocación de dispositivos anticonceptivos sin consultarlas.
 
La activista también denunció la falta de atención e información a las madres de personas desaparecidas y violencia institucional.
 
“En general estamos viviendo un escenario muy complicado, pero es evidente que es más difícil para las mujeres, porque es un escenario de violencia hacia ellas”.
 
Dentro de las medidas de seguridad de la Alerta se incluye la recuperación de espacios públicos, la protección a víctimas, mayor patrullaje, operativos en zonas donde se han detectado actos de violencia hacia las mujeres y prevención de la violencia.
 
Además la AVG especifica que se requieren acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena.
 
16/HZM/LGL