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Las instituciones electorales de México se comprometieron a acelerar el empoderamiento, el liderazgo y la plena participación política de las mujeres en los procesos electorales, de toma de decisiones y en los mecanismos de representación social y política.
 
Así lo dijeron representantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el foro “Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México” que se realiza hoy y mañana en la Ciudad de México.
 
A propósito del 63 aniversario del sufragio femenino que se conmemora el 17 de octubre, los organismos electorales así como  ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dialogaron sobre la adopción de reformas legislativas, institucionales y partidarias para contribuir a la consolidación de la democracia paritaria.
 
Al respecto la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos; Carmen Moreno Toscano, dijo que la paridad es la mejor estrategia para aumentar la representación femenina en los parlamentos pero advirtió que las políticas al respecto también deben abordar las dificultades para hacer campañas en medios o para conciliar la vida pública y privada, entre otros temas.
 
Moreno Toscano adelantó además que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se reunirá este martes en México para trabajar en una ley modelo sobre violencia política contra las mujeres que sea referente para todos los países de América que no tengan una regulación para contrarrestar este problema.
 
El titular de la FEPADE -instancia que depende de la Procuraduría General de la República- Santiago Nieto Castillo, expuso que actualmente las mexicanas que participan en política se enfrentan a guerra sucia en campañas, presión para renunciar cuando son electas, actos de violencia física durante los procesos electorales, congelación de salarios si son funcionarias, o acciones para obstaculizar tareas de funcionarias electorales.
 
Con estos antecedentes el fiscal destacó que cada quien, desde sus trincheras, debe insistir en la necesidad de tipificar la violencia política de género, porque muchas veces las agresiones contra las mujeres son actos para restringir sus derechos políticos-electorales y también para menoscabar su dignidad, un fenómeno que debe legislarse para realmente llegar a la paridad de género.  
 
Sobre la democracia, la secretaria ejecutiva del Inmujeres; Marcela Eternod Arámburu, dijo que es vergonzoso que a estas alturas se tenga que defender la laicidad o que las mujeres tengan que pedir de favor que se respeten los derechos, por ello aseguró que no es posible seguir avanzando “a paso de caracol” para consolidar la igualdad cuando existen las condiciones para lograr las grandes trasformaciones.
 
El presidente de la Sala Superior del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, explicó que no se puede permitir un aletargamiento de la democracia paritaria, por eso destacó que un siguiente paso sería fomentar la participación de mujeres como candidatas independientes a cargos de elección, para lo cual se necesita, dijo, implementar un modelo de financiamiento más flexible y ampliar los plazos de firmas y registro de candidaturas.
 
En su turno el consejero presidente del INE,  Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que en los órganos que integran el Sistema Nacional de Elecciones se toma en serio la lógica de la paridad, razón por la cual de manera paulatina ha aumentado la proporción de mujeres en los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, desde donde se vigila el cumplimiento de la obligación de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres en las elecciones.
 
El funcionario destacó que falta mucho por hacer y acotó que la participación política de las mujeres es un desafío normativo, programático y cultural, y por ello este tema tendrá que formar parte de unos de los ejes vertebrales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que se aprobará esta semana.
 
DEMOCRACIA PARITARIA
 
En el mundo, las mujeres representan 27 por ciento de los parlamentos. Por ello, y con el objetivo de llegar a la meta de un “planeta 50-50” para que las mujeres ocupen la mitad de los cargos legislativos, en noviembre pasado el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprobó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria.
 
Este documento elaborado por el órgano que congrega a los parlamentos de la región, se presentó este día durante el foro y servirá como guía para que los países miembros promuevan reformas legislativas en materia de paridad y lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, no sólo en los Congresos. 
 
La Norma Marco indica que la paridad es una medida democratizadora en los poderes públicos pero también establece que debería implementarse en el sector privado, en la academia y en la sociedad civil.
 
De acuerdo con esta ley modelo hay tres ejes que se deben considerar; un Estado que asuma su responsabilidad con la igualdad de género; la paridad debe estar en todos los poderes y estructuras del Estado; y que los partidos y organizaciones políticas transformen sus relaciones y dinámicas de poder.
 
16/AGM/LGL

La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
16/AGM/LGL

Las integrantes de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, se comprometieron a vigilar los procesos electorales de 2017 en los estados de Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México, para que los partidos políticos postulen a las mujeres para competir por cargos de elección y no se ejerza violencia política de género.
 
En un comunicado donde informaron de su tercer encuentro que se celebró este 6 de octubre, las promotoras de la participación política femenina señalaron que con base en su experiencia en observación y vigilancia de procesos electorales anteriores, elaborarán un manual o guía de observación electoral con perspectiva de género que servirá para las próximas elecciones.
 
El próximo año en el Estado de México se elegirá gobernador, en Coahuila gobernador, diputaciones y ayuntamientos; en Nayarit se renovará gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y regidurías; y en Veracruz sólo se votará para elegir ayuntamientos. 
 
Al respecto, las activistas manifestaron su preocupación por el incremento de las agresiones contra mujeres que ejercen cargos de elección popular por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a aprobar de inmediato las reformas necesarias para tipificar la violencia política por razón de género como delito grave.
 
En este encuentro se analizó en detalle la situación que enfrentan María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos mediante violencia política, violencia institucional y violencia social.
 
En fechas distintas, hace mes y medio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata restitución de los derechos políticos de las alcaldesas, pero las sentencias aún no han sido ejecutadas porque las autoridades argumentan que no hay condiciones para hacerlo.
 
La Red hizo un llamado a las autoridades correspondientes a facilitar el proceso para que ambas presidentas municipales puedan reanudar sus funciones y observaron que el cumplimiento de esa sentencia tendrá implicaciones sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas de todo el país.
 
La Red actualmente conformada por organizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Morelos, fue fundada en agosto de 2015 con el fin de promover el avance político de las mujeres y tutelar el principio de paridad de género.
 
En el encuentro también participaron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa y la senadora Martha Tagle.
 
16/AGM/LGL

Las candidatas a magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante, se pronunciaron a favor de que haya más mujeres en órganos electorales y expresaron su compromiso con la imparcialidad judicial. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres aspirantes expusieron sus opiniones sobre la paridad de género en candidaturas, la violencia política de género, los gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, las causales para anular una elección y las candidaturas independientes, entre otros temas.
 
En su presentación, Berenice García Huante, quien fuera secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF, dijo que la paridad (igualdad) de género debe empezar por la casa, toda vez que, criticó, en el máximo organismo jurisdiccional electoral hay pocas mujeres en cargos de dirección.
 
“Si bien ya tenemos un acuerdo de carrera judicial donde se promueve la participación de las mujeres para integrar las ponencias y ser parte de secretarias de estudio y cuenta en la Sala Superior, lo cierto es que en los hechos hay muy pocas”, dijo frente a las y los senadores.
 
Para fomentar la participación femenina en este órgano la candidata propuso medidas como crear un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) para apoyar a las madres que trabajan en la Sala Superior ya que en un proceso electoral todos los días y horas son hábiles; y planteó crear una agenda para defender los derechos político- electorales de mujeres y personas con discapacidad. 
 
Además agregó que los tomadores de decisiones pueden interpretar las leyes y los tratados internacionales para promover la paridad en la integración de autoridades electorales y acotó que las mujeres que participan en el actual proceso de elección para elegir a siete magistrados no están ahí por cubrir una cuota sino por su capacidad.
 
García Huante, quien tiene 14 años de experiencia en materia electoral, aseguró además que una forma de garantizar la protección de los derechos político-electorales es cumplir con el Protocolo para Atender la Violencia Política de Género contra las Mujeres y capacitar para que los juzgadores lo apliquen en sus sentencias.
 
La aspirante también se pronunció por mantener los sueldos de las y los magistrados, por retirar algunas prestaciones que son  excesivas e innecesarias para desempeñar el cargo, hacer que el TEPJF sea un organismo más abierto y trasparente, y por tomar en cuenta resoluciones de organismos internacionales cuando estos hagan referencia a México.
 
“NO ME SIENTO DISCRIMINADA”
 
En su turno, la magistrada de circuito adscrita al Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, María del Pilar Parra Parra, destacó la labor del Senado que en 2014 aprobó la reforma en materia político- electoral que elevó a rango constitucional la paridad de género, principio que la Sala Superior ha defendido.
 
Al ser cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre la resolución de la Sala Superior del TEPJF que determinó que luego de la muerte de Mónica Arriola Gordillo su curul en el Senado correspondía a Manuel Cárdenas Fonseca y no a una mujer, la candidata dijo desconocer el caso. 
 
Parra Parra también habló sobre el proceso de selección donde de 20 mujeres que se inscribieron solo seis pasaron a la última etapa. Aunque para algunos legisladores fue un desatino agruparlas en dos ternas porque así se cerraba la posibilidad de elegir a más ciudadanas para ocupar uno de los siete cargos, la candidata dijo no sentirse discriminada.
 
 “Con toda honradez le debo decir que no me siento discriminada, al contrario, me siento sumamente halagada, me siento sumamente reconocida”, dijo.
 
Respecto a la publicidad y propaganda encubierta, dijo que hay veces que por la actividad pública del personaje político éste tiene que difundir sus actividades y señaló que hay una línea muy tenue entre la publicidad de gobierno y la personal; y finalizó diciendo que ha sido cuestionada por sus decisiones judiciales pero prefiere olvidar los “periodicazos”.
CREAR UN MEDIADOR ELECTORAL
 
La titular de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, también se pronunció a favor de más mujeres en este organismo y consideró que en este proceso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de hacer la primera selección, se limitó al integrar a las seis mujeres en dos ternas.  
 
Otálora Malassis, quien promovió la defensa de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, que fue obligada a pedir licencia al cargo y luego fue restituida en el cargo por una sentencia judicial, dijo que los organismos públicos también tienen responsabilidad para que más mujeres ocupen estos cargos.
 
La también magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, cuestionó por qué solo 20 mujeres se inscribieron en este proceso y aseguró que una forma de fomentar la participación femenina es implementar medidas como que cada ponencia (grupo de personas que trabaja con un magistrado o magistrada) sea integrada de manera paritaria. 
 
La candidata expuso que de 16 secretarios instructores en la Sala Superior, sólo 4 eran mujeres, de las cuales tres lograron ser magistradas, lo que significa que fomentar su integración en estos cargos y su profesionalización genera condiciones para ocupen altos puestos.
 
Agregó que otra medida es crear un Centro de convivencia en el Tribunal Electoral como se hizo en la Sala Regional para que las mujeres puedan llevar a sus hijos, en particular cuando hay procesos electorales donde las sesiones se amplían.
 
Además Otálora Malassis, expuso que en la actualidad hay una judicialización de la vida política, es decir, que cada vez más las diferencias dentro de los partidos se llevan a los tribunales lo que es un signo de confianza en las instituciones pero también una señal de que una excesiva regulación fomenta la cultura de la desconfianza.
 
En este escenario y de cara a las elecciones de 2018 donde se elegirán gobernadores, se renovarán las Cámaras del Congreso de la Unión y habrá elección presidencial, previó que la carga de trabajo será mayor por lo que propuso crear una figura del “mediador electoral”.
 
Destacó que este mediador se encargaría de dirimir los conflictos que se dan dentro de los partidos políticos y que ahora llegan a los tribunales a través de juicios para la protección de derechos político- electorales, la tarea de este nuevo mecanismo sería facilitar el diálogo y la conciliación para evitar la judicialización de los procesos.  
 
La Comisión de Justicia continúa con las comparecencias, toda vez que aún falta conocer dos ternas más para que se realice un dictamen que se mande al pleno, donde las y los senadores elegirán a los próximos siete integrantes de la Sala Superior que deberán comenzar funciones en noviembre próximo.
 
16/AGM/LGL
 

Convencida de que ha sido violentada en sus derechos políticos al no permitirle ejercer las funciones para las que fue electa en junio de 2015 en su natal Oxchuc, Chiapas, la alcaldesa recientemente restituida en su cargo, María Gloria Sánchez Gómez, afirma categórica: “tenemos que dialogar, el camino es el diálogo y la reconciliación. Yo no iré a pelear por el palacio municipal, si tengo que trabajar en una banqueta pues trabajaré en una banqueta”.

El pasado 31 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó restituir en su cargo a la alcaldesa, quien el pasado 4 de febrero fue obligada a pedir licencia indefinida; sin embargo, hasta ahora no puede entrar a la oficina municipal ni disponer de los recursos de la alcaldía porque sus opositores no quieren que ejerza el cargo.

“La resolución es muy clara: el Gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, el Congreso, deben crear las condiciones para que estos grupos inconformes me permitan reestablecerme en la oficina de la presidencia municipal”, señala en entrevista con Cimacnoticias.

La indígena tzeltal asegura que continuará con su proyecto de gobierno, aunque tenga que despachar como lo hace ahora, desde la localidad de Buenavista, cerca de su municipio, así lo dijo este 22 de septiembre luego de participar en la presentación del libro “Desde mi piel”. Historia de vida de veinte mujeres de Chiapas en política, coordinado por la periodista y activista Elva Narcia Canciano y editado por el Senado, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Glifos Comunicación.

Ante este atropello de sus derechos político-electorales, la también licenciada en Contabilidad Pública, con maestría en Administración y quien fue electa el 17 de junio de 2015 para ser alcaldesa, se presentó en el Senado donde pidió al senador chiapaneco del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, que interceda para que pueda disponer de los recursos destinados para su municipio.
 
Con el “bastón de mando” que las comunidades indígenas dan a sus gobernantes como símbolo de autoridad elegida por el pueblo, María Gloria sostiene que en Chiapas un grupo tomó por asalto el poder sin respetar el orden de la vida pública; pese a ello, hace un llamado para la reconciliación y la paz social.   
-Anayeli García Martínez (AGM): Usted fue la primera mujer en gobernar Oxchuc, ¿Por qué contendió en 2004 y porque ocupar el cargo de nuevo?

- María Gloria Sánchez Gómez (MGSG): Porque la gente me tiene confianza. Desde muy pequeñita salí de comunidad, nunca dejé mi comunidad a pesar de que emigré a muy temprana edad a los 10 años, a buscar trabajo, a seguir preparándome. Ya siendo profesionista comencé a gestionar proyectos para las comunidades, así la gente me fue conociendo, la gente me propuso, ha visto mi trabajo.

“Con este cargo que tengo en este momento no quiero quedar mal con la ciudadanía, tampoco les echo mentiras, lo que se puede cumplir se dice y lo que no para qué prometerlo”.

María Gloria Sánchez Gómez, alcaldesa recientemente restituida en su cargo | CIMACFoto: César Martínez López

- AGM: Le quedan prácticamente dos años de gobierno ¿en este tiempo cuál es su proyecto para el municipio?

-MGSG: Lo que demanda mucho la gente es vivienda, eso es lo que vamos a atender en este poco tiempo que nos queda, lo que es la atención de aguas, caminos, electrificación y sobre todo la reconciliación porque si no hay reconciliación pues es difícil.

“Algo que es muy importante y lo estoy fomentando es el perdón porque nos hicieron tanta violencia, no sólo a mí, al pueblo, a la ciudadanía. Ya no hay que mirar hacia atrás sino hacia adelante, sí hacer una referencia de qué cosa ha pasado pero hay que perdonar porque si seguimos cargando con ese rencor, con ese resentimiento, no vamos a ir a un buen camino”.

-AGM: ¿Cree que se pueda lograr su proyecto político a pesar de que continúa la oposición y la violencia?

- MGSG: Pienso que sí, siento mucho positivismo y confío en Dios y en la gente. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y a mis adversarios también: que se pongan a reflexionar, la violencia no será el camino, tenemos que apostarle a la paz. Lo que pasó ya pasó y sí, nos duele, pero tenemos que sanar esas heridas poco a poco y sobre todo que haya perdón.

- AGM: Pero ni siquiera la dejan entrar a la oficina del Ayuntamiento…

-MGSG: Tienen tomado el palacio municipal pero eso es tarea del Gobierno del estado porque formaron una Comisión Especial de diálogo para atender a los inconformes y espero que el Gobierno del estado haga su trabajo con ellos.

DIVISIÓN SOCIAL

Después de la renuncia de María Gloria, el pasado 15 de febrero el pueblo organizó una Asamblea Comunitaria para determinar quién ocuparía la presidencia municipal, como resultado fue designado Óscar Gómez López. Ahora la comunidad se divide entre los que aseguran que la alcaldesa electa debe gobernar y los que quieren que el dirigente sea un hombre.

Al respecto dice: “Ni Oscar ni Juan Encinos (líder de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc) participaron en la contienda electoral. Ahora ellos dicen `no queremos partidos políticos´. No creo que al señor (Juan Encinos) se le haya olvidado que él fundó todos los partidos políticos. Primero Funda el Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, luego el PRD, luego crea una organización, Tres Nudos, y ha hecho el problema.

“Él ya fue presidente municipal, él también quiere repetir, está bien, es su derecho que quiera aspirar, es sano, pero no a través de la violencia. Él era síndico municipal y luego sube a presidente interino y cuando fue presidente municipal tomó venganza con sus adversarios políticos, esto que a mí me hizo ya lo había hecho anteriormente”.

- AGM: La comunidad de Oxchuc eligió a otra autoridad en una Asamblea y sus opositores dicen que reconocerla como alcaldesa violenta la autodeterminación de los pueblos indígenas.

- MGSG: Cuando yo contendí por la presidencia municipal gané. Primero por un proceso que se llama usos y costumbres. Se llama asamblea municipal o plebiscito, fue en el mes de mayo de 2015. Primero fui electa por usos y costumbres después de eso me tuve que registrar en un partido político que fue el Partido Verde.

“Me registro a finales de junio, hago la campaña. En mi municipio están presentes los once partidos políticos, cada partido político a través de los usos y costumbres eligieron su candidato, por asamblea o plebiscito. Nos registramos todos en un partido político, nos vamos a la siguiente contienda que es la elección constitucional a través de partidos políticos, reglamentado por el Instituto Electoral del estado de Chiapas.

María Gloria Sánchez Gómez, alcaldesa de Oxchuc | CIMACFoto: César Martínez López

“Gano esa elección con 10 mil 300 votos, el que me siguió en segundo lugar fue el Partido de Nueva Alianza con 6 mil 989 votos.  Es así como se fueron dando los resultados, entonces resulta que se inconforman pero ya después de la elección. Cuando tomo protesta me comienzan a hacer violencia y subió de grado hasta llegar a la quema de viviendas, a secuestrar a los habitantes de la cabecera municipal y pues bueno un sinfín de violencia, bloquearon la carretera federal (…)”.

- AGM: ¿Quiénes han realizado estos actos de violencia?

- MGSG: Estas personas que encabezan este movimiento que se llama Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc, pues ni paz ni justicia porque ellos fueron lo que quemaron nuestras casas. Son los que asaltaron el poder y les dieron la presidencia municipal interina por seis meses.

- AGM: La Comisión estuvo en la Ciudad de México para denunciar que usted sólo quiere el poder porque ya fue presidenta municipal.

- MGSG: Fui presidenta municipal de 2005 a 2007 pero fui por elección constitucional, no es imposición, me gané el voto de la ciudadanía como muchos otros presidentes, diputados, que han repetido el cargo pero no seguido, al año siguiente, van a elección y si hay elección es legal. Yo gané por una elección de usos y costumbres y luego la elección constitucional.

“Ahora, que ellos no quieran reconocer porque no ganó su candidato tampoco eso es justificable, como ya pasó una elección constitucional ahora dicen que quieren usos y costumbres, un plebiscito. No es a la hora que uno quiera sólo porque no ganó el que yo quiero. Ese no es el camino”.
-AGM: Además de las acusaciones usted tiene una orden de aprehensión.

 -MGSG: Sí, exactamente. Fue para que me presionaran para que metiera mi renuncia, estaba la Procuraduría atrás de mí. Eso es algo que también he pedido al Gobierno del estado que resuelva, mi situación jurídica. Se me acusa que dañé a una persona en 2010 y quieren aprovechar la situación. Le llaman atentado contra la paz, ¡cómo voy a atentar contra la paz! si mi visión como ser humano es la paciencia.

Sobre etas acusaciones la también ex secretaria de Pueblos Indios en Chiapas durante el gobierno de Roberto Albores Guillén en 1998 y ex directora del Instituto Estatal de las Mujeres en 2009, dice que no va a optar por la violencia y asegura confiar en las instituciones y en las leyes para que pueda ejercer sus derechos político-electorales.

16/AGM/LGL

Mañana 15 de septiembre se iniciará en la Ciudad de México un proceso histórico para conformar el modelo de ciudad que queremos. De entrada no necesariamente iniciamos con los dos pies bien plantados en la democracia, la desigualdad lleva delantera, esperemos que esto se pueda revertir en los 4 meses restantes.
 
Con las designaciones hechas el día de ayer entre el Ejecutivo Federal, Ejecutivo local y la Cámara de Senadores, de un total de 100 Asambleístas Constituyentes, 47 son mujeres y 53 hombres. En plena era de la paridad, ésta quedó hecha a un lado.
 
De acuerdo con las reglas del juego -que en sí mismas alimentan la desigualdad- de los 100 asientos que conforman la Asamblea Constituyente, 60 fueron elegidos el pasado 5 de junio por voto directo (30 mujeres y 30 hombres) y 40 fueron reservados para ser designados de la siguiente manera: seis por el Ejecutivo Federal; seis por el Jefe de Gobierno; 14 por el Senado y 14 por la Cámara de Diputados.
 
Las Cámaras de Diputados y Senadores son las instancias con menos respeto a la paridad, pues de 28 lugares entre ambas instancias sólo 11 fueron designadas para mujeres, la más desigual es la Cámara de Diputados pues de 14 sólo designó a cinco mujeres, hay que recordar que el partido Morena no designó a nadie. En el senado, de 14 lugares 6 fueron para mujeres.
 
Contradictorio que ambas instancias, las mismas que votaron la reforma constitucional para garantizar la paridad en el artículo 41 de nuestra Constitución, sean las que violen este precepto que busca garantizar el principio de igualdad y proteger los derechos políticos de las mujeres.
 
Quienes sí cumplieron con la paridad fueron tanto el Ejecutivo Federal como el Jefe de Gobierno, en ambos casos se nombraron tres mujeres y tres hombres.
 
Mucho ha costado a las mexicanas abrir espacios y garantizar sus derechos políticos. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados el mayor número de legisladoras  gracias a la paridad, sin embargo, esta mayoría no logró blindar el principio por el cual ellas llegaron a la diputación, y se disciplinaron a las designaciones partidarias que resguardan los privilegios masculinos.
 
Estuvimos a un tris de lograr la paridad pero no lo logramos por varias razones: una porque aún cuando está mandatada en la Constitución, no hay todavía la voluntad política de los partidos políticos para cumplir con este mandato constitucional.
 
Tampoco se logró la paridad porque no todas las legisladoras se suman a defender los Derechos Humanos de las mujeres y prefieren disciplinarse a la lógica masculina de la disciplina partidaria, con la esperanza de seguir recibiendo las dádivas del patriarcado. Otras, sin duda dieron la batalla y gracias a ellas no pasó la aplanadora machista.
 
El reto es grande para las mujeres feministas que abiertamente asumen su compromiso con los Derechos Humanos de las mujeres y que por suerte están en la Asamblea Constituyente, a ellas hay que acompañarlas para garantizar que los derechos de las humanas estén resguardados y protegidos en nuestra Constitución.
 
Si aún plasmándolos son incumplidos, no nombrarlos sería la puerta abierta para la impunidad, la desigualdad y el abuso, de eso tenemos muchas historias, de lo que se trata ahora es reescribir las reglas del juego partiendo de que la igualdad es el principio por excelencia que nos llevará a la modernidad democrática que nos urge.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL
 

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la fundadora de la organización INCIDE Social, Clara Jusidman Rapoport; y la académica del Centro de Investigación en Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni, serán diputadas constituyentes.
 
Este martes el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, designó a las tres mujeres y tres hombres para estar en la Asamblea Constituyente que se instalará el próximo 15 de septiembre para debatir y aprobar la primera Constitución Política de la capital del país.
 
La lista de nombres también incluye al comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo; al senador Alejandro Encinas, y al doctor en Ciencias Políticas, Alejandro Chanona. Con este anuncio sólo falta que Enrique Peña Nieto informe quienes serán las seis personas designadas por la Presidencia de la República.
 
El decreto que transformó el Distrito Federal en Ciudad de México indica que el borrador de la Carta Magna local será elaborado por el Jefe de Gobierno y después aprobado por una Asamblea Constituyente que se compondrá de 100 diputadas y diputados, de los cuales 60 fueron electos y 40 designados.
 
Con el anuncio de Miguel Ángel Mancera del total de diputaciones constituyentes –entre funcionarios electos y designados– suman 91 personas, de las cuales 44 son mujeres y 47 hombres. Cabe decir que sólo falta que la Presidencia nombre a 6 personas y el Congreso a 3 más. 
 
En este contexto en agosto pasado diputadas electas que debatirán  la Constitución Política local llamaron al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno, a garantizar que este Congreso tenga 50 por ciento de mujeres.
 
Cabe decir que Sánchez Cordero fue una de las defensoras del derecho a decidir sobre la maternidad en la capital del país cuando se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación: mientras que Jusidman Rapoport y Magaloni (quien participó en el proceso para escribir el borrador de Carta Magna) se han mostrado a favor de causas sociales.
 
Por su parte este lunes personas de la sociedad civil organizada, diversos académicos y artistas de la Ciudad de México, publicaron un desplegado para mostrar su descontento por lo que calificaron “la imposición” de integrantes a la Constituyente, pues aseguraron que la mayoría de los perfiles responden a intereses políticos y no ciudadanos.
 
En este sentido personalidades como Alejandro Encinas, Alicia Elena Pérez Duarte, Lydia Cacho, Sergio Aguayo, Patricia Olamendi, Alejandro Madrazo Lajous y Clara Jusidman  Duarte, pidieron al Congreso designar a la senadora ciudadana Martha Tagle Martínez como diputada constituyente.
 
Las y los firmantes dijeron que además de ser política, es activista social y actualmente como legisladora ha acompañado diversas causas ciudadanas que demandan el fortalecimiento del Estado de Derecho en un marco de Derechos Humanos, además de que su inclusión fortalecería la participación política de las mujeres.
 
16/AGM/LGL
 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, presentará este martes ante el pleno, un punto de acuerdo para asegurar más espacios para mujeres en los siguientes procesos de selección de candidaturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña Gómez explicó que el objetivo del punto de acuerdo es dejar un antecedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien es la encargada de conformar las ternas de candidaturas para el cargo de magistrado, integre a más mujeres y conforme ternas mixtas.
 
Cabe recordar que las candidaturas para ocupar un cargo de magistrado se dieron a conocer el 5 de agosto de 2016. Era una lista de 126 personas, entre ellas 20 mujeres, que reunían los requisitos de la convocatoria. Después el grupo se redujo a 42 finalistas, donde quedaron 10 mujeres.
 
Tras  las comparecencias que se celebraron este 22 y 23 de agosto, la Suprema Corte redujo la lista a 21 aspirantes, incluidas seis mujeres que cumplieron con los méritos curriculares y el perfil para desempeñar el cargo.
 
El pasado 29 de agosto, el alto tribunal propuso 7 ternas para la elección de igual número de integrantes de la Sala Superior del TEPJF de las cuales, dos son integradas exclusivamente por mujeres.
 
Actualmente el Senado se encuentra en etapa de revisión y análisis curricular de las candidaturas. Después, quienes aspiran a pertenecer a la Sala Superior del TEPJF, presentarán un ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado, quien les realizará una entrevista y serán sometidos nuevamente a una elección de sus trayectorias y desempeño, explicó Angélica de la Peña.  
 
La legisladora agregó que aunque este punto de acuerdo ya no beneficiará a las candidatas que participan en el actual proceso, sí representa un antecedente para los siguientes y es, además, un “asunto de justicia”, ya que dijo, “es derecho de las mujeres ocupar un cargo de representación y con poder para la toma de decisiones”.
 
Indicó que así como en el Artículo 41 de la Constitución Mexicana las legisladoras incorporaron el principio de paridad para que las mujeres tengan el derecho de participar en la política asegurando el 50 por ciento de espacios en las candidaturas de las planillas electorales, así se debe legislar para que la SCJN asigne espacios a las mujeres no por voluntad política, sino en obediencia a un mecanismo que procure los derechos políticos de las mujeres.
 
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Con las mujeres que en estos meses tomarán posesión como diputadas y alcaldesas, habrá en México más mujeres que nunca en cargos de elección popular.
 
De acuerdo con la experta en derechos políticos de las mujeres, Teresa Hevia Rocha, este año habrá 12 legislaturas con paridad numérica -o casi-: siete de los procesos electorales de 2015 y cinco más resultado de las elecciones de 2016. Eso sin contar aún aquellos casos en los que está pendiente alguna resolución de tribunales.
 
Los datos recabados por Hevia Rocha y por Adriana Favela, consejera del INE, entregan un panorama muy satisfactorio.
 
Dos entidades la rebasaron: Campeche (57 por ciento) y Querétaro (52 por ciento). Este último caso es el más notable, porque en 2013 las mujeres apenas ocupaban 8 por ciento de las curules.
 
Le siguen Baja California Sur y Aguascalientes (48 por ciento), Oaxaca (47 por ciento) Zacatecas (46 por ciento), Sinaloa y Ciudad de México (45 por ciento) Guanajuato y Quintana Roo (44 por ciento), y Colima y Michoacán (40 por ciento).
 
Hay otras entidades que, sin alcanzar paridad, registraron aumentos muy importantes en sus Congresos. Nuevo León pasó de 17 a 38 por ciento; Durango y Estado de México, de 17 a 37 por ciento. Guerrero, de 19 a 39 por ciento; Sonora de 21 a 39 por ciento; y San Luis Potosí de 19 a 33 por ciento.
 
En otros estados las mujeres aumentaron su presencia de manera más modesta. Jalisco pasó de 23 a 31 por ciento, y Yucatán de 24 a 26 por ciento.
 
Y sólo en tres Congresos hubo retrocesos: Chiapas, que pasó de 43 a 39 por ciento; Morelos, de 23 a 20 por ciento; y Tabasco, de 42 a 33 por ciento.
 
En el ámbito municipal, sumados los procesos electorales de 2015 y 2016, también se observa un destacable aumento. Con datos de la Red Nacional Mujeres en Plural y de la consultora Teresa Hevia Rocha, cinco estados tendrán paridad -o casi- en las presidencias municipales.
 
De manera destacada Quintana Roo con 45 por ciento de sus ayuntamientos presididos por mujeres, y Querétaro con 44 por ciento. Le siguen Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas con 40 por ciento cada uno.
 
Los aumentos más notables los registran Quintana Roo y Baja California, pues en 2013 ninguna mujer era presidenta municipal.
Otro caso es Chihuahua. Aunque no alcanzaron paridad, las mujeres pasaron de gobernar 3 por ciento de sus municipios en 2013 a 37 por ciento en 2016.
 
Chiapas también llama la atención, en especial por la burda manera en que se intentó incumplir con la paridad, y la memorable defensa que hiciera la Red por la Paridad Efectiva (Repare). Las mujeres pasaron de ocupar 2 por ciento de presidencias municipales en 2012 a 29 por ciento en 2015.
 
También Zacatecas registró un aumento espectacular: 27 puntos porcentuales. Pasaron de ocupar 1 por ciento de sus presidencias municipales en 2013 a 28 por ciento en 2016.
 
No todas las entidades entregaron buenas cuentas en este ámbito: Campeche, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como la Ciudad de México en sus delegaciones, se fueron a la baja en comparación con el periodo inmediato anterior.
 
Este primer corte de caja muestra saldo a favor. Las reformas legales, la presión de grupos organizados, el cabildeo de senadoras y diputadas, la defensa en tribunales electorales, particularmente en el federal, han permitido que la paridad arribe. Más mujeres que nunca en el país ocuparán cargos que, en el periodo electoral anterior, eran improbables.
 
Es cierto que todavía hay que afianzar la paridad legal y, luego, apuntalarla para que no haya retrocesos. Y también es cierto que ocupar el cargo no necesariamente significa gobernar en realidad. Pero el primer paso es indispensable: ocupar el cargo. Y en eso las paritaristas estamos entregando buenas cuentas.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
16/CLT/LGL

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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