paridad

La 63 Legislatura de la Cámara de Diputados es el parlamento con el mayor número de mujeres en México (212 legisladoras) y aunque su presencia es significativa no ejercen el poder político en igualdad de condiciones que sus pares varones toda vez que no ocupan la dirección de comisiones ni aprueban leyes y reformas.

Ese fue el resultado de una investigación realizada por la profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, Aidé Hernández García, quien analizó la preparación académica de legisladoras y legisladoras federales, su experiencia partidaria y su trabajo parlamentario en el primer año de la Legislatura.

La investigación titulada “Mujeres en la política” menciona que la paridad de género hizo que en 2015 más mujeres llegaran a la Cámara de Diputados, mujeres preparadas académicamente, con experiencia partidista y legislativa; por tanto, el argumento de que con la cuota de género llegan mujeres sin experiencia y que no son competitivas frente a los hombres es falso.

Como antecedente, la Cámara de Diputados comenzó funciones en 2015, integrada por 42.6 por ciento de mujeres legisladoras, quienes concluirán sus trabajos en 2018. La integración de la Cámara baja fue el resultado de la reforma constitucional en materia política-electoral promulgada en 2014 que legisló la paridad de género (50-50) en candidaturas.

Uno de los argumentos más recurrentes para cuestionar la incursión de las mujeres en política es que las mujeres electas, en este caso para ser diputadas federales, no están preparadas o no tienen experiencia en sus partidos políticos; sin embargo, el estudio muestra que la cultura machista no permite una igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados, a pesar de la cuota 50-50.

El trabajo de Hernández García señala que en general quienes fueron electas y electos para ser legisladores en San Lázaro durante el periodo 2015-2018 tienen un nivel académico similar. Sólo 11.7 por ciento de mujeres y 12.8 por ciento de varones no tienen grado académico.

Las diferencias de nivel educativo son mínimas; por ejemplo, 58.2 por ciento de mujeres y 61.6 por ciento de hombres tienen licenciatura; 26.2 por ciento de mujeres y 20.9 por ciento de hombres tienen maestría; y 3.7 por ciento de mujeres y 4.5 por ciento de hombres tienen doctorado.

En un trabajo previo la investigadora analizó el caso de las diputadas de Guanajuato y encontró que quienes participaban en política eran jóvenes o mujeres de mayor edad porque durante la crianza de hijas e hijos y en cierta edad no podían ser legisladoras o participar en política porque estaban encargadas del cuidado y las tareas domésticas.

Esto ayuda a entender, explica la investigadora, por qué las diputadas federales de la 63 Legislatura federal son, en comparación con los hombres, más jóvenes. Actualmente un 26 por ciento de diputadas federales tiene entre 31 y 40 años de edad; 15 por ciento tiene entre 51 y 60; y 9 por ciento entre 61 y años de edad, etapa donde ya cumplieron con su rol de género asignado socialmente.

Respecto a la experiencia política, Hernández García acotó que a las mujeres se les exige tener más experiencia en sus partidos y de acuerdo con la revisión de las trayectorias de los parlamentarios, la mayoría de las diputadas han ocupado cargos en el partido, mientras que los hombres no.

En el caso de la Cámara de Diputados los varones tienen menos experiencia partidaria que ellas pero los hombres tienen más experiencia en el legislativo, lo cual en opinión de la académica es lógico ya que los hombres son los que, principalmente, llegaban a estos órganos de representación política.

“Se confirma que mientras las mujeres tienen que demostrar trabajo en sus partidos, a los varones no se les exige tanta experiencia para ser candidatos, lo anterior deja ver la desconfianza que aún existe en las mujeres para ocupar estos cargos, lo cual es parte de la cultura patriarcal”, destaca Aidé Hernández.

Aunque solo 90 mujeres de 212 que fueron electas en 2015 tenían experiencia legislativa, las mujeres que se incorporaron al Congreso debido a la cuota 50-50, demostraron mayor trabajo en la creación de iniciativas que los hombres. En el primer año, 79 por ciento de varones y 84.5 por ciento de las mujeres presentaron iniciativas.

Sin embargo, la investigadora señaló que uno de los problemas es que las mujeres aún tienen más de desconocimiento, en general, de los procesos legislativos y sigue presente una cultura patriarcal de tipo machista que favorece a los varones en las redes y en el cabildeo, tanto para lograr la presidencia de la mayoría de las comisiones como en la aprobación de sus iniciativas.

La académica encontró que en el primer año de la Legislatura, los hombres acumularon mil 14 iniciativas, de estas sólo 8.5 por ciento fueron aprobadas, por el otro lado las mujeres lograron presentar 891 iniciativas pero de estas sólo se aprobaron 5.7 por ciento.

Es por ello que Hernández García destacó que la paridad llevó a que, contrario a lo que se cree,  al legislativo llegarán mujeres con experiencia y preparación académica, el reto, sostuvo, es que estén presentes en todas las comisiones y se siga combatiendo la cultura patriarcal para que mujeres y hombres tengan resultados parlamentarios similares.

17/AGM/

En América Latina siete mujeres han sido presidentas y si bien es importante la presencia femenina en cargos ejecutivos de alto nivel para transmitir la idea de que ellas pueden gobernar, también hay que tomar en cuenta que no reflejan a la mayoría de las mujeres que hacen política en un país.

En opinión de la profesora-investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, Mariana Caminotti, tener presidentas es un fenómeno interesante porque se trata de personas con trayectorias excepcionales que trasmiten un mensaje: que las ciudadanas pueden y deben ser mandatarias.

En América Latina, Nicaragua (1990), Panamá (1999), Guyana (1997), Chile (2006 y 2014), Argentina (2007), Costa Rica (2010) y Brasil (2010) han sido gobernados por mujeres; y en el Caribe  Haití, Guyana, Bahamas, Dominica, Antillas Neerlandesas, Jamaica y Trinidad y Tobago, han tenido presidentas o primeras ministras.

Sin embargo, la también autora de investigaciones como “Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil” destacó en entrevista que las presidentas no son representativas de la situación general, es decir, se convierten en símbolos pero advierte que hay que mirar más allá porque el país que gobiernan no necesariamente tiene igualdad de género.

En la región, Michelle Bachelet de Chile (actualmente presidenta de su país por segunda ocasión); Cristina Fernández de Argentina; Dilma Rousseff de Brasil (destituida antes de terminar su mandato); y Laura Chinchilla de Costa Rica, son mandatarias cuestionadas por su desempeño, incluso odiadas por parte de la población.

A decir de Caminotti hay que tomar en cuenta que la presencia femenina en este cargo de alto nivel se enfrenta con contextos particulares y aunque tienen una trayectoria excepcional “no reflejan la trayectoria de las mujeres que hacen política en el país”, expuso.

Por ejemplo, Bachelet gobierna Chile, un país con un Congreso masculinizado, con dificultades para avalar normas relacionadas con los derechos de las mujeres, tanto que apenas hace dos años, en 2015, se aprobó una ley de cuotas que impone que las agrupaciones políticas tengan 40 por ciento de mujeres candidatas mientras otros países ya transitaron a la paridad (50-50). 

En México cinco mujeres han competido por la Presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González,  Marcela Lombardo, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota, sin embargo ninguna ha sido electa.

MUJERES NO PARTICIPAN

Uno de los argumentos de las agrupaciones políticas para tratar de evadir su obligación de reservar lugares para que las mujeres sean candidatas a cargos de elección es que ellas no quieren participar. Al respecto, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dice que hay una parte de verdad en esta afirmación.

“Mi primer trabajo de investigación fuera de Argentina fue en Brasil. Los actores políticos decían: no hay mujeres, de dónde las sacamos, no quieren ser candidatas. Y entendí que es cierto, que no querían ser candidatas y que era muy racional que no quisieran”.

Una de las causas, explicó Caminotti, es que en Brasil las listas son abiertas. Es decir, el partido presenta una nómina de candidatos pero el votante elige sólo uno. No elige a las personas anotadas en toda la papeleta. “Entonces, el éxito electoral depende de cómo hagas tu campaña, del dinero que puedas invertir en tu campaña y del tiempo que le puedas dedicar”.

En este caso, las mujeres deben tener tiempo y recursos económicos para aventurarse a incursionar en un proceso político intenso pero además deben conocer el escenario de la competencia;  pero otra causa para no participar es tener un entorno partidario muy hostil donde sean marginadas a partir de prácticas explicitas o implícitas.

A pesar de ello cada vez hay más mujeres en cargos de gobierno y legislativos. Bolivia es el segundo país del mundo con más presencia de mujeres en su Cámara de Diputados con 53 por ciento de mujeres y en México la Cámara baja está conformada por 42.4 por ciento.

Aunque hay excepciones como Costa Rica donde la legislación incluyente de la paridad no fue tan exitosa porque el sistema de partidos se fragmentó y se crearon muchos partidos políticos que podían conseguir pocos lugares en el parlamento, además en estos casos las primeras posiciones, con probabilidades de triunfo, fueron encabezadas por hombres.

17/AGM

En una década las mujeres han conseguido ir plasmando la paridad de género en las leyes electorales de América Latina a fin de acceder a la mitad las candidaturas a cargos de elección pero aún enfrentan obstáculos como la falta de tiempo y dinero para acceder al poder político.

México junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua han consagrado la paridad en su legislación; sin embargo, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Mariana Caminotti, afirma que este principio debe acompañarse de cambios estructurales.

La también profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en el país sudamericana y quien se ha dedicado a realizar estudios políticos desde una mirada feminista, advierte en entrevista con Cimacnoticias que hay que pensar la paridad más allá de lo estrictamente electoral.

En 1991 Argentina fue el primer país de la región en aprobar una ley de cuotas de género (30 por ciento) aunque no ha legislado la paridad (50-50) a nivel nacional como lo hicieron otros países. En la actualidad siete estados argentinos contemplan este principio en sus normas locales.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

A partir de los años 80, expone Caminotti, los países de América Latina vivieron procesos de transición democrática. En muchos casos destacó la participación social y política de las mujeres desde la sociedad civil organizada o desde los movimientos sociales y de Derechos Humanos.

En Argentina, por ejemplo, están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres con familiares desaparecidos por la dictadura militar que se agruparon y salieron al espacio público para reclamar el retorno de la democracia. En varios países los movimientos que lucharon contra las dictaduras fueron movimientos con muchas mujeres.

Cuando los países latinoamericanos salieron de la dictadura, expone la politóloga, las mujeres ya estaban en las bases de los partidos políticos pero no en las instituciones, no eran parte de la oferta electoral de los partidos, es decir, no eran candidatas y tampoco eran electas.

En este contexto, a partir de 1991 surgieron las leyes de cuota de género en postulaciones como una acción afirmativa para generar condiciones de participación para las mujeres que ya estaban en procesos políticos y para hacer que otras se interesaran en incursionar en este ámbito.

“La idea que hay detrás (de la paridad) es que se necesita la participación del conjunto social y las mujeres no pueden estar excluidas de esos espacios de participación”, señala Caminotti.

HITO HISTÓRICO

De 2007 en adelante hubo un hito importante en American Latina a partir del Consenso de Quito que se firmó en 2007 durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina. En este documento por primera vez se planteó la paridad como una nueva meta para alcanzar la igualdad real en las estructuras de poder.

Después de experimentar las leyes de cuota se comprobó que las mujeres ampliaron su acceso a los puestos decisión, sobre todo en cargos legislativos, pero también se vio que los partidos políticos hicieron todo lo posible para explotar los huecos de las legislaciones y evitar que los hombres con más poder en las estructuras internas perdieran sus privilegios.

“En México han tenido un montón de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, Las Juanitas, el caso de la renuncia de las mujeres que lograron acceder al cargo. Es un ejemplo emblemático para la región”, destaca la analista al referirse al caso de las legisladoras electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar para ceder su lugar a sus suplentes varones.

“En ningún lugar los partidos voluntariamente aceptaron esto (postular a las mujeres) sin resistencias. Esas resistencias llevaron a que todas estas leyes de cuotas tuvieran que ser reformadas”, destaca. Las normas fueron modificadas para asegurar que se cumpliera el propósito incluyente de la ley.

Ante los límites de las cuotas a partir de 2007 se planteó abiertamente la posibilidad de implementar la paridad. “La paridad lo que hace es sacar ese porcentaje arbitrario y decir a la ciudadanía, el electorado: somos 50 por ciento, queremos 50 por ciento de representación”.

OBSTÁCULOS PRESENTES

Para Caminotti, en la región aún existen obstáculos para acceder al poder político porque a pesar de los cambios en la legislación electoral, hay condiciones estructurales que hacen difícil que las ciudadanas ejerzan el poder y que no las ponen en una situación de completa igualdad con los hombres.

En el Consenso de Quito, argumenta, la paridad no está restringida al ámbito electoral, está planteada como un objetivo transversal para las políticas públicas. Sin embargo, dice, persiste una división sexual del trabajo y políticas públicas que no permiten que las mujeres manejen el tiempo de la misma manera que los hombres.

“Siguen existiendo dificultades concretas para las mujeres políticas que tienen que ver con el tiempo. Mujeres y varones tenemos diferente tiempo porque hay toda una responsabilidad doméstica y la política es una actividad que demanda mucho tiempo. No es lo mismo estar hasta la madrugada en una reunión política”.

Otro tema de importancia es la autonomía económica. A decir de la investigadora, las militantes tienen menos dinero para hacer política y menos acceso a las redes que financian la política y aunque en México los partidos están obligados a destinar recursos económicos para la capacitación de liderazgos femeninos, en la región el financiamiento aún es un reto.

“La paridad y las acciones afirmativas han ayudado pero las condiciones estructurales han cambiado relativamente poco. No es lo mismo el poder que uno puede logar al interior de una estructura partidaria con limitaciones de tiempo y de dinero. Hay mucho por hacer y tenemos el gran desafío de pensar a la paridad más allá del terreno estrictamente electoral”.

MÉXICO: CAMBIO SOCIAL

En México, el 10 de febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional en materia político-electoral que incluyó la paridad. La norma se puso a prueba en 2015 en la elección de 17 entidades y después en 2015 en la elección de 13 entidades más. En 2018 se volverá a implementar en los comicios de 30 elecciones locales.

En primer logro se observó en los resultados de la elección de 2015 cuando se alcanzó 42.4 por ciento de mujeres y 57.6 por ciento hombres en la Cámara de Diputados, cifra histórica que se aproxima a la igualdad de género.

Con todo y los avances que significa una norma como la paridad, la doctora en Ciencia Política señala que es necesario generar condiciones para  que la sociedad se transforme y tener estructuras más igualitarias que no dependen de un Estado que disciplina a los partidos políticos que intentan resistirse al cambio.

17/AGM

La Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral llamó al Congreso de Nuevo León a incluir la paridad horizontal en la Ley Electoral del estado, es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres la mitad de las postulaciones a presidencias municipales para que compitan en las elecciones de 2018.
 
El pasado 18 de mayo, el Congreso local votó en primera vuelta reformas a la Ley Electoral del Estado, pero los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) estuvieron en contra de aprobar este principio, por lo que no se incluyó. 
 
Al respecto María Elena Chapa Hernández, quien integra la Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral  --organismo ciudadano que promueve los derechos político-electorales de las ciudadanas— llamó a los líderes de las bancadas a analizar este tema e incluirlo en las reformas.
 
Con el propósito de exponer sus argumentos, el 29 de mayo las y los integrantes de esta Comisión se reunieron con integrantes de las Comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, que analizaron el dictamen, para exponer diversos principios internacionales y a nivel federal sobre derechos de las mujeres.
 
Los partidos políticos se oponen a la paridad horizontal porque argumentan que se contrapone con la reelección y porque cada municipio ejerce de forma libre su gobierno y porque las elecciones de cada ayuntamiento están desvinculadas entre sí, según reportaron medios locales.
 
En la sesión donde se aprobaron las modificaciones a la ley electoral, la diputada independiente Karina Barrón Perales, consideró lamentable que en el dictamen hubiera una simulación de la paridad y que se pretendiera engañar a la ciudadanía, toda vez que sí se incluyó la paridad en diputaciones pero no en alcaldías.
 
“No, señores, aquí no hay nada, nada que celebrar, hemos perdido y matado las aspiraciones válidas de mujeres capaces, que luchan por tomar parte en las decisiones de su entidad”, señaló en aquel momento.
 
Al respecto, la ex titular del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa, dijo en entrevista que los hombres no quieren aprobar que la mitad de las candidaturas a las presidencias municipales sean para las mujeres porque eso les resta poder y por ello se excusan en que no hay ciudadanas capaces de ser postuladas.
 
La reforma aprobada por el Congreso señala en el Artículo 143 de la Ley Electoral que “para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado, no podrá haber más del 50 por ciento de candidatos de un mismo género”.
 
Por su parte, Chapa Hernández considera que además se debieron agregar modificaciones a los Artículos 76, 143, 144, 145 y 146, entre otros, para garantizar el derecho de las mujeres a contender por la mitad de las 51 presidencias municipales del estado y no obligar a las militantes a recurrir a los tribunales electorales.   
 
Es por ello que la Comisión de Inteligencia, que se activa durante los procesos electorales en el estado, circuló una petición en la plataforma change.org donde se destaca que la igualdad, la no discriminación y la paridad son Derechos Humanos para las mujeres y los hombres.
 
“Si consideras que las mujeres tenemos las mismas oportunidades para el ejercicio político en las alcaldías en la toma de decisiones, registra tu respuesta, firmando esta petición”, dice el documento suscrito por colectivos como Nosotras por la Igualdad, la Red Mujeres en Plural y el Comité Ciudadano del Barrio Antiguo, entre otros.
 
La idea es entregar las firmas al Congreso para que diputadas y diputados hagan las reformas pertinentes a más tardar en julio, 90 días antes de que comience el proceso electoral local.
 
17/AGM/GG

Apenas cinco mujeres integran hoy la lista de los 23 panameños que hasta la fecha hicieron públicas sus aspiraciones de perfilarse como candidatos a las elecciones presidenciales de 2019.
 
Según La Estrella de Panamá, las aspirantes femeninas son las diputadas Zulay Rodríguez (Partido Revolucionario Democrático) y Ana Matilde Gómez (independiente), la exministra Alma Cortés y la ex primera dama Marta Linares, ambas del partido Cambio Democrático, y la actual canciller Isabel de Saint Malo.
 
A juicio de Lorena González, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la poca participación femenina responde a que todavía falta mucho para la contienda electoral, aunque calificó de positiva esta situación, pues “por primera vez hay mujeres con aspiraciones al cargo de presidente”.
 
“Hay muchas que tienen todas las competencias académicas y profesionales que las acreditan para ocupar la silla presidencial, solo es hora de que se atrevan”, apuntó.
 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, luego de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, recomendó 'establecer medidas legales en el Código Electoral que busquen incrementar el porcentaje de participación de las mujeres, en las listas de elección popular y en las estructuras partidarias'.
 
Sin embargo, el anhelo de incrementar el porcentaje de mujeres en las postulaciones para las elecciones populares y las estructuras de los partidos políticos, como parte de las reformas electorales aprobadas en el Parlamento, tendrá que esperar hasta el 2024.
 
Y es que los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo algunas mujeres, no lograron un consenso y se negaron a adicionar un capítulo relativo a la paridad de género, la cual estimula la participación equilibrada entre ambos sexos en los órganos de poder.
 
Al respecto, la representante independiente Ana Matilde Gómez sostuvo que este reclamo justo responde al hecho de que la población panameña es paritaria entre hombres y mujeres; sin embargo, esto no se refleja en el pleno de la Asamblea Nacional, donde ellas son minoría.
 
De acuerdo con las postulaciones por género y tipo de elección, en 2014 aspiraron a una curul legislativa 19.7 por ciento de mujeres y 80.3 de hombres, mientras que para las alcaldías la cifra fue de 20.1 mujeres y 79.9 hombres, porcentaje que, en el caso de los representantes de corregimiento, fue muy similar.
 
No obstante, la realidad resulta más contundente: el Ejecutivo solo cuenta con dos ministras de 14, en tanto existe sólo una mujer de nueve magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
 
17/RED/GG

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
17/AGM/GG

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.
 
Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades.
 
Hemos sorteado múltiples obstáculos generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres.
 
La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades.
 
MERCADO LABORAL, LLAVE PARA IGUALDAD  
 
Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.
 
En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.
 
El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53 por ciento, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
 
En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres.
 
Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres es fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por otro, la dimensión del uso del tiempo.
 
En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a 30 por ciento aproximadamente, es decir una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos. Esto sin duda es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus necesidades o las de sus familias.
 
A esto se suma que 26 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo resultando que más de la mitad de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica.
 
Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.
 
Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos los países de la región tienen una carga total de trabajo sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad casi exclusiva de ellas.
 
Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen hombres y mujeres.
 
Junto a los indicadores de uso del tiempo, la valorización monetaria de todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de los países.
 
Las estimaciones indican que este valor representó 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014, el 20.4 por ciento del PIB de Colombia en 2012 y 18.8 por ciento del PIB de Guatemala en 2014. Para Ecuador su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no remunerado representa 15,2 por ciento del PBI del año 2012.
 
Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres.
 
Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo.
 
Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores de mayor productividad. De esta forma se minan las bases de la segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de empleo para ellas.
 
En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para implementar la Estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas establecidas en los consensos anteriores así como responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
 
Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.
 
Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para todas sino también para todos.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
**Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
 
17/AB/GG
 

Las diputadas electas para el Congreso federal tienen más experiencia partidista y un nivel de estudios mayor en comparación con los diputados, pero su incidencia en la creación de las políticas públicas es menor que la de ellos.
 
Con esto, “el mito de que las funcionarias solo cubren las cuotas de género está roto, ellas están preparadas”, asegura la investigadora de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG), María Aidé Hernández García, en el libro “Democracia y paridad en México”, coordinado por ella.
 
A esta conclusión llegó la académica, luego de hacer el seguimiento de 11 casos de funcionarias electas para la LXIII Legislatura (2015-2018), la primera en la que se aplicó por primera vez el principio de paridad, en un 50-50 de mujeres y hombres. Definió asimismo el perfil de ellas, así como sus logros.
 
El estudio comprobó también que, al menos en Guanajuato, las y los habitantes siguen prefiriendo que los hombres ocupen los cargos de poder, según una encuesta estatal realizada por Hernández García con la financiación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y cuyos resultados están incluidos en el libro.
 
¿POR QUÉ NO AVANZA LA AGENDA?
 
El retraso en la agenda de género en la Cámara de Diputados, descubrió en su investigación la doctora Aidé Hernández, se debe a que las Comisiones están dominadas por hombres, quienes responden a intereses partidistas y que aprueban la paridad sólo para simular un avance en la promoción de los derechos de las mujeres. 
 
Explica la académica que, aunque hoy existe un número histórico de diputadas en la Cámara, 42.5 por ciento, es complicado incidir en la aprobación y creación de políticas, ya que “aun si una diputada pertenece al PRI, partido con más legisladores, los líderes de las Secretarías con quiénes necesitan entrevistarse para plantear su iniciativa las ignoran porque dudan de sus capacidades”.
 
Un seguimiento de Cimacnoticias sobre el avance en la agenda de género, del 1 de septiembre de 2015 a mayo de 2016, confirma el reducido avance: en este período parlamentario sólo se han aprobado cuatro iniciativas en pro de los derechos de las mujeres: tres reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otra a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 
En síntesis, la cantidad de iniciativas es menor en esta Legislatura, en comparación otras Legislaturas que contaban con menos presencia de mujeres.
 
DIPUTADAS A PRUEBA
 
En “Democracia y paridad en México”, María Aidé Hernández García señala que en México las mujeres que ejercen la política y son madres se enfrentan a que duden de su capacidad y a que digan que “anteponen sus problemas personales al trabajo”. En contraste, a los diputados no se les juzga por eso. 
 
En entrevistas de profundidad con diputadas y diputados, la investigadora identificó que a ellas se les pone más a prueba. “Las políticas mexicanas tienen que enfrentarse todo el tiempo a demostrar que son capaces de ejercer, lo que no pasa con los hombres”, dice.
 
En entrevista con Cimacnoticias, durante la presentación de “Democracia y paridad en México”, realizada en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (CHyCS), plantel Cuautepec, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la académica sugirió que para hacer frente a este problema deben impulsarse programas que promuevan la participación política de las mujeres.
 
También es necesario hacer mejoras a la educación en el ámbito familiar, escolar y de instituciones gubernamentales para que dejen de fomentarse estereotipos de género.
 
En palabras de Hernández García, cuyas líneas de investigación son la violencia de género y las masculinidades, “la concepción que se tiene de las mujeres actualmente es consecuencia de una educación patriarcal, misma que se reproduce en todos los niveles, por ejemplo, se ve reflejada en la violencia política, campo en que aún hay mucho por trabajar”.
 
17/MMAE/GG

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.
 
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son candidatas o ejercen cargos públicos.
 
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
 
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan como funcionarias.
 
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento, impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio del cargo público.
 
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición. 
 
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una comparecencia en San Lázaro.
 
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que supuestamente serían asesinadas.
 
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político por supuestas irregularidades.
 
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
 
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas.
 
16/AGM/AMS/LGL