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Los dos partidos políticos que podrían disputarse la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones postularon a mujeres como precandidatas lo abre la posibilidad de que por primera vez una mujer que hace campaña sea electa y gobierne la capital del país.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apuesta por la aún precandidata Claudia Sheinbaum Pardo y la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), por Alejandra Barrales Magdaleno.

Pero ¿quiénes abrieron el camino para que hoy dos mujeres aspiren a gobernar la capital del país? El impulso del movimiento feminista en torno a la participación política de las mujeres y su incidencia en la capital comenzó a consolidarse en 1996 con la reforma a la Constitución mexicana que permitió la creación el Gobierno del Distrito Federal.

Con esta modificación legal el Poder Ejecutivo dejó el control administrativo de la capital y en 1997 se efectuaron las primeras elecciones para elegir al Jefe de Gobierno de la urbe.

Desde los años noventa el movimiento feminista apostó por la aplicación de las cuotas de mujeres en cargos de elección pues creían que ellas eran capaces de generar transformaciones importantes en la política. Por otro lado se cuestionaba ¿hasta qué punto las cuotas y el posicionamiento de mujeres en altos mandos, ayudaría a construir una visión política distinta a la masculina?

1997, GRANDES ESPERANZAS

Esta era la discusión cuando en la elección de 1997 para elegir Jefe de Gobierno el Partido del Trabajo (PT) nombró a María Viola Tapia Flores, la cantante conocida como “Viola Trigo”. Ella no era militante de este partido y se asumió que su elección fue una estrategia para atraer votos. Fue designada candidata apenas un mes antes de las elecciones, con un programa político poca elaborado y sólo logró un 1.3 por ciento de los votos.

Los resultados le dieron el primer triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PR. Con el éxito del sol azteca las mujeres comenzaron a ocupar puestos importantes pero la antropóloga Marta Lamas expone, en un artículo sobre las elecciones en la capital, que las feministas fueron decepcionadas al constatar que los hombres del poder colocaban a parientes (esposas, hijas, conocidas) en los espacios que ganó el movimiento feminista.  

ROBLES, ÚNICA JEFA DE GOBIERNO

Con el PRD al mando de la Ciudad también llegó la primera Jefa de Gobierno, aunque ella no fue electa por la ciudadanía. En 1999, Cárdenas renunció al cargo para iniciar su campaña rumbo a la Presidencia de la República. En su lugar, Rosario Robles Berlanga fue designada por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Sindicalista, mujer de izquierda y forjada en el movimiento feminista, la aun perredista mantuvo un discurso apegado al feminismo y destacó por promover la llamada “Ley Robles”, una reforma al Código Penal local que introdujo dos causales para la no penalización del aborto: por grave daño a la salud de las mujeres y por malformaciones fetales.

Sin embargo, en 2004 llegó el declive político de Robles. Al verse acusada de presuntas irregularidades en el manejo de cuentas públicas –acusación que no se demostró–, tuvo que renunciar como integrante activa del PRD. Actualmente ella es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

A pesar de este hecho el PRD continuó gobernando la capital del país, Robles entregó el mando a Andrés Manuel López Obrador, electo en los comicios del año 2000.

2006, DEJAR EL “MUJERISMO”

En las elecciones de 2006, expuso Marta Lamas en su revisión histórica, las mujeres organizadas tomaron un nuevo rumbo: no abogaron por “votar por mujeres” sino por una candidata o candidato con una ideología política garante de los Derechos Humanos (DH).

Así se explica que Beatriz Paredes Rangel, candidata en 2006 de la Alianza por la Ciudad, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), no tuviera el apoyo del movimiento feminista para dirigir la capital a pesar de ser reconocida como feminista y ex gobernadora de Tlaxcala. En la contienda ella quedó en el tercer lugar, una vez más el PRD ganó con Marcelo Ebrard.

Durante la administración de Ebrard, el trabajo del amplio frente de feministas creado para impulsar política pública rindió frutos, dio como resultado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, ley que en 2008 fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También durante su legislación, se legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al mismo tiempo las adopciones de estas parejas.

2012, TRES CANDIDATAS Y UN GANADOR

En 2012, Beatriz Paredes volvió a ser la candidata del PRI, con otras dos candidatas; la activista Isabel Miranda de Wallace por el PAN y la ex priista Rosario Guerra Díaz por Nueva Alianza. Ese fue el mayor número de mujeres que hasta entonces compitieron por gobernar la Ciudad; sin embargo, el ganador fue Miguel Ángel Mancera, el único hombre en la contienda.

Paredes quedó en segundo lugar y después las candidatas que aceptaron ser abanderadas sin militar en el partido que las postuló.

A un pie de salir de la gubernatura de la capital del país, Miguel Ángel Mancera deja en trámite una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por el aumento de casos de feminicidio; según datos de la Procuraduría local de noviembre de 2016 a junio de 2017 ocurrieron 101 casos.

2018: JEFATURA POR ELECCIÓN

Ahora, con las precandidaturas de Sheinbaum y Barrales –quien en 2012 perdió la contienda interna del PRD para elegir a su alfil–parece que llegó la hora de que una mujer sea electa como primera Jefa de Gobierno. En este contexto se han hecho escasas propuestas en torno a la agenda de las mujeres.

Una de las ideas de la ex jefa de la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue elevar el Instituto de Mujeres al rango de Secretaría; Alejandra Barrales apenas ha hablado de ir en contra de la violencia familiar. Aunque ambas aún son precandidatas, son las mejor colocadas para competir en la elección y aún no está claro si se van a rodear de un gabinete paritario y una verdadera agenda de género, dos demandas del movimiento feminista.

Quien sea electa tendrá el desafío de gobernar tras la reforma política de 2015 que transformó el DF en la Ciudad de México, cambio que brindó nuevas atribuciones a la capital como su autonomía y una Constitución propia recién aprobada en 2017.

18/SG/HZM

Nueve mujeres cumplieron con el porcentaje de firmas necesario para registrarse como candidatas independientes y competir por una diputación federal en la elección del próximo domingo 1 de julio.

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisara la información entregada por los 187 aspirantes que optaron por la vía independiente para llegar a la Cámara de Diputados, determinó que 40 cumplieron con los apoyos requeridos, de ellos menos de la mitad (9) son mujeres.

Quienes avanzan en el proceso son Martha Beatriz Córdova Bernal y María Antonieta Pérez Reyes, de Chihuahua; Iris Paola Gómez de La Cruz, de Guerrero; Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa, de Michoacán; Daniela González Rodríguez, Olga Valentina Treviño Hinojosa y Yamilett Orduña Saide, de Nuevo León; y María Graciela Parra López y Nora Vanessa Estrada Calles, de Tabasco.

El INE informó que inicialmente 240 ciudadanas y ciudadanos presentaron su intención de ser candidatos independientes, 187 avanzaron en el proceso y después de detectar irregularidades en el registro de firmas sólo 40 lograron el equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito por el que pretenden competir.

En la lista de candidatas independientes destaca Luisa María Calderón Hinojosa, conocida como “Cocoa”, quien fue legisladora local en Michoacán, diputada federal, dos veces candidata a la gubernatura de su estado y senadora desde 2012, cargos que consiguió abanderada por el PAN.

Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, y militante panista desde 1976 renunció a su partido en octubre pasado cuando se declaró senadora independiente, cargo que dejara a su suplente para seguir en el proceso para conseguir la candidatura independiente.

En el caso de las candidatas originarias de Chihuahua ambas han ocupado una curul en San Lázaro. Martha Beatriz Córdova Bernal fue diputada federal en la 62 Legislatura (2012-2015) respaldada por el partido Movimiento Ciudadano, partido del que fue consejera y en el cual militó desde su fundación cuando nació como Convergencia.

La ex diputada, quien integró la Comisión especial de Feminicidio, es maestra y también fue representante sindical en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 2009 a 2012.

Por su parte María Antonieta Pérez Reyes fue diputada federal durante la 61 Legislatura (2009-2012) por el Partido Acción Nacional, también integró la Comisión especial de Feminicidio; y como militante hizo carrera en su partido e incluso en 2006 formó parte de la campaña presidencial de panista Felipe Calderón.

Otra aspirante que quiere aparecer en la boleta electoral del 1 de julio es Yamilett Orduña Saide, quien ocupó cargos públicos durante la administración del gobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, como titular del Seguro Popular del estado y presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres durante casi dos años, puesto que abandonó en diciembre pasado.

En su carrera política en 2015 Orduña Saide fue candidata a la alcaldía de Monterrey por el partido Encuentro Social.

Actualmente la Cámara de Diputados está integrada por 287 hombres y 213 mujeres, quienes representan 42.6 por ciento; y hay tres legisladores que se declararon sin partido: Edgar Spinoso Carrera, Javier Guerrero García y Manuel de Jesús Espino; además de María del Rocío Zazueta Osuna que se considera independiente.

18/AGM/LGL

La experredista y exalcaldesa del municipio de Huamuxtitlán, en la región Montaña del estado de Guerrero, Soledad Romero Espinal, es la única mujer que avanza en la ruta para conseguir una candidatura independiente al Senado de la República.

Información del Instituto Nacional Electoral (INE) indica que de las 56 personas que buscan el registro para competir por la vía independiente y conseguir una curul en la Cámara alta, 10 desistieron, 46 concluyeron la recolección de firmas y hasta ahora nueve consiguieron el apoyo necesario, entre ellas una mujer.

Entre el 21 y el 24 de enero concluyó el periodo para que las y los aspirantes recabaran el apoyo ciudadano que les exige la ley para poder ser candidatos sin partidos político; sin embargo, los datos preliminares muestran que únicamente nueve consiguieron el número de firmas equivalente al 2 por ciento de la Lista Nominal de su entidad. 

Quienes siguen con el procedimiento para llegar a una curul en el Senado son Jorge Arturo Gómez González, Lorenzo Ricardo García de León Coria, Pablo Abner Salazar Mendiguchía, José Pedro Kumamoto Aguilar, Raúl González Rodríguez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Obed Javier Pérez Cruz, Raymundo Vázquez Conchas y Soledad Romero Espinal.

De los nueve aspirantes que consiguieron las firmas dos ya han sido candidatos independientes y han ganado las elecciones: José Pedro Kumamoto Aguilar quien en 2015 ganó la elección para ser diputado independiente en Jalisco y Manuel Jesús Clouthier Carrillo quien en 2015 ganó la contienda para ser diputado federal, también sin partido político.                                 

En el caso de Soledad Romero Espinal, ella fue presidenta municipal de Huamuxtitlán por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el periodo 2009-2012, cargo que dejó para registrarse como candidata a diputada local por la vía plurinominal de su partido.

De acuerdo con la prensa local Romero Espinal también fue consejera estatal del PRD por la corriente Movimiento Jaguar que encabezaba el actual aspirante independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter.

En el caso de las candidaturas a senadurías el INE aún debe concluir el proceso de verificación para revisar que no hubo anomalías o inconsistencias en las firmas reportadas.

Soledad Romero entregó firmas en papel debido a que recolectó apoyos en municipios de muy alta marginación donde no era viable el uso de la aplicación móvil del INE. En caso de que los nueve aspirantes cumplan con el requisito se registraran como candidatos independientes entre el 11 y 18 de marzo.

Otras mujeres que recabaron apoyos pero que al parecer no lograron cumplir con el número necesario son Evangelina Paredes Zamora en Tlaxcala; Fabiola Zepeda Muñoz y Laura Isalina López López en Jalisco y María Idalia Plata Rodríguez en Nuevo León.

18/AGM

Divididos en tres coaliciones, el 14 de diciembre los nueve partidos políticos nacionales comenzaron las precampañas rechazando abiertamente los derechos de las mujeres como el aborto y derechos de los grupos de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario.

En prácticamente tres semanas de campañas presuntamente internas, se han escuchado escasas propuestas y solo algunas menciones a las mujeres, resaltando las cualidades femeninas y señalándolas como clave de la prosperidad y la historia; sin embargo, lo que ha sido evidente es el rechazo de los partidos políticos a temas como el aborto.

COALICIONES SIN IDEOLOGÍA

Desde la conformación de las coaliciones algunos grupos feministas y lésbico gay llamaron la atención sobre la integración de ideologías totalmente opuestas que sólo se unían para abanderar una candidatura presidencial.

Por ejemplo, la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), suman una visión conservadora y otra progresista sobre los derechos de las mujeres.

En agosto pasado, ante las críticas sobre la conformación de este frente, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la senadora perredista Angélica de la Peña y la senadora panista Marcela Torres Peibert, pidieron a los líderes de sus partidos incluir a las militantes en las mesas de negociaciones porque aseguraran que tenían coincidencias en sus agendas de género.

Como muestra de lo contrario, en el Legislativo las panistas se han caracterizado por manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de los matrimonios igualitarios; mientras que las perredistas han promovido políticas a favor de ambos temas o para apoyar a víctimas de violación sexual y para aligerar las cargas domésticas de las mujeres.

Una forma de promover la agenda panista se concretó en febrero de 2014 cuando el Senado aprobó crear la Comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el blanquiazul José María Martínez Martínez y creada para promover la integración familiar, principalmente.

Otra coalición que generó suspicacias fue “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Esto porque los dos primeros se dicen de izquierda –aunque Morena siempre ha estado a favor de enviar a consulta pública los temas polémicos– mientras que el PES ha promovido una agenda conservadora, allegada a grupos eclesiásticos y particularmente “provida”.

Tan solo en 2016 las y los diputados federales del PES hicieron suya la iniciativa del Frente Nacional de Defensa de la Familia para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, lo que para grupos feministas era un paso para limitar la maternidad libre y voluntaria.

El historial de los aliados de Morena hizo que la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido de López Obrador y las simpatizantes Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska mostraran su rechazo a la alianza con el PES.

Por su parte la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), que han ido juntos en otros procesos electorales federales, están divididos porque algunas veces apoyan las propuestas de género pero en otras ocasiones las rechazan.

PARIDAD, TEMA EN COMÚN

El único tema en el que todos los partidos han mostrado coincidencia es en fomentar la participación política de las mujeres. Las plataforma electoral de la coalición “Juntos haremos historia” dice que considerará en todo su proyecto de nación el principio de equidad de género y “Por México al Frente” señala que eliminará toda forma de violencia política contra la mujer e impulsará que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Estas posiciones las han reafirmado los hasta hoy precandidatos En noviembre pasado el panista Ricardo Anaya Cortés dijo que se debían empujar acciones afirmativas “para lograr la verdadera paridad”. Un mes después, en diciembre, el candidato priista, José Antonio Meade, dijo que tenía que haber paridad de género en los cargos públicos, los negocios y todos los ámbitos.

También en diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de gabinete en la que incluyó a ocho mujeres y ocho hombres que eventualmente encabezarían las Secretarías de Estado.

Si bien públicamente todos los partidos han apoyado la paridad de género en candidaturas, en su afán por evitar que las mujeres compitan por cargos de representación proporcional en 2017 tres partidos (PES, PT, PVEM) políticos impugnaron un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que promovía la paridad, legislada como principio constitucional desde 2014.

En el acuerdo determinó que la mitad de las candidaturas para las senadurías por voto directo debían ser para las mujeres y que las listas se intercalarían por fórmulas de ambos sexos. En el caso de las senadurías de representación proporcional el organismo dijo que también debían estar encabezadas por mujeres para garantizar que sean las primeras en obtener un escaño por asignación.

En el caso de las diputaciones federales de representación proporcional el INE señaló que por lo menos 2 de las 5 listas de candidaturas debían ser encabezadas por una fórmula ya sea de mujeres o de varones.

Al conocer los criterios los partidos políticos alegaron que el acuerdo del INE excedía sus facultades reglamentarias y vulneraba el principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos políticos pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo.

Así en estas elecciones, donde también se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de gobierno, diputados locales e integrantes de ayuntamiento, se espera un incremento de la presencia femenina en los gobiernos y en los Congresos locales.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, de forma general, las mujeres han pasado de ser el 3.5 por ciento de presidentas municipales y jefas delegacionales en 2005, a 14 por ciento en 2017, lo que quiere decir que en doce años la cifra aumentó un 400 por ciento; en ámbito Legislativo federal hay 42 por ciento de diputadas y 36 por ciento de senadoras; y en los Congresos locales representan 42 por ciento de legisladoras.

17/AGM

Para el proceso electoral de 2018, en el que se elegirán 128 senadurías y 500 diputaciones federales, los partidos políticos deberán registrar listas de candidaturas encabezadas por mujeres, lo que les da más posibilidades de ser electas y obtener una curul.

En medio de la inconformidad de los partidos para seguir los lineamientos sobre paridad, este miércoles el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios en la materia es decir, las reglas que deberán seguir los partidos políticos para postular a igual número de mujeres y hombres para competir por un cargo de elección federal.

Los criterios del INE incorporaron la paridad, principio legislado en México desde 2014, y consideran la paridad horizontal que significa que las mujeres ocupen los primeros lugares del 50 por ciento de las listas; y la paridad vertical que se traduce en que las candidaturas de mujeres y hombres estén intercaladas.

En el caso de las postulaciones al Senado por el principio de mayoría relativa (voto directo), el INE planteó que 50 por ciento de las listas de cada partido o coalición deberá ser encabezada por una fórmula de titular y suplente integrada por mujeres.

De acuerdo con la consejera electoral, Dania Ravel, esta medida se debe a que el Senado se ha integrado de manera desproporcional por hombres: la actual Legislatura, que concluirá funciones el próximo año, está conformada por 86 hombres y 42 mujeres; en la Legislatura 2006-2012 hubo 106 hombres y 22 mujeres, y en la integración del periodo 2000-2006 hubo 108 hombres y 20 mujeres.

En el caso de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos nacionales o coalición deberán postular fórmulas  de titulares y suplentes integradas por personas que se auto-adscriban como indígenas en, al menos, 12 de los 28 distritos electorales con población indígena, de los cuales 50 por ciento corresponderán a mujeres y 50 por ciento a hombres.

Sobre este tema la consejera Pamela San Martín dijo que la paridad es una medida ante el incumplimiento de las agrupaciones políticas e hizo un recuento histórico de la representación legislativa de las mujeres y las personas indígenas de México. Señaló que en 2006 hubo 12 hombres indígenas y sólo dos mujeres indígenas; en 2009 fueron siete hombres y sólo tres mujeres. En 2012 cinco hombres y dos mujeres indígenas. Y en 2015 seis hombres indígenas y ninguna mujer indígena.

En caso de que los partidos no cumplan con la paridad, el INE les hará un primer requerimiento y en caso de persistir en el incumplimiento se hará un segundo requerimiento. En el supuesto de que no se hayan atendido los dos requerimientos se cancelarán los registros del número necesario de candidaturas para cumplir con la paridad.

INCONFORMIDAD PARTIDISTA

Durante la sesión del INE de este miércoles, consejeros y representantes de partidos políticos se confrontaron por los lineamientos de paridad, ya que las agrupaciones políticas señalaron que el organismo no podía aprobar acuerdos en la materia porque las reglas deben ser normadas por el Legislativo. 

Por ejemplo, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Aguilar, expresó su inconformidad por los criterios pues consideró que estaban imponiendo reglas que no están en la legislación electoral e incluso arrojó un ejemplar de la Carta Magna al suelo.

“Lo que voy a hacer en este momento con la Ley Electoral, con la Constitución y con el Reglamento de Elecciones es que los voy a tirar y voy a esperar a que me sigan emitiendo acuerdos todo el tiempo, que modifiquen las reglas del juego con base además en temas que son extraordinarios en la propuesta”.

“Las compartimos (las propuestas sobre participación política de las mujeres) y, es más, avalamos las propuestas pero pregunto: ¿Por qué no lo hicieron antes?”, dijo el militante panista.

El representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte, también manifestó su inconformidad al señalar que se estaban emitiendo acuerdos “que engrosan” las normas del proceso electoral de 2018 y que este acuerdo se presentó muy tarde.

Además propuso que en el caso de las postulaciones a las senadurías por el principio de representación proporcional, la lista fuera encabezada por mujeres y hombres como lo determinaran los partidos políticos en ejercicio de su derecho de auto organización, propuesta con la que coincidió el PAN.

Al respecto la consejera Adriana Margarita Favela defendió el acuerdo del INE, señaló que garantizar la paridad no era una ocurrencia e incluso señaló la responsabilidad de los partidos.

“En las entidades federativas, en donde los partidos políticos tienen mayores posibilidades de obtener el triunfo, generalmente registran a varones en las dos fórmulas de la lista de candidaturas a las senadurías de mayoría relativa mientras que las mujeres eran registradas como candidatas a senadoras en entidades donde la fuerza política que las postuló obtiene baja votación”, dijo.

Las solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos o coaliciones, tanto para propietario como para suplente, tienen que oficializarse entre los días 11 y 18 de marzo de 2018; la Plataforma Electoral de partidos o coaliciones, deberá presentarse en los primeros 15 días de enero de 2018, y Consejos Locales y Distritales del INE sesionar para validar estos registros, por el principio de mayoría relativa, el día 29 de marzo de 2018.

17/AGM/LGL

Mujeres políticas que han accedido a cargos de decisión señalaron que a pesar de que hace 64 años se consagró el derecho al sufragio femenino para que las mujeres pudieran votar y después contender en las elecciones, aún enfrentan retos como la violencia.

Al participar en el foro “Aprendizajes de la participación política de las mujeres” que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diputadas y alcaldesas señalaron que ante las agresiones han tenido que recurrir a los tribunales y al acompañamiento de organizaciones civiles.

Así coincidieron las diputadas federales Cecilia Soto y Candelaria Ochoa Ávalos; la senadora Marcela Torres Peimbert; las presidentas municipales de Eloxochitlán, Oaxaca, Eliza Zapata; de Atitzihuacan, Puebla, Maricela Ramos; de Oxchuc, Chiapas, María Gloría Sánchez Gómez y de Chenalhó, también en Chiapas, Rosa Pérez Pérez.

La presidenta municipal del municipio chiapaneco de San Pedro Chenalhó, destacó que no viene de una familia política y pese a ello compitió por el Partido de la Revolución Democrática y después por el Partido Verde Ecologista de México pero cuando ganó la elección de 2015 le arrebataron el triunfo.

La alcaldesa dijo que falta cambiar la mentalidad de los hombres que todavía no aceptan la participación de las mujeres en los espacios políticos. Como ejemplo, dijo que ella vivió una persecución de sus opositores, quienes pidieron un recuento de votos e impugnaron su triunfo ante las autoridades electorales.  

“Ellos querían burlarse de mí, pensaban que una mujer no puede tomar decisión”, expuso. 

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que lo más difícil que ha enfrentado fue ganar un distrito en la zona metropolitana de Guadalajara, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siempre había ganado y hacer feminismo en una campaña política.

La diputada quien es una académica feminista, destacó que tuvo que usar todas sus habilidades para transmitir un mensaje de igualdad y hacer una campaña donde conjugara su experiencia como investigadora y su militancia a favor de la igualdad de género.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, coincidió en que lo más difícil para la participación política de las mujeres es romper estereotipos y prejuicios, en particular en el poder. Destacó que ser una política dócil, que no cuestiona al partido es lo más fácil para las candidatas.

Como ejemplo, señaló que hubo legisladoras de Nuevo León que votaron en contra de la paridad en los estados y cuando cuestionó qué pasaba, encontró que para las diputadas era complicado romper con los estereotipos porque cuando son oposición se les califica de “locas” y a ellos de innovadores, disidentes o revolucionarios. 

Para la alcaldesa chiapaneca, Gloria Sánchez Gómez, lo más difícil es no tener miedo y saber que si cometen errores asumir su responsabilidad y como ejemplo destacó que en su caso vivió violencia política y presiones para que en 2016 la obligaran a renunciar y pese a ello continúa trabajando por sus convicciones.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay 7 averiguaciones previas por violencia política de género en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, pero Chiapas destaca por tener el índice más alto representado en 43 por ciento, mientras que Oaxaca y Tabasco cuentan con 29 por ciento.

Una de las mujeres que ha sido víctima de violencia es Eliza Zapata, alcaldesa de Atitzihuacan, quien fue agredida físicamente en una asamblea, su hija mayor se exilió del país y su hermano fue asesinado. “A pesar de tanto dolor, tanta violencia, no se puede dar un paso atrás cuando se ha avanzado bastante para otras compañeras”, dijo. 

Eliza Zapata agregó que la violencia comienza con la difamación y por ello advirtió que las autoridades deben atender estos casos porque hoy en día hay muchas regidoras amenazadas, acosadas y relegadas de sus funciones. “Si no se escucha con ese interés o previendo que puede desatarse una violencia física, nos van a matar”, dijo.  

17/AGM/LGL

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género porque aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que les toca para garantizar la participación política de las mujeres.

A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que se consiguió el 17 de octubre de 1953, el consejero señaló que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de las barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural, integrarse a los órganos de representación política.

Durante su participación en el seminario “La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural”, que se realizó esta mañana en la antigua sede del Senado, el funcionario dijo que el bajo porcentaje de mujeres en puestos de decisión y poder no es por falta de interés o de capacidades, sino por las formas tradicionales de hacer política.

“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los órganos de representación política”, señaló.

La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México, dijo, es más grave todavía en el medio rural, aunque ello no significa que no hayamos avanzado en el objetivo de construir una nación igualitaria y una democracia paritaria, “sin duda hemos avanzado en ese sentido”, afirmó.

El consejero agregó que las reformas electorales desde 1953 hasta la de 2014 que legisló la paridad (50-50) han impulsado cambios institucionales para contribuir gradualmente a la igualdad del sufragio entre hombres y mujeres. “Han sido décadas en las cuales se han diseñado procesos que han eslabonado una gran cadena de confianza que ha contribuido a nuestra transición a la democracia”, dijo.

En el acto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos político- electorales de las mujeres, vistos no sólo como el derecho a votar, sino de mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones para que sean parte del proceso que lleva a transformar la realidad.

La magistrada presidenta del TEPJF indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, destacó que el proceso no está completo y prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales donde al parecer los derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente.

En este sentido, recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor frecuencia y medida por la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces.

Agregó que el Comité señala también que no debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. “Cuando todo ello se ignora, señala el propio Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda”.

Tomando en cuenta que a partir de la reforma de 2016 la Ley Agraria prevé que las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de un 60 por ciento del mismo sexo, destacó la presidenta, resultan aplicables los criterios que en materia de cuotas han establecido los órganos electorales.

17/AGM/LGL

Los partidos políticos tienen plena libertad para autodeterminarse en su interior y definir sus reglas para promover la participación política de las mujeres y aunque los organismos electorales se encargan de calificar sus estatutos, únicamente pueden evaluar que no tengan disposiciones inconstitucionales.

Así lo afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, en entrevista con Cimacnoticias después de participar en la presentación del Índice de Paridad Política (IPP) en México que encontró que uno de los mayores obstáculos para la participación de las mujeres en la arena política son los partidos políticos.

El IPP que elaboró ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte del proyecto “Atenea. Por una democracia 50/50”, encontró que México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 y concluyó que las agrupaciones políticas son el principal obstáculo para fomentar la presencia de las mexicanas en cargos de toma de decisiones.

De acuerdo con el índice que se presentó este 10 de octubre, el cual analiza 8 rubros, entre ellos los compromisos en el marco legal, determinó que un gran avance para el caso de México, fue elevar (en 2014) a rango constitucional la paridad, aunque destacó que hay rubros por trabajar aún como en el de las presidencias municipales y ayuntamientos donde la presencia de las mujeres es muy baja.

De acuerdo con el IPP solo tres partidos cuentan con una regulación sobre paridad en sus estatutos; las militantes en promedio representan 25.4 por ciento de quienes integran las instancias ejecutivas; y aunque ocho partidos tienen instancias de igualdad, sólo dos tienen facultades para participar en la selección de candidaturas.

Consultada sobre este tema, la consejera del INE y ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que los partidos políticos pueden determinar con plenitud de libertad cómo se van a conformar, que órganos van a tener y cómo estructurar sus instancias de justicia o si van a tener una Unidad de Igualdad o de La Mujer.

Es por ello que consideró que documentos como el recién presentado por las instancias de Naciones Unidas en México buscan mejorar las condiciones del contexto político electoral en la sociedad y son valiosos porque sirven como guía para para las agrupaciones políticas.

La paridad, señaló, “más que una exigencia de la autoridad se vuelve una exigencia social, que al interior de los partidos políticos exista paridad” y destacó que hay otras vías para la participación política de las mujeres como las candidaturas por la vía independiente y los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en las entidades federativas, por ejemplo, los Comités Ciudadanos o los Consejos de los Pueblos que buscan incidir en su comunidad.

Otra forma de intervenir en política es participar como observadoras electorales, funcionarias de casillas. “Hay muchas y muy diversas formas para empezarse a meter en la política, como consejeras distritales. En el INE sacamos convocatorias para esos temas. Entonces, la participación para las mujeres no se limita al ámbito de los partidos, pero si son preponderantes”.

Aun cuando los partidos tienen libre determinación, los órganos electorales han tomado acciones para promover los derechos de las ciudadanas al interior de estos órganos. Un caso relevante, dijo la consejera, fue en junio pasado cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido del Trabajo (PT) garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas.

Al resolver un juicio, por primera vez el Tribunal Electoral ordenó a un partido considerar el principio de paridad en la integración de sus máximas instancias. “Si vamos a caminar por ese precedente también deben darse cuenta los partidos políticos que con mayor razón tienen que hacer las reformas reglamentarias necesarias para garantizar la paridad en sus órganos directivos”, destacó la consejera.

En este sentido el INE está trabajando para determinar los criterios de paridad que deberán cumplir los partidos de cara a las alecciones de 2018 cuando se renovará Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Senado y cargos estatales y locales.

Actualmente el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe que las candidaturas de mujeres sean postuladas exclusivamente en los distritos donde el partido haya obtenido los porcentajes más bajos de votación; en el mismo sentido el Artículo 282 del Reglamento de Elecciones define tres estratos de votación (baja, media y alta) para que las abanderadas no estén solamente en distritos perdedores.

17/AGM/LGL

México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 en el Índice de Paridad Política (IPP) pues a pesar de los avances normativos y de tener la paridad en candidaturas como un principio constitucional aún hay escasa presencia femenina en el poder judicial, en los organismos electorales y en gobiernos municipales.

De acuerdo con este índice elaborado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel nacional se ha registrado un gran avance en materia legislativa toda vez que el país obtuvo un puntaje de 80 al revisar los compromisos con la igualdad plasmados en la Constitución y en el marco legal.

Sin embargo las áreas con menor calificación son aquellas donde la participación política femenina aún es escasa. Por ejemplo, en los gobiernos municipales, donde las alcaldesas y concejalas todavía son minoría, se obtuvo 60.2 y en los partidos políticos la calificación fue de 57.4.

Estos fueron los datos obtenidos como parte del proyecto “Atenea. Por una democracia 50/50”, presentados hoy por la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz; la directora del PNUD, Katyna Argueta; la consultora especializada en estudios electorales y género, Blanca Olivia Peña Molina; y la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel.

A través del proyecto Atenea, que comenzó a funcionar en México en 2016 para sistematizar y analizar información sobre el derecho a la participación política de las mujeres, se creó el IPP para medir el estado del ejercicio de este derecho y generar recomendaciones a fin de acelerar la presencia de ciudadanas en cargos de toma de decisiones y ejercicio del poder.  

Sobre este ejercicio Katyna Argueta destacó que el IPP mide ocho dimensiones que van desde los marcos legales hasta el ejercicio del poder. De acuerdo con esta medición  que se aplicó en Perú, Argentina, Honduras, Chile, Uruguay y Panamá, México es el país de América Latina con mejor calificación.

La consultora Blanca Olivia Peña Molina destacó que la dimensión de presencia de mujeres en los partidos políticos obtuvo un puntaje de 57.4 sobre 100. Una de las dimensiones peor calificadas porque también se analizaron los compromisos plasmados en los estatutos de los partidos; el porcentaje de mujeres en órganos directivos, si contaban con Unidad de Género y su agenda en la materia.

En la presentación del índice a la que asistieron líderes de partidos políticos y funcionarias electorales, la nueva representante de ONU Mujeres, Belén Sanz, destacó que México es uno de los países con avances más significativos en paridad porque hay actores involucrados comprometidos con el tema, como los varones.

Destacó que actualmente el reto es garantizar más ciudadanas en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y que se cumpla la paridad en candidaturas en la integración de ayuntamientos, tanto vertical, es decir en la lista total de cargos edilicios, como horizontal, que significa en las postulaciones a presidencias municipales.

Asimismo, otros desafíos serán tipificar la violencia política de género; que los partidos políticos reformen sus documentos básicos; incrementar y hacer eficiente el uso de recursos para la capacitación femenina y un segundo proceso de armonización legislativa en materia político-electoral.

A esto, sumaron, se necesitarán más acciones que favorezcan la permanencia y desarrollo de las mujeres en cargos y en espacio de toma de decisiones que garanticen la inclusión de indígenas jóvenes y afrodescendientes.

17/AGM/LGL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del Artículo 19 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que obliga a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes a postular a 50 por ciento de mujeres y hombres como candidatos a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Al analizar dos acciones de inconstitucionalidad (78/2017 y 79/2017) presentadas por Partido Encuentro Social y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra la ley electoral de Chiapas, el pleno de ministros determinó la validez de la paridad horizontal en la listas de candidaturas de representación proporcional, es decir, que las mujeres encabecen los registros de postulaciones.

Una de las impugnaciones de Morena fue contra el Artículo 19, numeral 2, inciso g) del Código electoral, porque en su consideración esta norma rompe con los principios de proporcionalidad e igualdad en materia pues ante la eventualidad de que un partido político sólo alcance una diputación de representación proporcional todas las legisladoras elegibles por esa vía serán mujeres, por lo que el otro sexo quedaría subrepresentado.

Lo anterior porque la ley señala en el Artículo 19 que para las diputaciones de representación proporcional o plurinominales cada partido político deberá registrar una lista de cuatro fórmulas de candidatos. En dichas listas los números nones serán integrados por mujeres y los números pares por hombres, con esta disposición las candidatas deben encabezar las listas, lo que les asegura más probabilidad de tener una curul.

Sin embargo el proyecto presentado por la ministra Norma Lucía Pina, señaló que a pesar de que la ley prevé una diferenciación entre las y los candidatos lo cierto es que la finalidad de esta acción afirmativa fue cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política.

PENDIENTE EN NUEVO LEÓN

La Suprema Corte aún debe revisar seis acciones de inconstitucionalidad (83/2017 y sus acumuladas) promovidas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

Este jueves se presentó el proyecto de resolución elaborado por el ministro José Ramón Cossío, que pretendía declarar fundadas las quejas e invalidar diversas modificaciones a la Ley Electoral de Nuevo León publicada el 10 de julio de 2017; sin embargo, por una mayoría de seis votos contra dos, el proyecto se desechó por lo que se presentará una nueva propuesta de sentencia.

Actualmente el Artículo 143 de la Ley Electoral impugnada dice que “no podrá haber más del 50 por ciento de candidatos de un mismo género” en las postulaciones a diputaciones; el Artículo 145 establece la paridad para las candidaturas por vía plurinominal y el 146 indica que las candidaturas para sindicaturas y regidurías no podrá rebasar el 50 por ciento de personas de un mismo sexo.

Si bien la norma establece la obligación de los partidos políticos de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres, no alude a la paridad de género al frente de las presidencias municipales, esto generó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpusiera una de las seis Acciones de Inconstitucionalidad (la 96/2017) señalando que la ley afecta el derecho a la igualdad porque no consideraba la paridad horizontal (en alcaldías).

El proyecto del ministro Cossío proponía declarar inconstitucional la Ley Electoral de Nuevo León toda vez que se aprobó y entró en vigor durante los 90 días previos al proceso electoral, algo que está prohibido en el Artículo 105 de la Constitución federal; por tanto las impugnaciones se analizarán nuevamente.

17/AGM/LGL