Naciones Unidas

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG

Con 11 años de atraso, la Comisión Social de la Mujer, (CSW, por sus siglas en inglés), la mayor instancia de Naciones Unidas en la cual los Estados informan sobre sus políticas de igualdad y el cumplimiento de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, discutirá en 2018, durante la CSW 62, los temas medios de comunicación y las representaciones femeninas, la participación y acceso de las mujeres en los medios.
 
El anuncio sobre el tema en el cual se centrará la CSW 62, lo dieron  a conocer la noche de ayer el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG, por sus siglas en inglés) durante el conversatorio Medios, Tics y Derechos Humanos de las mujeres, en el cual participaron periodistas, investigadoras y representantes de observatorios de medios de los cinco continentes.
 
Durante su presentación en el conversatorio, la presidenta del GAMAG, doctora Aimeé Vega Montiel, señaló que el Capítulo J, sobre mujeres y medios de comunicación de la plataforma de acción de la IV Conferencia sobre la Mujer, realizada en 1995 en Beijing, China, es el que presenta el mayor atraso en su cumplimiento y la menor  información por parte de los Estados partes, incluido México.
 
La también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, Vega Montiel, apuntó que la revisión del Capítulo referente a los medios de comunicación y las mujeres tiene un atraso de once años, ya que por mandato de la propia ONU cada seis años debe revisarse; recordemos que la última revisión de la IV Conferencia mundial se denominada Beijing+15 se realizó en el año 2010, en la CSW 54.
 
Sin embargo, explicó la presidenta del GAMAG, la agenda de medios de comunicación y derechos humanos de las mujeres ha estado echada a un lado, pese a ser una agenda estratégica para el adelanto de las mujeres.
 
Por su parte la vicepresidenta de la GAMAG, Sarah Macharia, explicó que el tema de medios de comunicación y las mujeres, y la urgencia de su revisión, es una propuesta  que emana de la representación de Egipto, tras las evidencias mostradas, no solo sobre el atraso de su cumplimiento, sino ante el estancamiento en el avance de la representación de las mujeres en los medios.
 
La también directora del Proyecto del Monitoreo Mundial de Medios, el mayor observatorio de todo el mundo que se realiza una vez al año desde 1995, Sarah Macharia, recordó que de acuerdo con el más reciente observatorio mundial realizado en 2010, en cinco años las mujeres no presentaron avances en su inclusión en la agenda mediática.
 
De acuerdo con los resultados de este observatorio mundial, en el que participaron 114 países, incluido México, las mujeres pese a representar el 52 por ciento de la población, representan el 24 por ciento del total de las noticias publicadas en el mundo por cualquier vía.
 
Es por ello, explicó Macharia, que es necesario que las mujeres del mundo se movilicen de manera conjunta y en sus países para que en 2018 se llegue con una presencia robustecida.
 
Por su parte, enlazado vía Skype, el representante de UNESCO, Tim Francis, aseguró que ese organismo tiene un compromiso para que esta agenda avance y construir las mejores condiciones de la mano de la GAMAG.
 
Tim Francis quien tiene a cargo el Associate Programme Specialist Media Development & Society Communication & Information Sector, también dio a conocer el día de ayer su nuevo instrumento para evaluar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación,  Gender equality checkup, el cual está disponible para todo público en su sitio de internet 
 
https://en.unesco.org/women-make-the-news-2017.
 
17/LLH/GG

En demasiados países existe un contraataque contra los derechos de las mujeres, una reacción que nos perjudica a todos, por lo que debemos permanecer en alerta, pues el avance de los últimos decenios es frágil, advirtió hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en un comunicado con motivo del  Día Internacional de la Mujer. 
 
Hoy, expresó el Alto Comisionado, honramos la lucha en pro de los derechos humanos de millones de mujeres que han exigido el respeto de sus derechos y los de los demás. Y reconoció al movimiento feminista, que ha generado enormes transformaciones, pero debemos también reconocer, dijo, que su avance ha sido lento y sumamente desigual.
 
Desconcierta en extremo a la ONU, señaló, comprobar los retrocesos recientes en las principales leyes de muchas regiones del mundo, basadas en una renovada obsesión de controlar y limitar las decisiones de la mujer sobre su cuerpo y su vida, y en la idea de que su función social debería limitarse fundamentalmente a la reproducción y la familia.
 
Un programa de este tipo --señaló sin mencionar la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump para limitar el acceso a anticonceptivos y al aborto legal-- “pone en peligro los progresos alcanzados anteriormente. Y aunque las acometidas suelen llevarse a cabo en nombre de la tradición, a menudo son una reacción a los esfuerzos que amplios sectores de la misma sociedad realizan con miras a promover cambios”.
 
Recordó también la situación en Burundi, donde existe una ley que, aunque penaliza la violación en el matrimonio y prohíbe las prácticas nocivas, “al mismo tiempo culpabiliza a la mujer que padece la violencia de género por su “atuendo indecente” o su “conducta inmoral”.
 
Mencionó también el caso de  Bangladesh donde la ley permite que las jóvenes menores de 18 años contraigan matrimonio en “circunstancias especiales”, sin mencionar cuáles son estas.
 
Lamentó, asimismo, que en la Federación Rusa las activistas no lograron detener la despenalización de determinadas modalidades de violencia doméstica, y recordó los casos de dirigentes políticos y civiles que lucha por los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua, pese a las resistencias legislativas y políticas. Dichas políticas, afirmó, hacen pagar el precio más oneroso a las niñas y mujeres mayormente marginadas.
 
Las medidas regresivas en el mundo, advirtió el Alto Comisionado,  tendrán efectos devastadores: mayor mortalidad materna, más embarazos no deseados, menos muchachas que concluyan los estudios y la repercusión económica derivada de la falta de integración de las mujeres en la fuerza laboral”.
 
En resumen: una generación sin opciones y el fracaso colectivo de incumplir las promesas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
“NI UNA MENOS”
 
Ante esto,  no queda sino unirse para proteger las conquistas y mantener el impulso positivo, como el que encabezan mujeres de  Argentina, Uruguay, Chile, México y Perú, con el movimiento “Ni Una Menos” combate el feminicidio y la violencia contra la mujer.
 
Recordó que algunos países del continente americano siguen registrando los más altos índices de feminicidio del mundo, así como de ataques contra las mujeres lesbianas, bisexuales y, en particular, transexuales, lo mismo que en la India y Polonia, donde existe un movimiento para reclamar su derecho al espacio público.  
 
Tocó también el tema de la ablación femenina y la lucha de los movimientos feministas por acabar con ella y con otras leyes que obligan a las mujeres a solicitar aprobación de un “tutor” masculino para ejercer sus derechos.
 
Reconoció asimismo que la semana pasada, en la Conferencia #SheDecides celebrada en Bruselas, un grupo considerable de Estados y organismos donantes se pronunció en favor de defender los derechos de las niñas y las mujeres, y asignó a esta tarea un volumen de financiación aún mayor.
 
Informó también que hoy ONU-DH  presenta un informe elaborado conjuntamente con la Unión Africana y ONU Mujeres, que muestra los progresos y las limitaciones en la consecución de los derechos de la mujer en África.
 
17/MMAE/GG
 

Con la llegada del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga un estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a nuestro país, concuerdan especialistas.
 
Durante el 25 y 26 de enero académicas, especialistas en DH y las organizaciones ONU Mujeres, Sin Fronteras, el Instituto de Migrantes Mexicanas (Imumi) y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), se reunieron en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario.
 
Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mexicanas que regresen a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumenté, de 2011 a 2016 se deportaron 42 mil 928 mexicanas según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con Cimacnoticias, su preocupación ante la falta de acción del gobierno para atender a las mexicanas, “existe un gran vacío, no se han intencionado, ni siquiera retomado en el discurso de nuestro presidente”.
 
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la migración de las mujeres hacia EU aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado genero grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento sobre todo en el campo.
 
Ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen que se encuentran en con condiciones totalmente precarias, señaló Pérez, pues llegarán a un lugar “que no cuenta con las condiciones mínimas de arraigo”; sin empleo, servicios básicos de salud y sobre todo, en un clima de violencia por el crimen organizado.
 
En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplea como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza -41 por ciento según el Consejo Nacional de Población- y corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de Imumi, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país pero con pagos que les permitan apenas “la sobrevivencia mínima” en comparación con los que tenían en el país vecino.
 
Por otra parte, a las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijos e hijas se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional, señaló Kuhner. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijos o hijas y otros familiares en EU, reporta el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaria de Gobernación.
 
Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos niveles de violencia como es: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
 
“Necesitan ser abordados desde un política pública para evitar el riesgo de adiciones al crimen organizado, de suicidios, intentar cruzar la frontera de nuevo o que se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos donde no hay la menor regulación y se les explote descaradamente”, añadió Pérez.
 
La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal, como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos, para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen.
 
TAMBIÉN A MIGRANTES DE CENTROAMERICA
 
México también se tendrá que hacer cargo del flujo de mujeres migrantes de Centro América en la frontera sur del país, asimismo en caso de construirse el muro si no avanza el flujo de personas migrantes, el gobierno tendrá que proveerles asilo, concluyeron las especialistas.
 
Imumi calcula que cerca de 20 mil mujeres transita esta frontera cada año para llegar a EU, la directora del Instituto señaló que el país tiene la obligación legal de proteger a las mujeres que transitan por el -independiente de su condición migratoria- y brindar los derechos básicos según la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
 
Sin embargo, las especialistas concordaron que esta medida se torna casi imposible ya que las autoridades mexicanas no cuentan con recursos e infraestructura para convertir a México en un país de asilo para las migrantes.
 
Por el contrario, las organizaciones apuntaron que han detectado en la frontera sur casos de violaciones de DH, como discriminación hacía las mujeres, problemas para comprar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y servicios de salud.
 
ONGS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR TRUMP
 
El panorama también se dificulta para las organizaciones civiles, la directora de Sin Fronteras informó que en las próximas semanas Trump podría aprobar un recorte de presupuesto para las Naciones Unidas, que ayuda de posicionar a nivel mundial la defensa de los DH de personas migrantes.
 
“A estos gobiernos les causa cierto tipo de recelo que se les señale como violadores de derechos humanos. Si estos espacios se reducen, no tendremos quien nos apoye a nosotros para visibilizar lo que estamos pasando”, dijo Nancy Pérez.
 
Tan sólo en la primera semana de su gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que afectan a las organizaciones civiles que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con Ley Mordaza o “La Política de Ciudad de México” como se le conoce, EU que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto, tiene prohibido recibir fondos del gobierno.
 
También el 23 de enero en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump reafirmó su decisión al firmar la orden de construcción del muro fronterizo con México.
 
Está medida incluye la adición de 10 mil oficiales de inmigración y 5 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. Aunque aún necesita la aprobación del Congreso para su financiamiento -oscila entre los 15 y 20 millones de dólares-, que se encuentra dominado por republicanos.
 
17/HZM

Con retraso en la entrega, las autoridades mexicanas presentaron el noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012.
 
Cada 4 años, el Estado mexicano está obligado por la CEDAW-México -que se integró a este instrumento en 1981- a rendir un informe sobre la atención a mujeres en el país.
 
Sin embargo, cabe recordar que México siempre se atrasa en las entregas; el séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe, el atraso en esta última entrega llevará a que Naciones Unidas evalué nuestro país hasta 2018.
 
La entrega se llevó a cabo el 22 de diciembre en Ginebra Suiza, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
 
De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades oficiales, el documento refleja los esfuerzos desplegados hacia la igualdad, también identifica diversos temas en los que las políticas públicas deben mejorarse, como los mecanismos de investigación, sanción y reparación a las víctimas de violencia de género; el acceso efectivo a la justicia para las mujeres; la sistematización de información; y la eliminación de la trata de personas.
 
Entre las principales recomendaciones de CEDAW al Estado en 2012 se encontraban: abatir el feminicidio, los embarazos en adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para garantizar los derechos políticos de las mexicanas.
 
Otros de los mandatos de la organización internacional al gobierno mexicano fueron: homologar las leyes locales en materia de aborto legal, crear un registro nacional de desaparición de mujeres, y volver operables los protocolos Alba y Amber de desaparición de mujeres y niñas.
 
INFORME SOMBRA: INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
 
En paralelo cada 4 años las organizaciones civiles mexicanas entregan a la CEDAW el llamado “informe sombra”, un documento alterno que aporta información veraz y actualizada sobre la situación de los Derechos Humanos de las mexicanas registrados por la sociedad civil.
 
Las asociaciones han pronunciado constantemente que el gobierno federal ha omitido las recomendaciones y obligaciones emitidas por la CEDAW en años anteriores.
 
En 2012 las organizaciones presentaron 22 “informes sombra”, que de acuerdo con ellas presentó un contra peso importante respecto a la participación de las autoridades oficiales.
 
Entre ellas la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, ha hecho énfasis en el cumplimiento parcial en temas como derechos políticos de las mujeres y el acceso al aborto.
 
Prevenir el feminicidio, una de las principales preocupaciones de la organización de las Naciones Unidas, ha llevado a la incipiente implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de acuerdo con las especialistas, que a su vez, sigue sin funcionar.
 
También han recalcado que las medidas para proteger a las periodistas y defensoras de DH, son insuficientes. Asimismo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano.
 
Por otra parte, las organizaciones han demandado que el sistema de salud sigue presentado violaciones a los DH y mala calidad de atención para las mexicanas.
 
Las integrantes de la Cátedra Unesco informaron en este año que el reporte presentado por ellas contiene temas sobre derechos políticos, migración, AVG, y violencia de género en Ciudad Juárez.
 
16/HZM/KVR/LGL