Migración

De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo. 
 
La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.
 
En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.
 
El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.
 
Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.
 
España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total  mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.
 
CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO
 
En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
 
El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.
 
La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).
 
Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.
 
SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS
 
En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.
 
Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.
 
La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.
 
Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.
 
ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad,  no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.
 
En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.
 
En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.
 
El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
 
“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.
 
El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.
 
17/GL/GG

Ante las posibles deportaciones, alrededor de cinco millones de niños y niñas que nacieron en Estados Unidos (EU) corren el riesgo de ser separados de sus madres mexicanas, por lo cual la inversión en abogados que hará el Estado mexicano será fundamental para su defensa jurídica.
 
En entrevista con Cimacnoticias la especialista en temas de migración del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius, señaló lo anterior y dijo que  se deben de tratar con especial atención los casos de separación familiar, pues existen experiencias donde las madres pierden la custodia de sus hijos e hijas, ya que al ser deportadas, no pueden asistir a los juicios donde se determina que pasará ellos.
 
Durante los últimos años la cantidad de deportaciones de personas migrantes han aumentado -dos millones con Barack Obama- lo que trae como consecuencias la separación familiar, uno de los principales temas abordados por las organizaciones sociales.
 
Esta problemática podría empeorar, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Gobernadores (Conago), se encuentran en este momento 250 mil casos de deportaciones inmediatas en los tribunales estadounidenses.
 
Esto llevó a las autoridades a anunciar la inversión económica en la defensa jurídica de los y las connacionales, lo que incluye la contratación de abogados en los 50 consulados ubicados en EU para su atención inmediata.
 
La situación lo amerita, pues antes de la amenaza del nuevo gobierno de Estados Unidos  de realizar deportaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que entre 2010 y 2014 tuvo 9 mil 780 solicitudes de apoyo consular en casos de custodia de niñas y niños en EU.
 
En el peor de los casos los niños y niñas en esta situación, pueden ser dados en adopción por el Servicio de Protección Infantil de EU (CPS por sus siglas en inglés).
 
“Hay situaciones en las que las familias pueden viajar juntas, a veces se decide eso, pero muchas veces considerando el bienestar de los niños y niñas, a veces deciden que se quedarán con familiares, cuando tienen la oportunidad de decidir, cuando no, es una tragedia completa”, añadió Leticia Calderón.
 
La especialista señaló que existen abogados y abogadas voluntarios que han trabajo con  madres que atraviesan esta situación, pero es hora de que el gobierno invierta en su contratación.
 
TRÁMITES FLEXIBLES Y APOYO EMOCIONAL
 
Sin bien la asesoría jurídica es fundamental, en el caso de las familias que sean deportadas, la doctora Calderón dijo que se deben flexibilizar de inmediato los trámites para obtener la nacionalidad y con ello el acceso a servicios, sobre todo en el caso de mujeres y menores de edad.
 
“Para que los hijos e hijas de mexicanos que nacieron EU puedan acceder a la nacionalidad mexicana es un trámite infame, justamente sería un momento que eso fuera reconocido de facto”, observó Leticia Calderón.
 
La doctora apuntó que estos trámites se podían agilizar, como sucedió con la decisión presentada en enero pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revalidar los estudios a todas las personas que regresen a México.
 
“Es momento de flexibilizar las equivalencia para todo mundo, siempre hay una necesidad de poner candados, porque no alcanzan a ver lo que significa la movilidad migratoria”, dijo.
 
A ello se tendría que agregar el apoyo psicológico y emocional para la población migrante que regresa al país, pues no es su elección, determinó la doctora, “ahora la gente está pasando momentos de incertidumbre, hacer una catarsis de lo que significó abandonar su hogar y comprender cómo funciona este país de nuevo, es fundamental”.
 
Leticia Calderón consideró que México cuenta con el personal profesional, información e incluso estrategias para atender a este tipo de población, sin embargo resalta que las autoridades mexicanas no han querido incorporar a las organizaciones y especialistas que cuentan con una amplia experiencia en el tema.
 
ATENCIÓN A MIGRANTES, VIEJA PETICIÓN
 
La petición al gobierno de atender a la población migrante ha sido cuestión que por años han demandado la academia y agrupaciones civiles, “por causa del efecto Trump están haciendo caso, no es ninguna cosa original, si no es una cuestión fundamental”, recordó Leticia.
La académica dijo que México ha vivido beneficiado de la migración durante décadas, esto le permitió quitarse la presión de atender a una población que crecía y necesitaba empleos y servicios de educación y salud.
 
“Para el Gobierno mexicano la migración siempre constituyó una válvula de escape, cuando la gente sentía que no tenía una vida como la que quería, tenía siempre esa opción, para México siempre fue una opción migrar”.
 
De acuerdo con Leticia Calderón es alrededor de 10 por ciento de la población mexicana la que se encuentra viviendo en EU, por lo que el gobierno debería reconocer lo que significa la migración para el país, así como aceptar que es una decisión individual de las familias para mejorar su situación, pues cada vez huyen más de la violencia e inseguridad que viven en el país.
 
17/HZM/GG
 

La activista afroamericana, filósofa, política marxista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Angela Davis, figura clave del movimiento de liberación negro en la década de los 60 y 70, realizó un contundente y brillante discurso en el cierre de la denominada “Marcha de las Mujeres” contra Trump en Washington.
 
Discurso íntegro de Angela Davis:
 
En un momento exigente de nuestra historia, recordemos que nosotras, las centenares de miles, los millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decididas a impedir que vuelva a resurgir la cultura agonizante del racismo y el heteropatriarcado.
 
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede borrarse como si fuera una página web. Sabemos que nos hemos reunido esta tarde sobre tierra indígena y seguimos el camino marcado por los primeros pueblos que nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo, a pesar de la violencia del genocidio masivo. Saludamos especialmente a los sioux de Standing Rock.
 
La lucha por la libertad del pueblo negro, origen de la auténtica naturaleza de este país, no puede borrarse de un plumazo. No pueden hacer que olvidemos que las vidas negras sí importan. Este es un país fundado sobre la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir que de una forma u otra la historia de Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. Fomentar la xenofobia, arrojar acusaciones de asesinato y violación y construir muros no borrará la historia.
 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
 
La lucha por salvar el planeta, por parar el cambio climático, por garantizar el acceso al agua desde las tierras de los sioux de Standing Rock hasta Flint, Michigan, y Cisjordania y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora y fauna, por salvar el aire. Esa es la zona cero de la lucha por la justicia social.
 
Esto es una marcha de mujeres y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista.
 
Sí, saludamos la lucha por los 15 (por un salario mínimo de 15 dólares la hora). Nos comprometemos con la resistencia colectiva. Resistencia contra los que se lucran con las hipotecas multimillonarias y la gentrificación. Resistencia contra los partidarios de la sanidad privada. Resistencia contra los ataques a musulmanes e inmigrantes. Resistencia contra los ataques a personas con discapacidad. Resistencia contra la violencia del Estado perpetrada por la policía y a través del complejo industrial penitenciario. Resistencia contra la violencia de género institucional y personal, especialmente contra las mujeres trans de color.
 
Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos en todo el planeta, y por eso pedimos libertad y justicia para Palestina. Celebramos la futura liberación de Chelsea Manning. Y la de Óscar López Rivera. Pero también pedimos libertad para Leonard Peltier. Libertad para Mumia Abu-Jamal. Libertad para Assata Shakur.
 
En los próximos meses y años, seremos convocados para intensificar nuestras demandas de justicia social y ser más radicales en nuestra defensa de poblaciones vulnerables. Será mejor que tengan cuidado los que aún defienden la supremacía del heteropatriarcado blanco.
 
Los próximos mil 459 días de la Administración de Trump serán mil 459 días de resistencia. Resistencia sobre el terreno, resistencia en las aulas, resistencias en los empleos, resistencia en nuestra arte y nuestra música.
 
Esto es sólo el principio. En palabras de la inimitable Ella Baker, “los que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que la consigamos”. Gracias.
 
La nota original puede verse en: http://arainfo.org/
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias AraInfo.org
 
17/RED/LGL

El día de ayer ingresaron a territorio mexicano integrantes de la XII Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 2016 “Buscando vida en caminos de muerte”, quienes entraron por la frontera sur en el punto conocido como la Mesilla, en el municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas.
 
En un comunicado, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) que apoya la caravana, indicó que 40 mujeres provenientes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, recorrerán 11 estados de la república mexicana y 30 localidades por donde transitan las personas migrantes, para buscar a sus hijas e hijos.   
 
En esta ocasión, indicó el MMM, la caravana irá por nuevas rutas, ya que el excesivo control policiaco y militar desprendido del programa Plan Frontera Sur (2014) ha obligado a las personas migrantes a diversificar sus rutas para evadir retenes y operativos, así como a redes criminales, lo que los expone a más riesgos y obstáculos durante su trayecto.
 
Los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) se realizan en autobuses, carreteras, tren de carga y centrales camioneras.
 
De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales, e investigaciones periodísticas, las agresiones, detenciones, actos de corrupción e impunidad en México, han ido en aumento contra los migrantes por parte de autoridades migratorias, policías federales y estatales, y crimen organizado.  
 
La caravana recorrerá las localidades de Comitán y San Cristóbal de las Casas en Chiapas; para después ir al corredor migratorio conocido como la ruta del Golfo en Tabasco y Veracruz, lugares en donde los migrantes son asaltados, secuestrados, y desaparecidos por bandas de delincuentes.
 
Continuarán hacia Hidalgo, San Luís Potosí, Guanajuato y Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, para finalmente dirigirse el 3 de diciembre a la Frontera Sur vía Oaxaca y Chiapas.
 
Así durante 19 días, la Caravana realizará actividades de denuncia y búsqueda, se reunirá con integrantes de organizaciones civiles y  visitará albergues, cárceles, iglesias y hospitales.
 
La XII Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos inició el pasado 10 de noviembre en Guatemala en donde con ayuda de organizaciones de Nicaragua, El Salvador y  Honduras realizaron diversas acciones de búsqueda e integración.   
 
Desde 2004, las mujeres integrantes de la Caravana salen de sus hogares para buscar a sus familiares migrantes, y desde 2008 son acompañadas por el MMM, organización  no gubernamental encabezada por Martha Sánchez Soler y fray Tomás González Castillo.
 
16/GMV/LGL

A nivel mundial el tema de migración ha cobrado una especial relevancia y México no es la excepción. Ya sea por el volumen de remesas que recibe de sus personas trabajadoras migrantes, por la problemática que viven las familias al separarlas con las deportaciones, su alto nivel de criminalización, y recientemente por el racismo y la xenofobia que encabeza el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump.
 
Ninguna de estas cosas son ajenas a las mujeres, por el contrario, se podría decir que están en el centro del huracán; ya sea como receptoras de remesas -en México para muchas jefas de familia es su principal ingreso, sino es que el único-, también como trabajadoras migrantes, o bien, como familiares de migrantes (madres, hermanas, hijas, esposas).
 
Con esta visión tiene una especial relevancia el documento recientemente publicado: “Una frontera común, un futuro común. Una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México”.
 
Informe del Center for Global Development realizado por el Grupo de Trabajo sobre innovaciones en materia de cooperación bilateral para la regulación de la movilidad laboral en el siglo XXI.
 
El grupo de trabajo que lo formuló es muy heterogéneo, lo conforman académicos tan importantes como el doctor en Economía Gerardo Esquivel; un ex presidente de México (Ernesto Zedillo); un ex secretario de Comercio de Estados Unidos; personas que defienden los Derechos Humanos, funcionarios fronterizos, por mencionar algunos. 
 
Según este documento, casi 10 por ciento de las personas nacidas en México vive y trabaja en los Estados Unidos, y los mexicanos de nacimiento constituyen por lejos la mayor comunidad de inmigrantes en éste último. Por consiguiente, aun los avances más pequeños en el abordaje jurídico y regulatorio de la movilidad laboral, podrían tener un impacto enorme a los efectos de crear oportunidades y elevar el nivel de vida en ambos lados de la frontera.
 
“No obstante, la mayor parte del flujo laboral entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años ha sido de carácter ilegal, lo cual ha ido en detrimento tanto de los trabajadores como de la seguridad nacional de ambos países. A pesar de la creciente importancia de otras naciones, seguirá habiendo importantes flujos laborales de mano de obra mexicana que complementen el mercado laboral estadounidense”.
 
La historia nos enseña que la flexibilidad regulatoria y la cooperación bilateral son las únicas soluciones duraderas; no obstante, las limitaciones presentes en convenios anteriores son una muestra de que estos acuerdos pueden fracasar si no se planifican adecuadamente.
 
La firma de un nuevo convenio laboral bilateral ha de perseguir objetivos diversos logrando un equilibrio entre ellos. La historia y la geografía implican que la mano de obra mexicana ha sido un impulsor sin igual de la economía estadounidense
 
LA OPCIÓN NO ES CONSTRUIR MUROS
 
Algunos de sus objetivos son:
 
Reducir drásticamente la movilidad transfronteriza ilegal; preservar la prioridad de los trabajadores estadounidenses respecto de los puestos disponibles en los Estados Unidos, evitando a la vez la proliferación de trabas burocráticas innecesarias; evitar aumentos bruscos en la ausencia de mano de obra, respondiendo al mismo tiempo a las condiciones del mercado.
 
Eliminar la intermediación laboral abusiva; garantizar el cumplimiento, por parte de los empleadores, de los diversos estándares laborales respecto de todos los trabajadores; disponer la responsabilidad común a lo largo de la frontera en cuanto a la ejecución del convenio y las acciones destinadas a hacerlo cumplir.
 
Evitar la permanencia de personas con visas vencidas, fomentando la emigración de regreso al país de origen y estableciendo una vía de salida clara; mejorar la seguridad común a ambos lados de nuestra frontera.
 
Incluir a aquellos sectores en los cuales la mano de obra mexicana aporta un valor agregado; propiciar la adquisición, por parte de todos los trabajadores, de competencias laborales que mejoren la productividad; establecer criterios transparentes para la adaptación a condiciones de mercado cambiantes; y financiar su implementación en los dos países. En síntesis, debe ganarse la aprobación y la confianza de los trabajadores y los empleadores de ambas naciones generándoles beneficios comunes.
 
Nuestra atención está puesta principalmente en los flujos futuros temporarios motivados por razones de empleo puesto que, a nuestro entender, la raíz de muchos de los problemas actuales se halla en los fracasos del pasado a la hora de regular adecuadamente los flujos futuros.
 
Y ahora que la presión migratoria entre México y Estados Unidos es menor, es el momento propicio para tratar adecuadamente estos flujos. No desconocemos la creciente importancia de otros países en materia de movilidad laboral, especialmente en Centroamérica; sin embargo, la cooperación debe empezar por los dos vecinos cuyo destino común es harto evidente”.
 
 “La movilidad de la mano de obra menos calificada proveniente de México también mejora las condiciones laborales allí existentes, aumentando los salarios en el país. Cada año que un trabajador mexicano promedio pasa en Estados Unidos hace que su productividad económica sea mayor cuando vuelve a México. El trabajador mexicano promedio utiliza los ingresos provenientes de sus trabajos temporarios en los Estados Unidos para mejorar su vivienda e invertir en la educación y en gran medida prefiere una migración legal temporaria antes que la migración ilegal”.
 
 Como bien se aprecia en la gráfica en las expectativas futuras de demanda de mano de obra no calificada las mujeres juegan un papel preponderante, ya que con excepción de la industria de la construcción en todas las demás áreas tienen una presencia significativa, vamos están feminizadas.

VER GRÁFICA AQUÍ

Las y los trabajadores mexicanos menos calificados que emigran a los Estados Unidos suelen operar como un complemento de los trabajadores estadounidenses locales, mientras que aquellos que no emigran suelen reemplazar a otros trabajadores mexicanos en su lugar de origen.
 
Esto significa que la movilidad de mano de obra menos calificada desde México hacia los Estados Unidos tiene el potencial económico necesario para mejorar las condiciones del mercado laboral en ambos países.
 
Hoy en día los mexicanos constituyen 49 por ciento del total de los residentes de Estados Unidos que ingresaron al país o permanecieron en él de manera indocumentada.
 
A pesar de la creciente importancia de otros países, seguirá habiendo flujos transfronterizos de mano de obra mexicana y es indispensable regular la movilidad laboral de la mano de obra menos calificada”.
 
Pero es indispensable reconocer que la economía estadounidense ha tenido, y seguirá teniendo, un gran apetito de trabajadores menos calificados.
 
Con una planificación adecuada, una regulación bilateral puede brindar oportunidades y seguridad en beneficio de ambos países, proteger los derechos de los trabajadores de una y otra nación, y debilitar fuertemente las actividades ilegales a ambos lados de la frontera, además de servir de modelo para la región y el mundo.
 
México y las familias más pobres seguirán dependiendo de las remesas, pues la economía prácticamente está estancada y los salarios que ofrece son muy bajos. Las mujeres seguirán emigrando en busca de mejores empleos y mejores condiciones de vida, exponiéndose a toda clase de riesgos,  maltratos y discriminación.
 
La separación de las familias y las deportaciones masivas complican más el problema de la migración y tampoco resuelven el problema laboral, no en vano en Estados Unidos es un tema electoral y la reforma migratoria sigue pendiente.
 
Para colmo, la migración sin documentos (mexicana y centroamericana) ha resultado un pingüe negocio para el crimen organizado.
 
Un planteamiento sobre la regulación de la movilidad laboral México-Estados-Unidos en estos momentos es crucial. Existe la potencial amenaza de que un personaje como Donald Trump sea presidente de Estados Unidos.
 
Su discurso (si así se le puede llamar) es contra los migrantes en general y los migrantes mexicanos en particular, contra la comunidad latina y desde luego contra México. Xenofóbico, misógino, racista y discriminatorio, en una palabra fascista.
 
Tal parece que el único que no ha entendido la gravedad del problema es el gobierno mexicano, primero tuvo una actitud pasiva y permisiva ante sus insultos, para después pasar a ser cómplice, invitándolo a Los Pinos y dándole un trato de estadista a un bufón fascista.
 
Todo esto ha tenido y tendrá costos muy altos para las personas migrantes (nacionales e internacionales), hasta las remesas están en peligro; abonando a los grupos neofascistas de Europa, en momentos donde hay una crisis humanitaria por la situación de los migrantes. También México pagará ese costo. Para muestra la creciente devaluación del peso frente al dólar.
 
Desgraciadamente sus opiniones no sólo son personales, también reflejan la posición de una parte de la sociedad norteamericana.  La crisis no sólo es económica, también es política.
 
PD:
Un reconocimiento tácito de que la economía no está bien. Suben las tasas de interés. Banco de México (Banxico) aumentó la tasa de interés en 50 puntos y quedó en 4.75 por ciento. Con este es el tercer incremento en los últimos 10 meses, ya que de 3.0 pasa a 4.75 por ciento,  y seguramente seguirá aumentando; en diciembre la Reserva Federal tiene previsto un aumento, por tanto también se hará en México.
 
Uno de los objetivos es frenar la caída del peso, pero sin mucho éxito. Esta medida encarece los créditos (públicos y privados), así como la deuda. Pretende retener las inversiones y también puede provocar inflación.
 
Twitter: @ramonaponce
 
* Economista especializada en temas de género
 
16/CRPM/LGL

La pobreza, violencia y exclusión social generan que haya mujeres y niñas vulnerables a la trata de personas en tanto que la migración y movilidad humana incrementan los riesgos para ser víctimas de ese delito, coincidieron defensores de las mujeres y las personas migrantes.
 
En un encuentro regional realizado la semana pasada en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, las organizaciones civiles aseguraron que los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral son más complejos y desafiantes que los términos que establecen las leyes para prevenir, atender y sancionar este fenómeno de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
 
Convocados por Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS); la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración; y Formación y Capacitación (Foca), las y los activistas
hicieron un análisis de las actuales normas que regulan la migración y sancionan la trata de personas; cabe decir que en México desde 2012 existe la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
 
Las organizaciones reflexionaron que en el actual contexto centroamericano hay una cosificación de las personas, los cuerpos, los bienes materiales y los territorios, por lo cual advirtieron que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante para brindar atención a las personas en vulnerabilidad.
                                
Además señalaron que México, Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen una responsabilidad ineludible, para prevenir, proteger y resarcir a las víctimas, investigar y sancionar este delito, así como tomar acciones para atender la pobreza, los distintos tipos de violencias y otros factores que provocan la trata de personas.
 
En el encuentro donde participaron organizaciones mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, La 72, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Instituto para las Mujeres en la Migración también se hizo un pronunciamiento por el respeto a las personas que se asumen como “trabajadoras del sexo”.
 
16/AGM/LGL

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) debería considerar como refugiadas a una buena parte de las personas migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala, una de las regiones más violentas a nivel mundial, afirmó la organización Consejería en Proyectos (PCS).
 
En una reunión realizada en Ginebra, Suiza, integrantes de PCS, la Misión Internacional de Verificación y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad pidieron a la directora de la Oficina para las Américas de ACNUR, Renata Dubinique, apoye medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes en la ruta migratoria.
 
La delegación de activistas presentó una serie de recomendaciones al organismo de Naciones Unidas, entre ellas, que fortalezca su presencia en la región, especialmente en los territorios fronterizos, desarrollando mecanismos de recepción, registro e identificación de casos que requieran de protección internacional, refugio y asilo, así como la identificación de alternativas para niñas, niños y adolescentes.
 
A pesar de no haber cifras oficiales sobre el número total de personas migrantes muertas o asesinadas a lo largo de toda la ruta migratoria, PCS, quien se dedica a la incidencia para promover los Derechos Humanos en la migración, dijo que se estima que en las últimas décadas han sido miles de personas migrantes las que mueren en su trayecto.
 
Sólo en Estados Unidos, en la franja fronteriza con México, entre 1998 y 2013 la patrulla de control fronterizo encontró 6 mil 29 personas migrantes fallecidas, lo que indica la magnitud de la crisis, además de las diversas formas de violencia y discriminación como la trata de personas de la que son víctimas principalmente las mujeres y niñas.
 
Otras problemáticas que afectan a migrantes en tránsito y refugiados son los robos y extorsiones, secuestros y desapariciones, asesinatos, la discriminación, abusos de autoridad, extorsiones y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de migración y policía.
 
Esta situación, asegura PCS, se ve agravada por las políticas de seguridad, contención y control migratorio que están obligando a migrantes y personas refugiadas a tomar rutas cada vez más arriesgadas, a usar medios de transporte más peligrosos y a atravesar lugares geográficos que implican riesgos directos contra sus vidas.
 
La delegación se reunió además con el director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, y con la asesora Regional para las Américas, Ana Durán Salvatierra, para pedirles que el organismo refuerce su presencia en los países centroamericanos.
 
También hubo un encuentro con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incidir en el seguimiento a sus peticiones y recomendaciones hechas a los Estados de la región; entre ellas, que los Estados abandonen la visión de seguridad para afrontar los movimientos migratorios mixtos.
 
En esta gira de trabajo que se realizó la semana pasada la agrupación pidió que los organismos de Naciones Unidas den seguimiento al Plan de Acción de Brasil, instrumento firmado en diciembre de 2014 para dar respuesta a la crisis de refugio que vive la región, así como a los compromisos adquiridos por ACNUR en la Declaración de Acción de San José, que se realizó en julio.
 
En estos documentos los Estados se comprometieron a fortalecer las capacidades de los gobiernos para desarrollar políticas y programas tendientes a brindar protección y asistencia a migrantes, en particular a mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes LGBTI, víctimas de delitos, refugiados y desplazados internos.
 
15/AGM/LGL

Las Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú (1992) y la iraní Shirin Ebadi (2003) coincidieron en la necesidad de que las mujeres se abran paso en gobiernos, parlamentos, tribunales y otras instituciones para hacer oír su voz, y porque haya leyes de paridad de género para aumentar el número de candidatas a cargos de decisión.
 
Así lo dijeron a medios argentinos, luego de participar esta semana en un encuentro organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el país sudamericano, donde hablaron sobre la discriminación, las leyes de igualdad de género y la migración, entre otros temas.
 
Ebadi advirtió también sobre medidas gubernamentales que se aplican en defensa del laicismo y combaten el uso de símbolos del islam en instituciones educativas públicas o en lugares públicos y que terminan perjudicando a las mujeres. Por ejemplo, la norma que  prohíbe el burkini en las playas. Se preguntó por qué a los hombres no se les prohíbe usar barba, si también es un símbolo islámico. 
 
En algunos países islámicos, como Irán, obligan a las mujeres a llevar el pañuelo y ellas no quieren hacerlo, señaló Ebadi, mientras en Europa las obligan a quitar el pañuelo y ellas no quieren esto tampoco. “¿Por qué no dejan que las mujeres sean libres como los hombres para que ellas hagan lo que quieran?”, cuestionó.
 
MIEDO A MIGRANTES Y REFUGIADAS
 
Menchú y Ebadi también coincidieron, según medios argentinos, en que no hay que tener miedo de las personas inmigrantes y refugiadas que huyen de la guerra, porque  pueden ayudar a desarrollar al país de destino e incluso son una oportunidad de expansión económica.
 
La abogada Ebadi aseguró que no hay que tenerles miedo porque “si les enseñan su lengua y una profesión que les pueda ayudar a desarrollarse, sin lugar a dudas van a ser una gran oportunidad para la expansión económica de su propio país”.
 
Advirtió que, de no hacerlo, se genera una división social que puede traer consecuencias: “si deciden cerrar los ojos, aislarlos y darles sólo los trabajos sucios que ustedes no querrían hacer y les dicen que ellos sólo están para eso, años más tarde estas personas pueden levantarse contra ustedes”.
 
Rigoberta Menchú llamó la atención sobre el discurso xenófobo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer estuvo en México. Advirtió que si un personaje se expresa de esta manera es porque existe permisibilidad de la sociedad.
 
“Es preocupante cuando algunos políticos se vuelven amarillistas y usan el racismo para ganar elecciones”, dijo, “y me refiero a uno que está haciendo campaña en Estados Unidos”. Que hoy por hoy candidatos se vuelvan abiertamente racistas y xenófobos contra inmigrantes y latinos es posible porque lo permitimos”, dijo.
 
16/AGM/GGQ

Las mujeres representan 67.8 por ciento de la población migrante que se dirige hacia América del Norte. Y el trabajo del hogar remunerado representa su mayor fuente de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
La búsqueda de empleo sigue siendo el principal motivo por el cual las mujeres abandonan su lugar natal y emprenden un viaje a otros países, de acuerdo al  informe técnico 2016 sobre “La migración laboral en América Latina y el Caribe” de la OIT, presentado este martes.
 
El porcentaje de mujeres migrantes en países de América Latina y el Caribe representa un 55.7 por ciento de la población migrante y un 67.8 por ciento en América del Norte.
 
El director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, José Manuel Salazar, presentó el informe y dijo a Cimacnoticias que el embarazo sigue siendo el principal obstáculo por el cual las  mujeres no son contratadas en sus países de origen.
 
También indicó que aún existen estereotipos de género y desigualdad, de manera que las políticas laborales de los países tendrían que incorporar perspectiva de género como lo recomienda la OIT, para que se atiendan las necesidades de empleo que tienen las mujeres, como salarios equitativos y el cumplimiento de sus derechos antes, durante y después del embarazo.
 
El informe “La migración laboral en América Latina y el Caribe”, presenta el análisis de 11 rutas o corredores de migración laboral, así como las debilidades y desafíos de las políticas públicas aplicadas en materia laboral y de seguridad social.
 
Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con un total de 45 millones de personas, cifra registrada en el 2015. De esa suma, 63 por ciento son mexicanos, un 15.5 por ciento son nacidos países del Caribe (Puerto Rico, República Dominicana y Cuba), 13 por ciento son de Sudamérica y 7.9 por ciento de Centroamérica.
 
El trabajo del hogar representa la mayor fuente de trabajo para las mujeres migrantes que llegan a Estados Unidos y a los países de América Latina, ya que el 71 por ciento de las trabajadoras del hogar de América del Norte son migrantes latinas.
 
En cuanto a los países de América Latina y El Caribe, las mujeres migrantes representan 4.4 por ciento de las prestadoras de “servicio doméstico”.
 
La edad promedio de las mujeres migrantes es de un rango que oscila de 23 años a 42 años de edad y viajan solas.
 
“No podemos seguir viendo el tema de la migración como un tema de cuestión de seguridad fronterizo, para los países que son destino de la población migrante. La migración es un tema laboral y las recomendaciones a los países son las mismas: cambiar las políticas laborales” dijo el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, José Manuel Salazar.
 
16/GVV/LGL

Más de 500 mil personas cruzan a Estados Unidos anualmente mediante una ruta “plagada de riesgos”, entre ellos múltiples violaciones a los Derechos Humanos y la muerte; aun así, no existen medidas de refugio para esta población vulnerable, indicó un comunicado emitido por la organización Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos (PCS, por sus siglas en ingles).
 
La pobreza, la discriminación social, y el incremento de la violencia en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica, son las causas principales del desplazamiento masivo de personas en esta zona.
 
Cuando son detenidos, las y los migrantes sufren “tratos crueles, inhumanos y degradantes” en México así como en Estados Unidos, lo que PCS y otras organizaciones internacionales han reconocido y calificado como una crisis de los Derechos Humanos.  
 
“Hoy por hoy existe a nivel regional una ausencia de mecanismos efectivos de refugio que sean capaces de responder al creciente desplazamiento forzado que se está viviendo”, comunicó PCS, previo a la reunión que sostendrá con la organización canadiense Inter Pares y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y varios miembros de la Misión Internacional en Ginebra, desde el 29 de agosto al 2 de septiembre.
 
En dicha reunión, abordarán el tema ante varios organismos internacionales de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
Durante esta visita, el Comité de Naciones Unidas de los Derechos de los Trabajadores Migratorios revisará la protección de los derechos de los trabajadores migrantes en Honduras, cuya población migrante viaja hacia México y Estados Unidos en las condiciones más vulnerables, de acuerdo al Informe Alternativo Ante el Comité Para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
 
En este informe, varias organizaciones hondureñas—entre las cuales se encuentran la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR); Asociación Feminista Trans (AFeT); Asociación FIAN Honduras; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; y otras- critican la legislación migratoria de su país por “abiertas violaciones a los Derechos que la Constitución consagra como elementales para cualquier persona”.
 
Asimismo señalan la carencia de enfoques de protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables como el enfoque de género, y limitar la funcionalidad del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, cuya función principal es ayudar a los y las hondureñas en necesidad con “su repatriación voluntaria a Honduras y la de aquellos menores, discapacitados, adultos mayores o personas incapaces, cuya repatriación sea solicitada por los consulados hondureños”.
 
También presentaron la falta de recursos o medidas de auxilio para rescatar a personas hondureñas desaparecidas, detenidas o deportadas, así como los resultados de su investigación sobre las causas profundas de la migración irregular—mayormente incitada por la desigualdad y la falta de oportunidad—y las medidas que se pueden tomar para prevenirla.
 
16/CAR/LGL