Guerrero

Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
 
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
 
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.  
 
UNA SOLA EXIGENCIA
 
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
 
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año. 
 
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
 
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
 
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que  “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
 
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por  los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado. 
 
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.  
 
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de  alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
 
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa. 
 
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de  sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.  
 
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.   
 
QUE INFORMEN

En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo. 

En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades. 

Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.

Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.    

Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?  

17/RED/RED

En Guerrero,  matar mujeres no está considerado un agravio, afirmó la doctora  Rosa Icela Ojeda al presentar el pasado  miércoles el Informe de Homicidios Dolosos de Mujeres en Guerrero en el periodo 2005-2015, periodo en el cual documentaron mil 449 asesinatos, aunque de muchos más no hay datos. 
 
El informe fue elaborado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hannah Arendt, coordinado por la doctora Ojeda.  
 
Recordó que el asesinato de Claudia Esmeralda Balanzar Casiano, quien tenía 24 años cuando la mataron, se considera como el momento en que se recrudeció el feminicidio en el estado. Su cuerpo apareció en un basurero de la colonia Progreso el 17 de abril de 2006 en el puerto de Acapulco, dentro de un saco de alimento para perro. La habían torturado, amarrado y tenía un disparo en la cabeza. 
 
“A partir de ese caso, el fenómeno fue en aumento”, al igual que la violencia con que se cometen, señaló la feminista y coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de Guerrero Hannah Arendt, Rosa Icela Ojeda Rivera.
 
Acompañada de la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar -una de las principales promotoras de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género para la entidad-, Ojeda Rivera informó que de 1994 a 2004, documentaron poco más de 300 homicidios dolosos de mujeres.
 
En la década siguiente, 2005-2015, la cifra subió hasta mil 449, es decir, el número de casos se elevó 400 por ciento, dijo, y fue cuando “los datos nos preocuparon. No sólo era preocupante que hubieran aumentado tanto numéricamente, lo más preocupante fue que las formas de asesinar a las mujeres también se habían modificado”.
 
Del 100 por ciento de los casos documentados, sólo 30 por ciento llegó a ser investigado, el 15 por ciento llegó hasta el final del juicio y el 10 por ciento llegó a una sentencia, en su mayoría absolutoria. Es decir, impune.
 
Desde 1994, Guerrero ha permanecido, de manera sostenida, en el tercer y cuarto lugar en las cifras nacionales de homicidios dolosos de mujeres. A pesar de la magnitud de este problema, no se ha logrado la declaración de una Alerta de Violencia de Género.
 
LOS FEMINICIDAS
 
En la década 1994-2004 los homicidios de mujeres eran cometidos por personas conocidas a las víctimas, familiares o parejas sentimentales. En algunos casos, las mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas, incluso cuando llevaban más de dos años de separación.
 
A partir de 2005, el modus operandi cambió. Las mujeres ya no eran asesinadas en sus casas. Ahora las mataban en la vía pública o, en el peor de los casos, sus cuerpos nunca aparecían. Esta situación trajo consigo un aumento en los niveles de impunidad. “Ya no se puede saber exactamente quién fue el asesino”, advirtió la especialista.
 
SIN IDENTIDAD
 
También incrementó el número de mujeres asesinadas cuya identidad permanece en el anonimato. “Sus cuerpos se encuentran muchos días o semanas después de ser desaparecidas y asesinadas, en estado de descomposición, lo que hace imposible su reconocimiento por las vías regulares.
 
Al no quedar clara la identidad de las víctimas, también queda en la zona oscura la identidad de los victimarios. Todos estos homicidios quedan en la impunidad y van engrosando los números negros”, lamentó Ojeda Rivera.
 
Otra modalidad, señaló, es cuando los cuerpos de las mujeres son encontrados al poco tiempo de ser asesinadas porque sus agresores se encargaron de “borrar su identidad”.
 
 
Los métodos que han sido empleados en Guerrero, según documentó Ojeda Rivera en el informe, fueron lapidación, balazos o puñaladas en el rostro. Si las autoridades no preservan la ropa y los pocos elementos de identidad de la víctima, advirtió la ponente, es difícil acceder a un ejercicio de identidad y las mujeres permanecen en calidad de desconocidas.
 
En el informe, los casos están organizados de acuerdo con  la hora, día y lugar en que fueron halladas las mujeres asesinadas en Guerrero, cuya identidad aún es desconocida. La labor que ahora toca a las autoridades, señaló Ojeda Rivera, es cruzar las cifras de mujeres desaparecidas en Guerrero con las que han sido asesinadas y permanecen en el anonimato.
 
SECUESTROS
 
Sobre el nuevo modus operandi para matar mujeres en la entidad, indicó la experta que las víctimas primeramente son privadas de la libertad. En algunos casos, los plagiarios pidieron el pago de un rescate a los familiares. Sin embargo, las mujeres fueron asesinadas a pesar de entregar el dinero.
 
“Las primeras 24 horas de desaparición son fundamentales. Si no se hace la denuncia y no se encuentra a la víctima en las primeras 72 horas, lo más probable es que aparezca asesinada e incluso con pocas posibilidades de ser identificada”, expuso. En muchos de los casos, las mujeres fueron torturadas y violentadas sexualmente antes de ser asesinadas.
 
GUERRA VS. NARCO
 
El incremento de los homicidios dolosos de mujeres vino aparejado con la “Guerra contra el narco” que inició Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces, no solo fueron asesinadas, sino que también surgieron nuevos métodos, como el desmembramiento y exhibición de sus cuerpos en la vía pública, lo que fue publicitado en los medios de comunicación, revictimizándolas aún después de muertas.
 
MÓVILES FUTILES
 
En muchos casos, las mujeres fueron asesinadas bajo el argumento de los “celos”, según el informe. Por ejemplo, eEn Ocotito, Chilpancingo, una mujer fue asesinada a balazos por su esposo, un policía, quien le disparó porque ella compró una televisión sin consultarle, otro asesinó a machetazos a su esposa porque se negó a prepararle de comer cuando llegó borracho de madrugada. Y otra mujer más fue asesinada por su pareja, porque recibió una llamada al celular cuando estaban juntos.
 
En algunos homicidios por celos, los hombres “asesinaron de las maneras más crueles” a las mujeres para hacerlos pasar por crímenes de la delincuencia organizada. Incluso se documentaron casos en los que fabricaron cartulinas para asemejar “narcomensajes”. En algunos casos, los hijos fueron testigos del homicidio.
 
NIÑAS E INDÍGENAS
 
Esta violencia extrema es aún mayor en las zonas rurales, donde no hay acceso a la educación y en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, o en comunidades pobres, como en el caso de Keyla Rubí, quien tenía 4 años y vivía con su abuela. Se la llevó un desconocido frente a varios testigos y nadie lo impidió. Apareció días después violada y asesinada.
 
Un caso más, de los cientos que documenta el informe, es el de dos jovencitas que fueron privadas de la libertad por tres albañiles. Las violaron durante varios días, las asesinaron y arrojaron sus cuerpos en el libramiento a Tixtla. Cuando fueron detenidos, fingieron ser miembros de la delincuencia organizada para lograr impunidad.
 
En 2015, recordó la especialista, una adolescente de 15 años fue violada y asesinada en el municipio de Tlapa, en la región Montaña. Su asesino le arrancó una mejilla a mordidas y no se sabe por qué. Hay más casos de mujeres mutiladas, en ataques grupales de hombres. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SANCIÓN EJEMPLAR
 
Ante este escenario de violencia extrema, la doctora Rosa Icela Ojeda propuso a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar las políticas públicas para garantizar la seguridad de las mujeres, generar “castigos ejemplares” para sus victimarios, reducir los niveles de impunidad, incluir el tema de igualdad de género en la agenda pública y reeducar para reducir los patrones de desigualdad
 
“En esta entidad, matar mujeres no está considerado un agravio y la sociedad debería sentirse agraviada. Detener la violencia contra las mujeres debería ser una exigencia, los hombres no pueden seguir ostentándose como propietarios de las mujeres, porque eso genera un esquema de violencia extrema en todos los municipios de Guerrero”, dijo.
 
Reconoce que los mil 449 casos documentados en la última década en Guerrero, “no es ni medianamente la totalidad del fenómeno. Muchos casos nos llevan a decir que vivimos en una sociedad salvaje”, expresó.
 
En Guerrero, advirtió Ojeda Rivera, “matan mujeres” porque los asesinos quedan impunes.
 
17/AGL/GG
 

Organizaciones civiles demandaron al gobernador de Guerrero,  Héctor Astudillo, que garantice una investigación apegada a la ley en el caso de agresión sexual cometida contra Glafira Morales Suástegui, por Jeremías Marquines Castillo, director del medio Bajo Palabra. 
 
En un comunicado, las organizaciones Zihuame Xotlametzin, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero, Aliadas por la Justicia y Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras, pidieron una investigación exhaustiva en averiguación 12030270200037/1101/17 del 11 de enero de este año.
 
Dice la petición: “Señor Gobernador: Le solicitamos instruya a quien corresponda para que se proporcione la atención integral mandatada en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Guerrero para la señora Glafira Morales Suástegui, e intervenga en el seguimiento  puntual y adecuado”.
 
En el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones demandan que la autoridad investigadora esclarezca el caso y garantice impartición de justicia pronta y expedita para ella y para todas las víctimas; y exigieron que el Estado garantice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
 
El pasado primero de marzo, Glafira dijo en conferencia de prensa  que el pasado 5 de enero fue atacada sexualmente por Jeremías Marquines Castillo, quien es su yerno y a quien denunció  el 11 de enero ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Informó también que médicos legistas de esa institución emitieron dictámenes que confirman la agresión.
 
La prensa local también difundió que a la fecha el inculpado sigue libre y que ha iniciado una campaña de desprestigio contra Morales Suástegui y contra su familia. 
 
17/AGM/GG

La ex policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado García, sus familiares e integrantes de la Policía comunitaria de esa entidad y Defensoras de Derechos Humanos se entrevistaron este día con el relator especial sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, para detallarle la criminalización que viven.
 
En un comunicado, se informó que la ex presa política originaria de Olinalá, en Guerrero, sostuvo una reunión privada (a través de una video llamada) donde también le informó del estado que guarda la implementación de la Opinión 56/2015 (que la reconoce como presa política y sostiene que su detención fue arbitraria) del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, relativa a la criminalización contra la defensora comunitaria Nestora Salgado.
  
De acuerdo con el comunicado, la opinión emitida en el 74 periodo de sesiones que tuvo lugar  el 17 de diciembre del 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención  Arbitraria de la ONU, pidió al Estado Mexicano realizar una  investigación efectiva en torno a los actos de tortura y malos tratos  contra la defensora Nestora Salgado.
 
Además de pedir que los responsables de su tortura sean llevados ante la justicia, también pidieron la reparación integral del daño, entre las que se solicitaron medidas de restitución, rehabilitación y no repetición, entre otras.
 
En la video llamada, la activista Nestora Salgado, dijo al relator que el gobierno mexicano, tanto el federal como el estatal, han sido omisos para implementar dichas recomendaciones y pese a que obtuvo su libertad, el Fiscal de Guerrero, apeló la sentencia.
 
Ante esta situación, pidió al relator que durante la reunión que sostendrá en el contexto de esta visita a México, y concretamente con el Fiscal de Guerrero, le solicite información sobre su caso “y lo exhorte a  desistir de dichas apelaciones, pues como la ONU lo ha reconocido,  cuando Nestora Salgado fue detenida, se encontraba desempeñando sus funciones como Coordinadora de la Policía Comunitaria de su comunidad”.
 
En tanto, quienes integran la Policía comunitaria, expresaron, su preocupación y descontento por la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal y estatal para que Nestora García pueda regresar a México, “sin que su vida e integridad física corran peligro”.
 
El Coordinador actual de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, Bernardo Ayala, externó al Relator de la ONU su preocupación por la persistente criminalización contra la CRAC-PC pues además de que existen policías  comunitarios que permanecen en prisión, también tienen conocimiento de  que existen órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la  policía comunitaria, dice el comunicado.
 
Cabe recordar que Nestora Salgado fue detenida de manera arbitraria el  21 de agosto de 2013, permaneció en prisión durante 2 años y 8 meses. Actualmente reside en Estados Unidos desde donde, junto con  activistas de Latinoamérica, visibiliza las violaciones a los Derechos  Humanos en México y contra las personas migrantes en Estados Unidos.
 
17/LGL
 

Organizaciones civiles con trabajo en infancia y violencia denunciaron que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chilpancingo, Guerrero, violentó el “debido proceso” al que debe tener acceso toda víctima de delitos sexuales; y los derechos de las niñas y los niños, al otorgarle una sentencia absolutoria a Saúl Andoni Quintana Campos, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.
 
En conferencia de prensa, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC (ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, manifestaron su preocupación, ya que esta decisión pone en riesgo la vida de la niña M, quien podría regresar al hogar donde vive su agresor.
 
Las activistas refirieron que el 27 de junio de 2013, el padre de la niña, Mario Alberto R, denunció a Saúl Andoni Quintana Campos, por el delito de abuso sexual contra su hija. El hecho fue confirmado a través de peritajes psicológicos realizados por el Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del estado.
 
Sin embargo, pese a las evidencias, el agresor fue absuelto el 11 de enero de 2016 por la jueza tercera de primera instancia en materia penal del distrito de Los Bravos, Rosalinda Sáenz Rodríguez, en la causa penal 128/2013-II, decisión que fue ratificada el 16 de agosto de este año, por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez.
 
Las representantes de las organizaciones denunciaron que el magistrado y la jueza que emitieron la sentencia no tomaron en cuenta los peritajes y desacreditaron la declaración de la niña argumentando su edad y una presunta manipulación por parte de su padre.
 
“Nos encontramos en un sistema de justicia donde no están preparados. Los jueces desestiman el dicho de la niña o el niño, o bien, no saben interpretar el peritaje, y a lo que obligan es a que los menores de edad tengan que seguir conviviendo con el abusador” señaló la especialista en comportamiento infantil, Denise Meade Gaudry.
 
Además, acusaron que ambos funcionarios han sido señalados reiteradamente en otros casos de violencia contra niñas y niños, por sus presuntos vínculos con los agresores,  casos que siguen sin sentencia.
 
La representante de ADIVAC, Laura Martínez, dijo que las autoridades están cometiendo una falta grave a los Derechos Humanos de la menor de edad y lamentablemente es un caso que forma parte de las amplias denuncias ignoradas por abuso sexual cometidas contra la infancia en nuestro país.
 
“Después de 3 años, nos dimos cuenta que no hay justicia en Guerrero, existe una gran impunidad”, declaró la abuela de la víctima, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el caso de su nieta, castigar a su agresor y dar la custodia a su padre con el fin de garantizar su seguridad.
 
En entrevista telefónica, Eva Albavera Viveros, activista que defiende y promueve los Derechos Humanos de mujeres y niñas en Guerrero, consideró que este caso es “paradigmático” porque el juicio ha durado casi 3 años, toda vez que las autoridades no han cumplido con los tiempos legales establecidos para integrar la averiguación previa, juzgar y emitir una sentencia.
 
EL CASO 
 
El 27 de junio del 2013, Mario Alberto R. padre de la niña M, interpuso denuncia en contra de Saúl Andoni Quintana Campos, ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra su hija, la averiguación previa quedó registrada con el número 128/2013-II.
 
Saúl Andoni es la pareja actual de la madre de la niña; la menor de edad vivía con su mamá hasta que su padre biológico obtuvo la patria potestad como medida cautelar, el mismo día que interpuso la denuncia.
 
La niña fue valorada por una persona del área de Psicología de la Dirección de Servicios Periciales de la Ciudad de Chilpancingo, después por la perito en psicología, Carmen Olimpia Gardea Fajardo, adscrita al Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y también lo hizo el psicólogo Cristóbal Galarza de la Paz de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. 
 
Todos los expertos coincidieron en que la niña sí fue víctima de abuso sexual y en sus dictámenes señalaron que una niña con 2 años 8 meses de edad no es fácil de manipular ni tampoco mienten sobre actos de abuso sexual.
 
El 16 de agosto del 2016 el Tribunal Superior de Justicia Actuaria de la Primera Sala Penal, ratificó la sentencia absolutoria para Saúl Andoni Quintana Campos (dictada el 11 de enero del mismo año), en el expediente con Toca Penal número 394/2016, al mencionar que no se presentaron elementos suficientes que acreditaran el delito de abuso sexual contra la menor de edad. 
 
El 22 de septiembre del año en curso el padre de la víctima interpuso una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria para el agresor ratificada el pasado 16 de agosto, para ser turnada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en turno de Chilpancigo, Guerrero y donde exige la revocación de la sentencia, a condenatoria.
 
16/HZM/GVV/LGL

Habitantes del municipio de Mártir de Cuilapan arribaron al Congreso del estado de Guerrero para solicitar que el juicio político al que fue sujeta la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez se resuelva en apego a un marco constitucional de Derechos Humanos.
 
Ayer por la tarde ciudadanos, hombres y mujeres de las 17 poblaciones de ese municipio, con cabecera en Apango, entre las que se encuentra Analco, Ahuxotitlan, San Marcos, Zotoltitlan y San Juan Totolcintla exigieron que el juicio solicitado en mayo pasado por la oposición sea con respeto al Estado de derecho.
 
La alcaldesa, militante de Movimiento Ciudadano, fue demandada por ocho ediles que la acusan de mal manejo de recursos y por lo cual piden su destitución. Sin embargo simpatizantes aseguran que ella es víctima de violencia política y que su destitución será para colocar a un hombre en su lugar.
 
Luego de que el 7 de agosto un grupo de personas prendieron fuego a la camioneta de la alcaldesa, pobladores acudieron al Congreso local para exigir que se aplique el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres que elaboraron las autoridades electorales para atender este tipo de casos.
 
En la manifestación, los pobladores también pidieron la intervención del Gobierno del estado para que ponga atención en el conflicto que ha generado actos de violencia dentro de las comunidades como bloqueo y cierre de carreteras.
 
Anahí Nava Muñiz, representante del contingente de apoyo a la presidenta municipal, responsabilizó al síndico municipal, Benito Sánchez Ayala de encabezar actos vandálicos, es decir, saqueos, y amenazas a los trabajadores del ayuntamiento.
 
Explicó que son acciones que suceden desde hace tres meses y que últimamente se han recrudecido. Nava Muñiz, reiteró que el ex alcalde Crisóforo Nava Barrios –quien estuvo preso por el delito despojo– así como la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edelmira del Moral Miranda, son responsables de lo anterior, mencionado así como de suspensión de obras públicas y de abuso de poder.
 
Unos quinientos pobladores que portaban cartulinas con consignas de apoyo a Felícitas Muñiz Gómez estuvieron a las afueras del Palacio Legislativo para luego reunirse en una mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, la diputada, Angélica Alcaraz Sosa, y el diputado, Ricardo Mejía Berdeja.
 
En la reunión los pobladores comprometieron al Poder Legislativo a revisar todas pruebas y que se analicen con forme a derecho para que se pueda aplicar la ley.
 
16/SA/GGQ