Elecciones 2018

NACIONAL
   Falta de dinero y tiempo evitan participación de mujeres
El reto es pensar la paridad más allá de lo electoral
Imagen retomada de americo.usal.es
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2017

En una década las mujeres han conseguido ir plasmando la paridad de género en las leyes electorales de América Latina a fin de acceder a la mitad las candidaturas a cargos de elección pero aún enfrentan obstáculos como la falta de tiempo y dinero para acceder al poder político.

México junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua han consagrado la paridad en su legislación; sin embargo, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Mariana Caminotti, afirma que este principio debe acompañarse de cambios estructurales.

La también profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en el país sudamericana y quien se ha dedicado a realizar estudios políticos desde una mirada feminista, advierte en entrevista con Cimacnoticias que hay que pensar la paridad más allá de lo estrictamente electoral.

En 1991 Argentina fue el primer país de la región en aprobar una ley de cuotas de género (30 por ciento) aunque no ha legislado la paridad (50-50) a nivel nacional como lo hicieron otros países. En la actualidad siete estados argentinos contemplan este principio en sus normas locales.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

A partir de los años 80, expone Caminotti, los países de América Latina vivieron procesos de transición democrática. En muchos casos destacó la participación social y política de las mujeres desde la sociedad civil organizada o desde los movimientos sociales y de Derechos Humanos.

En Argentina, por ejemplo, están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres con familiares desaparecidos por la dictadura militar que se agruparon y salieron al espacio público para reclamar el retorno de la democracia. En varios países los movimientos que lucharon contra las dictaduras fueron movimientos con muchas mujeres.

Cuando los países latinoamericanos salieron de la dictadura, expone la politóloga, las mujeres ya estaban en las bases de los partidos políticos pero no en las instituciones, no eran parte de la oferta electoral de los partidos, es decir, no eran candidatas y tampoco eran electas.

En este contexto, a partir de 1991 surgieron las leyes de cuota de género en postulaciones como una acción afirmativa para generar condiciones de participación para las mujeres que ya estaban en procesos políticos y para hacer que otras se interesaran en incursionar en este ámbito.

“La idea que hay detrás (de la paridad) es que se necesita la participación del conjunto social y las mujeres no pueden estar excluidas de esos espacios de participación”, señala Caminotti.

HITO HISTÓRICO

De 2007 en adelante hubo un hito importante en American Latina a partir del Consenso de Quito que se firmó en 2007 durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina. En este documento por primera vez se planteó la paridad como una nueva meta para alcanzar la igualdad real en las estructuras de poder.

Después de experimentar las leyes de cuota se comprobó que las mujeres ampliaron su acceso a los puestos decisión, sobre todo en cargos legislativos, pero también se vio que los partidos políticos hicieron todo lo posible para explotar los huecos de las legislaciones y evitar que los hombres con más poder en las estructuras internas perdieran sus privilegios.

“En México han tenido un montón de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, Las Juanitas, el caso de la renuncia de las mujeres que lograron acceder al cargo. Es un ejemplo emblemático para la región”, destaca la analista al referirse al caso de las legisladoras electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar para ceder su lugar a sus suplentes varones.

“En ningún lugar los partidos voluntariamente aceptaron esto (postular a las mujeres) sin resistencias. Esas resistencias llevaron a que todas estas leyes de cuotas tuvieran que ser reformadas”, destaca. Las normas fueron modificadas para asegurar que se cumpliera el propósito incluyente de la ley.

Ante los límites de las cuotas a partir de 2007 se planteó abiertamente la posibilidad de implementar la paridad. “La paridad lo que hace es sacar ese porcentaje arbitrario y decir a la ciudadanía, el electorado: somos 50 por ciento, queremos 50 por ciento de representación”.

OBSTÁCULOS PRESENTES

Para Caminotti, en la región aún existen obstáculos para acceder al poder político porque a pesar de los cambios en la legislación electoral, hay condiciones estructurales que hacen difícil que las ciudadanas ejerzan el poder y que no las ponen en una situación de completa igualdad con los hombres.

En el Consenso de Quito, argumenta, la paridad no está restringida al ámbito electoral, está planteada como un objetivo transversal para las políticas públicas. Sin embargo, dice, persiste una división sexual del trabajo y políticas públicas que no permiten que las mujeres manejen el tiempo de la misma manera que los hombres.

“Siguen existiendo dificultades concretas para las mujeres políticas que tienen que ver con el tiempo. Mujeres y varones tenemos diferente tiempo porque hay toda una responsabilidad doméstica y la política es una actividad que demanda mucho tiempo. No es lo mismo estar hasta la madrugada en una reunión política”.

Otro tema de importancia es la autonomía económica. A decir de la investigadora, las militantes tienen menos dinero para hacer política y menos acceso a las redes que financian la política y aunque en México los partidos están obligados a destinar recursos económicos para la capacitación de liderazgos femeninos, en la región el financiamiento aún es un reto.

“La paridad y las acciones afirmativas han ayudado pero las condiciones estructurales han cambiado relativamente poco. No es lo mismo el poder que uno puede logar al interior de una estructura partidaria con limitaciones de tiempo y de dinero. Hay mucho por hacer y tenemos el gran desafío de pensar a la paridad más allá del terreno estrictamente electoral”.

MÉXICO: CAMBIO SOCIAL

En México, el 10 de febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional en materia político-electoral que incluyó la paridad. La norma se puso a prueba en 2015 en la elección de 17 entidades y después en 2015 en la elección de 13 entidades más. En 2018 se volverá a implementar en los comicios de 30 elecciones locales.

En primer logro se observó en los resultados de la elección de 2015 cuando se alcanzó 42.4 por ciento de mujeres y 57.6 por ciento hombres en la Cámara de Diputados, cifra histórica que se aproxima a la igualdad de género.

Con todo y los avances que significa una norma como la paridad, la doctora en Ciencia Política señala que es necesario generar condiciones para  que la sociedad se transforme y tener estructuras más igualitarias que no dependen de un Estado que disciplina a los partidos políticos que intentan resistirse al cambio.

17/AGM

 








REPORTAJE
POLÍTICA
   Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
   
En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG








ESTADOS
   Más de 3 millones de jóvenes votarán por vez primera
   
Jóvenes serán factor decisivo en comicios de 2018
Imagen cortesía de Guadalupe Cabañas
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/08/2017

Las mujeres jóvenes, quienes representan “un factor decisivo” en los resultados de las elecciones de 2018, acudirán a las urnas sin la esperanza de “cambios verdaderos” que resuelvan sus principales preocupaciones como el acceso a un trabajo digno y la certeza de una vida libre de violencia.
 
A propósito del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora este 12 de agosto por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mujeres capitalinas, estudiantes y trabajadoras de 18 a 26 años consultadas por  Cimacnoticias, aseguraron que la participación política, económica y social de esta población es “de importancia crítica”, como lo calificó la ONU en su Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, elaborado en 1995.
 
Tan sólo en México, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), hay 25 millones 225 mil 443 personas de 18 a 29 años de edad que cuentan con credencial electoral vigente y podrán votar en 2018. Este número es equivalente a poco más del total de la población de Jalisco, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, cuatro de las nueve entidades donde el próximo año se elegirá gobernador y Jefatura de Gobierno, en esta última.
 
El INE no proporciona información sobre cuántos de esos jóvenes son mujeres pero a nivel nacional la población femenina representan 52 por ciento del total de personas registradas en la lista nominal que votarán por la próxima persona que ocupe la Presidencia, 128 senadurías y 300 diputaciones federales, además de diversos cargos locales.
 
Por la dimensión poblacional de la juventud, el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) expuso en un diagnóstico que hizo de México en 2012 que las personas de entre 18 y 29 años de edad representan “un factor decisivo” en los procesos electorales y no será la expresión en los próximos comicios que comenzarán a organizarse el 1 de septiembre.
 
Las capitalinas consultadas son conscientes de ello, afirmaron que ejercerán su derecho a participar porque no hacerlo sería “dejar  que los demás decidan por ellas”. Se tiene previsto que en los comicios 3 millones 500 mil habitantes de 18 y 19 años ejerzan por primera vez su derecho al sufragio.  
 
Sin embargo, las jóvenes consultadas pronosticaron que votarán sin confianza en las y los candidatos. “Ya sé cómo son los políticos, no cumplen lo que dicen”, expresó Tania, de 19 años y estudiante de preparatoria.
 
Este panorama de desconfianza ya lo había descrito el Instituto Nacional de la Juventud en la encuesta que realizó a jóvenes de todo el país en 2010 y donde, en una escala del cero al 10 como máximo, calificaron con seis la confianza en los representantes legislativos federales.
 
Las jóvenes expusieron no sentirse representadas por quienes actualmente ocupan los cargos políticos y, comentaron, nada les asegura que esto cambiará para el próximo proceso electoral. Consideraron que las políticas y estrategias vigentes “no las contempla a ellas” porque no atienden a sus preocupaciones actuales tales como el financiamiento de sus estudios y la opción de crecer en el ámbito profesional.
 
Nadia, estudiante de 18 años, afirmó: “Mucho de lo que dicen  no lo aterrizan o, al menos a mí no me dicen nada. Es como si le hablaran a los más grandes cuando todo lo que deciden también nos afecta a nosotras”.
 
En ello coincidieron universitarias de 20 y 22 años, quienes luego de recordar los últimos procesos electorales de 2012 y 2015, calificaron de “absurdas” la forma en la que los candidatos buscan generar empatía con la juventud a través de sus campañas.
 
Las jóvenes reconocieron que si algo distinguirá estas elecciones serán las campañas a través de internet, con las redes sociales, las cuales, dijeron “son un arma de doble filo” porque les permitirá recibir mensajes más directos que los de la propaganda pegada en las calles o la que está en la televisión y la radio, pero de no usarse de manera eficiente “fácilmente perderán credibilidad”, expusieron.
 
“Los políticos hablan desde lejos y aunque intentan acercarse no lo consiguen. Como Gabriel Cuadri de la Torre –candidato presidencial en 2012 por el partido Nueva Alianza-, trató de usar un  lenguaje que nos gustara, pero no había más”, señaló como ejemplo una estudiante universitaria de 22 años
 
LO QUE ESPERAN
 
Las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que el próximo año votarán de nuevo y que forman parte del sector menos participativo en las elecciones, de acuerdo con las estadísticas del INE en el proceso electoral de 2015, lo harán con una “sensación de desencanto”, generado por el actuar de los gobernantes durante los últimos seis años, algunos prófugos, otros encarcelados e investigados.
 
“En 2012 voté por Presidente por primera vez y estaba muy emocionada –recordó Laura de 27 años, quien trabaja como administradora–. Creí que mi decisión podía cambiar algo, ahorita ya perdí esa esperanza”.
 
Las entrevistadas identificaron entre sus principales preocupaciones la falta de oportunidades laborales. Algunas contaron que aunque terminaron su licenciatura hace más de cuatro años actualmente no ejercen su profesión. Por lo que, dijeron, las propuestas enfocadas en esa área son las que más llaman su atención.
 
Y es que ellas, al igual que las mujeres de entre 15 y 29 años del país enfrentan una tasa de desocupación laboral mayor que la de los hombres, con 6.8 y 5.5 por ciento respectivamente. Además, las que tienen trabajo lo ejercen con un salario mensual de mil 300 pesos menores que el de los hombres, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 
Otra inquietud recurrente es la de resolver los problemas de inseguridad. “Creo que yo, como todas mis amigas, queremos salir a la calle sin miedo a que nos pase algo solo porque somos mujeres”, expuso Daniela de 22 años, quien dejó de estudiar la licenciatura en Turismo para dedicarse, desde hace un año, a la venta de alimentos.  
 
Opinaron también que más allá de las propuestas “imposibles” esperan resultados a corto plazo. “No podemos estar esperándolos más, creo que se trata de que (los políticos) planteen algo realista y no nos engañen con promesas”, comentó una joven de 22 años.
 
Por su parte quienes afirmaron que no votarán el próximo 2018 refirieron estar enteradas de los principales cargos de elección por lo que descartaron la desinformación como un factor que las orilla a abstenerse. En cambio ubicaron la “falta de transparencia” de las y los candidatos como una de las razones. “No sabemos nada de ellos, solo la imagen que nos quieren vender, pero desconocemos si su interés es realmente ver por nosotros, como afirman”, afirmó una estudiante de 19 años que no acudirá a las urnas.
 
Aún con la población juvenil que decide no votar y las sensaciones con las que se prevé que lo haga, los niveles de participación de las elecciones de 2015 registrados por el INE muestran que las mujeres participan más que los hombres en los procesos electorales.
 
Por lo que, tal como contempla el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la ONU las y los gobernantes mexicanos están obligados a garantizar la “plena y efectiva” participación de estas mujeres en la toma de decisiones de propuestas que deben apuntar a proteger sus Derechos Humanos.
 
17/MMAE








NACIONAL
POLÍTICA
   Debieron aprobarlas a más tardar hoy
Reformas contra violencia política de género no se aplicarán en 2018
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/06/2017

Pese a las denuncias de violencia política y a la advertencia de líderes partidistas de que los casos de violencia política podrían aumentar en el proceso electoral 2018, senadores y diputados no convocaron a un periodo extraordinario antes del 2 de junio para incluir el concepto en la ley y aplicarlo en los próximos comicios.  
 
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales.
 
En este caso, como el proceso inicia en septiembre de 2017, las reformas sobre violencia política de género se debieron aprobar a más tardar este 2 de junio y ahora no podrán aplicarse el año próximo cuando se elija Presidente de la República, se renueven 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 senadores, y se realicen  además elecciones locales.
 
Esto a pesar de que en tres años, del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2016, se registraron 335 averiguaciones por denuncias de violencia política de género, según un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El informe de la FEPADE sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres de 2013 a 2016 indica que cada año aumentó el número de averiguaciones registradas: en 2013 fueron 61; en 2014 sumaron 55 y para 2015 aumentaron a 173. Sin embargo, destaca que en 2016 bajó el número de denuncias porque hubo un total de 46 casos.
 
No todas las denuncias fueron investigadas por falta de competencia de la FEPADE pero, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, se otorgó la calidad de víctima a 26 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encontraban y por el contexto político de discriminación, amenazas e intimidación.
 
El 9 de marzo, el Senado aprobó incluir la violencia política de género en las Leyes Generales; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
ESTANCADA
 
La reforma para dejar en claro que constituye un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política, fue enviada a la Cámara de Diputados, pero en este órgano no pasó al pleno porque antes debió ser aprobada por las Comisiones para la Igualdad de Género, y de Gobernación, pero sólo se avaló en esta última.
 
Una vez que en abril concluyó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, legisladoras de todos los partidos políticos exigieron que las reformas sobre violencia política se aprobaran en un periodo extraordinario de sesiones.
 
Los reclamos de diputadas y más tarde de senadoras hicieron que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraran en la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados que “sería un tema a discutir”.
 
17/AGM/GG
 








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