Constitución de la Ciudad de México

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dijo que apoya la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de reconocer en la próxima Constitución Política capitalina el “trabajo sexual” como un empleo no asalariado y garantizar seguridad social a quienes ejercen esta actividad.
 
Después de participar en una conferencia con diputadas constituyentes, la secretaria dijo que el proyecto de Constitución capitalina reconocerá el trabajo sexual y todo lo que implica en términos de reglamentación laboral, incluyendo seguridad social.
 
En declaraciones a los medios la ex candidata presidencial insistió en que la trata y la explotación sexual en niñas y mujeres se debe erradicar y castigar pero aclaró que las “trabajadoras sexuales” tienen derecho a organizarse y no ser sancionadas por ejercer una actividad que hoy es una falta administrativa.   
 
Mientras las y los diputados de la Asamblea Constituyente debaten cómo quedará redactado el artículo 15, apartado F, en el texto constitucional que actualmente reconoce esta actividad, en la Asamblea Legislativa existen dos iniciativas que también pretenden regularizar y reconocer el comercio sexual del cuerpo de las mujeres.
 
El pasado 18 de octubre la asambleísta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual”, en la misma sesión el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta para reformar la Ley de Cultura Cívica y quitar la “prostitución” como una infracción.
 
En la capital del país ya se ha intentado legislar al respecto, hace tres años, el 7 de abril del 2013 la diputada perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena presentó una iniciativa para derogar el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica y no criminalizar a las mujeres que están en este contexto; sin embargo, la propuesta no fue dictaminada.
 
Sobre este tema, la secretaria de Gobierno consideró que la Asamblea Legislativa puede realizar las reformas que considere necesarias sin tener que esperar hasta 2018 cuando esté lista la Constitución capitalina; aunque aclaró que una vez que entre en vigor este texto será necesario hacer nuevas leyes reglamentarias.
 
Al ser cuestionada sobre cómo se garantizará derechos laborales a las “trabajadoras sexuales” que hacen tratos informales con sus clientes, la ex candidata presidencial dijo que uno de los elementos del trabajo digno y decente es la seguridad social y en este caso el proyecto de Carta Magna propone una “renta básica ciudadana”.
 
Advirtió que en la ciudad como en el país se está debatiendo un nuevo modelo de trabajo, donde ya no sea una empresa o una fábrica con trabajadores y patrones sino empleos más flexibles que a la vez no sean precarios y sin derechos, y es ahí donde también se incluye el “trabajo sexual”.
 
16/AGM/LGL

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna local para no reconocer a la prostitución como un trabajo sino como “un sistema de explotación y violencia patriarcal”.
 
En una carta pública disponible en la plataforma Change.org esta organización internacional que en México apoya y litiga casos de mujeres víctimas de desaparición, feminicidio y explotación sexual, rechazó categóricamente el reconocimiento de la “prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado)” en la Carta Magna capitalina.
 
De acuerdo con el escrito, la “prostitución” legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños, son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.
 
La agrupación argumenta que en México el artículo 1 de la Constitución federal dice que en el país se deben aplicar los tratados internacionales como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).
 
En este sentido la CATWLAC asegura que todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos; además reitera que el Estado mexicano y la Ciudad de México, tienen la obligación de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual.
 
Si bien hay colectivos de mujeres que apoyan el reconocimiento del “trabajo sexual” y mencionan que es una actividad que ya se ha reconocido en otros países, la CATWLAC asegura que no existe en el mundo una constitución que incluya el reconocimiento de la prostitución como “trabajo sexual”, ni siquiera en aquellos que la legalizaron.
 
Respecto a la posición de legisladores de la Asamblea Legislativa que promueven esta actividad tras el argumento de que será un “trabajo” siempre y cuando se realice con el “consentimiento” de las mujeres o sólo si es “una decisión personal” la agrupación señala que esta idea se basa en una visión liberal de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos y de toda noción de bien común.
 
En esta carta se agrega además que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito de trata de personas y en general afirma que no se puede hacer una distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
 
Hasta ahora las propuestas legislativas y el borrador de Carta Magna para la capital del país se sustentan en la sentencia de amparo que en enero de 2014 emitió el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo otorgar credenciales a las “personas sexoservidoras”.
 
Sin embargo la agrupación presidida por la activista Teresa Ulloa asegura que dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, ya que para que esto ocurra se necesitan cinco sentencias en el mismo sentido para que los efectos del fallo sean generales, por tanto, la resolución no puede constituirse en una norma en sí misma y sólo aplica para quienes solicitaron el amparo.
 
Por otro lado, la CATWLAC pone sobre la mesa que la tendencia mundial en relación con la prostitución está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de ésta con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando esta actividad, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así pasa en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador, agrega.
 
En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una “ley contra el sistema prostitucional”, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.
 
En este contexto, en la carta –abierta a firmas ciudadanas– se solicita una audiencia con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para presentar una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de Carta Magna, el cual busca dar garantías laborales al “trabajo sexual”.
 
La CATWLAC propone que en lugar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cree un fondo de pensiones y prestaciones para “trabajadoras sexuales”, cree mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos laborales y que todas las personas que obtengan un ingreso hasta de 150 mil pesos al año, se reconozcan como trabajadoras y trabajadores no asalariados y gocen de todos los derechos.
 
16/AGM/LGL

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa, Jany Robles Ortiz, presentó una iniciativa para crear una ley que regule el “trabajo sexual” y reconocer los “derechos de las y los trabajadores sexuales”.
 
En la sesión de ayer martes, la asambleísta presentó la iniciativa para crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal” a fin de garantizar los “derechos de las y los trabajadores sexuales” e instrumentar políticas, medidas, acciones y programas de gobierno para su desarrollo integral.
 
La propuesta también es derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de Distrito Federal que dice que una infracción contra la tranquilidad de las personas es “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”.
 
La iniciativa de ley se presenta días después de que diversos asambleístas condenaran en foros públicos y en tribuna, los asesinatos de dos personas transexuales en condición de prostitución, hechos que ocurrieron en la capital del país y que llamaron la atención sobre la pertinencia de regular el “trabajo sexual”.
 
En su exposición de motivos, la priista subrayó que es fundamental concebir a las personas que realizan “trabajos sexuales”, con la dignidad y capacidad de decidir sobre su persona y asegurar que no se violen sus derechos, y para ello propuso crear una ley de 38 artículos con obligaciones y derechos.
 
Las reformas proponen condiciones mínimas para “ejercer esta actividad”: ser mayor de 18 años de edad; tener capacidad de comprender el significado de la actividad que se está realizando; que se haga de manera voluntaria y sin ninguna coacción, y en zonas establecidas por la autoridad.
 
Además la iniciativa de ley también impone penas a “las y los trabajadores sexuales” que realicen o practiquen actos sexuales en la vía pública, se les impondrá arresto inconmutable hasta por 36 horas y una multa de 20 a 50 días de unidad de cuenta (lo que antes era salario mínimo).
 
Por otra parte quien ofrezca sus servicios fuera de los perímetros fijados o reconocidos por las delegaciones será retirado de la vía pública y presentado ante el Juez Cívico, y a los usuarios que contraten los servicios de un menor de edad se le impondrán las penas señalas por el Código Penal del Distrito Federal.
 
La ley establece requisitos para los establecimientos que dispongan de “escenarios y privados”, que “ofrezcan espectáculos eróticos”; también señala medidas de control sanitario; prohíbe publicidad con contenido sexual: mientras que el gobierno capitalino tendrá obligaciones como “procurar la pacífica convivencia de las y los trabajadores sexuales”.
 
Robles Ortiz dijo que a nivel mundial se estima que el número de “sexoservidoras” asciende a 40 millones, y que “el trabajo sexual” se observa de distintas maneras.
 
A decir de organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –quienes están en contra de reconocer como trabajo la prostitución– señalan que la mayoría de las mujeres que están en contextos de prostitución están allí por coacción, lo que explica que sólo 147 personas hayan solicitado al gobierno local una tarjeta de “trabajadora sexual.
 
Sin embargo, la legisladora señala ejemplos de otros países como Holanda, donde la prostitución no es delito y las “trabajadoras del sexo” tienen seguridad social y subsidio por desempleo; en Dinamarca las “meretrices” están obligadas a pagar impuestos, pero no reciben prestaciones; mientras que en España, Italia y Francia, la prostitución no está ni autorizada ni prohibida.
 
La legisladora dijo que según cifras de instituciones y organismos de la sociedad civil, en la Ciudad de México aproximadamente 40 mil personas se dedican al “trabajo sexual” y por ello es necesario reconocer la dignidad de las personas que realizan esta actividad y establecer condiciones para ejercerla.
 
En la sesión, el diputado del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, presentó otra propuesta en el mismo sentido para reformar la Ley de Cultura Cívica, al asegurar que el “trabajo sexual” es como cualquier otro y por lo tanto debe mantener “todos los privilegios que cualquier otro”.
 
16/AGM/LGL

La Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente que debate el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México analizará si se debe reconocer el “trabajo sexual” como una actividad laboral.
 
Así lo dijo el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Gelista González, al participar en la instalación de la Comisión de Carta de Derechos, presidida por la antropóloga feminista y diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos.
 
Esta Comisión se encargará de debatir del artículo 8 al 19 del borrador de Constitución capitalina que incluye el derecho a la ciudad libre, democrática, con educación y conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. 
 
Al presentar su posicionamiento el diputado panista dijo que el proyecto de texto constitucional requiere una “cirugía” lo que no significa que los derechos estén en peligro sino que el documento debe tener un lenguaje inequívoco, preciso, sin engaños y sin generar expectativas falsas. 
 
Como ejemplo citó que en la Ciudad de México no se debe proteger el “sexoservicio” como lo propone el artículo 15 del borrador sino a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad que se dedican a realizar esta actividad, esto a fin de evitar que sean víctimas de delitos como el asesinato.
 
Gelista González aseguró que el capítulo laboral –donde se reconoce “el trabajo sexual”– es confuso y se debe analizar porque la idea es dar a la Carta Magna un enfoque de derechos de las personas pero no generar expectativas que no se van a poder cumplir, por lo que llamó al dialogo y la apertura.
 
Ante la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, Amalia García Medina, quien está a favor de reconocer a las mujeres en condición de prostitución como trabajadoras, el legislador agregó que dada la importancia de este trabajo legislativo se deben tomar en cuenta todas las voces.
 
En la sesión de instalación  también estuvieron presentes feministas como la académica Aimée Vega Montiel que defiende el derecho a comunicar de mujeres y niñas; la activista de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández; y las abogadas feministas que han litigado casos de feminicidio a nivel internacional, Andrea Medina Rosas y Karla Micheel Salas.
 
Por su parte las activistas y diputadas constituyentes Clara Jusidman y Lol Kin Castañeda –quienes además fueron parte del Grupo Redactor nombrado por el Jefe de Gobierno– dijeron que este proyecto no es de Miguel Ángel Mancera sino el resultado del trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y especialistas. 
 
En tanto que los diputados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bruno Bichir y Frabizio Mejia; y por el PRD, Horacio Franco, pidieron que en la Carta Magna se reconozca el derecho a la cultura, el arte, el deporte y la orientación vocacional desde la educación básica ya que, dijeron, hay una omisión en estos temas. 
 
En el acto el presidente de la Asamblea Constituyente, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que esta Comisión revisará el “corazón del proyecto” y entregó siete iniciativas de reforma presentadas por constituyentes y cinco más de la ciudadanía para su debate y eventual aprobación.
 
16/AGM/LGL

La Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente presentó por escrito su “rotunda objeción” al intento de reconocer “la prostitución como trabajo sexual” en la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
El viernes 14 de octubre esta red de organizaciones entregó a la Asamblea Constituyente, un escrito donde rechaza la actual redacción del proyecto de Constitución capitalina y solicita una audiencia con las y los legisladores para exponer sus argumentos.
 
En el escrito firmado, entre otras personas, por la feminista Mónica Soto Elizaga –quien renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD)– la Coalición asegura que la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” contraviene el marco jurídico internacional y nacional.
 
El proyecto de Carta Magna elaborado por un grupo designado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Al respecto la activista y quien fuera Secretaria Nacional de Equidad y Género del PRD, Soto Elizaga, dijo a esta agencia que las organizaciones solicitaron una reunión con las Comisiones que analizan el borrador para argumentar su postura en contra del “trabajo sexual” aunque afirmó que no están a favor de criminalizar a las mujeres que realizan esta actividad.
 
Soto Elizaga destacó que en la Ciudad de México hay una campaña para decir que prostitución y trata de personas son dos fenómenos separados e indiferentes, el primero aceptable y el segundo inaceptable cuando son parte del mismo sistema “ilícito y patriarcal”.
 
La feminista destacó que organizaciones civiles buscan una reunión con las y los constituyentes para explicarles que las investigaciones sobre trata de personas aseguran que este delito existe porque hay demanda, clientes y una sexualidad de doble moral.
 
Hasta ahora entre las organizaciones que están en contra de reconocer el “trabajo sexual” se encuentran Espacio Mujer, Red Género y Economía, integrantes del movimiento 24, Arte Lésbico y Cultura, la Red de Sobrevivientes Golondrinas, Víctimas y Ofendidos de Morelos, entre otras.
 
Por su parte, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, señaló que aún se están sumando organizaciones civiles a esta red para presentar un documento público con sus argumentos.
 
Entre los tratados y acuerdos internacionales a los que hacen referencia está el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños que dice que la trata incluye “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual”.
 
También mencionan el Convenio para la Represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, adoptado por Naciones Unidas en 1949, donde los Estados se comprometen a castigar a toda persona que “concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona”.
 
Un instrumento más que sustenta la postura de estas activistas es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su artículo 6 dice que los Estados tomarán medidas para “suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
 
La Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente está elaborando una propuesta de reforma para cambiar el artículo 15 del proyecto; la iniciativa deberá estar lista antes del 30 de octubre, plazo final para presentar iniciativas ciudadanas. 
 
16/AGM/LGL

La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, se pronunció a favor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque consideró que las personas tienen derecho a realizar la actividad laboral que deseen.
 
Así lo dijo al finalizar su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde expuso que el borrador de Constitución capitalina elaborado por un Grupo Redactor tiene un “espléndido” capítulo en materia de derechos laborales. 
García Medina señaló que el “trabajo sexual” será reconocido en el texto constitucional de la capital del país pero aseguró que ya es realidad porque hay un amparo aprobado en 2014 por la entonces jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que obligó al Gobierno de la Ciudad a reconocer “este tipo de trabajo no asalariado”.

La sentencia es la que emitió el 31 de enero de 2014 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal al resolver el Juicio de Amparo 112/2013 en el que reconoció que toda persona tiene derecho “al trabajo libremente elegido o aceptado”, por lo que el Gobierno capitalino decidió entregar credenciales a “trabajadoras sexuales”.
 
De acuerdo con la funcionaria la condición de reconocer esta actividad como un oficio es que sea voluntario y autónomo y por ello explicó que no se puede equiparar a la “trata de personas” ya que este último fenómeno es un delito inaceptable que no se debe permitir.
 
En su opinión, es necesario garantizar los derechos de las personas que de manera autónoma deciden realizar esta actividad y es que –dijo–de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. 
 
En su oportunidad el asambleísta Víctor Hugo Romo, quien encabeza en la ALDF la propuesta para derogar la “prostitución” como una infracción, “felicitó” a la funcionaria por ser una pieza fundamental “para respaldar los derechos de las mujeres que se dedican a esta actividad”.
 
El diputado local y ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo dijo que “más allá del dogma y del estigma”, todo “oficio” debe ser reconocido y por ello la Asamblea Legislativa está en la ruta para “legalizar este trabajo” sin “generar protección a los tratantes de personas”.
 
Durante su comparecencia García Medina explicó que el capítulo laboral del proyecto de Carta Magna se trabajó con líderes sindicales, abogados laboralistas, académicas y académicos, y destacó que incluso se garantizó que las personas no asalariadas tengan derechos.
 
SEGURO DESEMPLEO
 
En el tema del empleo, Amalia García informó que de septiembre de 2015 a 2016 el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México apoyó a 5 mil 811 personas con este beneficio económico mientras consiguen empleo, entre ellas 75 mujeres trabajadoras despedidas por embarazo.
 
Este programa consiste en el otorgamiento de un apoyo económico hasta por seis meses, equivalente a 30 días de la Unidad de Cuenta Mínima de la Ciudad de México, que en este momento asciende a 71.68 pesos, por lo que cada apoyo mensual es de 2 mil 150.40 pesos.
 
Explicó que este programa otorgó apoyos a 5 mil 811 personas de grupos de población en vulnerabilidad: 4 mil 126 personas preliberadas y liberadas de Centros de Readaptación Social en la Ciudad de México, mil 303 personas de comunidades indígenas; y 270 migrantes nacionales en retorno a la Capital, entre otros. 
 
OUTSORCING
 
La ex gobernadora de Zacatecas fue cuestionada por la atención que la dependencia ha dado a las 59 trabajadoras de intendencia que denunciaron que en noviembre de 2015 fueron despedidas de manera injustificada por el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y quienes ahora exigen su reinstalación.
 
Estas mujeres mantienen una demanda ante la Junta Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje e incluso esta semana enviaron una carta a Margarita Darlane Rojas Olvera, presidenta de este organismo, para garantizar que el caso se resuelva respetando los derechos laborales.
 
En esa misiva respaldada por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, exigieron a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo que les brinden el Seguro de Desempleo, el cual les debieron haber otorgado desde enero.
 
Al respecto García Medina dijo que las trabajadoras despedidas del IEMS ya tienen el seguro de desempleo y expuso que en su momento se les planteó la posibilidad de acceder a este beneficio y además de recibir capacitación para formar una cooperativa como ellas lo pidieron.
 
PERIODISTAS DESEMPLEADOS
 
Desde enero de 2016 el Seguro de Desempleo modificó sus reglas de operación para atender a las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas que llegan a residir a la Ciudad de México y se encuentran en riesgo por el desempeño de su ejercicio profesional.
 
De acuerdo con el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa, Carlos Candelaria López, se tiene un registro de 97 casos en el Mecanismo de Protección de periodistas que llegan a radicar a la ciudad en busca de seguridad.
 
En este contexto el legislador pidió a la titular de la Secretaria del Trabajo, velar por el bienestar de los periodistas; en respuesta  García Medina expuso que a la fecha hay cinco casos de periodistas aprobados que cuentan con el apoyo económico.
 
16/AGM/LGL

Las y los diputados capitalinos trabajarán con la Asamblea Constituyente para reconocer y regularizar el “trabajo sexual” en la Constitución Política de la Ciudad de México, aseguró el diputado local perredista, Víctor Hugo Romo.
 
En conferencia de prensa realizada ayer, el asambleísta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que en octubre y noviembre se realizarán mesas de trabajo entre sociedad civil, instituciones públicas y privadas, asambleístas y constituyentes, para discutir de manera abierta “cómo quedará garantizado el trabajo sexual” en la Carta Magna capitalina.
 
Acompañado por la antropóloga feminista Marta Lamas; la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero; y por la activista por la diversidad sexual y diputada constituyente, Lol Kin Castañeda, Romo dijo que un juzgado capitalino “ya reconoció el trabajo sexual”.
 
La sentencia a la que hizo referencia es la emitida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien resolvió el Juicio de Amparo 112/2013 en el que reconoce que toda persona tiene derecho “al trabajo libremente elegido o aceptado”.
 
Este amparo presentado por mujeres en contexto de prostitución, obligó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal a expedir credenciales de “trabajadoras no asalariadas” a las quejosas; lo que a decir de Brigada Callejera, sirve como medida para evitar el hostigamiento y la extorsión contra estas mujeres.
 
El ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, consideró que “es necesario visibilizar el trabajo sexual para combatir la discriminación”, por lo que agregó que el pasado 31 de marzo la fracción perredista presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa “para suprimir la prostitución como una infracción”.
 
La propuesta parlamentaria es derogar la fracción 7 del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que a la letra dice: “que es una infracción a la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”.
 
Sin embargo, a decir de organizaciones como la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés) esta sentencia sólo aplicó para un caso y no sentó jurisprudencia.
 
En su turno, la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, Marta Lamas, resaltó que en realidad el “trabajo sexual” debe ser llamado “comercio sexual” ya que se trata de un acuerdo entre “la persona que vende y la que compra”, actividad que no está penada en la ley porque en esta ciudad lo que se castiga es el lenocinio que –expuso– es sacar provecho del trabajo sexual de otra persona.
 
Refirió que es necesario reconocer que existen redes de delincuencia que ejercen presión y agresión hacia las “trabajadoras sexuales”, por lo que llamó a escuchar la voz de las mujeres que “realizan esta actividad para que puedan desarrollar su trabajo con libertad y sin delincuencia”.
 
La investigadora mencionó que todas las personas están en contra de la trata de personas pero destacó que hoy es necesario regularizar las nuevas formas de “venta del servicio sexual” ya que muchas mujeres prefieren ejercer esta actividad donde ganan más dinero que siendo cajeras, meseras o realizando labores de limpieza.  
 
Al respecto la activista Elvira Madrid, que acompaña a mujeres en contexto de prostitución, dijo que la ciudad tiene que dar garantías a las “trabajadoras sexuales” que son extorsionadas o que trabajan en zonas de tolerancia que en realidad no sirven.
 
En su oportunidad, la diputada constituyente por el PRD, Lol Kin Castañeda, reconoció que la regularización de esta actividad es un tema complejo y que será un reto reconocer “los derechos laborales de estas trabajadoras” para que no sean acosadas ni discriminadas.
 
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF, Elizabeth Mateos Hernández, destacó la importancia de consensar normas enfocadas a la “regulación del trabajo sexual” lo que permitirá velar por los “derechos laborales”, y es que para la diputada visibilizar el “sexoservicio” es el primer eslabón para erradicar y prevenir la trata de personas.
 
En tanto el borrador de Constitución capitalina incluye en su artículo 15 “que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley reconocerán y protegerán el trabajo sexual como una actividad lícita”, proyecto que aún debe ser analizado y aprobado por las y los constituyentes.
 
16/AGM/LGL

A partir de septiembre de 2018, cuando entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, la capital del país  reconocería el “trabajo sexual” como “un trabajo voluntario y autónomo”, lo que –a decir de defensoras de los derechos de las mujeres– promovería la trata de personas y la explotación sexual.
 
El Grupo de intelectuales que redactó el proyecto de Constitución capitalina incluyó en el artículo 15 de este texto “que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley reconocerán y protegerán el trabajo sexual como una actividad lícita”.

Para algunas expertas reconocer como “trabajo” una actividad considerada como “marginal y de sobrevivencia” fomentaría la trata de personas, delito que constituye la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organizada transnacional; y violentaría tratados internacionales reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre las normas internacionales que prohíben la “prostitución” como una actividad de explotación están la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Ahora el debate sobre la legalización o la prohibición de este fenómeno conocido socialmente como “prostitución”, nombrado por una parte del movimiento feminista como “explotación sexual comercial” y por otra como “trabajo sexual”, está en manos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que analiza el borrador de Carta Magna.

CÓMPLICES DE TRATA

Hablar de reglamentar la prostitución y decir “trabajo sexual” y no “trata de personas” o “explotación sexual” es convertirse en parte del problema, en cómplices del proxeneta que engaña, del delincuente que recluta, del político que engancha, del hombre común que viola a cambio de dinero, dice Teresa Ulloa Ziáurriz, directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

A decir de la abogada y pedagoga feminista, reconocer una forma de explotación como “trabajo” es hacer cómplice a una sociedad permisiva que prefiere entenderlo como “la profesión más antigua”; y de los gobiernos que evaden la responsabilidad ineludible de brindar igualdad de oportunidades para todas las mujeres y niñas.

Lo peor, para Ulloa Ziáurriz, es que con esta disposición la próxima Constitución capitalina violaría tratados internacionales como la CEDAW que en su artículo 6 dice que todos los Estados tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

La activista es clara al señalar que la legalización y/o despenalización de la “prostitución” promueve la trata con propósitos sexuales, no supone un control de la industria del sexo y  de ninguna manera protege ni aumenta las posibilidades de decisión de las mujeres que están en este entorno.

Ninguna persona puede consentir su propia explotación, ser vendida, comprada o alquilada, dijo Ulloa Ziárruiz, al exponer por qué no se puede hablar de que la “prostitución” es una “decisión de ellas”.

“TRABAJAR CON LOS GENITALES”

El borrador de la Constitución capitalina fue redactado por 13 mujeres y 15 hombres designados por el Jefe de Gobierno, entre ellas la feminista y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marta Lamas Encabo, quien está a favor de legalizar el “trabajo sexual”. 

Al participar en un conversatorio sobre el cuerpo de las personas, el pasado 6 de octubre, señaló que “todos trabajamos con el cuerpo. Trabajar a veces con los genitales, o con el vientre, o con la cabeza o con las manos, claro que mete diferencia”.

Para la investigadora, el tema de fondo es el escándalo por la explotación laboral a la que se someterían las mujeres por “trabajar con sus genitales”. Lamas reconoció que legalizar esta actividad no es para evitar la esclavitud, ni la trata de personas, y lanza una pregunta: ¿hasta dónde el trabajo sexual se puede considerar indigno?

El tema sobre el “reconocimiento del trabajo sexual” no es nuevo en la capital; en 2014 la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo inició la entrega de credenciales a mujeres en situación de prostitución, para reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, lo que para colectivos como Brigada Callejera, que trabaja con ellas para difundir sus Derechos Humanos, es una forma de protegerlas de extorsiones.

Al participar en un foro internacional sobre explotación sexual realizado en San Lázaro, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Luigi Mazzitelli, dijo que para terminar con este crimen se debe reducir la oferta y al mismo tiempo impactar en la demanda, así como la prevención para evitar que haya nuevas víctimas.

En la misma tónica la representante de la Coalición por la Abolición de la Prostitución Internacional en Latinoamérica Martha Torres Herrero -también participante en el encuentro- aseguró que para hacer frente a la trata de personas es necesario promover la atención de las víctimas y la reparación del daño, y nunca la criminalización de las personas que están en situación de prostitución.

La representante de esta red de organizaciones que trabajan para evitar que se difunda la idea de que la “prostitución” es un trabajo, aseguró que se deben implementar programas que les permitan a las mujeres salir de las condiciones de explotación y condenar cualquier situación de trata, explotación y todo tipo de compra sexual.

La visión a favor del “trabajo sexual” quedó plasmada en el proyecto de Constitución que se hizo publicó el pasado 15 de septiembre; sin embargo aún debe someterse al análisis y aprobación de la Asamblea Constituyente quien votará si la capital mexicana será una ciudad donde se permite o fomenta la explotación del cuerpo de las mujeres.

16/AGM/LGL

Hace algunos días encontré en el periódico “El País”, una nota que en su encabezado decía “ambulantes, indigentes y prostitutas amparados en la Constitución de la Ciudad de México”.
 
Querámoslo o no, es una simulación más del gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera, quien ha emprendido una cruzada contra la trata de personas y en diversos foros presume tener el mayor número de detenidos y de sentencias en el país.
 
Y sí, en la sección que aborda los derechos de los trabajadores no asalariados se incluye el reconocimiento de los derechos de las “trabajadoras sexuales” como derechos de trabajadores no asalariados. También habla de vendedores fijos y semifijos y se establece como uno de sus derechos recibir capacitación para brindar en mejores condiciones sus servicios, y un fondo de retiro o pensiones.
 
Hay una serie de oficios y servicios que se brindan en la Ciudad de México que merecerían la calificación de trabajo no asalariado como la albañilería, la carpintería, la plomería, o los boleros; y hay otros que son más bien, medios marginales de sobrevivencia como limpiar parabrisas, tragafuegos, payasitos, malabaristas, entre otros. Se pueden considerar servicios o no.
 
El meollo del asunto es la calificación que se da a ciertas actividades y los intereses que se ocultan detrás de esta seudolegalización de la prostitución.
 
Muchos de los planteamientos que incluye el proyecto de Constitución de la Ciudad de México están condenados desde antes de su aprobación a convertirse en letra muerta: porque son muy ambiciosos, porque contravienen otros ordenamientos jurídicos como la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales ratificados por nuestro país; pero fundamentalmente porque lo que ahí se dice es un completo sin sentido.
 
Por ejemplo, yo me pregunto qué tipo de capacitación podría ofrecerle el gobierno de la Ciudad a las mujeres en situación de prostitución para que brinden “de mejor manera sus servicios sexuales” ¿sería acaso un curso de cómo poner el condón con la boca?  ¿5 puntos para disfrutar el sexo anal?
 
Muchas mujeres en situación de prostitución han sido asesinadas en los cuartos de hotel a manos de sus prostituidores, y el mensaje que se manda con esta medida es que la libertad personal está por encima del concepto de bien común, ya que la prostitución es una institución profundamente patriarcal que ha permitido a lo largo de la historia el control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
 
El Artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) establece textualmente que:
 
“Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
 
Texto que es obligatorio para todos los poderes de la unión y para todos los niveles de gobierno pero que ignora el proyecto de Constitución enviado por el Jefe de Gobierno, a la Asamblea Constituyente.
 
¿Qué intereses hay detrás de esta propuesta? ¿La siguiente medida será cobrarles impuestos a las mujeres en situación de prostitución?
 
¿No se dan cuenta que lo único que van a propiciar son mayores niveles de violencia contra las mujeres, que aumente la prostitución y la trata en la Ciudad de México y la explotación sexual infantil como ha sucedido en Uruguay, Brasil y, ahora, en Colombia?
 
Como lo menciona la doctora Emérita de la Universidad de Massachusetts, Janice Raymond, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional, “los argumentos que se exponen a continuación van dirigidos a todas las formas de prostitución avaladas o respaldadas por el Estado, incluyendo, pero no limitándose a la legalización de los prostíbulos y del proxenetismo, la despenalización de la industria del sexo, la regularización de la prostitución a través de leyes que establezcan controles de salud obligatorios para las mujeres que están en la prostitución, o cualquier sistema que reconozca que la prostitución es un trabajo o la defienda  considerándola una elección laboral…”
 
Teniendo en cuenta la pretensión del gobierno capitalino de legalizar y despenalizar la industria del sexo en la Ciudad de México a través de reconocer como “trabajo no asalariado” la prostitución, creemos importante que consideres las razones por las cuales la legitimación de la prostitución como “un trabajo” no supone un empoderamiento de las mujeres en situación de prostitución, sino por el contrario, fortalece a la industria del sexo.
 
Ø  La legalización/despenalización de la prostitución es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución y de la industria del sexo promueve la trata con propósitos sexuales.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución no supone un control de la industria del sexo. La expande.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la prostitución clandestina, ilegal y la prostitución de la calle.

Ø  La legalización de la prostitución y la despenalización de la industria del sexo promueve la prostitución infantil.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución no protege a las mujeres que están en la prostitución.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la demanda de la prostitución. Incentiva a los hombres a comprar a las mujeres por sexo en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución no promueve una mejora de la salud de las mujeres.

Ø  La legalización/despenalización de la prostitución no aumenta las posibilidades de elección de las mujeres.

Ø  Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.
 
Y es tan incongruente la propuesta constitucional para la Ciudad de México, que por un lado reputa la prostitución como trabajo no asalariado -cuando en ningún tratado de Derechos Humanos le reconoce esa categoría, sino todo lo contrario- y por otro, pone en grave riesgo los avances que el movimiento feminista y de mujeres han logrado en la Ciudad en el tema del aborto voluntario, que ni siquiera se menciona, como la interrupción legal del embarazo.
 
La Asamblea Constituyente tiene mucho que discutir y acordar, y a pesar de que es mayoritariamente ilegítima ya que sólo elegimos a 40 por ciento de las y los Constituyentes, nosotras las mujeres tenemos mucho que vigilar y exigir en la primera Constitución de la Ciudad de México.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
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Convocan al Primer Concurso de Video Corto por una Vida Libre de Violencia
Ciudad de México.- Nueve organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos de las mujeres en América Latina y el Caribe, emitieron la convocatoria del concurso #CortemosLaViolencia el cual tiene como objetivo promover la difusión de mensajes audiovisuales que contribuyan a erradicar la violencia de género que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos cotidianos.
 
La convocatoria está dirigida a mujeres jóvenes de los 18 países de la región y la fecha límite para enviar los trabajos es el 7 de noviembre. Para ver la convocatoria completa ir a: http://www.cortemoslaviolencia.org/
 
Constitución de la Ciudad de México, debe estar a la altura de la ciudadanía
Ciudad de México.- La diputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática Marcela Lagarde y de los Ríos, afirmó que la Constitución de la Ciudad de México tiene la posibilidad de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, si se mantiene como un documento a la altura de las necesidades de los habitantes de la ciudad.
 
La diputada dijo que espera que la Constitución logre reponer la falta de atención que reciben muchos grupos sociales y sobre todo las mujeres y que tome en cuenta las propuestas de organizaciones civiles para respetar los derechos de la ciudadanía.
 
“Educarnos desde el Feminismo”, una charla en la UAM
Ciudad de México.- La organización “Mujeres que Celebran”, invita a la charla “Educarnos desde el Feminismo”, impartida por la profesora y activista Sandra Escutia Díaz, del Colegio de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
En la charla se discutirá por qué hacer pedagogía desde el feminismo y por qué pensar la justicia desde el feminismo.
La cita es el próximo sábado 17 de septiembre a las 14:30 horas, en la Casa Comunitaria, Barreteros #52, Col. Aztecas, Ciudad de México.
 
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