Constitución de la Ciudad de México

Asegurar que todas las mujeres que se dedican al “trabajo sexual” eligieron este oficio libremente y decir que quienes sostienen lo contrario “discriminan y son moralistas” borra toda la complejidad que encierra una actividad donde las mujeres que entran a una habitación no saben si ese día será el último de su vida. 
 
Esa es la opinión de la antropóloga social y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien desde 2007 ha realizado investigaciones de campo sobre la trata con fines de explotación sexual en México. 
 
Para la perita en antropología social, las propuestas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en la Asamblea Constituyente -que aprobará la Constitución Política de la Ciudad de México- para reconocer el “trabajo sexual” como un trabajo no asalariado, es crear un marco jurídico para proteger la explotación sexual.
 
En opinión de la coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, reconocer el “trabajo sexual” tiene dos implicaciones fundamentales: primero generalizar que todas las mujeres en “contextos de prostitución” están en la misma situación y que eligieron libremente esa actividad.
 
Otra consecuencia de considerar que esta actividad es un trabajo no asalariado –dice la investigadora– es reconocer que el Estado se exime de las obligaciones que tiene de proveer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores, de contratar personas y ofrecerles antigüedad y servicios de salud, vivienda y derechos laborales en general.
 
TRABAJO O EXPLOTACIÓN
 
Entre octubre y noviembre el diputado perredista Víctor Hugo Romo organizó cuatro mesas para discutir cuáles son las estrategias para visibilizar este trabajo ya que en la ALDF existen dos propuestas de reforma a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para que la prostitución no sea una falta administrativa.
 
En estas audiencias públicas grupos a favor de reglamentar esta actividad señalaron que no es lo mismo “trabajo sexual” que trata de personas y aseguraron que es fácil distinguir entre la persona que es víctima y aquella que ofrece servicios sexuales de manera autónoma, libre y sin coerción. 
 
Sin embargo, de acuerdo con Caporal Pérez, está distinción no es fácil porque el modus operandi de la delincuencia organizada que se dedica a explotar a las mujeres es el “enganche” y el sometimiento a partir de la vinculación sexo-afectiva y erótica, es decir, a partir del discurso del amor romántico para que no se sientan víctimas.
 
Investigaciones como el libro “Trata de personas. Padrotes, iniciación y modus operandi” de Oscar Montiel Torres, documentan que los padrotes “enganchan” a las mujeres con la idea del amor y del progreso, así les piden que se prostituyan para garantizar su bienestar, mantener a los hijos o  tener una casa. 
 
“Se mete un discurso económico, neoliberal del progreso. Si tú haces tal cosa, si atiendes a tantos clientes, si soportas esa dinámica de estar en el comercio sexual, vamos a salir, nos vamos a casar”, y todo el tiempo son convencidas de que ejercer esta actividad es un acto de amor hacia la pareja o de protección a los hijos.
 
ECONOMÍA INFORMAL
 
En el área laboral la tendencia es fomentar la economía informal. Es por eso que un argumento para reconocer el “sexo servicio” como un oficio, es que las trabajadoras puedan ser consideradas igual que los vendedoras ambulantes, los boleros, los cuidadores de autos y no sean discriminadas ni violentadas.
 
Sin embargo para Caporal Pérez, no es lo mismo dedicarse a bolear zapatos que entrar a un cuarto sin saber con quién estarás y pensar que puede ser el último día de tu vida, como lo dicen los testimonios que ha recopilado en sus investigaciones porque –aunque halla mujeres que escogen a sus clientes– no todas tienen libertad de elegir.
 
Con estos argumentos la antropóloga afirma que reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina es generar un ambiente para que aquellas personas que se dedican a la explotación lo hagan con un marco jurídico porque desde su experiencia, no es fácil reconocer quién es víctima y quién no lo es.
 
Asimismo es escéptica sobre la idea de que reconocer este trabajo generaría más denuncias de trata porque actualmente este delito se relaciona con la delincuencia organizada y por tanto no es fácil denunciar porque quién señale es perseguido y hasta asesinado.
 
La legalización de la “prostitución”, afirma, tampoco borrará la idea de que los espacios donde se ejerce el “comercio sexual”, desde calles, cantinas, centros botaneros, spas, casas de cita hasta table dance, se puede hacer lo que sea con el cuerpo de las mujeres, incluso asesinarlas.
 
16/AGM/LGL

Cuando se acerca la fecha para que la Comisión de Carta de Derechos dictamine el contenido del Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México y muy especialmente el Apartado F, creo que viene a cuentas compartir con ustedes una historia que me cimbró el corazón.
 
El jueves 16 de noviembre asistí a una víctima de trata y explotación de la prostitución, en su audiencia de ampliación de declaración. Al tomar la palabra dijo lo siguiente:
 
“Soy Víctima 1, una indígena. Cuando tenía 16 años de edad, en 2006, acompañé un domingo al mercado de mi pueblo a mi papá y a mi mamá.  Ahí nos abordó un hombre que iba acompañado de su madre y me ofrecieron trabajo cuidando a la señora que estaba enferma y haciendo el aseo de la casa. Le pidieron permiso a mi madre y a mi padre y me ofrecieron pagarme 400 pesos a la semana, y como éramos muy pobres, acepté el trabajo.  Más tarde, el hombre y su madre fueron a mi casa a recogerme y llevarme a San Pablo del Monte, Tlaxcala, el lugar donde iba yo a trabajar.
 
Al llegar a la casa, me pude percatar que tenía tres pisos y estaban tres mujeres en la sala que me las presentaron como hijas de la señora que supuestamente yo iba a cuidar. Me acomodaron en una habitación en la planta baja y aproximadamente a las once de la noche llegó el hombre y me dijo que ése era su cuarto y me violó. Traté de resistirme, pero era más grande y más fuerte que yo y me golpeó hasta que no pude seguir resistiéndome. Traté de escaparme pero no pude, él se pasó toda la noche en el cuarto.
 
Al día siguiente me dijo que me arreglara porque ya nos íbamos y a pesar de mis protestas y de que en innumerables ocasiones les dije que yo me quería regresar con mis papás, a golpes me llevó al comedor, donde la supuesta señora enferma -su mamá- me dijo que estaba muy contenta que ya fuera yo la novia de su hijo y que yo tenía que estar con él, a donde él me llevara.
 
Su hermano nos llevó a la Central Camionera de Puebla, a mí, al hombre, a dos muchachas que iban muy golpeadas, como yo, y a dos hombres más que me dijo, eran sus hermanos.  Abordamos un autobús de la línea Futura que nos llevó hasta Reynosa, Tamaulipas.
 
Al llegar ahí, nos acomodaron en un hotel y de ahí nos llevaron a la zona de tolerancia, y una mujer que le decían “Nancy” nos dijo que teníamos que prostituirnos, y contrató tres cuartos con un señor y le dijo que nosotras pagaríamos la renta en la noche.  Yo me negué a prostituirme y pasé toda la noche encerrada en ese cuarto sucio, oscuro y siniestro y al día siguiente, cuando me llevaron al hotel, el hombre me golpeó hasta que se cansó porque no llevaba dinero y me dijo que si no me prostituía me iba a matar e iban a matar a toda mi familia.
 
Casi inmediatamente me llevaron de nuevo a la zona de tolerancia, que estaba controlada por el Cártel del Golfo, pero el hombre llegó y me volvió a golpear y me dijo que me iban a estar vigilando, que mejor me pusiera a talonearle, porque si no me iban a desmembrar.
 
Como yo era la más jovencita, me dieron un acta de nacimiento de otra mujer, “Maricela”, de 20 años y me dieron su credencial de elector, y así me registraron en los servicios sanitarios municipales.  Yo me dí cuenta que hombres armados nos vigilaban y nos llevaban a los servicios municipales.
 
Ahí empezó mi pesadilla, tenía que cobrar 400 pesos por quince minutos y mil por una hora. Llegué a producirles mil dólares diarios, no tenía un sólo día de descanso.  No podía negarme a atender a un cliente, no importaba en qué condiciones llegaba, si venía tomado, sucio, armado, etcétera.
 
Me mantuvieron en la zona de tolerancia por 4 años, hasta que un día me dijeron que me preparara porque nos íbamos.  Un señor, Ramiro, que era el pollero y esposo de una de las hermanas del hombre, nos cruzó la frontera y ahí nos subieron en una Van café que nos llevó hasta Nueva York.  Llegando a Nueva York, nos alojamos en la casa de un primo del hombre, donde vivía también otra joven que también estaban explotando sexualmente.
 
Al día siguiente me hicieron que me comunicara con varios “deliveris” (taxistas que nos recogían y nos llevaban a donde teníamos que prestar servicios sexuales), a veces en Nueva Jersey, en Nueva York, Virginia y Connecticut.  Cuando no había trabajo con los deliveris nos llevaban a algún burdel.
 
Trabajaba de día y de noche, muy mal alimentada, y dormía cuando más cuatro horas.  Cuando me venía la menstruación me hacían que me pusiera un tapón hecho con pantimedias para que no dejara de trabajar y no fuera yo a ensuciar a algún cliente.
 
Nunca recibí un solo dólar, todo el dinero que ganábamos las otras jóvenes y yo se lo mandaban a la señora que supuestamente estaba enferma en San Pablo del Monte, a mí me decía mi proxeneta que era porque estaba construyendo una casa muy grande.
 
Me obligaban a decir que estaba ahí por mi gusto, pero, afortunadamente cuando ya tenía año y medio en Nueva York, en una redada en un burdel de Queens, me detuvieron, y cuando les conté mi historia me protegieron y me asistieron.
 
Hoy tengo residencia legal en Estados Unidos, pero tengo 10 años de no ver a mi familia, en un país frío, indiferente al dolor, me acaban de diagnosticar Virus del Papiloma Humano y a los 26 años en enero próximo ‘me van a vaciar’, una consecuencia de atender a 50 hombres diarios por tanto tiempo. Estoy sola, enferma, deprimida, todavía no he podido reconstruir mi vida”.
 
Cuando le conté que en la Ciudad de México están tratando de reconocer la prostitución como trabajo no asalariado, me pidió que les dijera a las diputadas y diputados constituyentes que no lo hagan, que no hay peor humillación para las mujeres que la prostitución. Que ni siquiera se imaginan las formas en que son obligadas a decir que están ahí por su libre elección y que nadie las explota. 
 
Me dijo: “por las demás víctimas y posibles víctimas de grupos delictivos como el que me esclavizó por tantos años diles que no lo hagan, por favor. Que todo mi dolor y mi historia sirva para que no haya ni una víctima más de las redes de trata y prostitución. Que quiero sentirme orgullosa de la capital de mi país”.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
16/TCUZ/LGL

La directora del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida en la Ciudad de México, Andrea González Rodríguez, dijo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debe eliminar los obstáculos que actualmente existen para garantizar la salud de las “trabajadoras sexuales”.
 
La doctora señaló que hoy en día las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa, atienden a esta población pero destacó que el Seguro Popular –programa a través del cual se financia el acceso al servicio– exige que las personas beneficiadas residan en la capital del país pero muchas de las trabajadoras no tienen su domicilio en la Ciudad de México.
 
En la última de cuatro mesas organizadas por el diputado de la ALDF, el perredista Víctor Hugo Romo, para escuchar opiniones sobre su propuesta para derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga la “prostitución” como falta administrativa, la funcionaria dijo que la persecución y el desprecio social hacia este grupo dificulta el acceso a los servicios de salud.
 
A la par de la propuesta del legislador de reformar la ley, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso en el proyecto de borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el “trabajo sexual” como una actividad no remunerada.
 
Respecto a la intención de reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” no sea una falta, la doctora señaló que esto no es suficiente toda vez que los requisitos del Seguro Popular –como la residencia en la Ciudad de México– dificultan que las mujeres accedan a los servicios a lo que se suma que ellas prefieran no asistir a las clínicas especializadas porque allí no hay servicio de pediatría para sus hijas e hijos.
 
En este contexto González Rodríguez expuso que las Clínicas Especializadas Condesa e Iztapalapa ofrecen servicios para “trabajadoras sexuales” como atención ginecológica, actividades informativas sobre infecciones de transmisión sexual, servicios de diagnóstico ambulatorio y el reforzamiento de medidas de prevención como la distribución de condones a través de organizaciones sociales.
 
Destacó que al hablar del “trabajo sexual” en materia de salud se distinguen tres grupos que se dedican a esta actividad: mujeres, hombres y personas transexuales; además de las víctimas de trata de personas y señaló que cada una de estas poblaciones tiene  problemáticas de salud distintas según su perfil y condiciones sociales.
 
González Rodríguez explicó que la población más difícil de atender son las mujeres que se dedican al “trabajo sexual”, porque son parte del programa más acotado de la Clínica Condesa y porque son quienes viven más persecución y desprecio social; mientras que los hombres son el grupo más sencillo de atender porque son menos estigmatizados por ejercer este oficio.
 
Desde la perspectiva de la doctora hay una tendencia a “proteger” a las mujeres para que no “vendan su cuerpo” mientras que los hombres no viven esa “persecución moral”. 
 
Según la información del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/Sida, 90 por ciento de las mujeres que atiende y que realizan la “venta de servicios sexuales” son menores de 35 años, tienen estudios básicos como primaria incompleta o máximo un año de secundaria, son de otra entidad federativa, tienen en promedio uno o dos hijos y la gran mayoría usa y promueve el condón por lo que tienen menor prevalencia de VIH.
 
Además dijo que entre 30 y 40 por ciento de estas mujeres tienen antecedentes de abuso sexual, agresiones que en la mayoría de las veces ocurren en la infancia; 99 por ciento fue en algún momento víctima de violencia familiar, iniciaron su vida sexual desde los 9 o los 14 años edad y comenzaron el “trabajo sexual” entre los 15 y 18 años.
 
La especialista también mencionó que estas mujeres esperan cumplir 18 años para acceder a los servicios de salud, muchas no tienen domicilio en la Ciudad de México, en la mayoría de los casos viven en alguna ciudad con algún estado colindante donde la mamá se hace cargo de las hijas e hijos, y pertenecen a familias donde en dos generaciones no hubo papá.
 
González Rodríguez agregó que el “trabajo sexual” permite que estas mujeres puedan mantener a la mamá y a los hijos.
 
Otro grupo que dijo la doctora, es invisible, son las mujeres en “situación extrema de vulnerabilidad”, jóvenes que en la mayoría de los casos viven en las calles, en hoteles, son menores de edad y que no se dedican al “trabajo” pero cambian servicios sexuales por techo, comida o sustancia inhalables y que tienen alta prevalencia de VIH, sífilis, embarazos adolescentes o que vivieron abortos previos. 
 
Muchas de estas jóvenes pasan por las unidades de adolescentes en conflicto con la ley, son expulsadas de su casa por violencia familiar y en general son un grupo poco atendido porque realizan “transacciones sexuales” por abandono.
 
Expuso además que no es lo mismo “trabajadoras sexuales” que victimas de trata porque las primeras van a las clínicas solas, de manera voluntaria, conocen los servicios y la mayoría no consume sustancias; mientras que las víctimas de trata son acompañadas por instituciones u organizaciones civiles, acuden con miedo, ansiedad,  trauma, estrés postraumático y tienen antecedentes de prácticas sexuales obligadas.
 
En opinión de la funcionaria en otros países la persecución, desprecio y la falta de protección hacia las mujeres “que se dedican a esta actividad” provocó que los hombres tengan derecho a violar a las mujeres y se convirtió en una manera de expandir infecciones de transmisión sexual y el VIH. Actualmente en la Ciudad de México en mujeres la prevalencia de esta infección es de menos de 1 por ciento y en los hombres es de 38 por ciento.
 
16/AGM/LGL

La directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Patricia Uribe Zúñiga, aseguró que las personas que se dedican al “trabajo sexual” enfrentan diversos padecimientos por lo que su salud no puede estar acotada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual.
 
Así lo dijo al participar en el foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el diputado perredista Víctor Hugo Romo para escuchar opiniones sobre cómo reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución de la Ciudad de México y derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que cataloga esta actividad como una infracción.
 
En la mesa sobre salud, la doctora –quien cuenta con amplia experiencia en salud pública, salud sexual y reproductiva y administración pública– dijo que los datos de 2013 indican que la prevalencia del VIH en mujeres biológicas que se dedican al “trabajo sexual” es de 0 .68 por ciento pero en trabajadoras trans es de 20 por ciento en promedio.
 
De acuerdo con el Informe Nacional de Avances en la Respuesta al VIH y el Sida en México 2016, en términos generales, la prevalencia del VIH en personas transgénero es mayor que en la población general por lo que reducirlo en esta población es una medida importante para hacer un seguimiento de la respuesta nacional al VIH.
 
En la mesa donde participaron mujeres y personas trans que se consideran “trabajadoras sexuales”, Uribe Zúñiga dijo que esta población no sólo enfrenta problemas de salud relacionados con el VIH toda vez que algunas personas pasan por una transformación sexo-génerica, usan hormonas o se inyectan sustancias para feminizar su cuerpo lo que les trae otras consecuencias de salud.
 
En este sentido explicó que actualmente a nivel federal las instituciones que atienden a personas que “ejercen esta actividad” no son integrales ya que sólo en la Ciudad de México se les ofrece atención en materia de salud sexual y reproductiva, mental, para atender violencia y apoyo para tratamiento hormonal, por lo que aseguró que es necesario articular estas acciones.
 
Al respecto la funcionaria dijo que el 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, la Secretaría de Salud acordó hacer un protocolo de atención integral para personas transexuales e intersexuales a fin de haya lineamientos básicos pero destacó que si no se elimina la discriminación y los prejuicios hacia el “trabajo sexual” y la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) no se garantiza acceso a los servicios de salud pública sin discriminación.
 
Por otra parte la especialista, quien de 2003 a 2011 fue directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dijo que está demostrado que el control sanitario obligatorio para quienes realizan el “trabajo sexual” no lleva a ningún beneficio y muchas veces sirve para que se les cobren las pruebas de detección de enfermedades sin que se les realicen.
 
En opinión de Uribe Zuñiga, la ley que regule esta actividad no debe avalar que las delegaciones o los municipios determinen las medidas sanitarias más recomendables para atender a las “trabajadoras sexuales” porque, dijo, quienes tienen que hacerlo son los servicios de salud.
 
16/AGM/LGL

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L'Hoist, se pronunció a favor de regularizar el “trabajo sexual” pues en su opinión, ello disminuiría la discriminación contra las personas que se encuentran en esta situación.
 
Durante la tercera mesa que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para analizar el tema del “trabajo sexual”, la funcionaria dijo que de acuerdo con las quejas que llegan al Copred las personas que realizan esta labor son maltratadas por la autoridad, se les insulta, no pueden “trabajar” con seguridad y son discriminadas.
 
En el tercer encuentro convocado por el diputado Víctor Hugo Romo para escuchar las posturas sobre el tema –y al que no asistieron asambleístas–, L'Hoist dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, 86 por ciento de la población encuestada dijo que las “trabajadoras sexuales” son discriminadas.
 
El estudio arrojó también que 73 por ciento de la ciudadanía consideró que las personas pueden hacer mucho para eliminar la discriminación hacia estas “trabajadoras” pero para ello es necesario más educación sobre qué es el “trabajo sexual”.
 
La funcionaria quien coincidió en  reformar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dijo que de acuerdo con una división de la población capitalina en 40 grupos, las personas indígenas son las más discriminadas, le siguen las de piel morena, luego las que viven con VIH y en el lugar 18 están las “trabajadoras sexuales”.
 
A propósito de las iniciativas en la ALDF para regularizar y “reglamentar la prostitución” L'Hoist señaló que cualquiera de las posturas debe tener en el centro a las personas que ejercen esta actividad y sus particularidades y explicó que faltan políticas que eliminen las causas estructurales que llevan a las mujeres a “ejercer este trabajo”.
 
En la Asamblea Legislativa hay dos propuestas. El pasado 18 de octubre la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz propuso crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal”; y el legislador del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” ya no sea una falta.
 
En paralelo la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, un borrador que en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, dice que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
En esta audiencia el subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jean Philibert Mobwa, afirmó que es necesario regular el “trabajo sexual” para evitar las agresiones y violaciones contra las mujeres que están en este contexto.
 
El funcionario explicó que “legalizar este oficio organizaría de mejor manera esta actividad, los burdeles serían legales, se podrían exigir revisiones médicas a las trabajadoras sexuales, el uso del condón sería obligatorio y eso llevaría a la reducción de las infecciones de transmisión sexual”.
 
A decir de Mobwa un prejuicio es decir “prostitución” cuando se trata de “trabajo” porque así se hace referencia a una persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades y sin coacción gana dinero “a partir del trabajo que ejerce”; en este contexto hay una “industria del sexo”, es decir, empresas que pagan un sueldo a las personas “trabajadoras sexuales” por sus “servicios”.
 
16/AGM/LGL

En su artículo titulado “Las falacias del discurso en torno al derecho al “trabajo sexual voluntario y autónomo”, publicado en su blog el pasado 5 de noviembre, la académica del CIDE, Cath Andrews, nos ayuda a analizar los planteamientos sobre Derechos Humanos que se establecen en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México.
 
El texto constitucional dice: “…hay derechos sociales, culturales, familiares y económicos; así como derechos para grupos marginalizados o minoritarios”. El artículo 8 señala que “la dignidad humana es inviolable. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos, mientras que el artículo 9 B2  “destaca que los Derechos Humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles.”
 
En el artículo 10 también se plantea que la Ciudad de México debe de ser un espacio de “libertades y derechos”. En particular, el proyecto propone que “toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.
 
En consecuencia, advierte que:
 
Se prohíben y sancionarán la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, el feminicidio, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con las leyes de la materia, se adoptarán medidas para erradicarlas (art. 10 B3)…”
 
No obstante, estas proposiciones no se sostienen a lo largo de la carta. Al llegar al apartado F del artículo 15, es evidente que los autores del proyecto hacen excepciones para el ejercicio los Derechos Humanos “inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles”… Se trata de las personas prostituidas.
 
En ese apartado se afirma que “las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley: Reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita…”
 
De suyo, el Artículo 15 inciso F, significa el reconocimiento legal a la precarización del trabajo informal, sin darle reconocimiento a otros oficios y servicios que también son no asalariados, como taxista, bolero, carpintero, herrero, plomero, vendedor de tamales o de hot-dogs, limpia parabrisas, entre otros.
 
La doctora Cath Andrews señala que quienes redactaron el Proyecto de Constitución piensan que hay prostitución forzada y prostitución voluntaria. Yo me pregunto ¿quién o bajo qué mecanismo van a certificar que se trata de trabajo libre y autónomo? 
 
En los 20 años que tengo trabajando contra la trata de personas y la explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual, nunca he visto que a las personas “libres y autónomas” y a las que son forzadas, les pongan un distintivo o las dividan en líneas. Por eso digo que el reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual enmascara la trata de mujeres y la explotación sexual infantil.
 
Pero además se establece que contarán con una identidad formal como personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México, con una cartilla de registro de los servicios que presta y la certificación de sus capacidades laborales. Yo quisiera saber quién va a certificar sus capacidades laborales ¿será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
 
La doctora Andrews agrega que “traficadas o voluntarias”, las personas que venden sexo enfrentan riesgos aterradores a diario. En un estudio llevado a cabo por Melissa Farley acerca de la prostitución legal e ilegal en 9 países, incluido México, se reporta que 62 por ciento de las encuestadas habían sido violadas; 72 por ciento sufrieron violencia física; 88 por ciento de las entrevistadas en Canadá, México y Colombia enfrentaron violencia verbal y 68 por ciento tenía síntomas de estrés postraumático.
 
De acuerdo con su análisis, los problemas de salud física y mental que enfrentan las personas prostituidas son muy similares a los de las víctimas de tortura.
 
En México, el equipo de la investigadora Melissa Farley entrevistó a mujeres en varias situaciones de prostitución: a bailarinas, a trabajadoras de burdeles y a trabajadoras de la calle. Su investigación revela que no hay diferencia en los niveles de violencia verbal, sexual, o estrés postraumático en las entrevistadas, todas lo padecen igual. No hay razón para pensar, por lo tanto, que el trabajo sexual implica menos riesgos en alguna de sus presentaciones, ni siquiera “la voluntaria”.
 
Dicho de otro modo, la autonomía o la voluntad de la persona prostituida no determina el trato que recibe por parte de clientes.
Más bien, es el acto preciso de comprar el acceso sexual a una mujer, lo que lleva a los compradores a deshumanizarla.
 
¿En qué sentido puede interpretarse el artículo, si hablamos de una joven que empieza a ser prostituida a los 13 años? ¿puede tomar la decisión de seguir “voluntaria y autónomamente” cuando se convierte en adulta? o más bien ¿ya no tiene opciones? No son preguntas retóricas. En su investigación Farley muestra que 47 por ciento de las personas entrevistadas se involucró en la prostitución antes de los 18 años.
 
Y finalmente dice “hay que señalar que las personas prostituidas suelen pertenecer a los grupos étnicos y sociales más marginalizados. Son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, la vasta mayoría son mujeres; pero también hay personas transgénero y homosexuales.
 
Es de notar que las mujeres y las personas transgénero, sufren tasas similares de violencia. Dadas estas circunstancias, no nos debe sorprender que 89 por ciento de las mujeres entrevistadas por Farley querían dejar la prostitución, pero para ello requieren ayuda para encontrar una vivienda y una fuente de sustento alterno, entre muchas otras necesidades básicas.
 
La investigadora concluye diciendo que “el artículo 15 inciso f, numeral 3 de la carta de derechos del proyecto de Constitución, legitima la explotación sexual como una actividad protegida por la ley y niega derechos a las personas explotadas”.
 
Al suscribir este artículo, los redactores de la Constitución avalan la idea de que el sexo es un servicio, y quien lo vende no es una persona con derechos, sino un producto comercializable. Este planteamiento no es progresista, igualitario ni incluyente. Al contrario, es retrógrado, injusto y excluyente. Al definir la explotación sexual como “trabajo” se exime a los clientes de la responsabilidad criminal de sus actos. Valida la violencia, el abuso y la tortura, y convierte al Estado en cómplice de la explotación de las personas más vulnerables de la sociedad.
 
Queremos recordarles que seguimos recabando firmas para la iniciativa de modificación constitucional “La prostitución no es un trabajo. Es un sistema de explotación y violencia patriarcal” en Change.org.mx, https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
16/TUZ/LGL

La senadora y diputada constituyente Lucero Saldaña Pérez presentó ante la Asamblea Constituyente una propuesta para que en la Carta Magna  capitalina se establezca el principio de paridad en diputaciones locales, en la integración de alcaldías y en el gabinete de Gobierno.
 
La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la propuesta porque la paridad (igualdad) en candidaturas a diputaciones y senadurías como principio constitucional en el ámbito federal, logró aumentar la representación femenina en el Congreso de la Unión. 
 
En este sentido la iniciativa es para que la Constitución Política de la capital del país asegure la aplicación del principio de paridad horizontal (en las presidencias municipales) y vertical (en el total de las planillas) tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y en las alcaldías.
 
Actualmente el borrador de la Carta Magna dice en el artículo 32, inciso b, numeral 3 que “la ley determinará los procedimientos para garantizar que, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de género”. Y en el inciso a, numeral 4, dice que “la ley electoral deberá fomentar la paridad en las fórmulas de candidaturas sin partido”, por lo que la senadora propuso cambiar la palabra “fomentar” por “asegurar”.
 
La iniciativa también propone modificar tres artículos más para que este principio aplique en el Poder Judicial y en la integración del Gabinete del Jefe de Gobierno. 
 
De acuerdo con la senadora gracias a la paridad en la Cámara de Diputados hay 42.4 por ciento de mujeres; en siete Congresos locales más de 50 por ciento de sus integrantes son mujeres (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) y 12 Congresos más tienen una presencia femenina de entre 40 y 49 por ciento.
 
La legisladora destacó que hasta abril de este año en 20 Constituciones locales se incorporó el principio de paridad, en algunas es una obligación de los partidos políticos, en otras se establece  para las candidaturas para el Poder Legislativo y para la integración de los ayuntamientos municipales.
 
En la propuesta se dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya emitió diversas jurisprudencias y tesis sobre la aplicación del principio de paridad y la observancia de los derechos políticos- electorales de las mujeres.
 
De acuerdo con el Tribunal Electoral, la paridad debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular federales, locales y municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política de las mujeres en los distintos ámbitos de gobierno.
 
En la Asamblea Constituyente ya existe otra propuesta similar de la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien presentó su propuesta para que en la Constitución de la Ciudad se plasme el principio de paridad de género (igualdad) en la integración de todos los poderes públicos y los órganos autónomos.
 
16/AGM/LGL

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ha recibido cuatro propuestas ciudadanas para reformar el proyecto de Constitución Política de la capital del país y eliminar términos como “igualdad sustantiva”, “perspectiva de género” y “derechos sexuales y reproductivos”. 
 
Con el argumento de que las personas no pueden ser “utilizadas” por la “ideología de género” las organizaciones Voz Pública AC y Familias y Sociedad AC, así como dos ciudadanos a título personal, presentaron propuestas de reforma para quitar diversos temas de Derechos Humanos de las capitalinas. 
 
Ambas agrupaciones civiles aseguran que sus iniciativas son para que la Constitución de la Ciudad de México cumpla los compromisos adquiridos al firmar tratados internacionales y reconozca las diferencias entre mujeres y hombres, la institución natural de la familia y proteja “la vida desde la concepción”.
 
La organización Voz Pública, presidida por Leticia González Luna, propuso 37 modificaciones al proyecto de Carta Magna elaborada por el Grupo Redactor nombrado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que actualmente se discute en la Asamblea Constituyente. 
 
Entre las propuestas de reforma está eliminar del artículo 4 el principio de “individualidad” o “igualdad sustantiva” porque no considera las diferencias naturales y complementarias entre hombres y mujeres ni las diferencias naturales por etapa evolutiva entre niños y adultos.
 
“Proponemos que cuando se defiendan los derechos de la mujer, se especifique 'mujer' y no 'género' o, según el caso, equidad de derechos entre hombres y mujeres. No queremos seguir siendo utilizadas por la ideología de género”, expone el documento.
 
La agrupación conservadora se opone a temas como el aborto, la reproducción asistida, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso medicinal de la mariguana en aras de proteger a la familia, la niñez y a las “mujeres pobres e ignorantes” y aludiendo a lo que establece derecho internacional y la ciencia.
 
En esta propuesta se pide quitar del artículo 8 la frase que dice que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y en el artículo 9 se eliminaría el concepto de “perspectiva de género” porque –dice– “es una ideología sin bases científicas reales, destruye el tejido social y rompe con la identidad sexual de las personas”.
 
Voz Pública pretende que en el artículo 10 se añada el “derecho a la libertad religiosa” para que se proteja la libertad de “práctica”, “culto” y la “enseñanza” y que se eliminen los “derechos sexuales” porque asegura “que no existen en ningún tratado internacional vinculante”.
 
Con los mismos argumentos, la organización Familias y Sociedad que preside Javier Castañeda Monter -quien dirigió también la organización Vida y Familia (Vifac)- presentó su propuesta que afirma “que la igualdad provoca grandes injusticias, principalmente con las mujeres pues ignora su igual dignidad a partir del respeto a la realidad natural de sus diferencias”.
 
Las iniciativas de estas organizaciones son prácticamente iguales, ambas descalifican conceptos y se oponen a los avances en los Derechos Humanos de las mujeres en la Ciudad de México como la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y en temas como la adopción, bajo el argumento de que no es un derecho.
 
Las agrupaciones civiles no son las únicas con estas ideas, a título personal la ex candidata a diputada local por el Partido Convergencia, Margarita María Guadalupe del Real Oñate, planteó incorporar el “derecho fundamental a la defensa de toda vida humana”. En el documentó se presentó como ciudadana sin partido político o creencia religiosa pero acotó que fue consejera ciudadana en la delegación Álvaro Obregón.
 
La misma propuesta fue hecha por empresario ligado a grupo Bimbo, Jaime Marchini López.
 
16/AGM/LGL

Si el Estado normaliza la “prostitución” como un “trabajo” significaría derribar los límites que las feministas han construido para acceder al cuerpo de las mujeres, así lo afirmó la investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, en España, Ana de Miguel Álvarez.
 
Al impartir la conferencia sobre “Neoliberalismo sexual” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la investigadora de Filosofía moral y Política, advirtió que reconocer la “prostitución” como “trabajo sexual” sería una forma de difundir la idea de que las mujeres son cuerpos que están para el placer de los hombres que pueden pagar por ellos.
 
La autora del libro “Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección” expuso que la idea de legalizar y reconocer el “trabajo sexual” surge en el contexto del neoliberalismo, ideología que afirma que todo se puede comprar y vender, que el mercado no tiene por qué tener límites y que la única condición es el consentimiento de las personas libres e individuales.
 
Así –dijo la académica– uno de los argumentos de quienes están a favor de reconocer, normalizar y legalizar la oferta de “servicios sexuales” como un “empleo”, es que se trata de una actividad de libre consentimiento entre quien ofrece “el servicio” y quien paga por él; por eso, esta postura sostiene que quienes se oponen “son puritanos”, afirmó.
 
Para la profesora la definición de “prostitución” como “el intercambio de dinero por servicios sexuales” es una falacia porque si se analiza desde las teorías feminista y de género, en realidad se definiría como “una institución por la que la sociedad ofrece a los hombres, mujeres de libre acceso a sus cuerpos por un precio variable”.
 
Para De Miguel Álvarez, analizar el tema de la “prostitución” desde la teoría feminista implica que no puede verse como un fenómeno alejado de la sociedad porque es un tema donde se juzga quiénes somos y qué podemos hacer para ganarnos la vida.
 
El feminismo, dijo, analiza estructuras de poder, no preferencias de individuos, por eso cuando esta teoría estudió el derecho a votar no se enfocó en quiénes querían ejercer el sufragio y quiénes decidieron no hacerlo, sino en las estructuras de poder y las razones de por qué hay poblaciones que decidían “sacar brillo a sus cadenas”.
 
Al hablar sobre la idea de la “libre elección”, la académica señaló que esta idea no se puede ver de manera aislada porque de ser así quienes tienen poder podrían aplastar a los otros. Por ejemplo, si una persona decide pagar tres euros por un trabajo sin ningún derecho y otra decide aceptarlo, esto generaría una explotación laboral sin que el Estado intervenga, dijo.
 
Abundó que desde la teoría de género “la prostitución” se considera una institución como muchas otras –la Universidad, la sanidad pública, las bibliotecas– porque responde a una necesidad humana, incluso para grandes pensadores la “prostitución” es un “mal menor” porque remedia un mal peor: que un hombre no pueda acceder al cuerpo de una mujer cuando quiera. 
 
Por tanto, para la especialista que actualmente dirige un proyecto de investigación sobre “los debates teóricos en torno a la prostitución de las mujeres”, detalló que decir “trabajo sexual” tampoco es transgresor ni nuevo, porque ha existido siempre y en todas las sociedades, pero no como un trabajo de “libre elección” sino como una decisión de los hombres de pagar por usar los cuerpos de las mujeres.
 
Con este argumento dijo que estos encuentros sexuales no son decisión de las mujeres que actúan en un acto de libertad porque –mencionó– aunque todas dijeran “me quiero prostituir” al final la decisión será de los hombres con dinero. La prostitución comienza con hombres con dinero que tienen voluntad de pagar, en ese momento ellos convierte una mujer en “prostituta”, dijo.
 
En sus reflexiones la académica aseguró que bajo la apariencia de que las personas son libres para venderse, muchas mujeres que no quieran ejercer esta actividad van a perder el derecho de decir no, porque en la sociedad se va a difundir la idea de que la “prostitución” es tan normal, que quienes no lo hagan serán puritanas.
 
Es decir, lo que estaremos normalizando, dijo, es que las chicas de las clases sociales con más bajos recursos económicos no tengan de “dónde agarrarse” para decir “no me quiero prostituir”.
 
De Miguel Álvarez concluyó al afirmar que en tiempos de la igualdad de género, cuando los Estados tienen leyes y políticas a favor de la igualad, cualquier joven podrá salir de la escuela, ver la “prostitución” y darse cuenta que la igualdad es que pueda pagar dinero para acceder al cuerpo de una chica.
 
 “¿Esto no corrompe la igualdad?” se preguntó.
 
16/AGM/LGL

En medio de confrontación, gritos y acusaciones, organizaciones civiles y activistas coincidieron en que la “trata de personas” es un delito que se debe combatir pero mantuvieron posiciones encontradas sobre la propuesta del Jefe de Gobierno de reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
En el segundo foro convocado por el diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo, para debatir la propuesta de derogar la prostitución como una infracción en la Ley de Cultura Cívica de la capital, las activistas se pronunciaron sobre el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce esta actividad como un trabajo.
 
Activistas como la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz y la integrante de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente, Mónica Soto Elizaga dijeron que reconocer el “trabajo sexual” serviría para afirmar que las víctimas de trata “hacen un trabajo voluntario”.
 
Al respecto, Soto Elizaga aseguró que todas las mujeres, incluyendo las que están en condiciones de prostitución, tienen derecho a la salud, trabajo, identidad sexual y vivienda, y por tanto no deben ser reprimidas ni criminalizadas pero dijo que hay que tomar en cuenta que hay niñas y mujeres que son obligadas a prostituirse.
 
La feminista expuso que la posición en contra de reconocer el “trabajo sexual” no es una ideología mojigata porque cada persona puede tener la vida sexual que quiera, sin embargo, señaló que con esta propuesta –que estará a debate en la Asamblea Constituyente– el Gobierno de la Ciudad de México normalizaría una actividad donde se explota el cuerpo de las mujeres.
 
En la misma posición, la activista Teresa Ulloa Ziáurriz dijo que es preocupante reconocerlo como un “trabajo” toda vez que en uno se garantizan los derechos laborales como aguinaldos y vacaciones, por lo que afirmó que en lugar de hablar de “trabajo sexual” las autoridades deberían ofrecer a las capitalinas oportunidades cuando quieran salir de contextos de prostitución.
 
En la parte opuesta, el coordinador de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que promueve derechos sexuales y reproductivos–, Alex Alí Méndez Díaz, aseguró que en este tema se deben considerar los tratados internacionales y el marco jurídico nacional y no sólo las posiciones ideológicas.
 
Recordó que en 2013 el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal emitió una resolución donde reconoció el “trabajo sexual” como una actividad laboral y por tanto aclaró que se debe partir de esta resolución. “Podemos criticarlo pero ya está la sentencia”, dijo.
 
Señaló también que el artículo 5 de la Constitución federal dice que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” por lo que aseguró que el problema técnico para legislar es la distinción entre el lenocinio, la trata y explotación porque el “trabajo sexual” “ya está protegido” por una jueza federal.
 
Durante el foro -que se presentó como una mesa de parlamento abierto- algunas de las personas asistentes aplaudieron a quienes apoyaban esta postura y gritaron consignas a quienes estaban en contra, refutaron datos e hicieron cuestionamientos a las personas oradoras. Así, tomó la palabra la activista de la organización “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, Elvira Madrid, quien lleva 27 años trabajando este tema.
 
De acuerdo con la activista, en las zonas donde las mujeres y personas trans o intersexuales realizan su “trabajo” también hay trata de personas, pero aclaró que ya existe una Ley para combatir este delito por lo que –advirtió– hay que “aprender a distinguir entre una actividad laboral y un delito”.
 
Elvira Madrid dijo que hay confusión para reconocer quién es víctima y quién trabaja por su cuenta; en este sentido pidió a la Asamblea Legislativa que haga un llamado a la Procuraduría de Justicia capitalina para que deje de criminalizar a las mujeres cuando hace operativos en las calles o centros nocturnos de la Ciudad.
 
Mencionó que entre las arbitrariedades que viven las trabajadoras es que si llevan condones se les acusa de lenocinio, las obligan a firmar declaraciones sin que las lean o a firmar hojas en blanco; y aseguró que “Brigada Callejera” no promueve la trata, por el contrario la denuncia.
 
En la mesa donde también participaron investigadoras; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suarez del Real y la antropóloga feminista Marta Lamas, ésta última señaló que hay posiciones encontradas y coincidencias, por lo que hizo un llamado a las organizaciones civiles a trabajar en lo que sí comparten.
 
16/AGM/LGL