Alienación parental

NACIONAL
VIOLENCIA
   Alienación Parental, figura jurídica que perjudica a víctimas
   
Mireya denunció abuso sexual infantil pero no la escucharon
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/07/2017

Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés, ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo. 
 
Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad.
 
El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida. 
 
Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L. Olvera, quien fuera padre y esposo.
 
LA DENUNCIA
 
En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre.  Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al  proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual.
 
Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre.
 
Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual (Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.
 
Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de  abuso y violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y la patria potestad de su hijo.
 
En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.  
 
Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de 2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo.   
 
Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras lo violaba.
 
Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.
 
La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.
 
Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.
 
MANIPULACIÓN
 
El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. 
 
Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.
 
En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia sexual.
 
Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.
 
Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.
 
De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar.
 
Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo el caso.
 
Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido.  
 
El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que llegue la policía. 
 
En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera  no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.
 
Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa.
 
AMENAZAS
 
El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos,  intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.
 
Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.
 
El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.
 
Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.
 
Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la legislación capitalina.
 
17/AGM/
 








NACIONAL
   No existe el síndrome; existe la violencia emocional
   
Grave problema legislar Alienación Parental en Códigos Civiles
Imagen retomada de zaqi
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/08/2017

Legislar el concepto de Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los Códigos Civiles o Penales de los estados sería un grave problema porque al mismo tiempo se tendría que garantizar que, en todos los casos donde se acredite el SAP, haya un 100 por ciento de seguridad de que el progenitor que se dice víctima no es un abusador sexual o no violenta a sus hijas o hijos. 
 
La investigadora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, Luciana Ramos Lira, expuso en entrevista con Cimacnoticias que para legislar el SAP sería necesario que las autoridades pudieran probar que todos los diagnósticos de Alienación Parental son certeros y no tienen errores.
 
El 1 de agosto la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el Artículo 323 séptimusdel Código Civil capitalino, figura que argumenta que uno de los progenitores, en general la madre, manipula a sus hijas o hijos para que acusen al otro progenitor de violentarlos o de abuso sexual. Sin embargo, el concepto sigue vigente en al menos 16 Códigos Civiles de los estados.
 
Consultada sobre este tema, la psicóloga, maestra y doctora en Psicología Social, Luciana Ramos, señaló que en Estados Unidos, donde el SAP ha sido aceptado poco a poco en los litigios de custodia, se han realizado estudios que indican que la Alienación Parental es un concepto inventado y promovido por Richard A. Gardner para describir un “síndrome por el cual madres vengativas emplearon alegatos de abuso infantil en los litigios como arma para castigar a los ex maridos” y asegurar la custodia de los menores de edad para sí mismas.
 
Ramos Lira señaló que de acuerdo con estudios de expertos como Joan S. Meier y Sean Dickson, es fundamental reconocer los casos donde existe violencia de pareja y/o abuso infantil porque hay graves implicaciones para las hijas e hijos y su crianza, y aceptar que hay una tendencia en contra de las mujeres, niñas y niños que insisten en señalar que existe abuso por parte del padre en los litigios de custodia.
 
La investigadora refirió un estudio piloto empírico que analizó 38 casos de custodia de menores de edad en Estados Unidos y que encontró que 72 por ciento de los padres acusaron de SAP a las mujeres y en los casos en que hubo una acusación de alienación las mujeres perdieron la custodia de sus hijos la mitad de las veces, independientemente de las denuncias de abuso infantil.
 
En resumen, dijo, el riesgo para cualquier madre en un Tribunal Familiar de perder la custodia (si el padre alega Alienación) es mucho peor de lo que se cree y aunque se presume que el concepto de SAP es neutral, ese estudio indica que no es así ya que el hecho de que los tribunales desconfíen de las afirmaciones de abuso que hacen las madres y las niñas y niños indica un sesgo de género. 
 
En México, por ejemplo, en junio pasado se dio a conocer un  diagnóstico de SAP que al parecer llevó a una mujer, Mireya Agraz Cortés, a quitarse la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), después de que una jueza determinó quitarle la custodia de sus hijos para dársela a su expareja, quien estaba acusado de violación sexual contra dos de sus hijos.
 
A decir de Ramos Lira, si se hace un buen peritaje en casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes se puede observar un proceso de violencia emocional en el que un padre o una madre está poniendo a los hijos en contra del otro progenitor, pero esto se debe nombrar como una forma particular de violencia emocional y no como SAP.
 
Esto porque actualmente la Alienación Parental se usa para describir un proceso en el que se propone que un padre (el “alienador”) enseña a un niña o niño a rechazar al otro pero el gran problema, expone la investigadora, es que no hay un “check list” de comportamientos que constituyan un síndrome como lo planteó Richard Gardner.
 
Hasta ahora el Instituto Nacional de Psiquiatría no reconoce el SAP y por lo tanto no hay registros de casos porque no es un síndrome en el sentido de diagnóstico tradicional, como tampoco es una enfermedad mental la preferencia política, religiosa o sexual o los conflictos entre el individuo y la sociedad, destacó la investigadora.
 
17/AGM/








NACIONAL
INFANCIA
   Exhorto aberrante, dice Martha Tagle
Legislar sobre alienación parental, pide Senado a congresos
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2017

El Senado exhortó a los Congresos estatales a legislar en materia de “Alienación Parental”,  pese a que es una figura jurídica controversial, criticada por organismos civiles en defensa de la infancia e incluso por legisladoras y legisladores, ya que fomenta la idea de que en los casos de violencia familiar o divorcio las mujeres manipulan y las niñas y niños mienten.
 
A propuesta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este jueves el Senado llamó a las Legislaturas locales a incorporar este concepto en sus Códigos Civiles o Familiares a fin de proteger el interés superior de la infancia.
 
En el dictamen se señala que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –que tiene sus orígenes en una teoría psiquiátrica– surge casi exclusivamente en batallas por la custodia de las y los niños, quienes exhiben conductas desafiantes ante uno de los padres, actitudes que son apoyadas por el otro progenitor.
 
“Los padres que recurren a alienar a sus hijos del otro, exacerban las actitudes de triangulación y los conflictos de lealtad que ya existen en el niño o niña, violentando de esta manera su desarrollo psicológico y su proceso de duelo, así como violentando al progenitor alienado”, dice el documento.
                                    
En la argumentación del Senado también se indica que el SAP perpetúa la desigualdad de género porque resta importancia de ambos padres en la formación.
 
De acuerdo con la Comisión de Familia y Desarrollo Humano actualmente 16 entidades federativas ya cuentan con la figura legal de la Alienación Parental por lo que el resto de los estados debe integrarla a su legislación.
 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México reconocen este término.
 
EXHORTO ABERRANTE: TAGLE
 
Al respecto la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, argumentó en contra de este exhorto al señalar que no tenía fundamento legal y era una aberración porque se utiliza para complicar los divorcios y señalar que las niñas y niños no pueden definir con cuál de sus padres quieren estar.
 
En el caso de la capital del país, el 15 de diciembre de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino para legalizar el término “alienación parental”, reforma promulgada el 9 de mayo de 2014.
 
Sin embargo, la sociedad civil alertó del significado estereotipado que promueve la idea de que en los casos de violencia familiar y divorcio las mujeres manipulan a sus hijas e hijos para que estén en contra de sus padres y los acusen de ejercer violencia.
 
En su momento agrupaciones como Ririki señalaron que esta figura también se podría usar para desvalorizar los testimonios de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual o violencia familiar por parte de uno de sus padres.
 
Sobre este tema la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también criticó que se pretendiera solucionar el problema de violencia familiar con esta reforma que no fue redactado atendiendo al principio del interés superior de la infancia.
 
Ante ello el 9 de junio de 2014 la CDHDF presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad (19/2014) al considerar que el artículo es violatorio de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, resolución que aún está pendiente.
 
17/AGM/GGQ








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